POLITICA
Diputados de LLA meten presión dentro del bloque para impulsar un proyecto que derogue la ley del aborto
Un sector del oficialismo en la Cámara de Diputados avanza en gestiones para impulsar la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Aunque fuentes de La Libertad Avanza confirmaron a TN que todavía no existe un proyecto formal presentado en el Congreso, durante la última semana varios legisladores del espacio firmaron un compromiso en ese sentido, en el marco del Día del Niño por Nacer.
Uno de los impulsores de la iniciativa es el diputado Santiago Pauli. Sin embargo, el legislador aclaró que aún no hay un texto legislativo que plantee concretamente la derogación de la norma.
“Aunque por un lado es una posición que personalmente a mí me pone incómodo decir que queda algo muy importante por hacer en este Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, es un compromiso que nosotros tenemos, que va más allá de cualquier otra cosa. Antes de ser diputados, antes de ser políticos, antes de pertenecer a un espacio político, en mi lugar primero soy cristiano, soy hijo, soy padre, tengo un compromiso. Entonces necesitamos trabajar juntos para que esto se haga realidad”, señaló Pauli en el Salón Delia Parodi, ante representantes de asociaciones contrarias a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como ACIERA, +Vida, Casa de la Mujer, Proyecto Vidas, Fundación Argentina, Coalición de Mujeres Argentinas, Mujeres de Fe Argentinas, AMEV y Abrazo de Vida.
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El acta firmada por los legisladores establece un compromiso para derogar el aborto y trabajar activamente en la defensa de la vida, promoviendo iniciativas en esa línea. El documento lleva las firmas de Santiago Santurio, Rubén Torres, Gladys Humenuk, Mónica Becerra, Santiago Pauli, Andrea Fernanda Vera, Bárbara Andreussi, Miguel Rodríguez, Carlos Zapata, María Luisa González Estevarena, Jairo Guzmán y Gabriela Muñoz, todos diputados de La Libertad Avanza.
La diputada Andreussi, libertaria y referente del Movimiento Popular Jujeño (MPJ), también confirmó a TN que no existe por ahora un proyecto ni un borrador de iniciativa para derogar la Ley de IVE.
Sin embargo, a través de sus redes sociales destacó su participación en el encuentro. “Estuve presente en el Congreso en un evento por el Día del Niño por Nacer. Allí, junto a otros diputados, asumimos el compromiso de trabajar activamente en la defensa de las dos vidas, hasta lograr la derogación de la aberrante e inconstitucional ley del aborto. Quiero agradecer especialmente a Fundación +Vida, Defensores de Mamás, La Merced Vida y la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable por su compromiso y trabajo incansable acompañando a tantas mujeres y niños. El futuro de Argentina empieza por garantizar el derecho a la vida”, publicó.
Del evento participaron referentes del movimiento provida, entre ellos Gabriel Ballerini, la doctora Fátima Silva, Patricia Soprano, Lorena Aguilar, Ayelén Alancay y Raúl Magnasco.
Otro de los diputados que estuvo presente fue Carlos Zapata, representante de Salta, quien sostuvo ante este medio que la Ley sancionada en 2020 es inconstitucional. “El documento que firmamos es un compromiso en defensa de la vida del niño por nacer y, a futuro, procurar derogar la Ley de Aborto. El uso de fondos públicos para interrumpir la vida del niño por nacer constituye un uso indebido de los fondos públicos, ya que estos deben ser utilizados para alcanzar los fines del Estado y entre esos fines está la defensa de la vida desde la concepción”, afirmó.
Antecedentes legislativos
Los diputados de La Libertad Avanza que asumieron tras las elecciones presidenciales de 2023 ya habían manifestado su intención de avanzar contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El 5 de febrero de 2024, la diputada por Santa Fe Rocío Bonacci presentó un proyecto para derogar la Ley de IVE, iniciativa que generó polémica.
El texto proponía, en su artículo primero, la derogación de la Ley 27.610 y planteaba además modificaciones al Código Penal con la incorporación de sanciones. En ese sentido, establecía cambios en el artículo 85, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 85. – El que causare un aborto será reprimido: 1º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”.
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En los fundamentos del proyecto, la legisladora expresó argumentos similares a los que expusieron los diputados que la semana pasada firmaron el compromiso para trabajar por la derogación de la ley. “Entendemos que dicha Ley no es constitucional, y contraría el sentir general del pueblo argentino y que no contempla la dignidad de la persona humana, razones por las cuales corresponde promover su derogación”, sostuvo.
En abril de 2023, el entonces diputado del PRO Francisco Sánchez —quien meses después se desempeñó como secretario de Culto del presidente Javier Milei— también presentó una iniciativa para derogar la Ley de IVE. En ese caso, argumentó su inconstitucionalidad y cuestionó la denominación de la norma. “No es menor el hecho de que la ley adopta desde su título una terminología falaz ‘Interrupción voluntaria del embarazo’, cuando se trata lisa y llanamente del aborto, por lo que se busca adhesión y confusión desde un eufemismo, una de cuyas consecuencias es hacer creer que a partir de la ley se está reconociendo un ‘derecho al aborto’, y lo que se hace en realidad es consagrar el derecho a acabar con la vida de la persona por nacer”, planteó.
