El Gobierno de Javier Milei tiene previsto publicar durante el mes de enero el pliego para iniciar la privatización del Belgrano Cargas, la cual finalizaría a mediados de este año. Se trata de la primera fase de un plan mayor que los técnicos del Poder Ejecutivo tienen sobre la política ferroviaria: en este caso particular, las líneas abarcadas son el Belgrano, San Martín y el Urquiza. Para una etapa posterior, a largo plazo, se estudia llamar a licitación sobre el Ferrosur Roca.

Se tratan de dos fases de una masterplan que diseñan funcionarios con conocimiento del sector ferroviario, aunque los fines de esta política exceden solo al ámbito del transporte, ya que el rubro de carga está estrechamente interrelacionado con diferentes polos productivos dispersos a lo largo y ancho del país, tales como el agrícola, el minero, el petrolífero, entre otros.

El modelo de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. aprobado por el Decreto 67/2025, establece una privatización total de la empresa mediante un proceso de desintegración vertical y open access (acceso abierto).

El primer término quiere decir que se desbloquea la posibilidad de que una compañía pueda adquirir una de las unidades de negocios del Belgrano Cargas. Las vías férreas y los inmuebles aledaños serán concesionados mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública. Los talleres ferroviarios también serán concesionados. No así el material rodante (las locomotoras y vagones), que será vendido a través de un remate público.

Fuentes oficiales remarcaron que el dinero que se genere por ese último mecanismo será reorientado para realizar una inversión por única vez para la renovación de vías y la mejora estructural en aquellos tramos en donde haya volumen y demanda. Es decir, los trazos donde más interés hay puesto de parte de las compañías que buscan aplicar a la privatización.

El dinero de las subastas no irá a reactivar algunos tramos de los casi 18.000 kilómetros de vías inactivas que hay en el país. Eso se lo dejará a consideración de la futura operaria si es que consigue clientes y demanda en esos sectores abandonados que hoy en día no tienen rentabilidad económica.

Hay 17.700 kilómetros de vías que sí están operativas. De aquellas, el Gobierno quiere invertir con el dinero subastado en dos líneas en particular: en el ramal San Martín a través de la renovación de cerca de 300 kilómetros de vías y una inversión de capital sobre las vías del ramal Belgrano. El pliego que ya está confeccionado obliga a la compañía a que invierta en la finalización de la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe.

Con estas mejoras sobre las trazas ferroviarias buscan generar una solución logística para multiplicar las cargas transportadas, haciendo que el tren pase a ser el medio de transporte de productos de 5% a 20% en cuestión de años. Creen que para finales de 2027 la carga podría duplicarse. “Actualmente hay mucha inversión en el punto de destino. Muchas están preparadas para transportar el triple de carga de lo que aguanta nuestro sistema”, marca una fuente libertaria.

Es por ello que diversos grupos empresarios manifestaron interés para hacerse con segmentos estratégicos del Belgrano y San Martín. Un consorcio liderado por Aceitera General Deheza (AGD) e integrado por firmas como ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus, figura entre los principales aspirantes. Grupo México Transportes (GMXT) también formalizó su intención y espera canalizar una inversión de USD 3.000 millones. Otras compañías de Chile y España realizaron sondeos, al igual que firmas mineras multinacionales como la británica Río Tinto.

A grandes rasgos, el diagnóstico es el siguiente: en el San Martín hay menos capacidades ferroviarias y se precisan inversiones para reforzarlas; en el Belgrano hay falta de material rodante, buenas vías, pero hay un cuello de botella por la no-finalización de la circunvalación de Santa Fe; por último, en el Urquiza consideran que hay una demanda insatisfecha y que podría suplirse si es que logran planificar un esquema para satisfacer las conexiones internacionales.

“Lo que se transporta es muy poco para la cantidad de vías que hay. Tenemos costos fijos altos y el mantenimiento de la vía es complicada con la baja recaudación actual. Lo que se busca es incrementar el volumen de carga para hacer rentable el negocio. Creemos que el open access contribuye a eso”, explican desde el Gobierno. Ese sistema establece que cualquier operador privado podrá utilizar la red existente mediante el pago de un canon, siempre que cumpla con las condiciones legales y logre la autorización de la empresa operadora.

Si bien el nuevo esquema ferroviario puede favorecer a los sectores y zonas productivas comprendidas a lo largo de la traza de las tres líneas, varios de los negocios mineros y la totalidad de Vaca Muerta tienen cuellos de botella por la inexistencia de servicios ferroviarios que lleguen a esos polos.

Además de las tres líneas administradas actualmente por Belgrano Cargas, existen otras tres: Ferroexpreso Pampeano (con Techint como socio mayoritario), Ferrosur Roca (propiedad de Loma Negra) y Nuevo Central Argentino (de Aceitera General Deheza). De estas, el Gobierno está satisfecha solo con la última, que hace unos meses aceptó pasar por una adecuación contractual que le permitió extender su contrato hasta 2032.

