POLITICA
Disputa en el peronismo: ¿quién es el gran elector?

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Se está produciendo un reacomodamiento. Todavía en medio del desconcierto. Porque Cristina Kirchner anunció que ella no va a estar en ninguna boleta del Frente de Todos para las elecciones del año que viene, es decir, no va a ser candidata a nada. No sabemos si fue como parte de una estrategia durante mucho tiempo pensada o como parte de una especie de arrebato emocional. Pero seguramente fue un mensaje que solamente ella sabía que iba a emitir después de la condena que decidió la semana pasada el Tribunal Oral Federal N°2.
Ese mensaje tiene muchas dimensiones. Una de ellas tiene que ver con lo que ella quiere hacer llegar hacia afuera de su grupo, hacia aquellos que no la quieren. Como si ella dijera: “Quienes no me quieren me presentan como una bandida cuyo único objetivo es buscar fueros para protegerme de ir a la cárcel; a esa gente le digo, no voy a buscar los fueros”. Con lo cual, pretende que se crea que como no busca fueros, no es una bandida. Es lo que está subliminalmente dicho en su frase: “Métanme presa”. Lo cual tiene algo de épico y una pretensión de ponerse en un plano de aquellos que han sido perseguidos políticamente en la historia. Podemos ir desde Fidel Castro a Hipólito Yrigoyen, que no tuvieron casos de persecución penal.
El fallo del Tribunal tiene un detalle que los juristas discuten. No es un detalle intrascendente, es la absolución de Julio De Vido. Hay quienes dicen que, como lo absolvieron al exministro de Planificación, que estaba en funciones mientras se hacían las operaciones de Vialidad en Santa Cruz, y el tribunal dijo que no se pudo probar que haya estado involucrado en las maniobras, va a ser difícil llegar a Cristina. Porque, si De Vido era el ministro, y no tenía nada que ver, cómo demostrar que la presidenta sí tuvo que ver. Hay otra lectura que sostiene que el tribunal la perjudicó con esto, porque si no está De Vido quiere decir que la están involucrando no en su calidad de presidenta sino en su condición de Cristina Kirchner, tan cercana a Lázaro Báez, que es la gran piedra en el zapato de toda esta historia. Es lo que hace que se mire en Cristina Kirchner como, si no la socia, por lo menos alguien que ha tenido muchas relaciones comerciales con Báez.
Hacia afuera ella dice: “Todo esto es una persecución política, métanme presa”. Hacia adentro, la idea de que no será candidata transmite algo que se filtró de una reunión que ella tuvo en Ensenada con dirigentes cercanos, y es la presunción de que se estaría viendo como la líder, la jefa, el gran atractivo electoral de un grupo de parásitos que viven de ella. Por eso, a esa gente que la rodeaba la noche del martes le dijo: “Basta de cariño, busquen votos, pónganse a trabajar. No voy a garantizar los votos porque no voy a estar en la boleta”.
Para entender esto hay que recordar dos cosas. La primera es un discurso que dio Cristina Kirchner después de que el fiscal Luciani formulara su pedido de condena, en donde dijo: “Al final yo soy la pavota, la que tiene que pagar por todos”. Suena a que tiene que pagar penalmente por cosas que hacían otros. Su esposo, por ejemplo. Y suena también a que tiene que pagar políticamente porque tiene que conseguirle los votos a una maquinaria que vive de ella. Esa “pavota” dijo el martes pasado: “No soy más candidata, búsquense los votos ustedes”.
La segunda cuestión a recordar es el cuadro de la encuesta de ARESCO, de Federico Aurelio, que pregunta a los votantes del Frente de Todos quién es el candidato ideal y en donde el 64,3% dice Cristina Kirchner.
Acá está el tema. Estamos hablando de que no va a ir en las listas alguien que para el grupo Frente de Todos tiene un gran atractivo, que no viene solamente de la opinión pública sino de una representación especial que ejerce Cristina Kirchner, sobre los pobres de los grandes conurbanos y más sobre los pobres del conurbano bonaerense. Alrededor de esta figura están los que la quieren o la idolatran, están los que la necesitan y están los que le temen. Un intendente puede pensar: “No me gusta Cristina, es más la detesto, pero le temo porque tiene la capacidad de venir a mi pueblo e instalar a otro candidato que no gana, pero me quita la suficiente cantidad de votos para que gane mi opositor”. Ese es un poder ¿extorsivo? posiblemente, que tiene Cristina sobre el peronismo, en particular en el conurbano bonaerense. No hay que olvidarse de que el peronismo se inventó para el conurbano bonaerense, en donde Cristina Kirchner sigue teniendo un lugar estratégico.
Un sociólogo llegó a una formulación que me gustó para analizar el panorama del peronismo. Metafóricamente, en términos fiscales, están los parásitos que consumen poder y están los que no son parásitos y aportan poder, lo generan, representan gente. En ese universo de los que representan gente hay tres grupos importantes: el de los gobernadores, entre los que aparecen algunos que se sienten víctimas del gobierno nacional; están los intendentes; y están los sindicalistas, que también tienen que buscar el voto periódicamente dentro de su sindicato. Curiosamente, estos productores de poder empezaron a hablar entre ellos a partir de las últimas horas.
