POLITICA
Diputados: Unión por la Patria presentó su propio proyecto de reforma laboral y busca trabar la iniciativa oficial
Mientras La Libertad Avanza busca acuerdos con senadores aliados para construir mayorías y avanzar con el proyecto de ley de Reforma Laboral, Unión por la Patria (UxP) presentó en diputados una propuesta que contempla la reducción de la jornada laboral, una moderna legislación para los trabajadores de plataformas digitales y simplifica la puesta en marcha de los acuerdos colectivos de trabajo. La iniciativa la elaboró la exministra y actual diputada Kelly Olmos.
El proyecto ya está en poder de los senadores que lidera el formoseño José Mayans y cuenta con el respaldo de un amplio abanico de sectores gremiales.
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En su iniciativa, la diputada Olmos, acompañada por Victoria Tolosa Paz, Pablo Todero, Guillermo Michel, Emir Félix y Juan Pablo Luque, busca la simplificación de la negociación colectiva, permitiendo que determinados acuerdos derivados de convenios ya homologados entren en vigencia automáticamente tras su publicación en el Boletín Oficial, sin necesidad de pasar por el trámite de homologación. Según la propuesta, este mecanismo busca dotar de mayor dinamismo a las actualizaciones salariales o productivas consensuadas entre sindicatos y cámaras empresarias.
Uno de los títulos del proyecto establece un régimen de corresponsabilidad parental y protección de la crianza. La licencia para la persona gestante se eleva a 90 días: “Queda prohibido el trabajo del personal gestante durante los 30 días anteriores al parto y hasta los 90 días posteriores al mismo. La persona gestante podrá optar por reducir la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a 15 días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto”.
Pero también eleva la licencia para el progenitor no gestante a 30 días por el nacimiento o la adopción del hijo. El proyecto incorpora que una vez finalizada la licencia postparto obligatoria y durante el transcurso del primer año de vida del niño o niña, el progenitor gestante tendrá derecho a optar por una de las siguientes modalidades de trabajo: Trabajo híbrido o remoto y por la jornada laboral reducida.
Juicios Laborales e indemnizaciones
El pago de las indemnizaciones y créditos laborales derivados de sentencias condenatorias o acuerdos homologados, judicial o administrativamente, deberá efectivizarse mediante depósito bancario a la orden del Tribunal interviniente y a favor del trabajador. Entonces, queda prohibido el pago fraccionado o en cuotas, debiendo el trabajador percibir la totalidad de su crédito en un solo acto.
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Estimando para la cancelación de dichas indemnizaciones o sentencias laborales una línea de financiamiento de otorgamiento inmediato por parte del Banco Nación. Destinado para las Pymes y Micro Pymes un financiamiento en 12 y 18 cuotas mensuales respectivamente. El capital adeudado se ajustará mensualmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
En contraposición con el proyecto que se encuentra en el Senado, la exministra de Trabajo fundamentó en su propuesta. “Iniciativas recientes han propuesto permitir el pago de indemnizaciones en cuotas, trasladando el costo financiero y el riesgo de insolvencia al trabajador despedido. Esta solución vulnera el principio de integridad del pago y desnaturaliza la función reparadora de la indemnización laboral”, expuso.
Reducción de la jornada laboral
En el título cuarto del proyecto expresa: “La duración del trabajo en establecimientos públicos o privados, sea cual fuere su naturaleza, no podrá exceder de ocho horas diarias o 40 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena, salvo las excepciones previstas en esta ley y las que se establezcan por vía de Convenio Colectivo de Trabajo”.
La reducción de la jornada laboral se implementará de manera progresiva y gradual en un plazo máximo de seis años contados a partir de la entrada en vigencia de la norma. A la entrada en vigencia se mantiene el tope de 48 horas semanales. Al segundo año se reducirá a 45 horas. Al cuarto año el tope semanal se reducirá a 42 horas, y al sexto se alcanzará el límite definitivo de 40 horas semanales.
Destacando que “la reducción de la jornada laboral no implicará, en ningún caso, una reducción en la remuneración de los trabajadores. Se garantiza la integridad salarial, debiendo ajustarse el valor de la hora de trabajo proporcionalmente para mantener el mismo salario neto y bruto percibido por la jornada previa a la reducción”.
La diputada Raquel Kelly Olmos le señaló a TN que el proyecto sumó el aval del legislador Hugo Yasky, líder de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). “Este es un proyecto alternativo al del Poder Ejecutivo. Este proyecto mira hacia el Siglo XXI y no al Siglo XIX, ya que (el Gobierno) insiste en precarizar a los trabajadores. Desfinancia al Sistema de Seguridad Social, desfinancia al fisco y a la Coparticipación Federal”, dijo la diputada Olmos.
