El oficialismo y la oposición dialoguista en el Senado arribaron esta tarde a un acuerdo por la ley de reforma laboral que, si no hubiese sorpresas de último momento, será aprobada mañana en la sesión extraordinaria a iniciarse desde las 11. Los cambios al dictamen de mayoría que sacó a las apuradas en diciembre la jefa libertaria, Patricia Bullrich, son trascendentales e involucran Ganancias – más plata para gobernadores y Nación-, guiños varios a sindicatos y cámaras empresariales en aportes compulsivos, el sostenimiento de porcentaje destinado a obras sociales, y la amortiguación de la idea original sobre el fondo de indemnizaciones.

Con las concesiones que aceptó el Gobierno libertario, el oficialismo y dialoguistas se disponen a ir mañana al recinto de la Cámara alta, desde las 11, para aprobar el proyecto y girarlo cuanto antes a Diputados. Previo a la casi repentina conferencia que comandó Bullrich -se sabía desde el mediodía-, donde dio un panorama general del texto -poca referencia a las modificaciones-, los jefes de las distintas bancadas realizaron la reunión de Labor Parlamentaria y blindaron un consenso para que en la sesión extraordinaria de este miércoles, en la votación en particular, se discuta lo menos posible el texto. Es decir, ir directo por títulos y, quienes tengan alguna objeción, la aclaren antes sobre los artículos que no deseen acompañar. De esta manera, se agilizaría un engorroso y delicado trámite.

Llaves para la luz verde

*Se elimina el artículo 190 del dictamen, que hablaba de una baja en Ganancias a grandes empresas de 30% a 27%.

*Queda la “contribución a cargo del empleador equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia” en la ley de obras sociales. Se quería bajar al 5%. Sí se aclara que la “Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará facultada para auditar el destino de las contribuciones”.

*Se elimina el artículo 137, que imponía que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes».

*Aportes compulsivos. Ahora, el acuerdo habla de que “a partir de la sanción de la presente Ley, los aportes, contribuciones patronales y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, no podrán superar el CERO Y MEDIO POR CIENTO (0,5%) de las remuneraciones de los trabajadores“.

En tanto, “los aportes y contribuciones previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a favor de asociaciones de trabajadores, que sean válidas para afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, no podrán superar el DOS POR CIENTO (2%) de las remuneraciones de los trabajadores”. Se excluyen “las cláusulas que acuerden otros beneficios en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.

Sobre el final del artículo, se resalta: “A partir del 1 de enero de 2028 los aportes o contribuciones patronales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales. Tampoco resultarán obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos“.

Noticia en desarrollo…

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se unió al llamado de la CGT y las dos CTA para marchar este miércoles al Congreso de la Nación, donde se prevé que comience el tratamiento en el recinto del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. A diferencia de algunos jefes provinciales que han mantenido conversaciones con el Poder Ejecutivo, el mandatario bonaerense es uno de los referentes del peronismo que sostiene una férrea oposición a la iniciativa de la gestión Milei.

“Vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral que es una ley de precarización laboral”, remarcó este martes el gobernador tras encabezar el acto de habilitación del Acueducto Norte de la ciudad de La Plata, junto al intendente de esa localidad, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis.

En la misma rueda de prensa, el mandatario bonaerense alertó sobre la derogación del estatuto del periodista que incluye la reforma en su artículo 194. “Entre tantas otras cosas que busca la iniciativa está barrer con el estatuto del periodista, que eran derechos consagrados para quienes ejercen. Ya no les alcanza con decir que ‘hay que odiar a los periodistas’, ahora les quieren quitar lo que tienen. Hay que odiarlos y hay que reventarlos. Eso es lo que plantea esta ley de Milei. Por eso considero que es fundamental acompañar a los sectores que luchan”.

La convocatoria formal la realizó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La concentración para este miércoles será en Hipólito Yrigoyen 1584, en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.

Desde hace tiempo, el gobierno bonaerense viene rechazando la iniciativa de reforma laboral que el Ejecutivo nacional busca aprobar y cuya primera instancia será este miércoles en el Senado; una jornada que se anticipa tensa tanto en el recinto como en la calle. Además de Kicillof, los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero) han expresado su rechazo al proyecto, que también impacta en la recaudación del impuesto a las ganancias y la masa coparticipable. La semana pasada mantuvieron un encuentro con la cúpula de la CGT.

En las últimas horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció que algunos de sus colegas que mantienen diálogo con el gobierno nacional podrían enfrentar la intervención del PJ de sus provincias por parte de la conducción nacional del peronismo, actualmente en manos del sector de la expresidenta Cristina Kirchner. Según relató en declaraciones a TN, la dirigencia nacional presiona a los legisladores para que rechacen el proyecto, bajo la amenaza de tomar el control de las estructuras partidarias a nivel provincial si no obedecen.

En la antesala del tratamiento del proyecto y la movilización convocada por las dos CTA y la CGT, la administración bonaerense fijó posición formal mediante un documento de más de 50 páginas presentado este lunes en el Salón Dorado de la gobernación en La Plata, con la participación del ministro de Trabajo provincial, Walter Correa; el de Gobierno, Carlos Bianco; legisladores nacionales, provinciales y representantes de diversas entidades sindicales.

