POLITICA
Dólares del colchón y plata para las provincias: Olivos enfrenta el juego político que menos le gusta
Este será un fin de semana de contactos cruzados entre jefes provinciales y funcionarios nacionales, consecuencia directa de una combinación de necesidades. El Ejecutivo empuja una rápida adhesión de las provincias al plan “dólares del colchón” para generar sostén y confianza en las medidas -frente a viejas y nuevas prevenciones sociales-, y los gobernadores reclaman atención por la caída de los fondos de coparticipación federal y el largo parate de la obra púbica. El Gobierno enfrenta otra vez el juego que menos le gusta: generar acuerdos políticos que no están atados exclusivamente a sus intereses.
La tarea inicial del Gobierno para sumar apoyos provinciales -y más adelante, garantizar un par de proyectos legislativos en materia tributaria- está enfocada en darle sustento a su plan de los dólares. El tablero sumó una pieza de los gobernadores, que motorizan un encuentro para destacar el peso político de sus demandas, con los cuidados del caso para evitar pinceladas de oposición dura. Así y todo, neutralizar de algún modo esa cita -es decir, desarmarla o bajarle el tono- amplió la agenda de Olivos.
Con el sello del Consejo Federal de Inversiones, la convocatoria armada en contactos previos entre jefes provinciales trascendió finalmente con fecha para el martes próximo, aunque podría sufrir algún cambio. Por supuesto, será un encuentro virtual. Ese mismo facilita la cita y de paso, quedaría claro el mensaje sin el impacto de la foto conjunta frente a los ojos de Olivos. Supone también una fórmula de equilibrio en el tablero heterogéneo del CFI.
Resultó llamativo que a la par de la información del encuentro circulara una planilla que expone la caída de fondos automáticos por coparticipación federal. Importan los números y los datos políticos. Las cifras dicen que la variación entre la proyección de este año y el 2024 marca una baja del 4,2%. Trepa al 11,5%si se toma como referencia el 2023 y hay distritos especialmente desfavorecidos, entre ellos Santa Fe y La Pampa, en torno de los 6 puntos porcentuales.
Los números seguramente serán discutidos por el Gobierno con estadísticas diferentes. Pero se destacan los mensajes políticos y entre ellos sobresalen al menos dos. El primero, obvio, es que la referida planilla expresa una preocupación extendida entre los gobernadores, porque afecta a todos: no se trata de los fondos que maneja el poder central desde siempre y de manera discrecional, sino de la coparticipación. Y el segundo es que ese listado sobre evolución de las transferencias automáticas fue difundido desde las cercanías de gobernadores de la oposición dura y también de algunos dialoguistas.
Con todo, nadie que conozca mínimamente el tema podría decir que se trata de una sorpresa. Es un tema de arrastre y, de hecho, ya a principios de mayo había trascendido el malestar de jefes provinciales por cambios en impuestos coparticipables, particularmente Ganancias e IVA. Es decir, se cruzan decisiones del Gobierno nacional y una caída vinculada de manera directa al cuadro de la actividad económica. En cuanto a las políticas nacionales, se agregan desde hace rato reclamos y negociaciones frustradas para lograr la reactivación de algunas obras públicas, sobre todo rutas nacionales que son vitales para las provincias.
Parte del malestar viene siendo atribuido por jefes de provincias a problemas de interlocución. En esa línea, destacan contradicciones, y también avances y marcha atrás, en un ejercicio que involucra centralmente a Guillermo Francos, pero que tiene como referencia de peso a Luis Caputo y que añade, con algunos mandatarios, canales directos con Santiago Caputo. El resumen sería que no existe un sistema sólido para las tratativas políticas.
Las conversaciones del Gobierno con las provincias fueron reactivadas públicamente luego del anuncio de las medidas por los “dólares del colchón”, es decir, dólares en negro o declarados pero fuera del sistema bancario local. Hubo contactos previos para garantizar las dos tandas iniciales de conversaciones que incluyeron representantes de 17 de los 24 distritos. Todo indica que no fueron suficientes las tratativas para convertir esos encuentros en actos de adhesión al plan nacional.
No se trata de un dato menor. El Gobierno apuntaría, naturalmente, a evitar reacciones o demandas en bloque y por eso apura acuerdos individuales. Ya tuvo dos, de peronistas aliados (Catamarca y Tucumán) y se descartan otras de espacios provinciales para los próximos días. Pero quedan piezas por cerrar con distritos de peso, en un paño que supera la simple divisoria entre duros, empezando por Axel Kicillof; desairados, como Jorge Macri, y dialoguistas, como Maximiliano Pullaro. Además, existen dudas sobre algunos provinciales que juegan como aliados o que están fuera de la órbita del PJ/K o de lo que fue JxC.