Tenemos que prestar atención a una novedad y es un efecto de la retirada de Cristina. Hoy hubo en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que es el lugar al que recurren los líderes provinciales cuando quieren hablar entre ellos sin influencia del gobierno nacional, un encuentro entre gobernadores peronistas. Lo curioso es que se reunieron con ocho líderes de la central obrera, de la CGT, que no van en esa condición sino como grupo que se denomina Movimiento Nacional Sindical Peronista. Es un brazo político del sindicalismo, pero no en su condición de CGT. Porque si fueran como CGT tendrían que convocar gente a que no quieren convocar como, por ejemplo, los Moyano. Este Movimiento Nacional Sindical Peronista -del que hablamos hace tiempo porque lo empezó a organizar Luis Barrionuevo con el gobernador de Salta, el gobernador de Catamarca y el de Santiago del Estero- se reunió hoy con los gobernadores peronistas. Es una iniciativa que vinieron trabajando sigilosamente en los últimos dos meses el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Un dato importante para entender el concepto que hay detrás de esto: Martínez es el mismo que hace unos meses reunió a gente de su sindicato, a la conducción de la CGT, lo invitó a Alberto Fernández y le dijo: “Presidente agarre la lapicera, nosotros lo votamos a usted. Tenemos que respetar la institucionalidad, póngase los pantalones largos”. Y le regaló una lapicera que hasta ahora Fernández no usó. Está cero kilómetro.
En ausencia de ese liderazgo y ante el anunciado retiro de Cristina, aparecen hoy gobernadores y sindicalistas a decir: “El elector somos nosotros”. Aparece una disputa respecto de quién va a modelar la oferta electoral del peronismo y qué orientación conceptual va a tener esa oferta el año que viene. Varios de esos gobernadores comieron anoche con intendentes del conurbano bonaerense. Lo que estamos viendo es que, retirada Cristina, se empieza a descongelar el peronismo en distintas usinas de poder que compiten con ella. Es gente a la que ella no le tiene que pedir explicaciones sino más bien dar explicaciones de por qué su última jugada, que fue poner a Alberto Fernández al frente de la Casa de Gobierno, salió tan mal. Algo que a ella le preocupa, porque si uno sigue los discursos de Cristina, permanentemente, inclusive en la última entrevista que le concedió a Folha de São Paulo, está tratando de explicar que esa no fue una jugada irresponsable. Porque los accionistas de la empresa le preguntan: “Vos que sos la presidenta de la empresa, ¿a qué gerente nos pusiste, que está destruyendo el capital de esto que es de todos, llamado PJ?
Ella está atenta a lo que pasa ahí. Se nota porque de golpe aparecieron en la misma reunión, con toda legitimidad porque son gobernadores peronistas, Axel Kicillof y Alicia Kirchner. Por lo que trascendió, los sindicalistas fueron los que empezaron a hablar. Gerardo Martínez, dirigiéndose a Kicillof, que era ahí la voz de Cristina en la reunión, dijo: “Nosotros al único que le obedecíamos de manera incondicional fue a Perón, después de Perón a nadie. Y además Perón nos dio el mandato de institucionalizar al peronismo, entonces lo que queremos de ahora en adelante es que las decisiones se tomen institucionalmente. Sobre todo, nosotros los sindicalistas, que nos vemos marginados de la distribución de poder que hace el oficialismo”.
Cuando le tocó a hablar Kicillof planteó dos temas: una enorme preocupación por lo que pueda hacer la Corte en materia de coparticipación, en la disputa que hay con la ciudad de Buenos Aires, curiosamente único tema de Kicillof y de Alicia Kirchner. Los demás no pusieron mucho acento en esto. Probablemente porque entendieron que, cuanto más presionan, peor les puede salir. Después, hubo un gran alegato muy previsible de Kicillof respecto del lawfare contra Cristina Kirchner y la necesidad de respaldarla. Lo escucharon con mucho respeto, pero nadie se sumó a esa serenata. Era obvio, porque lo que aparece en esta reunión, no de modo explícito, es: “Queremos discutir de nuevo quién manda, cómo se organizan las listas y sobre todo qué orientación va a tener el país a partir de 2023, porque la experiencia actual salió mal”. Lo dijo el propio Kicillof: “A mi Alberto Fernández me decepcionó”.
Al mismo tiempo, en La voz del Interior, de Córdoba, vemos que Fernando “Chino” Navarro expresa a otra corriente dentro de este Frente de Todos con mil rostros: los movimientos sociales. Fue a Córdoba a decir que Schiaretti sería un gran candidato a presidente. Schiaretti puede tener que ver con muchas cosas, menos con Cristina Kirchner. Navarro es funcionario de Alberto Fernández y sabe que el presidente habla de la reelección. ¿Ellos también están buscando otro candidato ahora? ¿Navarro fue a promover a Schiaretti o fue a Córdoba a sepultar la candidatura de Alberto, porque se descongela el peronismo y se abre otro juego? ¿Qué relación va a haber entre el grupo que se juntó en el CFI? Y que se van a seguir juntando. Es decir, este lunes se inauguró una mesa que va a seguir funcionando. Habrá que ver cómo se relaciona Cristina Kirchner con esa mesa. Y qué relación van a tener los movimientos sociales con esta nueva estructura de poder.
Esto pone en tela de juicio algo que se daba como una premisa indiscutible: que Cristina Kirchner va a ser la gran electora. Insisto, gobernadores, sindicalistas e intendentes del conurbano dicen: “No, queremos discutirlo, inclusive con ella”. Cristina puede estar pensando en candidatos a presidente o a vice, como en el 2015 cuando puso a Carlos Zannini como segundo de Daniel Scioli ¿Quiénes pueden ser los candidatos de Cristina? Por un lado, Axel Kicillof. ¿Por qué? Primero porque reúne una condición importantísima para este momento histórico de ese grupo: Kicillof no roba. Por otro, a pesar que todos han caído en consideración pública, Kicillof demostró en la provincia de Buenos Aires que es capaz de retener el que voto cautivo de Cristina Kirchner. Es la persona a la que ella puede trasladar su electorado con más facilidad. ¿Cuál es el problema? Kicillof está aferrado a la candidatura de gobernador de la provincia de Buenos Aires como un náufrago a una tabla. Le preguntan por qué no recorre el interior del país. Pero él, recorre el interior de la provincia, no quiere salir de ahí. Tal vez piensa: “¿Por qué me van a mandar al cadalso de la candidatura nacional, si probablemente es para perder?”
