POLITICA
Diputados: el PRO busca prohibir las candidaturas testimoniales en las elecciones
El cierre de las inscripciones de las candidaturas en la Provincia de Buenos Aires demostró que habrá propuestas testimoniales en varias fuerzas. Intendentes de diferentes municipios y hasta la actual vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, encabezan listas. Muy pocos imaginan que dejarán sus cargos para ocupar una banca en la legislatura de Buenos Aires.
En el Congreso nacional se encuentra para su tratamiento un reciente proyecto del diputado Gerardo Milman del PRO, que busca prohibir las candidaturas testimoniales. “Esta ley podrá contribuir a una mayor transparencia y responsabilidad en el sistema electoral. El fortalecimiento de la democracia exige erradicar prácticas que socavan el vínculo de representación entre la ciudadanía y sus representantes”, dijo el diputado.
La iniciativa, que incorpora el artículo 164 bis del Código Electoral Nacional, determina que los ciudadanos que resulten electos para cargos legislativos nacionales no podrán retornar a los cargos a nivel nacional, provincial y municipal, a partir de que la justicia electoral determine que han resultado electos. En cambio, permite que un representante electo pueda ser postulado a ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo o Judicial, con la previa autorización de la Cámara legislativa de la que forme parte.
Más allá que este es un proyecto vinculado a las candidaturas para cargos nacionales, es decir para la renovación parlamentaria de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, del próximo 26 de octubre, deja en evidencia la preocupación por una práctica que en las últimas elecciones resultó recurrente por diferentes fuerzas.
Dado que la Constitución adopta la forma de gobierno representativo, republicano y federal, Milman señaló que “la representación no es una mera formalidad, implica la asunción real del mandato conferido por el pueblo mediante el voto”.
El nuevo artículo 164 bis en el Código Electoral Nacional, que se incorpora por medio del proyecto, “tiene como objetivo prohibir expresamente que un funcionario del Poder Ejecutivo (nacional, provincial o municipal) que resulte electo como legislador nacional, renuncie a la banca para mantenerse o volver al cargo previamente ejercido. De esta manera, se garantiza que el acto electoral no sea utilizado con fines ajenos a la representación parlamentaria”.
Antecedentes
En las elecciones nacionales del 2009, el Frente para la Victoria postuló como candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires al expresidente Néstor Kirchner. También al por entonces gobernador provincial, Daniel Scioli, y al exjefe de Gabinete, Sergio Massa, ambos resultaron electos, pero nunca asumieron sus bancas.
Ante la presentación judicial de impugnación que realizó entonces el excamarista Ricardo Gil Lavedra a la Cámara Nacional Electoral en su fallo del 2009, las candidaturas testimoniales no deberían ser oficializadas porque “defraudan al elector”. “Pues se habrá quebrantado la relación representante-representado que nuestros constituyentes han plasmado en la letra y en el espíritu de la Constitución Nacional y asimismo configurará un apartamiento ético, con la consiguiente desazón que producirá en parte del electorado”. La justicia interpretó que los candidatos, al aceptar sus postulaciones y avalar la presentación de los apoderados partidarios, se están comprometiendo a asumir sus cargos de ser electos.
Mientras que Alberto Dalla Vía entendió en el caso Scioli que, “es un límite de elegibilidad para los gobernadores de provincia mientras estén en ejercicio de sus mandatos, prohibiéndoles postularse como candidatos a cargos legislativos en los distritos que los eligió previamente para ejercer la más alta función ejecutiva provincial”.
La realidad luego mostró que tras el triunfo del Frente opositor Unión Pro, liderado por Francisco de Narváez, el exmandatario Daniel Scioli y Sergio Massa nunca asumieron sus bancas por la Provincia de Buenos Aires. Y esta práctica se reiteró en posteriores elecciones con diferentes fuerzas y candidaturas. Como las que veremos el próximo 7 de septiembre en la elección legislativa provincial.
También en 2009, el exdiputado de la UCR Jorge Albarracín, buscó modificar el artículo 140 del Código Electoral Nacional que hace referencia a la penalización de la utilización de la figura de inducción con engaños: “La misma pena se aplicara a aquel candidato que, habiendo participado de un proceso electoral, no asumiera el cargo público electivo para el que fue designado y continuare ejerciendo el que poseía con anterioridad a la elección”. Ese proyecto nunca superó la discusión en las comisiones respectivas de la Cámara baja.
Candidaturas, testimonial, Elecciones
POLITICA
El presidente uruguayo se mostró optimista sobre alcanzar acuerdos con Argentina sobre la planta de Paysandú
El Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, destacó la voluntad de entendimiento con la Argentina en torno al proyecto de hidrógeno verde en Paysandú. Desde Entre Ríos reiteran que acompañan las inversiones productivas, pero insisten en la necesidad de garantizar el cuidado ambiental y el desarrollo turístico. “Vamos a lograr acuerdos”, afirmó.
El pedido puntual que formuló el gobernador Rogelio Frigerio es que la planta se reubique. La intención es que se traslade tres kilómetros tierra adentro de la posición original diseñada. Este primer lugar, según la postura entrerriana, provocaría un impacto directo en el turismo, la fuente principal de ingresos de la zona. El diseño inicial ubicaba el emprendimiento frente a los balnearios de Colón, en la costa argentina.
Las recientes declaraciones del mandatario uruguayo, marcaron un tono de distensión en medio de las tensiones generadas por la localización del proyecto de hidrógeno verde que la empresa HIF Global impulsa en Paysandú.
