POLITICA
Domicilios inexistentes y millones de pesos sin respaldo: los detalles de la nueva denuncia de la DGI contra la AFA
La Dirección General Impositiva (DGI), a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas y la salida no documentada de fondos.
Según la presentación, se detectaron movimientos de dinero sin respaldo documental suficiente, una operatoria que podría haber sido utilizada para ocultar el destino real de los fondos y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes. El monto bajo análisis ronda los 235 millones de pesos, aunque no se descarta que la cifra final sea mayor a medida que avance la investigación.
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La denuncia, de acuerdo a fuentes judiciales, no constituye una ampliación de causas previas sino una presentación nueva, surgida a partir de tareas específicas de fiscalización y análisis sistémico realizadas por ARCA.
El caso se inscribe en un contexto de mayor presión institucional sobre la conducción de la AFA, que también enfrenta un proceso administrativo ante la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que intimó a la entidad a presentar balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores.
El eje central de la denuncia presentada por la DGI está puesto en un conjunto de empresas que habrían cobrado sumas millonarias de la AFA sin prestar servicios reales o que, directamente, presentarían características típicas de firmas apócrifas.
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En total, se identificó un grupo de al menos 15 sociedades comerciales, entre ellas ID Constructora S.R.L., Meroka S.R.L., Maxstore S.A., Luicom S.A., HoldembroG S.A., Consultek Consultoría y Servicios S.R.L., Belesan S.A., Mosili, Albamonte Construcciones S.R.L., Construcciones Far West S.R.L., Ninapey S.A., Central Hotel S.R.L., Logística Winter S.R.L., Gramez y LPH Event S.A.
De acuerdo con la denuncia, estas firmas habrían emitido facturas a la AFA por supuestos trabajos de obras, mantenimiento, reformas o servicios diversos, sin que existiera una correlación verificable entre lo facturado y la capacidad operativa, económica o financiera de las empresas involucradas.
Uno de los casos detallados es el de ID Constructora S.R.L.. Según el relevamiento de la DGI, la empresa no pudo ser localizada en su domicilio fiscal declarado, que se encontraba cerrado con candado. Vecinos del lugar indicaron desconocer la existencia de la firma, que además no respondió los requerimientos formales cursados por el organismo.
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Del análisis sistémico surge una fuerte discrepancia entre el volumen de facturación declarado en 2023, que alcanzó los $2904 millones, y las acreditaciones bancarias registradas en el mismo período, que apenas superaron los $419 mil.
Para la AFA, esta empresa facturó entre mayo de 2023 y marzo de 2024 un total de $44,7 millones, por conceptos vinculados a tareas de restauración, mantenimiento y reparaciones en predios y edificios. La DGI señaló que la firma no posee bienes registrables, tiene la CUIT inactiva y no cuenta con personal ni compras acordes al nivel de actividad declarado.
Un patrón similar se detectó en Meroka S.R.L.. La firma tampoco pudo ser localizada y su domicilio fiscal corresponde a un edificio residencial, donde varios ocupantes manifestaron no conocerla. En 2023 declaró una facturación superior a los $561 millones, mientras que las acreditaciones bancarias informadas fueron de apenas $67 millones.
Para la AFA, Meroka facturó en enero y febrero de 2023 un total de $6,8 millones por supuestas obras en el predio de Ezeiza. La DGI destacó, además, que la empresa está inscripta en múltiples actividades sin relación entre sí —desde fast food hasta servicios de salud y venta de cereales— y que declara una dotación mínima de personal, limitada al socio gerente.
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En el caso de Maxstore S.A., la investigación determinó que la empresa declaró como actividad la construcción de obras de ingeniería civil, aunque hasta noviembre de 2022 figuraba inscripta en rubros ajenos a la construcción. Tampoco fue posible ubicarla en su domicilio fiscal: el encargado del edificio afirmó desconocerla y señaló que el departamento es utilizado para alquileres temporarios a través de Airbnb. La DGI remarcó incongruencias en su perfil fiscal y vínculos societarios con otras firmas categorizadas como contribuyentes no confiables.
Otro ejemplo incluido en la denuncia es Central Hotel S.R.L., que facturó a la AFA en noviembre y diciembre de 2023 un total de $9,6 millones por supuestas obras en el predio de Ezeiza. La empresa no posee bienes registrables ni empleados declarados y registra escasas acreditaciones bancarias en relación con su nivel de facturación.
Además, su actividad principal declarada es la hotelería, un rubro que, según la DGI, no guarda relación con los trabajos facturados. El organismo también consignó que cheques emitidos por la AFA fueron utilizados para cancelar operaciones vinculadas a la actividad de hacienda.
