POLITICA
Dónde será candidata Virginia Gallardo y por qué partido
La Libertad Avanza (LLA) presentó a la modelo y panelista Virginia Gallardo como primera candidata a diputada nacional por Corrientes para las elecciones de octubre. La definición de la lista se produjo en medio de ciertas diferencias políticas y estratégicas entre la Casa Rosada y la administración correntina.
Virginia Gallardo encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por Corrientes por el partido La Libertad Avanza (LLA). La acompañan en la nómina Isidro Gapel Rekosup, en segundo lugar, y Aimará Poderda, en el tercero.
La presentación de la lista se concretó tras meses de negociaciones y tensiones políticas. Fuentes locales indicaron que no se logró sellar un acuerdo entre el gobierno nacional y las autoridades de la provincia: esta situación derivó en la conformación de una lista propia del partido gobernante a nivel nacional.
La principal competencia electoral para la lista de Gallardo provendrá de la alianza Fuerza Patria. Esta coalición definió a sus propios candidatos a diputados nacionales. El intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, será el primer postulante de ese espacio.
En segundo lugar se ubica la concejal de Curuzú Cuatiá, Lorena Zakegian, una referente del Frente Renovador y su mandato como edil finaliza a fin de año. El tercer puesto en la lista de Fuerza Patria lo ocupará Marcelo Fabián Ríos, hijo del exintendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos.
Virginia Gallardo nació en la ciudad de Corrientes el 25 de septiembre de 1985. Inició sus estudios en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste, aunque no completó la carrera. Su primer vínculo con el mundo artístico fue en su ciudad natal. Allí participó activamente en los carnavales como integrante de la comparsa Ara Berá, una de las agrupaciones más tradicionales de la capital provincial.
Su salto a la fama nacional ocurrió en 2007. Debutó en la televisión en el programa Showmatch: Bailando por un Sueño como bailarina del cantante Daniel Agostini. Esa exposición mediática le abrió las puertas a una carrera en la televisión y el teatro. En 2011, su popularidad se consolidó al ser elegida Chica del Verano en Carlos Paz.
Durante la última década, Gallardo se estableció como una figura recurrente en paneles de programas televisivos. Entre 2011 y 2012 participó en Animales Sueltos. Formó parte del programa Combate entre 2015 y 2016. Luego, entre 2018 y 2019, integró el equipo de Polémica en el Bar.
En 2021 se sumó al ciclo Intrusos, donde permaneció hasta 2022. Al año siguiente, en 2023, pasó a Socios del Espectáculo. Su recorrido televisivo reciente también incluye participaciones en Poco correctos y su incorporación en 2025 al panel de Mujeres argentinas.
La vida personal de Gallardo también tuvo una alta exposición mediática. Mantuvo una relación con el empresario Ricardo Fort entre 2009 y 2010. En 2019 contrajo matrimonio con el empresario Martín Rojas, con quien tuvo una hija. La pareja anunció su separación en 2024.
Un antecedente clave de su acercamiento a la política ocurrió en 2022. Durante su participación en Polémica en el Bar, retomó su interés por los temas económicos. En ese período comenzó a tomar clases particulares con Javier Milei, quien todavía no era siquiera candidato presidencial.
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Un fuerte cruce en la red social X entre el candidato a diputado de La Libertad Avanza, Sergio ‘Tronco’ Figliuolo, y la exlegisladora del Frente de Izquierda-Unidad, Myriam Bregman, reavivó una controversia originada en 2024. La discusión se centró en la viralización de un sketch televisivo que involucró al dirigente de izquierda Nicolás del Caño y que generó acusaciones de violencia política.
La discusión comenzó por una publicación de Myriam Bregman en su cuenta de X. La exlegisladora recordó un episodio ocurrido en enero de 2024 en el canal de streaming Neura. En su mensaje, a propósito de la postulación de Figliuolo, Bregman escribió: “Tronco, el candidato de La Libertad Avanza cree que es gracioso pegándole ‘a Del Caño’, pero es violento. #Memoria”. El posteo hizo referencia a un acto de Figliuolo durante una transmisión en vivo.