Un primer elemento queda a la vista: se trata de distritos de peso no sólo electoral, sino además económico. Algo de eso explica que luego del primer encuentro referido, el Gobierno activara contactos con funcionarios bonaerenses y porteños. Kicillof cuestionó ácidamente las medidas oficiales y desde el Gobierno respondieron con dureza -volvió la anacrónica descalificación como “soviético”-, lo cual hace difícil vestir un entendimiento. Desde la Ciudad, dejan trascender que el tema, sobre todo desde el punto de vista legal, está en estudio. Y los santafesinos anticiparon que no se oponen abiertamente, pero no relajarán los controles sobre la actividad narco.
El Gobierno dijo y reiteró que los distritos que no adhieran dejarán de recibir información de ARCA sobre facturación y movimientos de empresas y personas. La traducción de esa advertencia sería que las provincias perderían capacidad de control y que, de hecho, se impondrá el criterio sobre esta especie de blanqueo por debajo del radar fiscal. Se verá cómo opera la contrapresión que podría suponer el reclamo de las provincias en el CFI. Y resta aún el recorrido de los proyectos de ley para “blindar” las medidas. Negociar es un camino que el mileismo encara a disgusto, pero asoma ineludible.
POLITICA
Con el apoyo de exaliados del oficialismo, el Senado volvió a rechazar los vetos de Milei y dejó aislada a LLA
El Senado rechazó este jueves, por amplias mayorías que superaron los dos tercios requeridos por la Constitución, los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia en pediatría y financiamiento a las universidades nacionales.
Con esta decisión, el jefe de Estado queda obligado a promulgar e implementar las normas aprobadas por el Congreso. Sin embargo, como anticipó TN, en Casa Rosada ya estudian alternativas para evitar la implementación de estas leyes, como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad.
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Como viene ocurriendo en las últimas sesiones del Senado, La Libertad Avanza no logró construir mayorías, más allá de sus propios seis legisladores y algún acompañamiento más, pero a los votos en contra se sumaron exaliados del oficialismo como la gran mayoría de los senadores de la UCR y del Pro.
La insistencia a la Ley de declaración de Emergencia en Pediatría, donde se contempla el auxilio financiero para el Hospital Garrahan, fue sancionada por 59 votos afirmativos, siete negativos y tres abstenciones de los senadores del PRO Alfredo De Ángeli, Martín Goerling Lara y María Victoria Huala. En tanto, la Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales fue por 58 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones, los mismos senadores del PRO, más la radical Carolina Losada.
El debate
La sesión encabezada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, mostró una primera opinión del Cuerpo sobre estos dos debates. Al habilitar sus tratamientos en el recinto, ambas insistencias superaron los 60 votos a favor y solo siete en contra, donde estuvieron los seis libertarios y Carmen Álvarez Rivero del Pro.
Ambos vetos presidenciales se discutieron en conjunto y luego se votaron por separado. Abrieron la sesión los presidentes de las comisiones de Salud, Lucía Corpacci y de Educación, Eduardo Wado de Pedro, ambos de Unión por la Patria (UxP).
“Esta ley ya se ha discutido en comisiones y en el recinto. Dentro de sus objetivos contempla afianzar el ingreso y la permanencia de los estudiantes en la universidad pública, así como garantizar las condiciones laborales mínimas de docentes y no docentes”, dijo De Pedro, mientras que su colega Corpacci, en relación con la Emergencia Pediátrica dijo: “Parece increíble que estemos nuevamente hablando de la necesidad de la Emergencia Pediátrica. El proyecto ha sido aprobado en las cámaras prácticamente con la totalidad de los senadores. Esto refleja que las provincias necesitan del Hospital Garrahan”.
Desde Convicción Federal, la senadora Carolina Moisés planteo: “El Garrahan es un hospital de alta complejidad y hay que tener en cuenta esto al analizar los números, no se lo puede comparar con un hospital común. Atiende a más de 600 mil pacientes por año, con 560 camas de internación y 120 de terapia intensiva”.
Por su parte desde la bancada Por Santa Cruz, la senadora Natalia Gadano expresó: “Que nuestros médicos y niños con las patologías más complejas, que nuestros docentes y estudiantes universitarios estén afuera esperando que volvamos a decidir por mayoría los mismos temas es una falta de respeto a ellos y al resto de los argentinos”.
En relación con el financiamiento a las universidades, la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) planteó la sospecha de si desde el Gobierno “están caminando hacia el arancelamiento de la Universidad Pública”. Mientras que el radical Maximiliano Abad dijo: “Llevamos un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades, me da vergüenza decirlo. Ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación”.