En el marco de la expoactiva nacional, Yamandú Orsi confirmó que mantuvo contactos con representantes diplomáticos argentinos y expresó la voluntad de su gobierno de avanzar en consensos.
“Sabemos lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Se trata de decisiones del sector privado con sugerencias del Estado. Estamos avanzando”, afirmó.
Desde la provincia de Entre Ríos reiteraron que no están en contra de la inversión ni del desarrollo productivo, pero plantearon la necesidad de analizar con profundidad el impacto ambiental y turístico del proyecto.
En ese sentido, insistieron en que la relocalización de la planta aparece como una alternativa razonable para compatibilizar crecimiento económico, generación de empleo y protección de los recursos naturales en la región del río Uruguay.
En paralelo, las autoridades de ambos países continúan los contactos técnicos y diplomáticos para evaluar los estudios de impacto ambiental y definir los próximos pasos en el marco del estatuto del río Uruguay.
El objetivo compartido es evitar conflictos del pasado y consolidar un proceso de desarrollo sustentable con beneficios para ambos lados de la frontera.
En qué consiste el proyecto
La planta de HIF en Paysandú representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Se trataría de la principal inyección de capital privado extranjero en la economía uruguaya. El complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.
En total, se prevé una producción de 880.000 toneladas de e-combustibles anuales en la última fase del proyecto. La empresa ya tiene contratos previos asegurados en Europa para colocar los productos.
Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America,Santiago
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anuncio este jueves el inicio de un proceso de desclasificación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983, en cumplimiento de lo dispuesto por el presidente Javier Milei, en una medida que busca aportar información sobre los años de la última dictadura militar.
La iniciativa forma parte de un proceso integral que contempla la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación, con el objetivo de garantizar su preservación y acceso público.
Según informó el organismo a través de un posteo en la red social X, en esta primera etapa se difundirá un conjunto de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con una Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE. Este material fue elaborado para facilitar la comprensión y contextualización de los archivos por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores.
La documentación fue organizada en carpetas temáticas bajo criterios de relevancia histórica e institucional, e incluye resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983, un período que abarca desde los años previos al golpe de Estado hasta el retorno de la democracia.
Desde la SIDE indicaron que los documentos serán publicados de manera progresiva a través de sus redes sociales y estarán disponibles para consulta pública en el sitio web oficial, dentro del apartado de archivos históricos.
El organismo enmarcó la medida dentro de una política orientada a fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y promover un vínculo “responsable” con la sociedad, en línea con estándares de transparencia y acceso a la información.
En ese sentido, destacaron que la desclasificación de archivos previamente secretos constituye “un acto de carácter ético, político y social” que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas pueden afectar la comprensión del pasado reciente.
El período alcanzado por esta primera desclasificación incluye años clave de la historia argentina, en particular el accionar de las fuerzas armadas durante la última dictadura (1976-1983), por lo que se espera que los documentos permitan avanzar en la reconstrucción histórica y el análisis de ese proceso.
La apertura de estos archivos representa, además, un paso significativo en materia de acceso a documentación sensible del Estado, en un área que durante décadas se mantuvo bajo estrictas condiciones de secreto. Desde la Secretaría de Inteligencia de Estado señalaron que esperan que la guía elaborada contribuya a facilitar el trabajo de historiadores, investigadores y comunicadores interesados en el material.
Secretaría de Inteligencia de Estado,pic.twitter.com/aCoe4hS632,March 19, 2026,SIDE,Conforme a,,Tensión con Pro. Ritondo se queda sin la Comisión Bicameral de Inteligencia por la pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo,,Mesa política. Adorni intenta dejar atrás las polémicas que golpean al Gobierno y anuncia un paquete de proyectos de ley,,Boletín Oficial. El Gobierno convocó a una audiencia pública para avanzar en la designación del titular de la UIF,SIDE,,Nueva redacción. El Gobierno dio marcha atrás con los puntos más espinosos de su Plan de Inteligencia Nacional,,Ola de renuncias. Con la salida de Lavagna, se fueron del Gobierno 45 funcionarios en solo dos meses,,Aval al Gobierno. Un juez rechazó un pedido para suspender el DNU de Milei que reformuló la SIDE
POLITICA
El Gobierno anunció que desclasificará y publicará documentos históricos correspondientes al período 1973-1983
El Gobierno anunció este jueves que desclasificará y publicará un conjunto de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983, el cual abarca la última presidencia de Juan Domingo Perón, la sucesión tras su muerte de su esposa, Isabel Martínez, y la última dictadura militar.
La tarea es llevada a cabo por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), tras el requerimiento del presidente de la Nación, Javier Milei.
Según se informó, la medida forma parte de un proceso integral que contempla la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación.
Se detalló que en la primera etapa “se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE, elaborada para facilitar la comprensión del material por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores”.
En cuanto a la naturaleza de la documentación, que fue “organizada en carpetas temáticas, conforme a criterios de relevancia histórica e institucional”, se indicó que se incluyen “resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983″.
Desde la SIDE resaltaron que lo que se busca es “fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad”.
“La desclasificación de archivos previamente secretos constituye un acto de carácter ético, político y social que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas afectan la comprensión del pasado reciente”, expresaron desde el organismo en un comunicado.
Además, esperan que la guía “pueda facilitar el trabajo de historiadores, comunicadores e investigadores que tengan interés en los documentos que la acompañan”.
Finalmente, se informó que la documentación será difundida en las cuentas de redes sociales de la Secretaría de Inteligencia.
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