POLITICA
Documento exclusivo: un informe oficial revela las graves fallas en la producción de fentanilo vinculado a 96 muertes
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo de control que depende del Ministerio de Salud de la Nación, presentó en el juzgado federal de La Plata -a cargo de Ernesto Kreplak– un documento oficial de 19 fojas que puede derivar en imputaciones sobre alguno de los 24 sospechosos de producir y vender fentanilo contaminado, que está vinculado a la muerte de 96 pacientes.
En el documento figuran al menos seis momentos críticos en la producción del medicamento en el Laboratorios Ramallo SA, elaborador exclusivo de HLB Pharma Group SA el 18 de diciembre de 2024, cuando las ampollas del potente analgésico opioide se podrían haber contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
Este mismo informe “preliminar”, que contiene abundante prueba documental producida en tan solo tres meses de investigación, está siendo analizado por los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Nación que colaboran con el magistrado.
Estos son los textuales más relevantes del informe de la ANMAT referidos a los graves hallazgos que pudieron generar contaminación en el fentanilo utilizado en al menos 200 hospitales y clínicas del país. El texto está poblado de información técnica y científica. La trascripción exacta de esos puntos es la siguiente:
1. “No se adjuntó evidencia documental que respalde la realización de los controles microbiológicos en las etapas intermedias y finales del proceso productivo.”
2. “Se observó ausencia de los certificados originales de esterilidad”.
3. “No se adjuntaron los registros analíticos ni los certificados de calidad correspondientes al agua utilizada como materia prima y para limpieza de los equipos. Tampoco figuran los informes de control de partículas y endotoxinas bacterianas exigidos para agua de uso parenteral.”
4. “La operatoria de filtrado resulta crítica ya que un tiempo excesivo puede afectar la esterilidad y la calidad del inyectable. El tiempo que pase entre el inicio de la preparación de una solución y su esterilización o filtración a través de un filtro de retención bacteriana, debe ser los más breve posible, históricamente se establecía a menos de 8 horas, pero deben justificarse y validarse. Se observa, por ejemplo, que desde el inicio de la elaboración hasta el fin del muestreo por microbiología en el reactor trascurrieron para el lote 31201: 14 horas y 20 minutos; para el lote 31202 (vinculado a la mayor cantidad de víctimas) 16 horas y 45 minutos”. El informe aclara que ese es un “lapso de tiempo no validados entre el inicio de fabricación esterilización o filtración”. La clasificación del desvío de calidad fue clasificada como “mayor”.
5. “La omisión de los controles microbiológicos y la falta de certificados fehacientes de esterilidad imposibilita descartar la presencia de agentes patógenos en el producto final, elevando el riesgo de infecciones severas o efectos adversos de gravedad para los pacientes expuestos.”
6. “En todos los lotes examinados se constató la falta de cumplimiento con las buenas prácticas de manufactura, particularmente en lo concerniente al control y registro de parámetros críticos.”
Entre los 24 sospechosos identificados por el juzgado de tener algún tipo de relación en la responsabilidad en la elaboración del medicamento adulterado figuran directores técnicos de los laboratorios, responsables de los controles bacteriológicos y directivos de las sociedades, entre ellos Ariel García Furfaro, el polifacético empresario que el Gobierno de Javier Milei opinó que “debería estar preso”.
La documentación, a la que este medio accedió de manera exclusiva fue presentada en el juzgado de Kreplak a través del apoderado legal de la ANMAT, Adrián Galli Basualdo.
Entre esas falencias la autoridad de control asevera que: “No se adjuntó evidencia documental que respalde la realización de los controles microbiológicos en las etapas intermedias y finales del proceso productivo” de las ampollas de fentanilo.
También “se observó ausencia de los certificados originales de esterilidad otorgados por el laboratorio analítico” para varios lotes del medicamento que salieron a la venta. Tampoco “se adjuntaron los registros analíticos ni los certificados de calidad correspondientes al agua utilizada como materia prima y para limpieza de los equipos. Tampoco figuran los informes de control de partículas y endotoxinas bacterianas exigidos para agua de uso parenteral.”
Para la ANMAT: “La omisión de los controles microbiológicos y la falta de certificados fehacientes de esterilidad imposibilita descartar la presencia de agentes patógenos en el producto final, elevando el riesgo de infecciones severas o efectos adversos de gravedad para los pacientes expuestos.”
