Luego de un intenso raid mediático, Federico “Fred” Machado recibió este mediodía la noticia que menos esperaba: la Corte Suprema hizo lugar al pedido de extradición y en los próximos días será trasladado a Estados Unidos. A partir de ese momento, el empresario se comunicó varias veces con sus abogados, en Argentina y en Estados Unidos. Quería saber cómo y cuándo se realizará el viaje. “Puede ocurrir en cualquier momento”, intentaron calmarlo sus defensores a la distancia. Nadie se imaginaba que unas horas después iba a terminar en una dependencia de la Policía Federal.

Su media hermana, Malena Esther Igoldi, que vive a pocos metros de su casa, tuvo un rol clave desde el comienzo de la causa en Estados Unidos. Es abogada y fue la persona que acercó al estudio de Francisco Oneto y Roberto Rallin.

“Cuando empezó todo, primero lo defendió un abogado de Viedma, de apellido Segovia, y luego una amiga de Malena le hizo el contacto con Rallin”, contó una persona del círculo íntimo del empresario.

A partir de ese momento, los abogados que representan al presidente Javier Milei viajaron varias veces a Viedma.

Machado cumplía con prisión domiciliaria desde septiembre de 2021 en la casa de su madre, ubicada a 16 kilómetros de la capital de Río Negro. Ahí tenía de vecinos a sus hermanos: el exjuez provincial Fabio Igoldi y Malena Igoldi. Ambos lo contenían y hacían de nexo con los abogados y con el resto de la familia.

Tras el fallo de la Corte Suprema, solo restan trámites formales. “El artículo 36 de la ley de cooperación internacional en materia penal establece que una vez culminada la etapa judicial del proceso de extradición, el expediente se gira al Poder Ejecutivo para materializar la entrega del extraditable. En la práctica, el Presidente delega la facultad de firmar la extradición en el ministro de Relaciones Exteriores”, explicó una fuente de la defensa de Machado.

Efectivamente, el Gobierno anunció a través de un comunicado que el Presidente instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete a “instrumentar los pasos administrativos y diplomáticos” para cumplir con la extradición. Seguramente también intervendrá el Ministerio de Seguridad, que coordinará con Estados Unidos los detalles del traslado.

El diputado Juan Grabois, que denunció a Machado ante la justicia federal de San Isidro, objetó que la defensa de Machado esté a cargo de los abogados de Milei: “Cualquier demora en firmar la extradición por parte de Milei, habida cuenta que comparte abogado con Fred Machado, va a ser una muestra clara de que la complicidad no se acaba en el narcodiputado José Luis Espert”.

Allegados a la defensa de Machado rechazaron cualquier incompatibilidad y destacaron que el mismo estudio jurídico tiene otros procesos de extradición que podrían merecer la intervención del Poder Ejecutivo. “Cuando Fred llegó al estudio, Javier todavía no tenía un proyecto politico”, dijo esa misma fuente ante una consulta de .

Machado confirmó hoy que su contacto inicial fue con Rallin, que a su vez era socio de Oneto. El empresario también le restó importancia a esa supuesta incompatibilidad con sus abogados. “No tiene nada que ver, es como que vos compartas abogado con tu vecina. El abogado no es el que autoriza al Presidente”, dijo en una entrevista con Radio con Vos.

Cómo sigue el proceso

Los abogados de Machado en Estados Unidos intentan cerrar por estas horas un acuerdo con los fiscales del caso para intentar atenuar la acusación y que se computen los años en prisión domiciliaria. “Hay una negociación en marcha”, se limitaron a decir desde la defensa. Esa negociación no demora ni condiciona el proceso de extradición.

Machado está acusado de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero. En ese expediente surgió la transferencia de 200 mil dólares a Espert para “asesorar” a la empresa guatemalteca Minas del Pueblo.