Tanto la iniciativa de Sánchez como la presentada por Bonacci no superaron la etapa de presentación: nunca fueron tratadas en las comisiones de la Cámara de Diputados ni llegaron al recinto.
Diputados, Aborto legal, interrupción voluntaria del embarazo, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, La Libertad Avanza
POLITICA
El abogado que redactó la reforma laboral cuestionó la competencia del juez que suspendió 83 artículos de la ley
En una entrevista exclusiva con Julián De Diego por Infobae al Regreso, el abogado laboralista que participó en la redacción de la reforma laboral sostuvo que la medida cautelar dictada por la Justicia no cuenta con un hecho concreto que justifique su aplicación y anticipó que será apelada.
Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, De Diego remarcó la naturaleza abstracta de la acción iniciada por la CGT y los problemas de jurisdicción que, desde su perspectiva, afectan la validez de la resolución.
El análisis de De Diego sobre la competencia judicial en la reforma laboral
“La acción es de la CGT contra el Estado nacional. No es una acción contra la Unión Industrial ni contra la actividad privada. Por lo tanto, la justicia competente es la justicia contenciosa administrativa cuando el Estado es parte”, afirmó De Diego al explicar el punto de partida del conflicto. Desde su experiencia como redactor de la norma, subrayó: “El juez que falló, en rigor, no es competente”.
En la conversación, detalló que el magistrado justificó su intervención “por razón de la especialidad”, al tratarse de un asunto laboral, aunque para De Diego esto no corresponde porque la demanda tiene como único destinatario al Estado, responsable de la sanción y publicación de la ley. “El juez habla de que por la especialidad se tiene que involucrar y no quiere prejuzgar, y después prejuzga porque analiza uno por uno todos los artículos”, sentenció.
Además, el abogado criticó que la resolución haya avanzado sobre la constitucionalidad de 83 artículos impugnados, “cuando la cautelar debería limitarse a evitar daños irreparables y no a dictar juicio sobre el fondo”.
Medida cautelar, daños concretos y la posición del Gobierno
De Diego también respondió sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo recuse al juez, en función de sus antecedentes laborales y supuesta falta de imparcialidad. “No conozco las razones de imparcialidad que mencionan, pero el contenido de la resolución tiene muchas contradicciones y mecanismos de sesgo”, manifestó.
Planteó que la decisión judicial se dictó “in abstracto”, sin casos concretos de trabajadores afectados por la reforma: “Ninguno de los artículos está siendo impugnado por efecto de una aplicación injusta o arbitraria que comprometa derechos constitucionales”. Por eso, calificó la medida como una expresión genérica que no satisface el requisito de daño irreparable que exige la ley.
Frente a la pregunta sobre la diferencia entre demandas individuales y acciones institucionales, precisó: “Si un trabajador demanda a su empleador por horas extras en virtud de la reforma laboral, interviene un juez laboral. Si la demanda es de la CGT contra el Estado, corresponde la justicia administrativa federal”.
El futuro de la cautelar y el impacto en la reforma laboral
Respecto al futuro del caso, De Diego anticipó: “Esta medida cautelar va a ser apelada. El otro problema es si tiene efecto inmediato o diferido. La cámara, al apelar, puede decir: ‘Como esto tiene tanta incidencia sobre el mundo real, el efecto se va a diferir al momento que se dicte la sentencia’”.
Sostuvo que si la cámara decide ese efecto diferido, los 83 artículos suspendidos podrían seguir aplicándose hasta que exista una sentencia definitiva. “Cuando se pueda hacer un verdadero planteo de constitucionalidad será cuando un hecho concreto genere una decisión que lesione derechos fundamentales a un trabajador”, concluyó.
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POLITICA
El oficialismo confirmó a Lemoine para presidir la Comisión de Juicio Político y bloquear los intentos de remoción contra Milei
Frente al avance de la causa $LIBRA, el oficialismo confirmó a Lilia Lemoine, una de sus más fieles lugartenientes, para que presida la Comisión de Juicio Político y, eventualmente, bloquee los intentos de remoción contra el presidente Javier Milei o sus ministros.
La Comisión de Juicio Político es una más sensibles de la Cámara de Diputados, ya que es la encargada de darle impulso -si sus miembros así lo resuelven- al proceso de enjuiciamiento contra el presidente de la Nación, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones u otras causales. De allí el interés de todos los oficialismos de comandar esta comisión con un legislador de confianza y controlar su mayoría para bloquear cualquier intento de remoción.