Los funcionarios también le aseguraron al juez Kreplak que: “En todos los lotes examinados se constató la falta de cumplimiento con las buenas prácticas de manufactura, particularmente en lo concerniente al control y registro de parámetros críticos.”
Este es el primer estudio que se presenta en la causa sobre la elaboración de los lotes de fentanilo producidos a partir del 18 de diciembre de 2024 vinculado a las presuntas muertes de pacientes internados en hospitales y clínicas de Santa Fe, Buenos Aires, CABA, Córdoba y Formosa.
“Acompaño la siguiente información remitida por el Instituto Nacional de Medicamentos –INAME-, organismo dependiente de la ANMAT, a saber: 1.- Informe preliminar de la evaluación de documentación relacionada con el producto Fentanilo HLB/Fentanilo, solución inyectable, ampollas por 5 ml”. Comienza el documento oficial al que accedió este medio.
El informe preliminar, elaborado por la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del INAME, fue remitido a la directora nacional del organismo, Gabriela Carmen Mantecon Fumadó, y posteriormente elevado a la ANMAT y que fue girado al despacho de Kreplak.
La causa judicial investiga posibles delitos contra la salud pública relacionados con la comercialización, distribución o control del fentanilo, un opioide de uso hospitalario que requiere estricta regulación. El informe presentado por la ANMAT responde a un requerimiento expreso del juzgado, que solicitó la evaluación técnica de la documentación de los lotes del producto.
La presentación judicial incluye tres archivos adjuntos con los resultados de la evaluación técnica, que forman parte de la investigación en curso. El contenido de los informes, según consta en la documentación, se centra en la revisión de los registros de producción y control de calidad del fentanilo inyectable, en cumplimiento de las normativas vigentes para medicamentos de alto riesgo.
El detallado estudio de la ANMAT puso bajo la lupa la trazabilidad y los registros asociados a la elaboración de fentanilo de HLB Pharma.
Uno de los hallazgos relevantes del expediente apunta a faltantes de registros obligatorios y controles de calidad no documentados de forma adecuada. El informe preliminar advierte que la información suministrada por la empresa fabricante resulta insuficiente para reconstruir de modo fehaciente todos los pasos de elaboración del fármaco, una condición indispensable para la aprobación sanitaria de medicamentos de este tipo en el país.
En el análisis presentado ante el juzgado figura la mención expresa a la ausencia de planillas originales y documentos requeridos para el monitoreo de cada etapa productiva.
Asimismo, la ANMAT remarcó que la trazabilidad de los ingredientes activos, insumos y materiales de envase no se encuentra debidamente respaldada por la evidencia documental exigida. Esta situación compromete la seguridad de las partidas y vulnera los estándares internacionales de farmacovigilancia.
Entre los principales puntos críticos identificados figura la falta de certificaciones de esterilidad, controles microbiológicos incompletos y registros electrónicos alterados o con datos inconsistentes. Los expertos manifestaron ante el juez que “ninguno de los lotes analizados cumple en su totalidad con lo prescripto en las guías oficiales de buenas prácticas manufactureras” en lo referido a medicamentos inyectables.
En el contexto de la pesquisa, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANMAT, representada por Adrián Galli Basualdo, aportó además una copia digital de los informes y respaldos técnicos, e informó que el expediente continúa abierto. El funcionario consideró que “resulta imprescindible avanzar en una auditoría integral de la planta elaboradora y determinar la posible existencia de riesgos concretos para la población expuesta”.
Según pudo saber Infobae, el reporte fue remitido con carácter urgente y elevado a la magistratura junto a un pedido de información ampliada por parte de ANMAT, que solicitó mayor respaldo documental de la empresa fabricante y evaluaciones de laboratorio independientes.
Los técnicos de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo alertaron en el documento que la falta de controles en la fabricación de fármacos como el fentanilo podría generar “consecuencias clínicas impredecibles”, por lo que recomendaron mantener suspendida toda autorización de liberación y distribución hasta tanto se subsanen las irregularidades.
El documento oficial también identificó las siguientes deficiencias en la producción del medicamento que los investigadores denominan como el “Cromañón sanitario”.
1. Faltantes de registros obligatorios: No se documentaron adecuadamente los registros exigidos para cada etapa del proceso productivo de fentanilo, lo que impide reconstruir fielmente su trazabilidad.
2. Ausencia de planillas originales: La documentación presentada carece de planillas originales necesarias para monitorear y verificar cada una de las operaciones involucradas en la elaboración del producto.
3. Controles de calidad no documentados: No hay pruebas fehacientes de que se hayan realizado todos los controles de calidad requeridos por la normativa, según el informe técnico presentado.
