POLITICA
Diputados: fracasó el dictamen para evitar la suba en las retenciones por los reparos del kirchnerismo y el rechazo libertario

Por falta de acuerdo político, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados no logró avanzar hoy en un dictamen que prolongue la rebaja de las retenciones al campo más allá del 30 de junio próximo, cuando vencerá la reducción temporaria de las alícuotas dispuesta en enero pasado por el presidente Javier Milei.
Ante la advertencia del jefe de Estado de que a partir del 1° de julio los derechos de exportación sobre los principales cultivos recobrarán los valores previos a enero, distintos sectores de la oposición buscaron aunar criterios en un proyecto común para evitar que eso suceda. Como era de prever, los libertarios, en nombre del equilibrio fiscal, anticiparon su rechazo, mientras que el kirchnerismo reclamó que el proyecto que se dictamine incluya otras problemáticas que afectan al sector, además de las retenciones.
Sin poder disimular su frustración, el radical Atilio Benedetti, presidente de la comisión, propuso continuar las negociaciones con la perspectiva de arribar a un punto de consenso la semana próxima. “El problema de las retenciones es un tema recurrente. Tenemos que encontrar una solución y salir del pantano en el cual estamos hace años”, exhortó Benedetti.
“Los gobernadores de la región centro se reunieron ayer y la advertencia fue unánime sobre el peso que significan las retenciones agropecuarias en los costos del sector”, enfatizó el legislador en respuesta a los reparos del oficialismo. También aludió a las objeciones del kirchnerismo. “No podemos resolver todos los problemas del sector, como el de los arrendamientos rurales, en un dictamen sobre retenciones. Busquemos un denominador común”, arengó.
Portavoz del gobernador de Córdoba Martín Llaryora, el diputado Carlos Gutiérrez también lamentó la falta de acuerdo y apuntó contra el oficialismo.
“El Gobierno tiene que definir si quiere bajar o subir las retenciones al agro. Hoy en la Cámara de Diputados íbamos a dictaminar para que no vuelvan a subir este año, y los diputados oficialistas y aliados votaron en contra”, reprochó al finalizar la reunión.
Desacuerdos
El legislador radical había puesto sobre la mesa un borrador de dictamen que proponía, en líneas generales, que a partir del 1° de enero del año próximo se reduzcan de manera gradual los aranceles -tomando como punto de partida los valores actuales- hasta llegar al 0% en cinco años. Sin embargo, la iniciativa no llegó a convencer a los distintos bloques: algunos consideraron que el plazo hasta la eliminación de las retenciones era demasiado extenso; otros advirtieron que la iniciativa no contempla la solución a problemáticas de larga data del pequeño y mediano productor, mientras que otras voces indicaron que al proyecto le falta un estudio sobre el impacto fiscal de la medida.
Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz fue enfático. “Este proyecto, que se elaboró a las apuradas, tiene un corte netamente político y electoral”, reprochó. “Aquí se trata de sacar una ventaja política con gobiernos provinciales que se quieren poner la camiseta del campo pero son los primeros en subir los impuestos provinciales”, asestó.
“Llama la atención que este tema de las retenciones, que viene de hace años, se agite justo ahora, cuando tenemos un gobierno nacional que por primera vez enfrenta los problemas estructurales de la Argentina -continuó-. El presidente fue claro cuando dijo que la reducción era transitoria; acá no hay ninguna amenaza de que se van a subir. El Gobierno reconoce y valora al campo pero no hace demagogia y decimos las cosas de frente, no hacemos especulación política”.
“Ustedes hablan de especulación política, justo ustedes, que quieren sacar la ley de ficha limpia para proscribir a Cristina Kirchner”, replicó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.
“Nosotros vamos a dar todos los debates pero queremos ser parte, no invitados”, agregó, tras lo cual enumeró los temas que, a su juicio, debería incluir la iniciativa: un criterio de segmentación para los pequeños productores para que la reducción de las retenciones sea mayor en los pequeños productores; un diferencial entre los productores más lejos del puerto de los que están más cerca y una solución al problema de los arrendamientos rurales.
El diputado Luis Picat, hombre del radicalismo alineado con el Gobierno, le respondió a Martínez aunque también le aconsejó a sus aliados libertarios a que no se recluyan en una posición intransigente pues, advirtió, pondrían en riesgo el voto del campo.
“La intervención del Estado con estos modelos de segmentación de las retenciones ha provocado la desaparición de muchos productores por falta de inversiones e incentivos a generar valor agregado. La segmentación generó que grandes chantas se hayan llevado miles de millones de pesos en compensaciones”, enfatizó.
Luego, dirigiéndose a sus aliados libertarios, advirtió que el campo necesita previsibilidad y que si esta reducción de las retenciones no se mantiene en el tiempo, “va en contra de las posibilidades políticas que puede tener el Gobierno de contar con el apoyo del campo”.
En representación del gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Francisco Morcchio lamentó la falta de acuerdo para avanzar en un dictamen. Lo mismo que el diputado Juan López, de la Coalición Cívica.
“Todas las entidades agropecuarias, incluso la Sociedad Rural –que a veces actúa como vocera del gobierno- advirtieron que el cobro de retenciones es inconstitucional. Con este nivel de precios de las commodities hay regiones de la Argentina donde los cultivos dejan de ser rentables. Es imperioso avanzar en un dictamen y es frustrante que el oficialismo no acompañe», insistió.
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La Justicia confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Chiqui Tapia y Toviggino