Hay muchos que quieren que Kicillof salte a la candidatura nacional. Por ejemplo, Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora y aliado de Máximo Kirchner, que quiere ser gobernador. A propósito, Máximo Kirchner mantiene un silencio increíble respecto de las definiciones de su madre. ¿Sabía Máximo que Cristina no iba a ser candidata? ¿Qué efecto tiene esto sobre La Cámpora? ¿La Cámpora es productor de poder o es parásito? Esta es una gran pregunta para lo que viene. Tal vez por eso hay silencio, porque estarán todavía digiriendo una jugada de Cristina que, sobre todo, los desconcierta a ellos.
El otro candidato que viene remando, y tratando de ir al centro y de ‘descamporizarse’, es el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Él venía haciendo campaña para tender puentes con lo que sería el ‘no kirchnerismo’, no el antikirchnerismo. Sin embargo, ha tenido un par de traspiés. El primero aparece en los chats del grupo de jueces, de un agente de inteligencia y dos funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta que viajaron a Lago Escondido. En ellos, el juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques, le ofrece al resto del grupo, cuando están buscando cómo zafar de la filtración de la información del viaje, hablar con sus “paisanos de Mercedes”. ¿Quiénes son los que podrían tener la capacidad de resolverle un problema a estos jueces caracterizados por Cristina como una “mafia”, a directivos del Grupo Clarín y a dos funcionarios de Larreta? Serían Wado de Pedro y su medio hermano, Gerónimo Ustarroz, que son los íntimos amigos de la familia Mahiques, porque todos vienen de Mercedes. Estamos hablando de dos sectores -conocidos en Comodoro Py como los “salamineros”, justamente por la especialidad en Mercedes- que manejan la Justicia. ¿Hay un túnel entre Wado de Pedro y los enemigos de Cristina? Es lo que aparecería en este chat de Carlos Mahiques.
El otro problema de Wado de Pedro es la relación con Clarín. El Gobierno ha vuelto, en una especie de regresión al conflicto con el campo, a poner al multimedio como el culpable de todos sus males. Y a Héctor Magnetto como una especie de genio maligno, que maneja todos los planos de la realidad, tanto que Cristina pide que él la meta presa. De Pedro es el director por parte del Estado en Telecom, que es la gran empresa del Grupo Clarín. La empresa es acusada por el Gobierno, y sobre todo por Cristina Kirchner, de haber pagado ese viaje a Lago Escondido, con una peculiaridad: el kirchnerismo está tratando de ir contra Telecom al afirmar que es una empresa que cotiza en Nueva York y que tendría que ver con el pago del viaje. Pero eso no está demostrado todavía, y no se sabe si se va a poder hacerlo porque son cosas que aparecen en un chat obtenido ilegalmente, que no puede ser usado como fuente judicial. Esto lo pone en un problema a De Pedro que debe tomar determinaciones rigurosas dentro de la empresa, donde él está como representante del Estado. Y hay otra peculiaridad. Si uno se introduce en la fiscalía federal de Bariloche, que es donde se investiga este viaje, aparece el abogado Gustavo Révora. Es el primo de Wado de Pedro y prosecretario de la fiscalía. ¿De qué lado está De Pedro? ¿Ayuda o perjudica a los Mahiques? Es una ambigüedad que le debe generar una preocupación a Cristina Kirchner.
Más allá de su origen, esos chats tienen informaciones que son importantes para entender lo que pasa con la causa. La fiscal de Bariloche, María Etchepare, fue citada a la Procuración General de la Nación. Viajó a Buenos Aires, se encontró con el subprocurador a cargo de la Procuración, Eduardo Casal, y con uno de sus colaboradores, Juan Manuel Casanova. Ella explicó en ese encuentro que iba a ser súper rigurosa con la investigación. Tan rigurosa que, en vez de hablar de dádivas -como si una empresa les hubiera pagado el viaje a los jueces, algo que habrá que demostrar- lo calificó como “cohecho”. Para esa calificación, habría que demostrar muchas otras cosas, por ejemplo, que esos jueces tienen alguna causa de Clarín entre manos. ¿Por qué fue tan dura Etchepare? ¿Para qué fue la reunión con Casal y Casanova? ¿Le pidieron que fuera menos dura? Uno diría que es una buena fiscal y que en su tarea es implacable. Pero también hay que recordar que en los chats, Juan Bautista Mahiques -hijo de Carlos Mahiques- les dice a sus amigos que ya habló con Etchepare y que está todo arreglado. “Casi que ni nos va a imputar”, les dijo. Cuando Etchepare ve eso probablemente diga “es una mentira”. O tal vez lo admita y ahora considera que tiene que sobreactuar su rigor. El tráfico de influencias entre funcionarios judiciales está penado con 12 años de prisión. Juan Bautista Mahiques, que es el fiscal general de la Ciudad, también está en problemas.
El otro integrante del gobierno de la Ciudad que también está en dificultades es Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad. Rodríguez Larreta estuvo recientemente en los Estados Unidos. El corresponsal de en Washington, Rafael Mathus Ruiz, le preguntó sobre su funcionario. “Yo creo en lo que él me dijo”, respondió el jefe de Gobierno porteño. No dijo D’Alessandro es inocente, sino que cree en lo que él le explicó. Larreta agregó que, en todo caso, todos están a disposición de la Justicia. Muy medido Larreta en el respaldo a Marcelo D’Alessandro, quien dijo que todo esto surgió luego que le hackearan el teléfono. En ese hackeo aparecieron las conversaciones que el kirchnerismo usa para decir que hay una relación de contubernio entre Clarín, los jueces y los funcionarios de Larreta.