4. Trazabilidad incompleta de ingredientes e insumos: Los ingredientes activos, insumos y materiales de envase no están respaldados documentalmente conforme a lo que exigen los estándares regulatorios.
5. Certificaciones de esterilidad ausentes o insuficientes: No se encontró evidencia de certificaciones de esterilidad completas para los lotes fabricados.
6. Controles microbiológicos incompletos: La documentación exhibe controles microbiológicos deficientes o no concluidos para varios lotes del fármaco.
7. Registros electrónicos alterados o inconsistentes: Se identificaron archivos digitales con datos que presentan inconsistencias o posibles alteraciones.
8. Identificación incompleta de responsables técnicos: Falta información precisa sobre los responsables y técnicos que participaron en cada etapa del proceso de fabricación.
9. Incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura: Ninguno de los lotes evaluados cumple en su totalidad con las pautas establecidas por las guías oficiales para medicamentos inyectables.
10. Vacíos en el circuito de control interno: Existen graves vacíos en los sistemas de control interno que dificultan validar la calidad, eficacia y seguridad del fentanilo producido.
11. “No se adjuntó evidencia documental que respalde la realización de controles microbiológicos en las etapas intermedias y finales del proceso productivo, lo cual impide constatar la inocuidad del fármaco.”
12. “Se observó ausencia de certificados originales de esterilidad correspondientes a los lotes analizados, situación que imposibilita garantizar la seguridad del producto final.”
13. “No se pudo identificar la totalidad de los responsables técnicos intervinientes, debido a planillas incompletas o a la ausencia de firmas y datos identificatorios.”
14. “Se detectó que el sistema de registro electrónico fue modificado a posteriori de las operaciones sin dejar constancia clara de la autorización de tales cambios.”
15. “No se acompañaron las hojas originales del batch record (registro por lote), lo cual atenta contra la integridad de la información y dificulta la evaluación retrospectiva del proceso.”
La carencia de estos documentos representa un riesgo crítico. El propio informe advierte: “La omisión de los controles microbiológicos y la falta de certificados fehacientes de esterilidad imposibilita descartar la presencia de agentes patógenos en el producto final, elevando el riesgo de infecciones severas o efectos adversos de gravedad para los pacientes expuestos.”
Según las normas internacionales y nacionales, la presencia de microorganismos o partículas en soluciones inyectables puede causar septicemias, shock y complicaciones letales, especialmente en grupos vulnerables como pacientes internados en terapia intensiva.
Todo este cuadro fue considerado por las autoridades sanitarias como motivo suficiente para suspender la liberación y exigir una revisión profunda del proceso productivo y documental.
En los últimos días surgieron versiones de la posible “recusación” del juez de la causa. Más allá de las razones que se podrían argumentar los familiares de las víctimas fatales se manifestaron en contra de esta posibilidad. Por ejemplo, Soledad Francese, madre de Renato, uno de los jóvenes fallecidos después de recibir tratamiento con el fentanilo contaminado afirmó que: “Las familias no queremos que saquen al juez”.
De manera paralela, en el canal TN, Ariel García Furfaro, responsable de los laboratorios cuestionados, dijo: “Si tengo algo que ver o hice algo a propósito, pongo la cabeza para que me la corten”.
En su documento presentado ante la Justicia la ANMAT, dejó en claro que: “La omisión de controles microbiológicos y la falta de certificados fehacientes de esterilidad imposibilita descartar la presencia de agentes patógenos en el producto final, elevando el riesgo de infecciones severas o efectos adversos de gravedad para los pacientes expuestos”.
POLITICA
Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos levantó el embargo de los fondos y Hayden Davis podría transferirlos a la Argentina
La Justicia federal de Estados Unidos levantó el embargo de fondos vinculados a la criptomoneda $LIBRA y habilitó al “empresario” Hayden Mark Davis a disponer de una billetera virtual que contiene 500 millones de tokens para que los transfiera de inmediato al proyecto “Viva la Libertad”, en la Argentina.
La cotización de mercado de esos 500 millones de tokens es, hoy, cercana a 0, pero le permitirían al CEO de la firma Kelsier Ventures argumentar ante la Justicia argentina que nunca buscó estafar a los inversores que compraron esa “memecoin” en las horas que siguieron al posteo del presidente Javier Milei en la red social X, el 14 de febrero pasado.
