POLITICA
Preparan una salida judicial para la crisis que provocó la clausura de La Salada

La crisis social que provocó la clausura de la megaferia de La Salada, por la detención de algunos de sus propietarios por lavado de dinero, está encontrando un cauce de solución: se está formando una “mesa interinstitucional” para permitir la reapertura del predio y que los trabajadores puedan retornar a sus puestos.
El cierre de los 8000 espacios comerciales provocó esta semana protestas de los carreros y puesteros, que cortaron el Puente La Noria para reclamar la apertura de la feria.
Formalmente se presentaron ante el juez federal Luis Armella de Lomas de Zamora y el magistrado antes de decidir le corrió vista a la fiscal Cecilia Incardona, que tiene delegada la causa.
Se trata de la fiscal que motorizó la investigación que acabó con Jorge Castillo preso, junto con otras 15 personas, incluido su hijo Manuel, su esposa, Natalia Paola Luengo, y su suegra, Margarita Nilda Arrieta, además de sus socios.
Los acusan de lavado de dinero con más de 25 empresas, constituidas aquí y en Panamá. También fue detenida Paula Raquel Corbo, una de sus colaboradoras encargada de cobrar los alquileres de los puestos en su Toyota Hilux y llevarlos a la casa de Castillo en un barrio cerrado de Luján con un haras.
La fiscal recibió hoy a los feriantes y les contó que está trabajando en la formación de una mesa donde intervengan el Poder Judicial, la Nación, la provincia de Buenos Aires, autoridades de la ARCA y del Ministerio de Seguridad.
La idea es permitir la reapertura de las distintas ferias y que los puesteros puedan reabrir sus locales. Mientras, establecer un mecanismo de depósito judicial que permita seguir cobrando los alquileres más allá de lo que resulte del expediente judicial.
El jueves se formalizaría esta mesa para que el juez Armella decida sobre el eventual fin de la clausura del predio, con las garantías que brinden las autoridades de que no se va a permitir seguir cometiendo delitos,
La investigación determinó que los responsables del negocios son representantes de tres familias que se repartían las ferias.
A la organización -según fuentes del caso- se le secuestraron casi 430 millones de pesos y 2.589.308 dólares, además de 6925 euros y 3227 reales. También se secuestraron dos máquinas para contar billetes.
Era tanto el movimiento en efectivo que los investigadores determinaron que la organización no contaba los billetes, sino que juntaba los fajos y contaba los bultos, según surge de las evidencias reunidas en la Justicia.
Ahora, los autoridades judiciales buscan permitir que se siga trabajando, pero sin las personas que se enriquecieron a costa de los feriantes.
La idea es reabrir La Salada “de manera razonable, controlando lo que ocurra allí como un camino previo para la regularización total del lugar”, dijo una fuente que participa de las conversaciones con los feriantes para que retornen al trabajo.
Los puesteros de La Salada marcharon este martes frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora y pidieron ser recibidos por el intendente Federico Otermin.
Durante varias horas, los comerciantes se congregaron en el edificio municipal para continuar con el reclamo, a más de 12 días del cierre de los predios. Frente a este escenario pudieron mantener una reunión con Otermín, delfín del exintendente Martín Insaurralde, quien les prometió una reunión formal esta semana.
“Estamos frente a la fiscalía reclamando. Son muchas familias que la están pasando muy mal”, expresó una feriante. En medio de la manifestación, una vendedora expuso que no reciben respuestas sobre por qué tienen los locales cerrados:
“Dicen que es por Castillo, pero supuestamente ya está detenido. No entendemos”, apuntó Mari, quien vende café hace diez años en la feria, pero ahora debe reinventarse: “Voy a vender bolitas y pizzas”.
Actualmente, los predios cerrados, y con custodia policial, son Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.
Los manifestantes sostienen que “no tienen nada que ver” con el denominado “Rey de La Salada” y que solo quieren trabajar. “No a la clausura, somos familias de trabajo”, rezaba uno de los carteles expuestos en la protesta.
Tras la protesta en el Puente La Noria, trabajadores de La Salada marcharon también hacia la fiscalía donde se tramita la causa para continuar con el reclamo por la apertura de los negocios.
POLITICA
Leila Gianni defendió su foto subida de tono y explicó por qué la publicó