Hay alguien que vende esos contenidos, los ofrece. Y hay alguien que compra y que pide que le muestren algo para ver si es verdad el contenido. El que vende mostró estos chats de los viajeros patagónicos, y mostró otro entre D’Alessandro y Daniel Angelici, el hombre de los bingos, principal operador judicial de Mauricio Macri, expresidente de Boca, que ahora está en Qatar. Angelici le pedía en ese chat que ascendiera a uno de sus custodios porque justo el día que tenía que rendir el examen había muerto la madre. D’Alessandro le confirma que lo va a hacer. Peccata minuta, intrascendente. Ahora bien, ¿por qué Angelici tiene custodia? Dicen que es porque recibió amenazas. Es posible, aunque nunca se supo. Esto lleva a otra pregunta. ¿Hay custodias vip de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires? Es una pregunta interesante porque hay un problema con las custodias de la Policía de la Ciudad. La causa del hackeo del teléfono de D’Alessandro cayó en el juzgado de María Servini de Cubría, quien se excusó. Algunos lo consideran obvio porque, afirman, ella es casi como su madre. Marcelo D’Alessandro hizo casi toda su carrera respaldado en María Servini. Pero hay otros que señalan que no está bien esa relación. A Servini la robaron, y según esta versión que circula en Tribunales, en ese momento la custodia que había puesto D’Alessandro no estaba. Como ella sospechaba de una trampa, pidió un cambio de custodia. Ahora la estaría custodiando la Policía Federal. Desde el entorno de D’Alessandro explican que posiblemente fue un descuido y dicen que no hubo nada mal. Niegan que haya habido una complicidad con los ladrones. Mientras tanto, en Comodoro Py hacen apuestas para descubrir a cuánto asciende el monto que se llevaron de la casa de Servini. Uno supone que en la casa de un juez federal no puede haber mucha plata.
Estamos hablando del comportamiento de los jueces. Hubo otro viaje en la misma empresa aérea, Flyzar, que emprendieron, aparentemente a Madrid, Guillermo Coppola y Lucas Nejamkis, dos colaboradores de Antonio Stiuso, el tenebroso exjefe de los espías durante el período Kirchner. Salieron desde Uruguay. ¿Quiénes iban con ellos? Según esta versión, irían el juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González. Viajaron en un avión Gulfstream, uno de los más caros del mundo, que es de Lionel Messi. Lo tiene alquilado en esta empresa Flyzar, que es de un señor Gustavo Carmona. ¿Por qué es interesante esto? Lijo y González tienen una causa en la que se investigó desde 2018 por presunto lavado de dinero a la Fundación Lionel Messi. Además, en 2017, como se publicó en , hubo una operación de espionaje clandestino sobre el padre de Messi. ¿Los Messi están siendo extorsionados? ¿Cómo es todo esto? Es un interrogante importante sobre el comportamiento de los jueces y de los fiscales.
Cristina usa todo esto para tirar una especie de balde de bleque sobre la Justicia y sobre la calidad de las instituciones. Pretende instalar la idea de que la discusión de la próxima elección tiene que ser entre democracia o mafias. Y aporta que ella ya no está. Dice que no quiere que se discuta su candidatura y que se retira para que se discuta mejor estos otros temas. Esta es la estrategia discursiva de ella, que ahora convoca al Grupo de Puebla. Curiosamente, no lo hizo a través de Alberto Fernández, que es miembro del Grupo de Puebla. Se lo encargó a amigos de ella para que concelebren en Buenos Aires la idea del lawfare, inicialmente este lunes, aunque, como se contagió de covid, se postergó para el próximo. ¿Por qué es importante este discurso que pretende discutir la calidad institucional? La cuestión es planteada por alguien que en su momento había dicho que iban por todo, es decir, en aquel entonces no tuvo mucho reparo por la calidad institucional. Es más, la contaminación entre servicios de inteligencia, jueces y aprietes, empezó a gran escala tal vez en el gobierno de Fernando de la Rúa, pero llegó a su apogeo en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando era habitual que se persiguiera incluso a los propios ministros con la Secretaría de Inteligencia que manejaban Francisco Larcher y Stiuso. ¿Entonces qué credibilidad tiene este discurso sobre la calidad institucional? ¿O es un eje de campaña para distraer del verdadero problema?
El verdadero problema es saber si es posible ser candidato de esta experiencia económico social. Aquí aparecen las prestaciones del plan Massa, que encuentra una cantidad de dificultades muy importante. De eso está huyendo Cristina, tal vez más que de la Justicia.
La humedad en el centro de la pampa húmeda se redujo drásticamente y el aumento de superficies secas cubre casi todo el país en el último año, según los mapas del Servicio Meteorológico Nacional.
Apenas hay un poco verde en la zona núcleo sojera. No es solo un enorme problema para la oferta de dólares, sino que también tiene muchas derivaciones. La situación impacta en la pampa húmeda. ¿Cuándo se habla de cambio climático se sugiere que la pampa está dejando de ser húmeda? ¿Y si la pampa deja de ser húmeda, cuál va ser el perfil productivo de la Argentina en los próximos 20 o 50 años? Es un enorme problema en cámara lenta.
En lo urgente, la sequía que afecta a todo el país se traduce en un cuadro del economista Fernando Marull sobre oferta de dólares. Se estima que habrá una sequía de agrodólares hasta abril de 2023. Con el dólar soja I, 8120 millones de dólares fueron ofrecidos. Con el dólar soja II, van hasta ahora 3500 millones de dólares. Entre diciembre y el mes de abril -si el campo empieza funcionar de nuevo debería haber una oferta de 2590 millones de dólares- habría una gran escasez de divisas, por lo tanto, es probable que la brecha cambiaria se amplié. Ahora no es el único efecto de la sequía.
Hay otro, tanto de la sequía como del dólar soja, que tiene que ver con la inflación. Una cuenta de Twitter llamada IPC online, de Bahía Blanca, midió, por ejemplo, que el precio de cortes delanteros y traseros de carne vacuna fresca cayó 18,64%.