Trabajadores de plataforma
En la denominada economía de plataformas, el proyecto busca resolver esa tensión mediante un Sistema dual con parámetros objetivos, superando el falso dilema “flexibilidad vs. derechos”. Si la plataforma controla precios y sanciones, y el trabajador cumple una carga horaria habitual, fijada en 20 horas semanales, es empleo dependiente. Si hay libertad real y esporadicidad, es autónomo.
Se establece el “Alta Automática” en seguridad social, eliminando la burocracia mediante el cruce de datos, permitiendo que el encuadre legal acompañe la realidad del mes a mes. Se legaliza multiapping (la utilización de varias aplicaciones simultáneamente) y el pluriempleo, adaptando la ley a la calle, donde el repartidor usa tres aplicaciones a la vez.
Por último, el proyecto, aborda la problemática de la informalidad, a partir de la reducción progresiva de las contribuciones patronales como mecanismo para impulsar el empleo asalariado formal, especialmente en micro y pequeñas empresas, sin generar “efectos umbral” que desincentiven el crecimiento.
reforma laboral, Kelly Olmos, Diputados
Luego de que el Senado convalidara este jueves el acuerdo UE-Mercosur, el gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.800, que pone en vigencia el tratado internacional que establece una asociación estratégica y comercial entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea.
La sanción definitiva de la norma se produjo este jueves en una sesión especial del Congreso de la Nación y lleva las firmas de las autoridades legislativas Bartolomé Esteban Abdala, Martín Alexis Menem, Agustín Wenceslao Giustinian y Adrián Francisco Pagán. Horas después, el Poder Ejecutivo la promulgó la norma a través del Decreto 111/2026, en uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional.
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea reunió un amplio apoyo con el acompañamiento de la mayoría de los bloques, incluido el kirchnerismo. Obtuvo 69 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
Noticia en desarrollo
Obtuvo 69 votos a favor,,Conforme a,,Las definiciones de Carrió. Un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares,,Paradoja mileísta. Control político y ruido económico,,Facilita la exploración minera. El Gobierno avanzó en el Senado con los cambios en la ley de glaciares y el proyecto se girará a Diputados
POLITICA
El mapa de la marcha contra la Reforma Laboral: habrá fuertes medidas de seguridad y movilización piquetera
El Congreso de la Nación volverá a ser escenario de una fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición. La Cámara Alta se apresta a sancionar la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo al mando de Javier Milei. En la Casa Rosada trabajaron contrarreloj para evitar sorpresas en una votación que consideran estratégica. La iniciativa es una de las apuestas centrales de La Libertad Avanza y el objetivo es convertirla en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del próximo domingo 1 de marzo.
Como ya lo hicieron el miercoles 11 y el jueves 19, organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos de izquierda, facciones trotskistas, y agrupaciones piqueteras marcharán al Palacio Legislativo para manifestar su “repudio” a la normativa que, sostienen, recorta derechos de los trabajadores y califican de “esclavista”. Esta previsto que las primeras columnas lleguen a las inmediaciones de la Plaza Congreso, que abarca el perímetro delimitado entre las arterias Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen, a las 10 de la mañana, una hora antes del inicio del debate parlamentario.
El Gobierno dispuso un fuerte operativo policial como respuesta a incidentes anteriores y el clima de tensión anticipa no solo manifestaciones en las calles, sino también la posibilidad de nuevos episodios de violencia tal como se registraron en las dos manifestaciones anteriores.
Se desplegarán cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad. Incluye a las brigadas de infantería, motorizada, camiones hidrantes, celulares para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. Desde la cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, se informó que “elprotocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza” sin importar el grado de masividad de la concentración.
También habrá un perímetro de seguridad desde Hipólito Yrigoyen al 1700 hacia Virrey Cevallos, para la prensa; es decir que solo podrá circular del lado del vallado dónde se encuentren los manifestantes, dejando libre el sector en el que estarán acantonadas las fuerzas federales que se posicionarán en paralelo a la Avenida Entre Ríos, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.
En la misma sesión se tratará la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años, que también tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Ayer el Gobierno obtuvo dos importantes triunfos: los senadores aprobaron cambios a la Ley de Glaciares -definirá diputados- y ratificaron el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Voces críticas
“El proyecto de Reforma Laboral y la baja de la edad de punibilidad son dos caras de la misma moneda: un modelo de exclusión. Mientras nos quitan la estabilidad laboral, pretenden tapar la crisis social encerrando a los jóvenes”, argumenta Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur y sostiene que: “La justicia social no se negocia. Marchamos para defender la dignidad de quienes trabajan y el derecho de los pibes a un futuro con oportunidades”.