El comentario generó una respuesta directa del aspirante a una banca en el Congreso este martes. Figliuolo minimizó el hecho y lo describió como una performance artística. “Bregman, lo que hice fue un sketch/representación (o ‘instalación’, cómo les gusta decir a ustedes) del muteo al micrófono de Del Caño en una comisión: un simple tubo de PVC con bigote”, afirmó.
Luego, el candidato de La Libertad Avanza contraatacó con acusaciones hacia la izquierda: “Jamás corrí en ‘manada’ a un pibe de 20 años, jamás prendí fuego un contenedor, di vuelta un auto o escupí a un legislador. Que salgan con esto habla mucho más de ustedes…”.
Bregman contestó nuevamente y redobló la crítica: “Bueno, veo que lo reivindicás. Qué triste, realmente. PD: no es buena defensa decir ‘pero vos hiciste tal cosa’. De fake news no se vive, fijate que te venden“.
El hecho original ocurrió en enero de 2024 durante una emisión del programa Humo Industrial, del canal Neura. En ese momento, se realizaba el debate en comisiones de la Cámara de Diputados por la ley ómnibus. Sergio Figliuolo comentaba los cruces entre el diputado Nicolás del Caño y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert.
Figliuolo tomó un tubo de PVC con una ilustración de la cara de Nicolás del Caño. Bautizó al objeto como “Nicolás del PVC”. El programa continuó con el tubo sobre una silla del estudio. En un momento, Figliuolo le dio una fuerte patada al objeto, que cayó al suelo en medio de risas en el set.
Después, lo levantó y simuló un reto: “Hay reglas que hay que respetar. Tenés cinco minutos para preguntar. Cinco minutos. Hay reglas que cumplir”. Más tarde arrojó el tubo con violencia al piso.
Al intercambio entre Figliuolo y Bregman se sumó Luca Bonfante, excandidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda-Unidad. Bonfante interpeló directamente al candidato de La Libertad Avanza por su postulación. “Lo que habla de vos es que te la pasás tirándote contra los trabajadores estatales y ahora estás yendo atrás de un cargo para cobrar millones de pesos, caradura“, le recriminó.
Figliuolo respondió con ironía a la acusación: “Disculpa, no hablo uruk hai [raza de orcos del Señor de los Anillos]. ¿Me podés detallar en un Excel donde fue la plata ‘para las gestiones obreras’ de la colecta que hiciste?”.
Bonfante tuvo la última palabra hasta el momento en esa conversación: “Mirá como te hacés el dolobu. ¿Vas a pasar cobrar millones de pesos del Estado? ¿Te la vas a quedar toda sinvergüenza?“.
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POLITICA
El cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Axel Kicillof por los menores que delinquen
Una publicación de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, sobre la situación de los menores involucrados en delitos graves en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte controversia, una vez más, con la gestión bonaerense. La funcionaria nacional señaló que en esa jurisdicción “un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada”, un comentario que apareció tras un caso reciente que involucró a dos adolescentes, entregados por sus madres, acusados del asesinato de una mujer en Villa Luzuriaga. La reacción no tardó en llegar por parte de Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia gobernada por Axel Kicillof, quien respondió con dureza a Bullrich buscando refutar su apreciación sobre el tratamiento de los menores que delinquen.
El mensaje inicial, difundido a través de las redes sociales el lunes 19 de agosto, expuso el profundo desacuerdo entre las gestiones de seguridad a nivel nacional y provincial.
El asesinato en Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, implicó a dos menores de 15 y 17 años, quienes, según la investigación, participaron activamente del crimen. El hecho motivó no solo operativos policiales y manifestaciones vecinales, sino también declaraciones de funcionarios que pusieron en primer plano una discusión sobre la edad de imputabilidad y la respuesta estatal frente al delito cometido por adolescentes.