Aunque no hay satisfacción con el estado de Ferroexpreso Pampeano, todavía no hay una decisión tomada sobre qué hacer. Para el caso de Ferrosur Roca se sabe que se llamará a un proceso licitatorio más adelante y sin fecha estimada. La compañía tuvo diálogos con el Ejecutivo y le presentó propuestas para renovar su contrato, pero fueron rechazadas.

La decisión del futuro llamado a licitación reviste de un particular atractivo para toda el área de Vaca Muerta. Ven que los privados verían con interés en favorecer los servicios hasta la estación de Contraalmirante Martín Guerrico, a unos kilómetros de General Roca, provincia de Río Negro; y a 70 kilómetros de las vías de acceso más frecuentadas de la cuenca. “Ya tenemos la traza mapeada, aunque no hay planes específicos por el momento”, marcan.

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La difusión de los principales lineamientos de la reforma del sistema de Inteligencia que el Gobierno de Javier Milei evalúa implementar por decreto generó una rápida reacción de dirigentes opositores. A través de posteos en X, referentes del peronismo, el socialismo y el radicalismo expresaron objeciones al contenido que se conoce hasta ahora y al mecanismo elegido para modificar la Ley de Inteligencia Nacional.

Los cuestionamientos apuntaron al uso del decreto para introducir cambios de fondo, al desplazamiento del Congreso del debate y al impacto que las reformas podrían tener sobre derechos y controles institucionales.

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En los mensajes se remarcó que las modificaciones se conocieron en pleno receso parlamentario y sin participación de la comisión bicameral encargada del control y se repitió la advertencia sobre un posible retroceso en materia de controles institucionales y conducción civil.

Los dirigentes plantearon además que el nuevo esquema altera equilibrios internos del sistema y redefine vínculos entre inteligencia, fuerzas armadas y seguridad interior. En ese marco, reclamaron que el decreto sea rechazado y que cualquier reforma se tramite por ley.

El uso del decreto y el rol del Congreso

Uno de los ejes centrales de los cuestionamientos fue el recurso al decreto. El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que el DNU 941/25, según la información, modificaría aspectos sustanciales de la ley vigente sin pasar por el Congreso ni por la Comisión Bicameral.

“Mientras sonaban las cañitas voladoras, modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25520), generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei”, escribió Paulón en su cuenta de la red social X. En el mismo mensaje agregó que “la interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional”.

Luego, el diputado planteó cinco ideas sobre el decreto, al que calificó como “duro golpe a la democracia”. Según su detalle, vuelve el “espionaje político”, se le da “carta blanca a la SIDE”, genera “opacidad y secretismo”, deja afuera el Congreso y habilita la vigilancia digital.

Ricardo Alfonsín también expresó su preocupación por la vía elegida. Señaló que se trata de un tema que debería ser debatido y consensuado y afirmó que no existirían razones que justifiquen el uso de un DNU. “Entre gallos y medianoche, Milei modifica la ley de inteligencia”, escribió.

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En la misma línea, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau planteó que el alcance del decreto implicaría, en los hechos, el dictado de una nueva ley de inteligencia, con un corrimiento de las facultades del Congreso y denunció que viola “expresamente” la Constitución Nacional. “Pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso. Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático”.

El exministro de Defensa, Agustín Rossi coincidió en que cualquier modificación de la ley debería realizarse mediante una norma sancionada por el Parlamento. “Este DNU fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”.

Facultades, control y vigilancia

En sus posteos, Paulón enumeró distintos puntos que consideró críticos del esquema que se anticipa. Mencionó la definición de activistas, opositores y periodistas como riesgos, la declaración de carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia y la eliminación de controles sobre fondos reservados. También cuestionó la creación de un nuevo esquema de vigilancia digital bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Rossi advirtió que el contenido conocido habilitaría a los agentes de inteligencia a actuar como una policía secreta, con facultades para aprehender personas sin orden judicial. Además, alertó sobre la falta de precisiones respecto del uso de personal militar y de fuerzas de seguridad en tareas de inteligencia y sobre la concentración del control presupuestario en la SIDE.

Cambios en defensa e inteligencia militar

La reorganización del área de defensa también concentró críticas. Rossi cuestionó la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y su reemplazo por una estructura dependiente del Estado Mayor Conjunto, lo que, según afirmó, dejaría al ministro de Defensa sin inteligencia propia.

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el diputado Jorge Taiana coincidió en ese diagnóstico y sostuvo que se autonomiza la inteligencia militar del control civil, concentrando poder en la estructura militar. Agregó que, al mismo tiempo, se subordina la inteligencia militar al área de seguridad y se avanza en convertir a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad. “La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”, aseguró.

En ese contexto, la coincidencia de los dirigentes opositores fue el pedido para que el Congreso rechace los cambios que determina el DNU y que habilite la discusión parlamentaria de cualquier modificación en la ley de Inteligencia. “El Congreso debe rechazar este DNU. Exigimos que las modificaciones de la ley de inteligencia se hagan mediante una ley”, escribió Rossi, pero en similar sentido se expresó el resto.

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