POLITICA
Dólares del colchón y plata para las provincias: Olivos enfrenta el juego político que menos le gusta
Este será un fin de semana de contactos cruzados entre jefes provinciales y funcionarios nacionales, consecuencia directa de una combinación de necesidades. El Ejecutivo empuja una rápida adhesión de las provincias al plan “dólares del colchón” para generar sostén y confianza en las medidas -frente a viejas y nuevas prevenciones sociales-, y los gobernadores reclaman atención por la caída de los fondos de coparticipación federal y el largo parate de la obra púbica. El Gobierno enfrenta otra vez el juego que menos le gusta: generar acuerdos políticos que no están atados exclusivamente a sus intereses.
La tarea inicial del Gobierno para sumar apoyos provinciales -y más adelante, garantizar un par de proyectos legislativos en materia tributaria- está enfocada en darle sustento a su plan de los dólares. El tablero sumó una pieza de los gobernadores, que motorizan un encuentro para destacar el peso político de sus demandas, con los cuidados del caso para evitar pinceladas de oposición dura. Así y todo, neutralizar de algún modo esa cita -es decir, desarmarla o bajarle el tono- amplió la agenda de Olivos.
Con el sello del Consejo Federal de Inversiones, la convocatoria armada en contactos previos entre jefes provinciales trascendió finalmente con fecha para el martes próximo, aunque podría sufrir algún cambio. Por supuesto, será un encuentro virtual. Ese mismo facilita la cita y de paso, quedaría claro el mensaje sin el impacto de la foto conjunta frente a los ojos de Olivos. Supone también una fórmula de equilibrio en el tablero heterogéneo del CFI.
Resultó llamativo que a la par de la información del encuentro circulara una planilla que expone la caída de fondos automáticos por coparticipación federal. Importan los números y los datos políticos. Las cifras dicen que la variación entre la proyección de este año y el 2024 marca una baja del 4,2%. Trepa al 11,5%si se toma como referencia el 2023 y hay distritos especialmente desfavorecidos, entre ellos Santa Fe y La Pampa, en torno de los 6 puntos porcentuales.
Los números seguramente serán discutidos por el Gobierno con estadísticas diferentes. Pero se destacan los mensajes políticos y entre ellos sobresalen al menos dos. El primero, obvio, es que la referida planilla expresa una preocupación extendida entre los gobernadores, porque afecta a todos: no se trata de los fondos que maneja el poder central desde siempre y de manera discrecional, sino de la coparticipación. Y el segundo es que ese listado sobre evolución de las transferencias automáticas fue difundido desde las cercanías de gobernadores de la oposición dura y también de algunos dialoguistas.
Con todo, nadie que conozca mínimamente el tema podría decir que se trata de una sorpresa. Es un tema de arrastre y, de hecho, ya a principios de mayo había trascendido el malestar de jefes provinciales por cambios en impuestos coparticipables, particularmente Ganancias e IVA. Es decir, se cruzan decisiones del Gobierno nacional y una caída vinculada de manera directa al cuadro de la actividad económica. En cuanto a las políticas nacionales, se agregan desde hace rato reclamos y negociaciones frustradas para lograr la reactivación de algunas obras públicas, sobre todo rutas nacionales que son vitales para las provincias.
Parte del malestar viene siendo atribuido por jefes de provincias a problemas de interlocución. En esa línea, destacan contradicciones, y también avances y marcha atrás, en un ejercicio que involucra centralmente a Guillermo Francos, pero que tiene como referencia de peso a Luis Caputo y que añade, con algunos mandatarios, canales directos con Santiago Caputo. El resumen sería que no existe un sistema sólido para las tratativas políticas.
Las conversaciones del Gobierno con las provincias fueron reactivadas públicamente luego del anuncio de las medidas por los “dólares del colchón”, es decir, dólares en negro o declarados pero fuera del sistema bancario local. Hubo contactos previos para garantizar las dos tandas iniciales de conversaciones que incluyeron representantes de 17 de los 24 distritos. Todo indica que no fueron suficientes las tratativas para convertir esos encuentros en actos de adhesión al plan nacional.
No se trata de un dato menor. El Gobierno apuntaría, naturalmente, a evitar reacciones o demandas en bloque y por eso apura acuerdos individuales. Ya tuvo dos, de peronistas aliados (Catamarca y Tucumán) y se descartan otras de espacios provinciales para los próximos días. Pero quedan piezas por cerrar con distritos de peso, en un paño que supera la simple divisoria entre duros, empezando por Axel Kicillof; desairados, como Jorge Macri, y dialoguistas, como Maximiliano Pullaro. Además, existen dudas sobre algunos provinciales que juegan como aliados o que están fuera de la órbita del PJ/K o de lo que fue JxC.