Este lunes, en CABA, el dato de inflación arrojó un número de 5,6% en noviembre. La baja de la inflación tiene muchísimo que ver con el precio de la carne. ¿Por qué cae provisoriamente el precio de la carne? Los que producen carne se están deshaciendo de las vacas. Por un lado, porque no hay agua ni pasturas. Y, por otro, porque el dólar soja encarece el precio de los granos y por lo tanto encarece el costo de los feedlots. La oferta del dólar soja encarece el tipo de cambio para los productores de carne vacuna y también para los de aves. Otro cuadro indica los productos que subieron. Los cereales se incrementaron 51,09% debido al dólar soja. Siempre pasa esto. Cuando se interviene en los mercados, se toca una clavija y se desarma la otra.
El segundo problema que tiene el experimento económico de Massa no tiene solamente que ver con el dólar -y con su escasez, que puede ser más dramática si no llueve-, sino con los pesos. Ya nadie quiere tener pesos y mucho menos títulos en pesos. El Tesoro llama a los bancos para ofrecerles un título a cambio de pesos, y los bancos llaman a las empresas para que les tomen los pesos. Los bancos prefieren prestarles a las empresas y no al Gobierno. Esto llevó a que en la última renovación de títulos en pesos el Tesoro lograra renovar solo 84%, metiéndole títulos a todo aquel organismo que tuviera pesos, como municipios y gobernaciones. Y, así y todo, no pudo renovar el 100%. Hubiera necesitado renovar la totalidad y conseguir aún más, porque el año que viene hay un déficit previsto de 1,9% del PBI, que hay que financiar. Se empieza a encontrar el Gobierno con que nadie quiere financiarlo en pesos. El mercado empieza a percibir que el Gobierno va a tener que emitir y eso va a generar atraso cambiario, más perspectiva de devaluación y más inflación. Puede haber un momento en el que probablemente al Gobierno le rechacen los títulos en pesos y, además, le digan que no quieren tampoco que el Banco Central se los compre a cambio de leliqs. Las leliqs tienen una tasa de default.
Massa se está metiendo en un enorme problema con la deuda en pesos. Ausencia de dólares, exceso de pesos por emisión, es la tormenta perfecta. Esto que hablamos eran los vencimientos razonables de los últimos meses. ¿Y los que vienen? Un billón de pesos en enero; un billón 100 en febrero; un billón 200 en marzo. Hay quienes dicen: “No importa porque es el sector público, al Estado lo hacemos quebrar”. Es decir, es la plata de los jubilados. En abril, hay casi un billón y en julio estamos en un billón 690.000 millones.
Este es un problema enorme que tiene la economía hoy y eventualmente más adelante para el próximo gobierno. En este problema está Massa. Entonces, es muy probable que Cristina mire todo el panorama, mire la evolución de la inflación y, por lo tanto, el avance de la pobreza, y diga: “Yo no voy a ir en la lista de este Gobierno, me termino de separar de Alberto”. Cuántos gestos más hacen falta para que le crean que no tiene nada que ver con el gobierno que ella hizo. Como si dijera: “M aparto tanto que ni siquiera quiero ser candidata de esta coalición y probablemente termine siendo candidata en contra”. Frente a todo esto, existe un problema de financiamiento que Massa pretende resolver con un blanqueo, muy estimulante porque para eso se va a tomar la cotización oficial del dólar y Massa como sabemos tiene prohibido devaluar.
Cristina se desentiende parcialmente de la suerte del Frente de Todos que ella lidera. Otros actores del peronismo, gobernadores, intendentes y sindicalistas, le discuten ahora el protagonismo y la jefatura del frente. En el intento de llevar la discusión al plano institucional aparece una y otra vez el gran problema: un gobierno con cabeza populista sigue haciendo un ajuste por lo que hace y también por lo que no hace. La evidencia cada vez más insoportable es la alta inflación.
anunció que ella no va a estar en ninguna boleta del Frente de Todos,Carlos Pagni,Cristina Kirchner,Sergio Massa,Alberto Fernández,,Conforme a,Cristina Kirchner,,PJ bonaerense: cambiar para que nada cambie,,Ante un Milei «fortalecido». El peronismo afloja su resistencia a la reforma laboral y proyecta negociar más adelante por la Corte,,»Terminar con algo que está terminado». D’Elía lanzó una crítica a Cristina Kirchner y llamó a votar por Kicillof
POLITICA
Gremios, trabajadores y jueces: la reforma laboral tiene como destino final los tribunales

La ley de reforma laboral, si logra ser aprobada en el Congreso, tiene un futuro garantizado en los tribunales. No solo los jueces y empleados judiciales se están preparando para cuestionar su constitucionalidad, porque hace desaparecer el fuero laboral, sino que los gremios y trabajadores individuales –dan por hecho en el Poder Judicial– cuestionarán algunos de sus artículos.
Todos los cuestionamientos por reclamos individuales de los trabajadores serán resueltos en última instancia por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, o las cortes provinciales, y los planteos de inconstitucionalidad de la ley efectuados en el fuero federal serán decisión de la Corte Suprema de Justicia, aunque no en lo inmediato.
Los gremios que no negociaron con el Gobierno también podrían seguir este camino.
Los jueces −que reclaman porque el cambio implicó la disolución del fuero laboral nacional− podrían dirigir sus reclamos de inconstitucionalidad en el fuero contencioso administrativo federal, donde tras la intervención de la Cámara, debería decidir la Corte Suprema de Justicia.
Enfrentan un problema, sino varios. El máximo tribunal fue justamente quien abrió el camino para el reconocimiento de la autonomía porteña, que se firme el convenio de traspaso de la justicia laboral a la Ciudad y se cumpla la Constitución Nacional. Es decir que un reclamo de los jueces a la Corte en este sentido tiene pocas chances de prosperar. Hoy y con esta integración del máximo tribunal.