Su correligionario Pablo Blanco afirmó: “El presidente debe entender que hay que tener empatía con la gente, que hay necesidades y que hay emergencia social. La obligación del Gobierno, si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, es que haya también equilibrio social”.
Allí estuvieron los votos en contra de los vetos presidenciales, un amplio abanico opositor encabezado por UxP de José Mayans, gran parte de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.
La defensa del oficialismo
El debate transitó con los posicionamientos principalmente de la oposición que se llevó el mayor tiempo de los discursos en el recinto. El oficialismo tuvo la defensa de solo dos voces, Ezequiel Atauche, jefe de la bancada de La Libertad Avanza, quien cerró el debate con un cuestionamiento al kirchnerismo, y de la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero, que planteó: “No estamos discutiendo el abandono escolar, en Córdoba hay 150 mil adolescentes que están fuera de la secundaria. Hay una relación entre la falla en la educación y la pobreza”.
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El contenido de las leyes
En el caso de las universidades, la norma establecía medidas para garantizar el sostenimiento de la educación superior pública en todo el país. Entre sus puntos clave, incluía: asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes y establecer una actualización a partir del 1° de enero de 2025 para los gastos de funcionamiento, según la variación acumulada del IPC entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
Mientras que la Ley de Emergencia Pediátrica declara la emergencia sanitaria en el área por dos años. Dispone una recomposición inmediata de salarios para personal y residentes, que no podría ser inferior —en términos reales— a lo percibido en noviembre de 2023. Además, dejó sin efecto el nuevo régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud.
Senado, universidades, garrahan, veto
El 26 de octubre, Tucumán llevará a cabo las elecciones legislativas nacionales para renovar cuatro bancas de diputados nacionales. En este proceso, finalizarán sus mandatos los actuales legisladores como Paula Omodeo, que buscará renovar su banca con el espacio Creo. Con la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP), la provincia vivirá una jornada electoral que marca un hito en el sistema argentino y definirá la nueva representación provincial.
Los candidatos a diputados nacionales de Tucumán en las elecciones 2025, frente por frente
El proceso electoral cuenta con nueve listas oficializadas, lo que refleja la diversidad política vigente. Tucumán elegirá a sus representantes para el período 2025-2029.
Las listas y candidatos oficializados son:
- Frente Tucumán Primero: Osvaldo Francisco Jaldo, Gladys del Valle Medina, Mariano Javier Noguera, Elia Marina Fernández.
- La Libertad Avanza: Federico Agustín Pelli, María Soledad Molinuevo, Manuel Guisone, Celina María Moisa Terán.
- Creo: Paula Omodeo, Sebastián Murga, Sonia María Estela Assaf, Gustavo García.
- Fuerza Republicana: Ricardo Argentino Bussi, Sandra del Valle Orquera, Gerónimo José Cruz Cornejo, Blanca Lorena Palomino.
- Del Trabajo y del Pueblo: Sebastián Solís, Nidia Juri, Walter Díaz, Hilda Beatriz Disatnik.
- Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad FIT: Alejandra Arreguez, José Martín Correa Tejerizo, Clarisa Alberstein, Carlos Alberto Melian.
- Frente del Pueblo Unido: Silvio César Bellomio, María Alejandra Medina, Leandro Hipólito Parajón, Daniela Dennis Huespe.
- Política para la Clase Obrera: Margarita Raquel Grassino, Diego Luis Carrazán, Alejandra Carolina del Castillo, José Rubén Kobak.
- Unidos por Tucumán: Roberto Sánchez, María Micaela Viña, José María Canelada, Milagros Celiz.
La Boleta Única de Papel de Tucumán para las elecciones 2025
La gran novedad de estos comicios será la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP), introducida por la Ley N.º 27.781. Este sistema reemplaza al tradicional de boletas partidarias múltiples y reúne a todos los candidatos y alianzas en una sola hoja oficial.
El nuevo mecanismo busca simplificar la elección, reducir la manipulación de boletas y brindar mayor transparencia al proceso. La Cámara Nacional Electoral ya difundió el modelo definitivo, idéntico al que emplearán los electores.
Cómo se vota con la BUP
El procedimiento es sencillo. El presidente de mesa entrega al elector una Boleta Única de Papel en blanco y un bolígrafo indeleble. Luego, el votante marca su opción dentro de la cabina, según las indicaciones. Después debe plegar la boleta para mantener el secreto y depositarla en la urna.