La jueza federal Jennifer Rochon admitió así un planteo que presentó Davis durante una audiencia celebrada el 1 de julio pasado, y que diez días después recibió el visto bueno de los abogados de Burwick Law, el bufete que representa a los impulsores de la demanda colectiva –“class action”- que tramita en los estrados federales de Nueva York.
“Este fallo confirma lo que siempre hemos sostenido: este caso no tiene fundamento”, celebró uno de los abogados de Davis, Mazin Sbaiti, al término de la audiencia. “A pesar de que los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar todas sus pruebas, no aportaron ninguna que demostrara que nuestro cliente hizo algo indebido o causó pérdidas. La audiencia y la decisión de hoy revelan la verdadera naturaleza de este caso”, afirmó, en un comunicado de prensa que emitió al término de la audiencia.
Otro de los abogados de Davis presente en la audiencia, cargó contra la prensa: “Aunque este litigio ha generado titulares y cierta especulación injusta y desinformación, nada se presentó ante el tribunal para sostenerlo, y la jueza expresó su profundo escepticismo sobre los méritos de las acusaciones.”
La decisión de la jueza Rochon revierte, en la práctica, la orden que había emitido a fines de mayo, cuando dispuso congelar cerca de US$280 millones de las ganancias generadas por la venta de $LIBRA, en una maniobra que se estima que habría perjudicado a cerca de 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores.
El levantamiento del embargo judicial le permitirá a Davis retirar cerca de 20,8 millones de tokens $LIBRA por mes, aunque esos activos casi no tienen valor de mercado en la actualidad, según coinciden expertos como Fernando Molina, quien remarca que resulta incierto aún cuál es el objetivo final detrás de este pedido.
Según explicó Molina, el pedido fue que “el dinero se envíe inmediatamente a una wallet [es decir, una billetera virtual] designada por ‘Viva La Libertad Project’”, la que opera en la plataforma Jupiter. “En criollo, solo se puede retirar a razón de 20,8 millones de $LIBRA por mes a partir del 16 de agosto”, abundó. “No existe otra forma de retirar ese dinero, por lo cual no se entiende el pedido del estudio [Burwick] a la jueza [Rochon”, además de que “la liquidez de $LIBRA es prácticamente nula, así que tampoco se entiende por qué solicitan esto”.
Otro experto que testimonió ante el Congreso argentino, sin embargo, creen que el valor de mercado que tiene hoy la “memecoin” $LIBRA podría resultar irrelevante. “Quieren repartir $LIBRA entre los que llenaron el formulario y así demostrar que se cumplió con [la versión inicial sobre] la ayuda para las PyMEs argentinas”, sostuvo Maximiliano Firtman. “Un par de criptobros oficialistas ya dijeron que si pasa eso no se puede hablar de estafa”.
Para Molina, no obstante, eso no tendría sentido. “$LIBRA no tiene liquidez; es como si repartiera billetes falsos, no sirve para nada”, insistió, en un mensaje que posteó en la red social X. “Piden que la transfiera inmediatamente”, añadió, “lo cual es técnicamente imposible”.
El objetivo de Davis no sería, sin embargo, contentar a los inversores que compraron $LIBRA antes de que colapsara durante la madrugada del 15 de febrero pasado, sino enviarle un mensaje a la Justicia argentina, donde afronta una investigación penal junto al presidente Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los organizadores del evento Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
En ese sentido, Davis ya sondeó a los tribunales argentinos con una oferta que plantearon de manera informal en las semanas que siguieron al lanzamiento y colapso de $LIBRA, según reveló en junio pasado. Davis propuso devolver los cerca de US$100 millones que se llevó entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero pasados.
La propuesta de Davis consistía en girar esos fondos a la Argentina, donde designó a los abogados Marcos Salt y Natalia Sergi. Propuso transferir esos fondos a la cuenta bancaria que designaran la jueza federal María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano, para demostrar así su buena voluntad e inocencia, alejado de las acusaciones por fraude, desfalco, insider trading y otros presuntos delitos.
“Él está convencido de que no hizo nada y no entiende qué le reprochan”, precisó entonces un allegado a Davis a . “Él sostiene y reafirma que el proyecto era un buen proyecto, que iban a financiar emprendimientos de la economía real en la Argentina, y que retiró los fondos cuando vio que se desplomaba la cotización y que algunos desconocidos estaban ‘snipeando’ la operación”, detalló. Es decir, boicoteándola para su propio beneficio.