Leila Gianni salió al cruce de sus detractores en las redes sociales luego de hacer pública una foto en bikini desde la bañera de su casa. Si bien tiene espuma que cubre parte de su cuerpo, es posible denotar su figura. Esta imagen que resultó picante en Instagram, le valió de críticas por parte de los usuarios y por ese motivo justificó que la temporada de verano se presta para este tipo de posteos.
La concejala de La Libertad Avanza por el partido de La Matanza subió hace seis días a sus redes una foto luciendo un traje de baño de color fucsia. Esa publicación generó repercusiones en los medios de comunicación y. también, le valió de críticas. Por eso, a una semana de ello, desestimó las acusaciones en su contra e incluso intentó separar su rol político de la vida íntima.
Junto a la imagen añadió un texto referencial a uno de los versos de la canción “Noches de enero” de Tan Biónica: “Tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí…”. Ese posteo cosechó más de 55.000 “Me Gusta”.
“No es paños menores, es una malla. Estamos en verano, es una foto en malla que no tiene nada de extraño. No estoy delinquiendo, no estoy robando, no estoy alcoholizada. Es una foto en bikini, o sea, no tiene nada de malo. Eso te hace real, ¿no? Podés sacarte una foto en bikini, podés cantar como hace nuestro presidente», dijo la concejala a Infobae.
En respuesta a las críticas, Gianni aseveró: “Lo que se les puede decir es que vean el trabajo que uno hace, que la misma persona que se saca una foto en malla, que es madre de cinco pibes, que estudió, se recibió, se mete en los territorios más hostiles, acompaña a los vecinos y que tengan en cuenta que después tenías a señoras como la condenada (Cristina Kirchner) con la tobillera, con los rosarios de oro, con las mejores carteras y los tacos aguja…”.
Por último comentó que ese tipo de fotos le favoreció a su imagen, debido a la repercusión que causó entre sus seguidores: “Este contenido es furor, pero también otros posteos en donde nos metemos a territorios hostiles. Pero sí, es verdad, en general hubo un aumento de likes en las fotos con menos ropa”.
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POLITICA
Axel Kicillof y otros gobernadores le solicitaron una reunión al Gobierno para debatir la reforma laboral

Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego solicitaron formalmente este jueves al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo Federal del Trabajo (CFT).
El pedido, dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, busca establecer una sesión presencial y exclusiva para analizar la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. Las autoridades laborales de estos distritos sostienen que el debate no debe agotarse en el Congreso, debido al impacto fiscal y en el esquema de inspección que la normativa tendría en cada jurisdicción.
En el documento presentado, los firmantes recordaron que el Pacto Federal del Trabajo establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, plazo que consideran imperativo ante la magnitud de los cambios propuestos.
Los ministros provinciales enfatizaron que sus territorios son protagonistas en la gestión de la conflictividad laboral diaria y que sus posiciones deben ser incorporadas. Según expresaron en la nota enviada a la Secretaría de Trabajo: “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de los gobernadores Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, cuyos senadores votaron en contra de la reforma.
Sin embargo, el reclamo también incluye a Misiones, provincia que aportó dos votos clave para la aprobación del proyecto en la Cámara Alta a través de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. A pesar de estas diferencias políticas, las seis jurisdicciones coincidieron en que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional y que sus realidades regionales deben ser escuchadas.
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POLITICA
Principales puntos del nuevo régimen penal juvenil: garantías, penas y asignación presupuestaria

El nuevo régimen penal juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados y girado al Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:
-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asistencia legal, eficaz e idónea.
-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.
-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.
-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acondicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.
-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.
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