Los libertarios confirmaron para esta misión a Lemoine, una de las diputadas más aguerridas del bloque. La comisión se constituirá este martes por la tarde y todo indica que será una primera reunión caliente. No solo por el perfil de su nueva presidenta, sino porque la oposición también eligió a sus espadas más combativas para integrarla y agitarán la causa $LIBRA para incomodar al oficialismo.
“Creo que la candidatura de Lilia Lemoine, más allá de que se trata de una presidencia que le corresponde al oficialismo, expone con claridad el momento que atraviesa el Gobierno frente a causas especialmente sensibles, como Andis y el caso $LIBRA. Los libertarios solo buscan soldados leales, y Lemoine lo es a los objetivos de los Milei”, afirmó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien fuera el presidente de la comisión investigadora del caso $LIBRA y ahora integrará la Comisión de Juicio Político.
Si bien la investigación sobre la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA avanza con nuevas revelaciones, la oposición decidió que por ahora no presentará un pedido de enjuiciamiento contra el presidente Milei. Pese a que están convencidos de que su figura fue clave para que la maniobra se consumase, los opositores quieren evitar que el proyecto sea rechazado in limine, sin siquiera habilitar su tratamiento, por la Comisión de Juicio Político bajo el control de Lemoine.
“Vamos a esperar a reunir nuevos elementos probatorios y, cuando los tiempos políticos sean más propicios, recién entonces presentaríamos el pedido de juicio político”, deslizan.
Por de pronto, los opositores enviarán a sus soldados más combativos a la comisión. De Unión por la Patria, por caso, estarán representados Juan Grabois, Teresa García, Ramiro Gutiérrez, Juan Marino, Paula Penacca, Eduardo Valdez y Cecilia Moreau.
Ese bloque ya formuló dos pedidos de juicio político contra el presidente Milei; el último de ellos lo presentó el diputado Marino en febrero pasado luego de que el primer mandatario reivindicara la operación que impulsó Donald Trump en Venezuela para desplazar al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a tierra norteamericana para su juzgamiento.
Desde que Milei asumió la presidencia, la Comisión de Juicio Político nunca funcionó. Si bien se integró, la designación de autoridades quedó trabada luego de que el oficialismo impulsara inicialmente a Marcela Pagano para presidirla y, posteriormente, su postulación fuera objetada por el propio entorno presidencial. El conflicto derivó en un enredo administrativo que nunca se resolvió.
Menem intentó desconocer la integración de Pagano al sostener que su incorporación no se había formalizado, una interpretación que fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión. La disputa terminó favoreciendo al oficialismo y el cuerpo nunca se puso en funcionamiento.
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POLITICA
El hijo de Rosatti está entre los pliegos que envió el Gobierno para cubrir las vacantes en la Justicia
El Gobierno dio el primer paso para cubrir vacantes en la Justicia y envió a la Secretaría Legal y Técnica un paquete inicial de 45 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales divididos en dos tandas. Tras la revisión formal y la firma del presidente Javier Milei, los nombres serán remitidos al Senado para su aprobación.
La nómina fue elevada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de la primera tanda dentro de un universo de 313 pliegos acumulados.
Entre los nombres que integran el listado sobresale el de Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Es hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que además encabeza el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar a los candidatos.
Desde el entorno del titular del máximo tribunal aclararon a Clarín que no participó de la votación de esa terna en el Consejo, que fue aprobada por unanimidad. También destacaron que Emilio Rosatti tiene carrera propia en el Poder Judicial y formación especializada en derecho penal.
El envío de los pliegos había sido anticipado la semana pasada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la presión por la cobertura de vacantes judiciales.
La mayoría de los cargos corresponde a la provincia de Buenos Aires y al fuero correccional de la Ciudad. Entre ellos hay puestos en tribunales orales federales, cámaras de apelaciones y juzgados nacionales. También se incluyeron cargos en el fuero civil y en la Cámara Federal de la Seguridad Social.
En detalle, figuran posiciones para el Tribunal Oral Federal de Formosa, la Cámara en lo Criminal Federal de La Plata, la Cámara Penal Económica, la Cámara Correccional porteña y distintos juzgados nacionales en lo criminal y correccional. Además, se incorporó un cargo de fiscal en el fuero penal económico y una defensora oficial.
El proceso continuará ahora en el Senado, donde los candidatos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos antes de ser votados en el recinto. A diferencia de los jueces de la Corte Suprema, estos nombramientos requieren mayoría simple.
El movimiento del Gobierno busca empezar a reducir el alto nivel de vacantes en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte advierten que podría llegar al 42% en los próximos meses si no se acelera el proceso.
La situación es aún más crítica en el Ministerio Público Fiscal, donde casi la mitad de los cargos están vacantes. Sin embargo, en este primer envío solo se incluyó un puesto para ese organismo.
En el Gobierno sostienen que la cobertura de cargos judiciales es una prioridad y una de las principales urgencias de la gestión, en un contexto de fuerte atraso en las designaciones y creciente presión institucional por el funcionamiento del sistema.
Horacio Rosatti
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