Un primer elemento queda a la vista: se trata de distritos de peso no sólo electoral, sino además económico. Algo de eso explica que luego del primer encuentro referido, el Gobierno activara contactos con funcionarios bonaerenses y porteños. Kicillof cuestionó ácidamente las medidas oficiales y desde el Gobierno respondieron con dureza -volvió la anacrónica descalificación como “soviético”-, lo cual hace difícil vestir un entendimiento. Desde la Ciudad, dejan trascender que el tema, sobre todo desde el punto de vista legal, está en estudio. Y los santafesinos anticiparon que no se oponen abiertamente, pero no relajarán los controles sobre la actividad narco.
El Gobierno dijo y reiteró que los distritos que no adhieran dejarán de recibir información de ARCA sobre facturación y movimientos de empresas y personas. La traducción de esa advertencia sería que las provincias perderían capacidad de control y que, de hecho, se impondrá el criterio sobre esta especie de blanqueo por debajo del radar fiscal. Se verá cómo opera la contrapresión que podría suponer el reclamo de las provincias en el CFI. Y resta aún el recorrido de los proyectos de ley para “blindar” las medidas. Negociar es un camino que el mileismo encara a disgusto, pero asoma ineludible.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
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La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
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Alejandra Monteoliva,Bomba del día,Congreso,Ley Antiterrorista,Reforma Laboral
POLITICA
“Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones
El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.
En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.
Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.
“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.
Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.
Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.
El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.
Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.
El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.
Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.
Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad
Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.
El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.
Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.
Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.
Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.
Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.
POLITICA
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal porteña dispuso recalcular el embargo millonario que pesaba sobre la firma de aviación privada Baires Fly SA, una de las compañías señaladas en el expediente por supuestos movimientos financieros vinculados al pago de medicamentos.
El embargo había sido fijado por el juez federal Sebastián Casanello por una suma superior a los $7.000 millones. Sin embargo, los camaristas entendieron que el monto carecía de fundamentación suficiente y resultaba desproporcionado frente al estado actual de la causa, por lo que ordenaron emitir una nueva resolución con criterios más precisos.
Los magistrados remarcaron que la medida cautelar debe mantenerse, pero con un cálculo acorde a la evidencia reunida hasta el momento. En otras palabras, la empresa continuará afectada patrimonialmente, aunque el monto será redefinido.
El rol de la empresa en la causa
La investigación gira en torno a presuntas maniobras de facturación simulada y lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido canalizada a través de distintas empresas, entre ellas la aerolínea privada.
Coimas en la ANDIS: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por corrupción
El expediente incluye comunicaciones y transferencias bancarias bajo análisis judicial. De acuerdo con la pesquisa, algunas droguerías habrían enviado dinero a cuentas relacionadas con la compañía aérea, tras lo cual se emitían comprobantes por supuestas horas de vuelo o kilómetros aéreos.
La Justicia sospecha que esos servicios no se habrían prestado realmente y que las facturas podrían haber servido para justificar movimientos financieros. En el expediente se detectaron comprobantes emitidos entre 2023 y 2025 por montos millonarios, lo que motivó la intervención del juzgado y la posterior medida de embargo.
En paralelo, el magistrado procesó al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La causa continuará bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, quien deberá tomar nuevas declaraciones indagatorias.
Entre las personas citadas figura un empresario vinculado a la compañía aérea, sospechado de haber participado en la circulación del dinero investigado. La fiscalía considera que su intervención pudo haber sido clave para canalizar transferencias provenientes de empresas proveedoras del Estado.
El Gobierno anunció la disolución de la ANDIS tras el escándalo por las coimas en la compra de medicamentos
Los cuestionamientos de la Cámara
El tribunal de apelaciones señaló que, si bien existen elementos que justifican la cautelar, la suma fijada inicialmente no guarda relación clara con la responsabilidad que, por ahora, se le atribuye a la firma. Incluso destacó que la empresa no fue imputada formalmente como persona jurídica al momento de dictarse la medida.
Por ese motivo, los jueces indicaron que el juzgado debe volver a analizar la afectación patrimonial y establecer un monto razonable sustentado en pruebas concretas. Uno de los camaristas, en minoría, consideró suficiente aceptar como garantía una aeronave ofrecida por la empresa.
Además, en otra resolución vinculada al expediente, la Cámara dispuso revisar cómo se incorporaron al proceso ciertos audios que mencionarían presuntos pagos ilegales a funcionarios, una decisión que podría incidir en la validez de parte de la prueba.
La causa ANDIS se transformó en uno de los expedientes judiciales más delicados en materia de corrupción vinculada al sistema de salud y asistencia social. Con nuevas indagatorias en puerta y medidas bajo revisión, el avance de la investigación podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.
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