“Puede haber reclamos individuales de trabajadores donde los jueces se hagan eco, pero sobre cuestiones puntuales. Pero el cambio de fondo ya está y no tiene regreso”, evaluó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que justamente es uno de los que se opone al proyecto.
Como en un juego de pinzas, el Poder Judicial, primero, y el Poder Ejecutivo y el Legislativo ahora, terminaron en estos dos últimos años cambiando el escenario de las relaciones laborales; el tribunal, con sus sentencias, y el Gobierno con este proyecto de ley que fue aprobado en el Senado y será discutido ahora en Diputados.
La Corte, desde hace dos años, viene dando señales para acotar al fuero laboral. Desde el 29 de febrero de 2024 limitó fuertemente la aplicación de intereses sobre indemnizaciones laborales.
Lo hizo en el caso “Oliva, Fabio Omar c/ COMA S.A.- Despido”, donde revocó una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había aplicado capitalización anual, periódica y sucesiva de intereses (anatocismo, o intereses sobre intereses) sobre indemnizaciones laborales y generó un resultado económico desproporcionado al llevar la indemnización de 2 millones de pesos a más de 165 millones.
Este fallo marcó un principio jurisprudencial: no puede aplicarse capitalización sucesiva de intereses en indemnizaciones laborales sin sustento legal adecuado.
Luego, la Corte Suprema dictó el fallo «Fontaine, Juan Eduardo c/ Provincia ART S.A. – Accidente / Ley de Riesgos del Trabajo“. Con el mismo criterio, se extendió la doctrina Oliva al ámbito de la ley de riesgos del trabajo.
En agosto de 2024, la Corte dictó el fallo «Lacuadra, Jonatan Daniel c/ DIRECTV Argentina S.A. – Despido“, donde anuló otro fallo de la Cámara del Trabajo que había aplicado una fórmula de actualización del crédito laboral basada en el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más 6% anual y una capitalización única.
Y más recientemente, el 10 de febrero pasado, en el caso “M. Décima c/ MTV Networks Argentina S.R.L. e Iss Argentina S.A.” volvió a anular una sentencia de la Cámara del Trabajo porque se había aplicado la capitalización de intereses, afectando principios de congruencia procesal y defensa en juicio. En este fallo, la Sala X de la Cámara había fallado incluso por encima de lo que había pedido la trabajadora.
Con estos fallos, la Corte viene mandando un mensaje a la Cámara del Trabajo para que acote los intereses a sumas que no sean desproporcionadas. Pero la Cámara está dividida entre jueces que aplicaron ese criterio y otros, cercanos al peronismo, que dictaron sentencias que generaron alarma entre las empresas, pues algunas pymes quedaban al borde de la quiebra.
El problema del cálculo de indemnizaciones e intereses queda zanjado en la ley, en caso de aprobarse: la norma votada por los senadores establece que las indemnizaciones en los juicios nuevos deben ajustarse por el IPC más el 3%, mientras que en los juicios viejos se aplica la tasa pasiva del Banco Nación, pero no pueden implicar una reducción del IPC más el 3%.
Los nuevos juicios laborales, en caso de aprobarse la ley, serán tratados por la justicia laboral de la ciudad, pero los viejos serán resueltos por los antiguos jueces laborales que seguramente declararán inconstitucional esta limitación.
A los fallos de la Corte que buscaron limitar a la Cámara Laboral, y dar señales a los jueces laborales, le siguió una sentencia que cambió la manera de litigar en la ciudad de Buenos Aires: el fallo Levinas, donde se estableció que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es el tribunal de apelación de todos estos casos.
Marcela De Langhe
Es decir que, de manera implícita, la Ciudad asumía las funciones de control de la justicia nacional, no solo la laboral, sino la civil, la comercial y la penal.
La semana pasada, en plena feria judicial, el gobierno nacional y el porteño firmaron un convenio donde decidieron traspasar las competencias de la justicia laboral nacional a la justicia de la Ciudad.
En virtud de ese acuerdo y del proyecto que se debatirá ahora en Diputados, en 180 días, 10 juzgados laborales porteños deberán empezar a tramitar los nuevos casos y la ejecución de los fallos viejos aplicando los intereses que marca la nueva ley (en caso de aprobarse). Y los actuales juzgados nacionales del trabajo se quedarán solo con los casos iniciados antes de la reforma.
Con un detalle: de los 80 juzgados laborales nacionales, cerrarán 30, que no tienen juez, y no se sabe qué ocurrirá con los empleados de esos juzgados. También cerrará una sala de la Cámara del Trabajo que está vacante.
Ante esta norma que amenaza con hacer desaparecer al fuero laboral nacional, los jueces ya están pensando en reclamar su inconstitucionalidad. Se muestran desesperados en sus grupos de WhatsApp, desconfían entre ellos, critican a la asociación que los representa, se dieron cuenta de que la decisión política está tomada y que es tarde para frenar el cambio.
El recurso judicial contra la ley es un atajo de dudoso éxito, ya que la propia Corte es la que indicó con el fallo Levinas que el camino es la transferencia de competencias.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, dijo a : “Estamos analizando y estudiando todas las alternativas y vías de acción posibles. Estamos teniendo reuniones con las autoridades de la Cámara Laboral y los magistrados y funcionarios del fuero, y evaluando toda la documentación disponible para analizar luego, en el marco del Consejo Directivo de la entidad, los pasos a seguir”.
Otros jueces consultados daban por hecho la judicialización de la ley en caso de aprobarse. Aunque no eran optimistas acerca de que la Corte falle a su favor.
“Lo más grave del proyecto es que se pretende el cierre o disolución del fuero laboral. Y justamente esa pretensión de suprimir un fuero judicial resulta a todas luces inadmisible desde el punto de vista institucional y constitucional”, dijo Basso. Agregó que en el actual sistema institucional “es impensable que pueda disponerse la supresión de un fuero judicial”.