En línea con su aparente interés de devolver alrededor de US$100 millones, fuera real o declamado, Davis puso una condición para completar la transferencia de los fondos a la cuenta que le indiquen bajo la forma jurídica de un depósito judicial. ¿Cuál? Que cuando la Justicia ratificara su inocencia, él quedase habilitado a cobrar la comisión pactada por su labor.
El propio Davis había anticipado su aparente interés por devolver los US$100 millones en su primera aparición pública tras el colapso de $LIBRA. “En cuanto a mi rol, fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos de la tesorería. Quiero dejar absolutamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal”, sostuvo. “Como custodio —y no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Javier Milei, ni al equipo de KIP Protocol”, añadió.
De avanzar con el depósito en la Argentina, Davis podría invocar lo que estipula el artículo 59 del Código Penal argentino. Establece las causales por las que se extingue la acción penal contra uno o más acusados, entre las que figura la muerte del imputado o la prescripción, por ejemplo, y la reparación integral del daño.
Ahora, tras el levantamiento parcial del congelamiento de fondos en Estados Unidos, Davis tiene la oportunidad de intentar esa jugada, aunque resta ver si la Justicia argentina considera si la entrega de tokens sin valor de mercado representan una “reparación integral del daño”.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Avances y retrocesos camino a octubre: el poder de la “lapicera” y el estreno de la Boleta Unica de Papel
El oficialismo y la oposición ajustan las piezas para la campaña y repasan el nivel de daños después de un cierre de listas que dejó heridas en casi todos los espacios, algo que ya asoma en el Congreso y en la relación de Olivos con gobernadores. Como sea, tapado por esos ruidos y los de la campaña, el camino a octubre expone un contrapunto más de fondo entre algún avance y un claro retroceso político: por un lado, la próxima elección nacional estrenará la Boleta Unica de Papel y, por el otro, la definición de candidaturas volvió a ser un tema lejano para el común de la gente. Se destacó el poder de la “lapicera”, especialmente en manos de Karina Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Una en ascenso, otra declinante, y las dos con diferentes limitaciones.
Ese cuadro es obra de intereses variados y mezclas políticas. En octubre del año pasado, la coronación del nuevo sistema de papeleta electoral, la BUP, había mostrado un corte hasta entonces más repetido, que enfrentaba a una convergencia de oficialistas, aliados y dialoguistas con el PJ/K. Eso fue cambiando, y no solo por cuestiones temáticas. La suspensión de las PASO, en pleno verano, expuso internas y fisuras más extendidas, sobre todo en el peronismo/k, que mantuvo un puñado en contra, una porción abiertamente a favor y otra que acompañó discretamente con el recurso de las abstenciones. Los crujidos de estas horas en el Congreso hablan de otros reacomodamientos.
La suspensión de las elecciones primarias para este capítulo de octubre fue una fórmula intermedia frente al planteo de la eliminación, una manera de sintonizar con la fatiga social por la sucesión de elecciones pero sin abordar la cuestión central, es decir, el modo más abierto para la coronación de candidatos. A la tradición de Olivos, se añadió el plan mileista para extender el color violeta distrito por distrito. Y, más allá de la formulación pública, el juego kirchnerista, que nunca utilizó el mecanismo de las PASO para la integración de listas. Nunca hubo voluntad de mejorar el sistema -por ejemplo, haciéndolo optativo- y nada indica que vaya a sobrevivir con nuevo formato.
Las miradas se concentraron entonces en la afirmación del poder de Karina Milei, como instancia superior en el armado electoral del oficialismo, y el papel de CFK, a pesar del visible deterioro de su jefatura, expuesto en las dificultades para contener a su propio núcleo y en los desaires de gobernadores. En el oficialismo nacional, quedó saldada al menos en este terreno la interna del círculo de Olivos, que relegó al menos en este terreno a Santiago Caputo. Es una tensión que en parte disimula la campaña.
El mileismo tejió o forzó acuerdos con el PRO en una decena de distritos. El caso porteño fue quizá el más significativo, porque reprodujo la suspensión de las primarias -y dejó así al macrismo sin el mecanismo utilizado para definir alianzas, en sus mejores momentos- y porque marcó el camino de subordinación amarilla impulsado desde Olivos, después del desgaste en las relaciones con Mauricio Macri y la derrota de mayo. Eso mismo alimentó la negociación en territorio bonaerense, con el terceto -Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro- que ya jugaba fuerte a pesar del ex presidente para septiembre y octubre.