AFA (Asociación de Fútbol Argentino), AFA, ARCA, Claudio Tapia
POLITICA
“Récord histórico”: el Gobierno anunció que aumentó el número de extranjeros rechazados en las fronteras
El Gobierno intensificó los controles migratorios en las fronteras y registró un fuerte aumento ciudadanos extranjeros inadmitidos o expulsados del país durante los últimos dos meses.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Seguridad Nacional, entre diciembre y enero cerca de 5000 personas fueron rechazadas en los pasos fronterizos o removidas del territorio argentino.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó el incremento al endurecimiento de los controles en aeropuertos, puertos y corredores terrestres. Según detalló, solo en diciembre se contabilizaron 2400 casos y en lo que va de enero otros 2300, lo que calificó como un récord histórico.
“Los extranjeros con antecedentes penales, que hayan cometido delitos o que intenten ingresar de manera ilegal no pueden entrar al país”, sostuvo.
RÉCORD DE EXTRANJEROS INADMITIDOS Y EXPULSADOS
En diciembre y enero, casi 5.000 extranjeros no pudieron ingresar o fueron expulsados del país.
Más controles en fronteras, en puertos y aeropuertos. Las reglas son claras: el extranjero que viola la ley, se va; el que intenta… pic.twitter.com/BoKSS2x7OW
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) January 26, 2026
A su vez, la Policía Federal Argentina realizó un operativo en la localidad bonaerense de Villa Celina, partido de La Matanza, donde detectó a 16 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.
El procedimiento fue solicitado por la Dirección Nacional de Migraciones y permitió identificar a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras, mediante controles biométricos y consultas a bases de datos oficiales. Como resultado, se labraron actas migratorias y se iniciaron actuaciones contra responsables de comercios que empleaban trabajadores sin residencia regular.
Además, cuatro ciudadanos bolivianos fueron detenidos por su presunta vinculación con una feria clandestina, donde se secuestraron teléfonos celulares denunciados como robados y mercadería con marcas falsificadas. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°3 de Morón.
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POLITICA
VIDEO | La desopilante reacción de Daniel Scioli cuando le preguntaron sobre ‘Chiqui’ Tapia: “Me tengo que ir a comer”
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, evitó dar una respuesta clara sobre el escándalo que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante una entrevista en Mar del Plata.
Mientras participaba del “Tour de la Gratitud” del presidente Javier Milei, Scioli fue consultado por la periodista Laura Di Marco en LN+ sobre las supuestas irregularidades financieras de la entidad y la responsabilidad de Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.
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“Ya fijé posición al principio de todo esto… está muy claro… cuál era mi visión”, respondió el exgobernador bonaerense, de manera confusa y sin referirse a los hechos.
Ante la insistencia de la periodista, que le repreguntó “¿Pero de ‘Chiqui’ Tapia, en concreto, qué pensás?”, volvió a eludir la respuesta. “Evidentemente, bueno, por todo lo que está trascendiendo del tema… yo fui de una posición muy clara”, insistió.
La entrevista concluyó abruptamente cuando Scioli habló de un corte técnico para retirarse.
“¿Laura? ¿Se cortó? Te pido disculpas, me está esperando la familia, me tengo que ir a comer. Mandale un beso”, dijo antes de irse, dejando sin respuestas las consultas sobre la AFA.
El insólito momento
Momento televisivo del día pic.twitter.com/m7uoVWfy6J
— Panqui (@panquimolina) January 27, 2026
Sesiones extraordinarias: se oficializó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil y amplió el temario
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POLITICA
Sesiones extraordinarias: se oficializó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil y amplió el temario
El Gobierno incorporó formalmente el Régimen Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, mediante el decreto 53/2026 publicado este martes. Con esta decisión, el oficialismo habilitó el tratamiento parlamentario de una reforma clave que busca reemplazar la actual Ley de Minoridad por un sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
El debate podrá iniciarse a partir del 2 de febrero, cuando el Congreso reabras sus puertas en pleno verano.
La inclusión del tema había sido anticipada este lunes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada, en la que participaron funcionarios del área económica, legislativa y de seguridad.
“Récord histórico”: el Gobierno anunció que aumentó el número de extranjeros rechazados en las fronteras
En el Ejecutivo reconocen que la discusión se concentrará en dos ejes: los tiempos legislativos y la construcción de acuerdos con la oposición. En ese marco, el oficialismo impulsa la unificación de los distintos proyectos presentados en el Congreso, tomando como antecedente el trabajo realizado en comisiones durante 2024.
El proyecto que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025 fue elaborado por el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, junto a su equipo técnico. El punto más sensible sigue siendo la edad de imputabilidad: mientras el Gobierno propuso inicialmente fijarla en 13 años, el consenso parlamentario alcanzado la estableció en 14, una diferencia que aún permanece abierta a negociación.
La agenda legislativa de febrero también incluye la discusión de la reforma laboral y otros proyectos prioritarios para el oficialismo como la Ley de Glaciares, el Acuerdo Mercosur – UE y la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario en Europa.
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