La Cámara en lo Penal Económico confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La resolución se da en el marco de la causa que revisa deudas millonarias de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en la que ambos dirigentes fueron procesados por apropiación indebida de tributos agravada, por un lado, y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, por el otro.
Uno de los argumentos esgrimidos por los camaristas que firmaron la resolución, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, es que la prohibición no es “absoluta”, puesto que los dirigentes pueden pedir permiso a la Justicia para salir del país. Fue lo que hicieron, de hecho, en ocasiones previas, aunque con resultados dispares.
Los camaristas indicaron que la medida, ordenada por el juez que instruye el caso, Diego Amarante, está “justificada” y “tiende a garantizar la comparecencia del imputado a los llamados del juez de la causa cuando su presencia sea requerida”.
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ambos dirigentes fueron procesados,Conforme a
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La Justicia suspendió la aplicación de la reforma laboral en el sector docente: qué implica la medida

La justicia del trabajo suspendió la aplicación del artículo 100 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.
El planteo judicial contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó a Infobae: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.
“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, dijo el sindicalista, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.
En un comunicado de prensa, el gremio informó que “la Justicia Nacional del Trabajo resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se había dictado una medida cautelar de alcance general».
“La resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.
De este modo -agregó-, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva».
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El Gobierno le dio un bono de $40.000 y otro de hasta $300.000 a las fuerzas de seguridad

En el marco del deterioro de los ingresos de las fuerzas de seguridad y el malestar por las prestaciones de su obra social, el Gobierno decidió otorgarle al personal de seguridad en actividad un bono de 40.000 pesos y sumas extras que, de acuerdo a las categorías, llegarán hasta 300.000 pesos.
La decisión alcanza tanto al personal de la Policía Federal, como de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del ministerio de Seguridad.
Por ahora no hay anuncios para las Fuerzas Armadas, donde también hay quejas por los bajos salarios. En el Ministerio de Defensa deslizan que “algo puede haber”, pero no dan precisiones por el momento. Por lo pronto, el bono amplía la brecha salarial entre las fuerzas de seguridad y los militares, que vienen reclamando desde hace tiempo una equiparación salarial.
La información sobre las erogaciones para las fuerzas federales se dio a conocer este miércoles, a través de una publicación en el Boletín Oficial (B.O), en el que se incluyó el decreto 216/2026 que contiene la decisión. Y se dio en la antesala de una protesta convocada por redes sociales para este jueves, bajo la consigna de la necesidad de reclamo “un salario digno”, y también junto a otros pedidos por la situación de la obra social.
En el decreto dado a conocer este miércoles se sostuvo que las erogaciones por parte del Poder Ejecutivo tienen “el propósito de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.
“El gobierno nacional considera necesaria la implementación de medidas concretas que impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal”, agrega.
A través de información en anexos se detalla que el bono de $40.000 es fijo, no remunerativo y no bonificable, y se pagará con los haberes del mes de abril. La suma contempla también a los alumnos en formación de la Gendarmería y la Prefectura Naval.
En tanto que el segundo bono será de entre $100.000 y $300.000 según los rangos del personal en actividad. Las sumas más altas serán para las jerarquías iniciales del escalafón: agentes, cabos y sargentos, en el caso de la Policía Federal, y rangos similares de las otras fuerzas. Comisarios y comandantes generales y mayores, las categorías más altas, no recibirán el bono.
En el decreto también se consignó que “el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto” no implicará una partida adicional, sino que se atenderá con recursos ya otorgados en el presupuesto y que los fondos saldrán de los créditos asignados al propio Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.
En el primero de los casos se habla de “una suma fija no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de $40.000, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2026″.
En el segundo, se consigna la entrega de “una suma fija, no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, y de percepción única por persona, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2026″ y que esto es “conforme los importes que para los distintos grados se detallan en el Anexo I”, donde están las tablas con los montos para cada categoría.
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