Rodrigo Gómez murió el 16 de diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos mientras custodiaba al presidente Javier Milei.

Ese día, se informó oficialmente que este soldado del ejército que cumplía tareas de vigilancia en la casa de la principal autoridad política del país se había quitado la vida. La Justicia ahora pudo confirmar esa hipótesis, pero había algo más.

Según informó la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en una inédita conferencia de prensa junto a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y otras autoridades políticas y castrenses, Gómez fue víctima de una extorsión que muy probablemente actualmente también esté afectando a otros ciudadanos argentinos.

La maniobra, que tuvo un trágico desenlace fatal, se orquestó a través de una aplicación de citas, y tuvo su epílogo esta madrugada con la detención de siete personas, operativos y allanamientos que continúan aún realizándose.

Las alarmas de las autoridades se activaron a partir de una carta que dejó la víctima y la necesidad de determinar qué pasó con una persona que se quitó la vida a metros de donde estaba durmiendo el Presidente.

“La otra finalidad que tiene esta conferencia de prensa es dar a conocer esta nueva modalidad extorsiva y de este modo evitar y prevenir futuros hechos y nuevas víctimas”, precisó Arroyo Salgado este mediodía en un encuentro con periodistas del que también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti y el jefe del Ejército, Oscar Zarich.

La extorsión se inicia con la creación de un perfil falso en la aplicación “evermatch” bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo, la aparición de una supuesta “madre alterada” y el “audio del terror”, donde se intima a la víctima -en este caso Rodrigo Gómez- y se lo acusa de “degenerado” por haber entablado una relación virtual con una menor de 17 años.

El próximo eslabón incluyó un llamado de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires que había tomado conocimiento de la denuncia y el perfeccionamiento de la maniobra extorsiva a través de pedidos de transferencias de dinero.

Para ello, los atacantes usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, quien efectivamente es integrante de la Policía de la Ciudad, pero nunca llamó a Gómez ni investigó un caso de abuso de menores.

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El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil, con el eje puesto en la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, y con la intención de acelerar su tratamiento parlamentario para que sea debatido en comisiones y, de ser posible, votado en el recinto de la Cámara de Diputados esta semana.

La iniciativa es idéntica a la que el Poder Ejecutivo había girado el año pasado y vuelve a colocar en el centro de la discusión uno de los temas más sensibles de la agenda penal: la responsabilidad de los adolescentes frente a delitos graves. El texto propone reducir de 16 a 13 años la edad mínima para que una persona pueda ser imputada penalmente, aunque en el oficialismo admiten que ese punto difícilmente prospere sin modificaciones.

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En los bloques de la oposición dialoguista ya dejaron en claro que el consenso político hoy se ubica un escalón más arriba. Referentes del PRO y de la UCR anticiparon que el acuerdo posible es fijar el umbral en los 14 años, tal como se había consensuado en el dictamen trabajado durante el año pasado. En ese escenario, se espera que el proyecto sea modificado cuando se firme el despacho de comisión, previsto para el próximo miércoles.

Otro de los aspectos que generaba resistencia y que comenzó a despejarse en las últimas horas es el financiamiento. Durante una reunión entre los presidentes de bloque y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el oficialismo aclaró que, a diferencia del texto original, esta vez sí habrá partidas presupuestarias específicas para implementar el nuevo régimen.

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Esa definición quedó plasmada en el artículo 51 del proyecto, bajo el título “Asignación Presupuestaria”. Allí se establece un monto total de $23.739.155.303,08 para el año 2026, con un detalle de los fondos que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. La ausencia de recursos había sido uno de los principales argumentos de la oposición para frenar el avance de la iniciativa en 2025.

Según el cronograma difundido por la presidencia de la Cámara baja, la intención de La Libertad Avanza es dictaminar el miércoles en un plenario conjunto de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, para llevar el proyecto al recinto el jueves 12 de febrero.

Baja de imputabilidad: las claves del proyecto de reforma penal

En cuanto al contenido de fondo, el proyecto mantiene la propuesta de habilitar la imputabilidad desde los 13 años para delitos considerados graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros. Al mismo tiempo, define un régimen penal juvenil diferenciado del sistema de adultos, con límites específicos a las penas. En su versión original, el texto contempla condenas de hasta 20 años de prisión, aunque excluye expresamente la prisión perpetua, incluso en casos de concurso de delitos.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca dar una respuesta a hechos de inseguridad protagonizados por adolescentes y evitar que organizaciones criminales se valgan de menores inimputables para cometer delitos. La lógica del proyecto apunta a combinar sanción penal con mecanismos de reinserción social, especialmente en los tramos más bajos de edad.

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En materia procesal, se establece que para los menores de hasta 15 años el juez podrá disponer medidas de privación de la libertad únicamente en casos graves, priorizando siempre alternativas orientadas a la resocialización. Para delitos de menor entidad, el proyecto prevé sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias, reglas de conducta y mecanismos de reparación del daño causado.

Uno de los puntos que podría volver a modificarse durante el debate legislativo es el tope de las penas. En el dictamen consensuado el año pasado entre el oficialismo y los bloques dialoguistas se había fijado una pena máxima de 15 años de encierro para delitos especialmente graves, mientras que para conductas con escalas de hasta tres años se priorizaban sanciones alternativas. En ese esquema, la privación de la libertad quedaba reservada como último recurso.

El régimen penal juvenil también incluye la creación de institutos específicos para el alojamiento de adolescentes condenados, con la obligación de garantizar el acceso a la educación, atención médica integral y tratamiento para adicciones. El personal de esos centros deberá estar especializado en infancia y adolescencia y se prohíbe de manera taxativa cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores de edad.

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El proyecto incorpora, además, un sistema de derechos reforzados para los adolescentes sometidos a proceso penal: patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en instancias de mediación y el derecho a ser informados y escuchados durante todo el trámite judicial. Este punto fue uno de los que concentró el debate sobre los costos de implementación, ahora contemplados mediante la posibilidad de acuerdos entre la Nación y las provincias para el envío de partidas destinadas a infraestructura.

En paralelo, el texto también refuerza los derechos de las víctimas, garantizando acceso a asistencia legal y acompañamiento psicológico, así como su participación en el proceso y el derecho a recibir información sobre el avance de las causas.

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