Para votar, es obligatorio presentar uno de los documentos habilitados: libreta de enrolamiento, libreta cívica, alguna de las versiones de DNI (libreta verde, libreta celeste, tarjeta, incluyendo el formato 2012 y el más reciente). El documento no puede ser anterior al que figura en el padrón electoral.
Cómo consultar el padrón electoral
Pueden votar los ciudadanos nativos y por opción desde los 16 años, así como los naturalizados a partir de los 18, siempre que figuren en el padrón y presenten el documento correspondiente.
El voto es obligatorio, aunque no hay sanciones para quienes tengan menos de 18 o más de 70 años.
El padrón electoral habilita a más de 1,3 millones de tucumanos a participar. Resulta fundamental consultar la mesa y el establecimiento de votación con anticipación a través de los canales oficiales.
POLITICA
«Más castigo para los delincuentes»: qué dice el nuevo Código Penal que impulsa el gobierno de Javier Milei
El Gobierno presentó este jueves la reforma del Código Penal. El documento, que reemplazará al que está vigente desde 1921, tiene tres ejes centrales: agravamiento de penas, baja en la edad de imputabilidad y la incorporación de nuevas figuras delictivas.
El Presidente explicó que esta nueva norma le pone fin “a años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales”.
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Según fuentes oficiales, el objetivo detrás de esta reforma es lograr “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”.
Las claves de la nueva reforma del Código Penal
El nuevo texto propone que la edad de imputabilidad baje a los 13 años. Así lo confirmó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, durante la actividad en el penal de Ezeiza.
Además, propone que los homicidios, el abuso sexual en todas sus modalidades, la trata de personas y los delitos vinculados al narcotráfico sean imprescriptibles. También se elimina el beneficio de la libertad condicional a los condenados por hechos de especial gravedad o reincidencia.
En ese sentido, en el Gobierno aseguraron que buscarán que se realice un cumplimiento efectivo de la pena. “Ocho de cada 10 delitos tendrán cumplimiento efectivo. Aumentan los mínimos de una gran cantidad de sanciones penales”, expresaron en el Ministerio de Seguridad.
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Novedades de la nueva reforma del Código Penal
- Homicidios y lesiones: el homicidio simple tendrá una pena de 30 años de prisión. Se amplían los supuestos de homicidio agravado, que tendrán prisión perpetua.
- Medidas de protección y menores: se crea delito de desobediencia por incumplir medidas cautelares de restricción. Aumentan las sanciones por sustracción de menores.
- Delitos sexuales: escalas más altas para abusos sexuales. Se incorpora el stealthing como delito (el retiro del preservativo sin consentimiento) y se castiga el acoso sexual en ámbito laborales. Hay penas más graves por grooming y difusión de abuso infantil por redes sociales o IA. También se tipifica la pornovenganza.
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- Prostitución y trata de personas: se agravan delitos de secuestro, trata y privación de libertad, con foco en víctimas vulnerables.
- Integridad personal y honor: suben las penas por abuso de armas y omisión de auxilio. Por injurias, las personas tendrán penas más graves si las realizan de manera anónima, con identidades falsas o con IA.
- Se tipifica el hostigamiento como delito, actualmente es solo una contravención. Se incorpora el secuestro virtual como modalidad de extorsión. Asimismo, se crean figuras específicas como la de los motochorros, viudas negras, robos masivos y de celulares.
- Estafas: se sistematizan y aparecen la piramidal, la procesal y fraudes con IA.
- Denuncias falsas: se regula la “falsa denuncia” con penas más severas, especialmente en delitos sexuales o “cuando se generan restricciones indebidas de contacto familiar”.
Qué dice la nueva reforma del Código Penal sobre corrupción, narcotráfico y contrabando
La reforma del Código Penal prevé una modificación integral de los delitos contra la administración pública, con penas agravadas y nuevos tipos penales. Además, se rediseña el delito de enriquecimiento ilícito y se sanciona el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal.
En esa misma línea, se incrementan las penas por cohecho, incluyendo el soborno entre privados. Se aumentan los castigos por falso testimonio, en especial en causas de delitos sexuales.
En relación con el narcotráfico, se elevan de forma exponencial las penas. También se incorporan figuras autónomas sobre precursores químicos, opioides sintéticos y otras sustancias especialmente peligrosas.
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Por último, la nueva norma crea figuras para el contrabando, con agravantes si el autor tiene una posición que facilite el delito (por ejemplo, personal aduanero). El documento sube las penas para el contrabando de estupefacientes e incluye los delitos militares.
El proyecto completo será firmado por el Presidente y, luego, girado al Congreso, que deberá aprobarlo. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo evitaron confirmar si el texto llegará al Poder Legislativo antes de las elecciones del 26 de octubre.
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