Los jueces laborales encendieron la alarma y el gremio judicial, con Julio Piumato a la cabeza, también rechaza la reforma ante la eventual pérdida de empleos. El jueves se movilizarán frente al Palacio de Justicia y una decena de jueces laborales, algunos cercanos al peronismo, ya avisaron que acompañarán a los trabajadores en su manifestación. Les pidieron por WhatsApp a los que hacen trabajo remoto que dejen su casa y vayan a manifestarse.
Las mismas reservas de los jueces laborales con este proyecto de ley las tienen abogados representantes de empresas y trabajadores que remarcaron algunos aspectos de la posible norma que pueden generar reclamos.
Claro que estos cuestionamientos primero serán resueltos por los jueces laborales de la Ciudad, luego por el Superior Tribunal de Justicia porteño y eventualmente la Corte Suprema, aunque no en lo inmediato, con lo que el paso del tiempo puede consolidar la aplicación de esta ley.
Una advertencia: la nueva ley laboral dice que los fallos de la Corte son obligatorios en esta materia. Toda una novedad, que se contrapone en la independencia de los jueces para fallar según su interpretación. Por eso puede darse el caso de que para aplicar un precedente de la Corte deban contradecir algún artículo explícito de la nueva norma.
Por ejemplo, cuando se debate lo que se considera salario, que es uno de los asuntos que ya despertaron polémica en el mundo de los abogados laboralistas. La nueva ley no considera parte del salario a los fines indemnizatorios al celular o el auto corporativos, por ejemplo, además de vacaciones, aguinaldos y bonificaciones.
Pero la Corte ya tiene dicho en al menos tres fallos de 2009, 2010 y 2013 que el salario debe entender como concepto amplio, que cubre cualquier ganancia o contraprestación por trabajo que pueda evaluarse en efectivo, con apoyo en los convenio de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con rango constitucional.
La naturaleza salarial no puede ser limitada por normas que contraríen la protección constitucional del salario al que se considera todo concepto que tiene incidencia real en la vida del trabajador y deriva de la relación laboral, más allá de cómo se lo llame, señala la jurisprudencia.
La Corte así lo entendió en los casos “Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.“, de 2009, sobre los vales alimentarios que consideró remuneratorios; en “González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A.”, de 2010, sobre asignaciones de carácter alimentario, y en “Díaz, Paulo Vicente c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.”, de 2013, sobre la consideración como remunerativa de una suma acordada en un convenio colectivo. El salario, dijo, es “toda remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que sea debida por el empleador por el trabajo prestado».
Otro asunto que seguramente será materia de reclamo, advierten los abogados, es lo relativo a que se pague una parte del sueldo en caso de una lesión sobreviniente, ajena al empleado, como ejemplificó el ministro Federico Sturzenegger cuando dijo que si un trabajador se lesiona jugando al fútbol cobrará la mitad del sueldo durante su licencia.
Aquí hay fallos de la Corte basados en tratados de derechos humanos que preservan ese derecho a cobrar la totalidad del sueldo durante la licencia por enfermedad. Por más que sea discutible que sea el empleador el que lo cubra y no la seguridad social.
Otro cambio que dudosamente podría resistir un control de constitucionalidad es la previsión de pagar la indemnización en hasta 12 cuotas, ya que no existe ninguna relación jurídica donde el deudor le impone al acreedor cómo le paga. En general es producto de una negociación.
Estos planteos, individuales en cada caso, ingresarían por la justicia laboral porteña, en caso de aplicarse la ley, serían resueltos por la Cámara local y el Tribunal Superior de la Ciudad. Recién después podrían escalar hasta la Corte Suprema de Justicia, aunque no en breve.
Hernán Cappiello,Reforma laboral,Corte Suprema de Justicia,Javier Milei,Conforme a,Reforma laboral,,Reforma laboral. El Gobierno dijo que aplicará cambios en el régimen de licencias para enfermedades “fehacientemente comprobables”,,Contra jueces y gremios. El Gobierno ya avanza en la estrategia para enfrentar una judicialización de la reforma laboral,,Manual mileísta de reanimación. Errores para revivir a una oposición moribunda
POLITICA
Tras garantizar las licencias médicas sin descuentos salariales para enfermedades graves, el Gobierno confía en aprobar la reforma laboral

Apenas el Senado dio media sanción al proyecto de modernización laboral, estalló una controversia alrededor de una norma que regula las licencias por enfermedad y accidentes. Algunos diputados aliados manifestaron al Ejecutivo sus dudas y hoy a la tarde la CGT se reunirá para decidir un plan de acción. Por eso, el Gobierno aceptará que se introduzcan los cambios en la reglamentación o en una nueva ley.
Patricia Bullrich confirmó anoche en TN que se propondrá a los sectores críticos que en la reglamentación de la ley o en un nuevo proyecto que se apruebe por separado se diga que no sufrirán descuentos en sus salarios los trabajadores que necesiten licencias por sufrir enfermedades degenerativas o incurables.
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En Balcarce 50 dicen que tienen los votos para avanzar y sancionar la ley, como pretende Javier Milei, a más tardar el 26 o 27 de febrero.
¿Cuántos votos tiene el Poder Ejecutivo? A esta hora, en el punteo que lleva adelante Diego Santilli, ya estarían garantizados 131 votos, pero la mesa política está convencida de que sumará entre 138 y 140 votos.
Falta cerrar con algunos legisladores provinciales (Santa Fe y Córdoba), pero sobrarán votos para aprobar la norma. Y Milei podrá así consolidar un gran triunfo político.
En el Senado, el proyecto se aprobó con una mayoría holgada de 42 votos contra 30. En Diputados, el Ejecutivo ya tiene garantizado el quórum y algunos votos más.