El informe expresa una profunda preocupación por el impacto que la llamada “Ley de Modernización Laboral” tendría sobre los derechos de los trabajadores y la estructura sindical en Argentina, advirtiendo sobre una posible “pérdida de derechos, mayor precarización e intento de destrucción de la organización sindical”.

Entre los principales puntos objetados, el documento de la administración Kicillof señala que la reforma:

• Reduce la protección legal de los trabajadores, al derogar principios como el “in dubio pro operario” y facilitar condiciones laborales precarias.
• Facilita el despido y reduce indemnizaciones, incluso promoviendo la creación de un Fondo de Cese Laboral que, según la Provincia, solo beneficia a los empleadores.
• Desmantela organismos de control laboral y transfiere competencias de fiscalización de las provincias a la Nación, en contradicción con el federalismo consagrado por la Constitución Nacional.
• Promueve la tercerización, la fragmentación sindical y la “atomización del movimiento obrero organizado”.
• Permite aumentos en la jornada laboral, reducción de licencias y elimina condiciones garantizadas como la reversibilidad en el teletrabajo, licencias por enfermedad y mecanismos de compensación de gastos.
• Afecta los mecanismos de negociación colectiva y debilita el poder de los sindicatos en discusiones clave sobre condiciones de trabajo y salarios.
• Otorga amplio margen de impunidad a empleadores que no registren personal o que regularicen relaciones laborales precarizadas.
• Introduce cambios tributarios y medidas ajenas a la materia laboral, en un proyecto calificado de “inconstitucional tanto en la forma de tratamiento como en el fondo”.

Como contrapartida, el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, había señalado en una reciente entrevista con Infobae que “no hay argumento válido para oponerse a una reforma laboral que busca sacar a la Argentina del estancamiento”, y que la postura de la CGT y el kirchnerismo solo defiende intereses propios y un sistema que condenó a millones a la informalidad y los salarios bajos.

South America / Central America

En las últimas horas se difundieron los resultados de una encuesta que arrojó resultados abrumadoramente positivos para la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad. Según el estudio, más del 70% de los consultados están a favor de la medida, e incluso el 63,6% apoya la idea original del oficialismo de que la edad mínima se fije en 13 años, y no en 14, como se acordó con la oposición dialoguista en el Congreso de la Nación.

La encuesta realizada por Giacobbe Consultores respecto de la Reforma Penal Juvenil indica que el 63,6% de quienes respondieron están de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad a 13 años, mientras que un 9,5% coincide con el proyecto que finalmente será tratado esta semana en la Cámara de Diputados, que estipula la edad mínima en 14 años. Del otro lado, un 20,1% sostiene que debería mantenerse en 16 años, como establece la ley actual.

El proyecto que sigue en pie en el Congreso, tras los acuerdos con parte de la oposición, contempla tres aspectos centrales que la diferencian del originario que había impulsado originariamente en 2024: que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.

La reunión de comisiones está fijada para este miércoles a las 11. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se convocó para el jueves a las 11.

El estudio, además, consultó a los encuestados por otras tres reformas que impulsa el Gobierno. En ese sentido, hubo dos en los que el oficialismo quedó con saldo a favor y otra en la que sufrió un ajustado traspié.

En cuanto a la Reforma Laboral, un 45,6% manifestó estar de acuerdo con lo propuesto por la administración central, mientras que un 42,7% se opone.

La Reforma Tributaria dejó un resultado aún más contundente, con un 36,4% a favor y un 27,2% en contra, aunque con un 20,7% que afirmó no contar con la información suficiente como para emitir un juicio de valor.

Fue en la Reforma Previsional que se dio vuelta el panorama, ya que un 35,6% se pronunció en contra y un 32,1% a favor. En ese punto también se destacó que un 16,3% dijo no contar con la información suficiente para responder de la manera adecuada.

En otro punto de la encuesta que el Gobierno mira con preocupación, la imagen de Javier Milei sufrió una ligera recaída.

El jefe de Estado. en la última medición, contó con un 42,8% de imagen positiva, contra un 47,1% de imagen negativa.

Entre los demás políticos puestos a consideración de los encuestados, ninguno obtuvo saldo favorable, y la única que cosechó mejores números que el Presidente fue la senadora nacional Patricia Bullrich, con un 44% de imagen positiva y un 45,8% de imagen negativa.

Los opositores, quedaron muy lejos. Mauricio Macri obtuvo un 23,2% de imagen positiva contra un 51,2% de imagen negativa y Axel Kicillof quedó con un 25,6% verde frente a un 57,1% en rojo.

Cristina Kirchner, presa en su domicilio por corrupción, no solo tuvo un pobre 21,9% de imagen positiva contra un 60,5% de imagen negativa. Además, en una pregunta aparte del cuestionario, el 67% de los encuestados consideraron que la ex presidenta es “una figura del pasado”. Lejos, un 20,2% creen que aún es un personaje relevante en la política argentina.

Solo un 11,2% identifica a la referente del peronismo como “una figura del futuro”.

Lo que está claro, al menos desde estos números, es que no se vislumbra de momento una figura que esté en condiciones de disputar el poder político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

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