La oposición en la Cámara de Diputados convocó para este miércoles a una última sesión antes de las próximas elecciones legislativas con un temario letal para la Casa Rosada. Incluye, como primer punto, la reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y, acto seguido, el pedido para desplazar a José Luis Espert, primer candidato libertario a diputado nacional por Buenos Aires, de la Comisión de Presupuesto.

El oficialismo está en alerta máxima ante la convocatoria opositora. La reforma de la ley de DNU ya tiene media sanción del Senado y, de ser convertido en ley por la Cámara baja, ataría de pies y de manos al Gobierno condicionándole el uso de una herramienta clave de gestión. Si a ello se suma la ofensiva por desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado, la sesión podría convertirse en un polvorín.

El proyecto de remoción de Espert fue presentado por la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y cuenta con el apoyo no solo del kirchnerismo, sino también de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Desarrollo y Coherencia y la izquierda. De alcanzar el quorum en la sesión, la apuesta de máxima de estas bancadas será desbancar a Espert ese mismo miércoles en el recinto; sin embargo, para ello necesitarán los dos tercios de los votos porque el proyecto no tiene dictamen de comisión.

De fracasar en este intento, los opositores irán por el camino más largo y burocrático: emplazarán a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento y le pondrán fecha al dictamen para llevarlo al recinto en una nueva sesión especial. Un proceso que podría demandar dos semanas más.

El oficialismo se desespera ante la sola posibilidad de que este escándalo se prolongue en el tiempo y contamine todavía más la campaña libertaria. Es por ello que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y funcionarios de primera línea de la Casa Rosada reforzaron en las últimas horas la presión sobre gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista para evitar que la sesión se concrete.

Una de las preocupaciones máximas está puesta en la reforma de la ley de DNU, sancionada en 2006 a instancias de la exsenadora Cristina Kirchner. Si bien el presidente Javier Milei tiene la facultad de vetar la reforma -si es sancionada- el oficialismo teme que si la oposición logra consumar este miércoles su golpe, esa derrota tenga efectos políticos corrosivos en momentos de extrema fragilidad del Gobierno.

El temario de la sesión convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre incluye, además de la regulación de los DNU y el pedido para desplazar a Espert, otras iniciativas también incómodas para el Gobierno. Entre ellas los dictámenes para interpelar a la hermana del presidente, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mencionados por el extitular de dicha agencia, Diego Spagnuolo, en los audios filtrados.

El anzuelo para los gobernadores

A sabiendas de que ninguno de estos proyectos asegurarían el quorum en el recinto, los opositores acordaron incorporar, como último punto del temario, una iniciativa cara para los gobernadores: la que establece un nuevo esquema para el reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles (ICL).

El proyecto, que también tiene media sanción del Senado, redundaría en más fondos frescos para las provincias si es convertida en ley; de allí a que la oposición lo haya incluido en el temario a manera de anzuelo para los legisladores que responden a los gobernadores.

Desde la Casa Rosada desplegaron un fuerte operativo de presión para disuadir a los mandatarios provinciales a que no participen de la ofensiva opositora. El jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro del Interior Lisandro Catalán son los más activos. A ellos se sumó el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger inquieto ante la posibilidad de perder uno de los insumos cruciales para su gestión, el uso de los decretos.

En efecto, si esta reforma se aprueba el Poder Ejecutivo se verá más restringido en el uso de esta herramienta ya que se eliminaría la denominada “sanción ficta”, esto es, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia al respecto. La iniciativa, más estricta, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen en ese plazo, queda derogado. Asimismo, establece que bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras.

“No bajen, si lo hacen no aprueben. Para los mercados sería una muy mala señal”, es el mensaje que varios interlocutores recibieron de Martín Menem en las últimas horas para diluir la ofensiva opositora. El presidente de la Cámara baja está intranquilo: cuando hace dos semanas se votó en el recinto el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se dictaminara sobre la reforma de los DNU, el resultado le fue adverso: 142 votaron a favor y 88 en contra. Hubo 26 ausentes.

Este resultado permite una doble lectura: si bien la oposición tendría los votos para sancionar la ley (se necesita una mayoría absoluta de 129 voluntades), el oficialismo logró aglutinar un tercio de los votos de los integrantes del cuerpo para, eventualmente, blindar el veto presidencial.

Sin embargo, esto no significa un consuelo para los oficialistas. Temen que en el actual contexto político y económico, signado por una seguidilla de malas noticias para el Gobierno, la aprobación de la reforma de los DNU sea visto como una señal más de debilidad.

“Los pocos días que pasaron son mucho más en términos políticos. Todo se complicó mucho más para la Rosada -señala un gobernador a este diario- Y para la próxima sesión falta una vida. Esto es día a día”.