La integrante de la organización Territorios en Lucha no es la única voz que se alza contra el proyecto del Gobierno sobre “modernización laboral”. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), le dijo a Infobae: “Esta reforma esclavista es que los compañeros no tengan derechos laborales, y ya estamos en el cincuenta por ciento de los trabajadores que están en esas condiciones, y la reforma libertaria va ha profundizar los grados de informalidad”.
Para el referente social, “lo que se le viene en cotra al Gobierno es que desde la apertura de las importaciones, casi no hay empresas que puedan sostener su productividad porque las importaciones chinas destrozan el mercado”. Castro entiende que esta situación “como en los años noventa, va a profundizar los niveles de conflictividad a futuro”.
El Frente Sindical Unidos (FreSU), integrado, entre otros por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros,convocó a un paro nacional con movilización para hoy. La columna principal partirá a las 10 de la mañana desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso, con la consigna de rechazar la iniciativa oficialista y exigir mejoras salariales.
Los referentes del campo popular advierten que factores como la crisis económica y la represión estatal explican la caída de la masividad en las protestasque se advirtieron en las manifestaciones pasadas.
Nicolás Caropresi, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), reconoció que: “Estamos viendo que hay detenidos casi con cada movilizació. El proceso de movilización lógicamente se ve resentido por eso”. También remarcó que, pese al endurecimiento de los controles, las organizaciones sociales han sostenido su accionar en rechazo al Gobierno, aunque la represión y las restricciones policiales dificultan mantener cortes y reclamos, incluso respetando los protocolos de protesta.
En la misma línea, Silvia Saravia, describió cómo «la intimidación policial, los allanamientos violentos y los controles en estaciones de tren dificultan la participación en las manifestaciones». Y añadió que “la crisis obliga a muchos a priorizar la subsistencia diaria, lo que se traduce en ausentismo de quienes temen perder el salario por faltar al trabajo”.
La reforma laboral, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de Javier Milei, ya obtuvo media sanción en Diputados con 135 votos positivos y 115 negativos. Para facilitar su aprobación, el oficialismo retiró el artículo 44 —relativo al régimen de licencias médicas— durante la votación de los 26 capítulos de la norma, bloqueando propuestas opositoras de modificación capítulo por capítulo. La última palabra la tendrá ahora el Senado.
En paralelo a las diferencias políticas, la coyuntura ha expuesto fracturas internas en el movimiento sindical argentino. La CGT,por ejemplo, no convoco a un nuevo paro general, como ocurrió el jueves pasado aunque sin movilización. El titular de la UOM, Abel Furlán, había exigido públicamente a la CGT convocar un paro de 36 horas si la reforma persistía en el temario parlamentario, reflejando presiones internas y divergencias en el principal bloque sindical.
La organización kirchnerista La Cámpora, anunció a través de sus redes sociales que participará de la protesta y que sus columnas partirar desde horas tempranas desde municipios de conurbano bonaerense como Quilmes.
La jornada de movilización coincide con el cierre de las sesiones extraordinarias y la inminente apertura del periodo ordinario, fijada para el 1° de marzo a las 21, día en que Javier Milei se dirigirá a las cámaras legislativas tras haber conseguido la aprobación del presupuesto nacional, un hito que Argentina no lograba desde hacía dos años fiscales, la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la media sanción a la modificación a la Ley de Glaciares.
El Gobierno apuesta a consolidar su modelo con la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, dos ejes resistidos históricamente por el peronismo que hoy avanzan en el Congreso bajo la coalición libertaria.
En el trasfondo, el debate parlamentario se da en medio de una caída sostenida del empleo formal y el cierre de empresas como FATE. El Gobierno enfoca el mensaje en la baja de la inflación y en los beneficios que, según su mirada, implicaría la reforma para formalizar el trabajo y promover el empleo registrado. Las centrales sindicales y los movimientos sociales, por el contrario, califican la reforma como un “retroceso de derechos” y cuestionan la “falsedad de esos argumentos”.
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo ante una consulta de este medio que “esta reforma laboral nos lleva al siglo XIX, porque habilita el despido sin la responsabilidad de indemnizar” e interpretó que: “la indemnización la va a pagar el Estado con un fondo que se les quita a los jubilados y que van a administrar los bancos privados”. Godoy alertó además que tras la eventual aprobación de la ley el Gobierno avanzaría con una reforma previsional, exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de la crisis de recursos que, a su entender, esa medida produciría.
Godoy subrayó la necesidad de “unidad” entre las distintas centrales sindicales y organizaciones productivas e insistió en que “vamos a continuar con una agenda de lucha para mejorar los salarios, defender cada puesto de trabajo ante los despidos y por la soberanía nacional”.
Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la presente reforma laboral como la continuación “de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar”. Aguiar llamó a sostener la resistencia y a no ceder el espacio público: “Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al gobierno”.