El Gobierno le imprime ritmo de vértigo a su avanzada parlamentaria. El miércoles ya está convocado y se reúne el plenario de comisiones para sacar dictamen y llevar el proyecto al recinto.
¿Cuándo se hará el debate? El mismo miércoles se decidirá, en función del dictamen y de la negociación. Pero el debate se hará este jueves 19 o, a más tardar, el jueves 26.
La controversia estalló cuando trascendió el contenido del artículo 44 de la iniciativa, que a muchos legisladores les hace ruido.
La polémica por las licencias médicas
El proyecto modifica el sistema de licencias médicas por enfermedad y por accidentes no laborales. El texto aprobado en el Senado propone reemplazar el esquema actual -que garantiza el cobro del 100% del salario durante la licencia– por un sistema escalonado que reduce la remuneración durante el período de recuperación.
Según el artículo 44, el trabajador cobraría solo el 50% del salario si el empleador considera que la incapacidad se originó en una actividad voluntaria y riesgosa para la salud, como lesiones producidas durante una carrera o un partido de fútbol.
En los casos en que no exista una conducta riesgosa -por ejemplo, enfermedades o accidentes imprevistos– el pago sería del 75% del sueldo, lo que igualmente implica un recorte respecto del régimen vigente.
Muchos senadores dicen que el artículo los sorprendió porque fue introducido a último momento, poco antes de la votación. La pregunta es si el Ejecutivo podrá sostenerlo en Diputados.
“No habrá cambios. En la mayoría de los países se aplica ese mecanismo. Si el trabajador falta al trabajo porque se enfermó o sufrió un accidente, el empleador le puede hacer un descuento. Además, es la forma de terminar con la industria del juicio”, aseguraron en la Casa Rosada.
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Hay, claro, varios diputados aliados que hacen saber que no votarán esa norma, que parece odiosa y que le resta derechos a los trabajadores. Y dan el ejemplo de quien sufre una enfermedad grave como un cáncer. Esos legisladores dicen que parece excesivo que el empleador le pueda descontar parte del salario.
El Gobierno propondrá que esas circunstancias sean incorporadas en la reglamentación, para atenuar el impacto de la reforma. Esa será la oferta para salvar el problema y que Javier Milei cuente con la sanción antes del 1 de marzo, cuando inaugurará el periodo de sesiones ordinarias.
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POLITICA
El Gobierno prepara la denuncia contra los detenidos por la violencia afuera del Congreso y no descarta la figura de terrorismo

El Gobierno prepara denuncias contra los manifestantes involucrados en los incidentes ocurridos este miércoles por la tarde en las inmediaciones del Congreso, durante las protestas contra el proyecto de ley de reforma laboral, mientras se desarrollaba el debate en el Senado.
Fuentes de Casa Rosada indicaron que las denuncias “se están terminando de formular”, mientras que desde el Ministerio de Seguridad Nacional marcaron las figuras que se iban a utilizar eran las de “atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones”.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló esta mañana a A24 que “en todo el operativo se detuvieron a 71 personas”. Estos se distribuyeron de la siguiente manera: 27 fueron detenidos en operativos realizados por Nación en las estaciones terminales, 20 fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad en la misma zona de la movilización y 24 fueron detenidos por las distintas fuerzas de seguridad nacionales en las inmediaciones del Congreso.
Los funcionarios nacionales indicaron que todavía no está determinado si se inicará algún tipo de denuncia o acusación por terrorismo. Y es que uno de los puntos de mayor tensión durante la movilización de ayer fue la imagen de un grupo de personas preparando y arrojando bombas molotov a los efectivos policiales.

“Quienes atacan con piedras y bombas molotov a efectivos policiales no son delincuentes, son terroristas”, había tuiteado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ayer durante el desarrollo de los incidentes. En Seguridad Nacional marcan que todavía no se identificó a ninguna de las personas que participaron de estos hechos ni una confirmación exacta de a qué organizaciones responden.
“Es complejo identificar grupos con estas características violentas”, marcó la ministra esta mañana en una entrevista televisiva. Al ser consultada, Monteoliva marcó que se podría tratar de “una ala de la izquierda combativa, los que se autodenominan antisistema, los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que podían tener las bombas molotov”. “Había un grupo de socialistas beligerantes. Los veníamos identificando ya con las cámaras, con las cámaras en los accesos, en las columnas”, agregó.
En el Gobierno confirman que no habrá denuncias particulares contra integrantes de la Confederación General de los Trabajadores (CGT). “Se corrieron, estaban negociando mientras los demás tiraban bombas molotov. Entendieron que no había que escalar el nivel de violencia”, afirmó un funcionario nacional a Infobae.
Monteoliva informó que se están resguardando todas las imágenes y que ya se solicitaron a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las identificaciones. La ministra atribuyó los hechos a “decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir al personal y generar caos”, aunque no se presentaron pruebas ni se precisó la vinculación partidaria. “Las van a pagar”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.
En el Ministerio de Seguridad de la Ciudad consignan que hubo 20 detenciones durante el operativo de ayer que quedaron a disposición de la Unidad Flagrancia Este. De este grupo de personas, ayer a las 23 horas se liberaron a cinco personas, que quedaron a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas la enorme mayoría sea puesta en libertad.

Como otro de los saldos, tres policías fueron heridos, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con perdido de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano. Los otros dos fueron traumatismo en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.
El Gobierno consignó que se produjeron roturas de baldosas en la Plaza del Congreso, incendios de contenedores y lanzamiento de objetos contra el vallado policial. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires estimaron en $270 millones el costo de la reparación del espacio público dañado durante la protesta. En total, se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del Congreso y se desplegó un operativo especial de limpieza. También hubo roturas y vandalismo tanto en calles como en veredas de la zona.
Finalizada la movilización, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana puso en marcha un operativo de limpieza que contó con la participación de 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.
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