Karina Milei impuso su criterio para definir lugares en las listas y nombre y color de la sociedad electoral. Finalmente, anotó acuerdos con el PRO en una decena de distritos, conjunto en el que se destaca, además de los casos porteños y bonaerense, el entendimiento en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio. Entre las provincias donde no avanzó se cuenta Chubut, gobernada por Ignacio Torres, que apostó con otros cinco jefes provinciales a un armado con vistas al 2027.
El tema de los gobernadores es un renglón pobre en la cosecha de Karina Milei y, además, aparece como un ingrediente principal de enojos provinciales, con efecto en el Congreso antes de llegar a las elecciones. En rigor, además de los casos referidos, suma la reedición del trato con el radical chaqueño Leandro Zdero y el acuerdo con el mendocino Alfredo Cornejo, también de la UCR. En cambio, habrá pelea en las otras tres provincias en manos de alianzas que encabeza esa marca: Santa Fe, Jujuy y Corrientes, que a fines de este mes elige gobernador.
Para CFK, todo resultó en escala descendente, detenida en su departamento de Constitución y con crisis incluso en el núcleo kirchnerista, una disputa ilustrada por Axel Kicillof y Máximo Kirchner, pero que tiene estribaciones entre jefes territoriales. La ex presidente debió jugar al límite para sellar un acuerdo de compromiso entre su círculo, el gobernador, el massismo y hasta Juan Grabois, para octubre. Y para septiembre, tuvo que atender el juego de los intendentes.
Las intervenciones de la ex presidente alcanzaron a otros distritos, pero con decreciente intensidad. El caso más notorio fue el de Santa Fe, para lograr una lista de unidad, que de todos modos no convoca a todo el peronismo provincial pero evitó la fractura. En cambio, la mayoría de los gobernadores del PJ hizo valer su peso: fueron “lapiceras” propias o acuerdos internos locales los que terminaron definiendo candidaturas, sin peso de CFK.
Fuera del repetido y agravado trasiego político, la elección de octubre presenta al menos una novedad: el externo de la BUP. Es un cambio al menos en tres puntos. El primero: el manejo de las boletas -distribución y disponibilidad en los centros de votaciones- es responsabilidad del Estado. Eso podría diluir o moderar el peso de los aparatos partidarios, que en algunas provincias se confunde además con la estructura de gobierno. El segundo: impediría viejas prácticas fraudulentas (voto en cadena, el más conocido) y maniobras como el robo de boletas de alguna fuerza política. Y el tercero: desarmaría negocios con la impresión de boletas, además de reducir presupuesto.
Viejos hábitos de poder que hicieron más fatigante la definición de alianzas y listas, estreno de la boleta única y un agregado que fue creciendo con la sucesión de capítulos provinciales: la incertidumbre sobre el nivel de participación ciudadana. La respuesta llegará el último domingo de octubre.
POLITICA
Sesión en Diputados, en vivo: votan los vetos de Javier Milei y otros proyectos hoy, miércoles 20 de agosto
2. El sostenimiento del aumento jubilatorio de 7,2% que llevará el bono de $70.000 a $110.000 y define actualizaciones por inflación. Milei lo vetó.
3. La distribución automática a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) según los índices de coparticipación.
4. Un nuevo reglamento para sacar de la parálisis a la comisión investigadora del caso $LIBRA y ponerla en funcionamiento.
5. Tres proyectos para modificar el huso horario en verano. Como ninguno cuenta con despacho de comisión, la oposición apunta a emplazar a las comisiones pertinentes para impulsar su tratamiento.
6. Una actualización de los montos por evasión fiscal en la ley 24.769, de Régimen Penal Tributario.
7. Una nueva moratoria previsional por dos años, que permite acceder a la jubilación a las personas que ya alcanzaron la edad pero no cumplen con el tiempo de aportes requerido. El Presidente la impugnó.
8. La insistencia a la ley que Milei vetó para destinar un fondo de emergencia de $200.000 millones para reconstruir y asistir a los damnificados en Bahía Blanca y zonas aledañas tras las inundaciones de marzo. El senado ya rechazó la impugnación presidencial y si Diputados sigue el mismo camino, será la primera vez que el Congreso logre revertir un veto de esta gestión.
9. La coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la eliminación de una serie de fideicomisos (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros). La distribución de lo recaudado por el ICL será de la siguiente manera:
– Tesoro Nacional: 14,29%
– Provincias: 57,02%
– Sistema Único de Seguridad Social: 28,69%
De los fondos provinciales, un 25% se repartiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y un 75% según los índices de coparticipación.
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