En las entrevistas que dio este martes, Machado ratificó ese pago, pero se negó a confirmar si el contrato era por 1 millón de dólares. “No me acuerdo”, repitió en diferentes reportajes. El contrato no se terminó de ejecutar por la pandemia y sus problemas judiciales.

La Justicia de Estados Unidos ya condenó a la socia de Machado, Debra Mercer-Erwin. En cambio, la hija de Mercer-Erwin, Kayleigh Moffet, se declaró culpable de conspirar para lavar activos y de conspirar para infringir las leyes de exportación de Estados Unidos, y logró evitar el juicio oral.

Los tiempos de la extradición de Mechado ahora dependen del Poder Ejecutivo.

“El artículo 36 del Tratado establece un plazo de 10 días para que se convalide la entrega, normalmente lo que ocurre es que se dejan pasar los 10 días y se tiene por convalidado por el transcurso del tiempo”, explicaron cerca del empresario.

La diputada nacional Margarita Stolbizer presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que detalle los gastos, contratos, aportes privados y “posibles conflictos de interés” vinculados al acto de Javier Milei realizado el 6 de octubre en el estadio Movistar Arena. “El uso de recursos del Estado para fines privados no solo es inmoral: es ilegal”, señaló la diputada nacional.

En su publicación en la red X, Stolbizer cuestionó los posibles gastos públicos destinados al espectáculo y acompañó su mensaje con el texto del pedido de informes ingresado en la Cámara baja. La diputada expresó que su iniciativa busca precisar “quién pagó, cuánto costó y con qué fondos se financió el show” del mandatario, acto al que calificó de “patético”.

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que brinde un informe pormenorizado sobre el presupuesto total asignado y efectivamente pagado para el evento, así como los costos específicos del operativo de seguridad, la contratación del estadio, los servicios logísticos, publicitarios y técnicos, y la eventual participación de aportantes privados o sponsors. También requiere copias de los contratos, facturas y comprobantes de pago correspondientes, además de los documentos que acrediten las órdenes ministeriales o resoluciones que autorizaron el despliegue de personal de seguridad.

En otro de los puntos, la iniciativa pide que se detalle el origen de los fondos utilizados en cada rubro de contratación y que se informe si hubo venta de entradas, cuántas localidades se comercializaron y cuál fue el destino de los ingresos obtenidos. El texto del proyecto plantea, además, que el Gobierno especifique si consultó a la Oficina Anticorrupción acerca de la posible incompatibilidad entre la función pública y la promoción de un libro de autoría del propio presidente, y si hubo algún dictamen o recomendación al respecto.

En los fundamentos del proyecto, Stolbizer sostiene que el acto careció de transparencia y mostró un “despliegue de recursos públicos y privados obsceno”, en un contexto de crisis económica y recortes presupuestarios. En esa línea, subraya que no es la primera vez que Milei protagoniza “un acto de similares características en donde parece dejar de lado la investidura presidencial para convertirse en rock star». En ese marco, recuerda el evento realizado para la presentación de su libro anterior, en mayo de 2024, sobre el cual también había presentado un pedido de informes sin obtener respuesta del Poder Ejecutivo.

“Este tipo de conductas lesionan la confianza pública y contradicen los principios de ética y austeridad que deben guiar a quienes ejercen la función pública”, señala el documento, que cita la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188) y la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) como sustento normativo de su reclamo.

La legisladora también pone el foco en el posible financiamiento privado del acto. En ese punto, menciona la existencia de versiones periodísticas que indican que la reserva y el pago del alquiler del estadio Movistar Arena habrían sido realizados por el empresario Eduardo Kovalivker, principal accionista de la droguería Suizo Argentina, firma involucrada en una investigación por presuntas irregularidades en contratos con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En otro tramo, Stolbizer interpela directamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien pregunta si encontró “las partidas necesarias” para financiar la seguridad del acto y por qué dispuso de sus facultades para realizar reasignaciones presupuestaria para ese fin, cuando no las aplica, como indica la diputada, “para financiar la Ley de Emergencia en Discapacidad”.