Las manifestaciones se desarrollarán bajo un fuerte dispositivo de control estatal, y la jornada será observada como test sobre el poder real de convocatoria del sindicalismo de base y de los movimientos sociales, y La Cámpora que vuelve a pararecer en escena, después de dos protestas que terminaron en represión policial por el accionar de grupos ultraviolentos que, inclusive, arrojaron bombas molotov sobre las fuerzas federales.
Senado
POLITICA
Quiénes son los tres senadores que votaron en contra del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea
El Senado ratificó este jueves el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea por amplia mayoría. Tras un debate de unas cuatro horas de duración, los integrantes de la Cámara alta se dispusieron a votar el proyecto, que cosechó 69 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.
Quienes no acompañaron la iniciativa con su sufragio pertenecen al bloque Justicialista. Se trata de Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Cándida Cristina López. Ninguno de los tres mencionados optó por hacer uso de la palabra para explicar los motivos por las cuales se iban más tarde a posicionar en contra.
De Pedro es una de las principales referencias del kirchnerismo dentro del Senado, donde representa a la provincia de Buenos Aires. Fue ministro del Interior de Alberto Fernández y cofundador de La Cámpora.
Di Tullio, también senadora bonaerense, cuenta además con una extensa trayectoria legislativa. Fue diputada nacional y jefa del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja.
López, de Tierra del Fuego, asumió en la Cámara alta en diciembre de 2023 tras ser designada en reemplazo del fallecido Matías Rodríguez, cargo para el que posteriormente fue electa en 2025. Tiene pasado como concejal.
Desde el entorno de De Pedro señalaron a que el voto negativo obedeció a la convicción de que el acuerdo es “absolutamente perjudicial” para la industria nacional y, en particular, para la provincia de Buenos Aires, que concentra una parte sustancial del entramado productivo y del empleo manufacturero del país.
Según explicaron, el tratado aprobado no se corresponde con el que la Argentina buscó durante décadas, ya que —afirman— se limita esencialmente a la liberalización comercial y a la reducción de aranceles, sin contemplar mecanismos robustos de transferencia tecnológica, desarrollo conjunto ni herramientas para compensar asimetrías. En ese sentido, advirtieron que los beneficios proyectados serían “condicionales” y estarían sujetos a salvaguardas que, a su entender, terminan favoreciendo a la producción europea.
También subrayaron que las barreras paraarancelarias y los sistemas de protección vigentes en la Unión Europea podrían restringir el acceso efectivo de los productos argentinos a ese mercado.
Al mismo tiempo, plantearon que una mayor apertura podría afectar a sectores industriales sensibles y, en el mediano y largo plazo, impactar en el empleo y en la estructura productiva nacional.
En la misma línea se expresaron fuentes allegadas a Di Tullio, que dijeron a este medio que su voto busca “defender los intereses de la Provincia”, donde se genera el 45% de la producción manufacturera del país.
López, finalmente, había subido una historia a la plataforma Instagram -antes del debate- donde expresaba: “No estoy en contra del comercio. Estoy en contra de los acuerdos que perjudican a la industria de Tierra del Fuego. Seguir con la apertura de las importaciones es una sentencia de muerte para nuestras fábricas”.
La intención del oficialismo era ser el primer país en ratificar el tratado comercial. Por ello, resignó sus discursos en el recinto y accedió a insertar sus exposiciones escritas en la versión taquigráfica para acelerar los tiempos. Aun así, no lo logró: Uruguay lo consiguió primero con 91 votos a favor y solo dos en contra. Para su entrada en vigor definitiva, requiere todavía la ratificación en Brasil, Paraguay y los países de la UE.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado en enero tras más de dos décadas de negociaciones. El pacto prevé la creación de una zona de libre comercio que abarcará a unos 700 millones de habitantes y apunta a reducir aranceles y barreras comerciales entre ambos bloques.
La Comisión Europea proyecta que el acuerdo podría incrementar las exportaciones a América Latina hasta en un 39%, mientras que el Mercosur ampliaría sus ventas de productos como carne, arroz, miel y soja.
A nivel internacional, el tratado cuenta con el respaldo de países como Alemania y España, pero enfrenta resistencias en Francia y otros socios europeos que temen un impacto negativo en sus sectores agrícolas.
La administración Milei, por su parte, celebró su ratificación a través de un comunicado en la red social X: “Es un paso fundamental para fortalecer la inserción internacional de la Argentina y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.
“Este Acuerdo representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, en un marco de reglas claras, previsibilidad y mayor integración”, remarcaron.
Y concluyeron: “Constituye un avance significativo en el fortalecimiento institucional y en la consolidación de una relación internacional basada en la cooperación, la confianza y el beneficio mutuo”.
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