Según publicó Patricia Bullrich en su cuenta, “en la provincia de Buenos Aires un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir a su casa como si nada hubiera pasado”. La funcionaria nacional añadió en su publicación: “Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres.”. Con estas afirmaciones, Bullrich planteó la necesidad de discutir el marco normativo aplicable a los jóvenes involucrados en delitos graves, especialmente en la jurisdicción bonaerense.
“¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor”, enfatizó Bullrich.
La postura la reacción inmediata del gobierno provincial. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, respondió también desde su cuenta oficial: “Bullrich mentirosa e irresponsable. Primero, honrar la verdad: en la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”.
“Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires”, agregó.
Finalmente sostuvo: “Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso slogan impulsado por Milei”.
“Si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese -si es que todavía es ministra- de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”, cerró.
El funcionario bonaerense defendió así la actuación del poder judicial y de los organismos responsables de la protección de la infancia y adolescencia en la provincia, aportando detalles sobre la aplicación de la ley penal juvenil y subrayando el acompañamiento a las víctimas de situaciones como la ocurrida en Villa Luzuriaga.
El trasfondo del cruce tiene como referencia inmediata el caso conocido el lunes 18 de agosto, en el que una mujer de 44 años, identificada como Marina Gómez, murió tras recibir una puñalada durante un asalto cometido por dos adolescentes en un barrio residencial. Según la investigación, las madres de los acusados, al enterarse del crimen, decidieron entregarlos a la policía para que la justicia tomara intervención. Los adolescentes quedaron así a disposición del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, que investiga su participación directa en el asesinato.
El caso provocó protestas de la comunidad local por la sucesión de hechos violentos en la zona y renovó las críticas al sistema de seguridad local y nacional.
POLITICA
Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
Un juez civil y comercial federal le dio la razón a Cristina Kirchner para no pagar una indemnización de 1125 millones de dólares al Estado por el perjuicio que provocó con el fraude de Vialidad. Pero esa decisión no está firme, ya que puede ser apelada por el Gobierno.
Hace dos meses, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dejó firme una decisión del mismo juez que rechazaba la caducidad de la instancia. Hoy, el magistrado declaró la caducidad de la instancia.
Esta sentencia se dio en un juicio civil −por daños y perjuicios− que corre paralelo a la causa penal de Vialidad, donde Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión y por la cual debe afrontar el decomiso de sus bienes hasta la suma de 530 millones de dólares (648.990 millones de pesos).
En el juicio penal, Cristina Kirchner planteó justamente la semana pasada al tribunal oral que la condenó que ellos no eran competentes para rematar sus bienes. Dijo que sí lo era este juzgado civil y comercial federal N°2, a cargo del juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos. Como si hubiera estado segura de que le iban a dar la razón con este fallo conocido hoy.
Este demanda civil fue planteada en 2018 por Javier Iguacel cuando era titular de la Dirección Nacional de Vialidad en la gestión de Mauricio Macri. La demanda era por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. Según la cotización de 2018, el monto correspondería a 1125 millones de dólares.
La decisión tomada hoy por el juez Dos Santos implica −por ahora− la finalización del proceso judicial civil por inactividad procesal: durante seis meses Vialidad no hizo nada para hacer avanzar el caso, por lo que además deberá pagar las costas, que son millonarias, proporcionales al monto de la demanda. Esa inactividad del organismo ocurrió durante la presidencia de Alberto Fernández, en la que Cristina Kirchner fungía como vicepresidenta.
Pero el fallo no es definitivo, ya que es apelable ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. La misma que el 24 de junio pasado, hace dos meses, dejó firme el rechazo de una decisión similar.
Dos de los jueces que fallaron en ese momento se jubilaron, con lo que el asunto, si es apelado por el Gobierno, deberá ser revisado por la misma Sala de la Cámara, pero con otra integración.
El artículo 317 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación señala que “la resolución sobre la caducidad solo será apelable cuando esta fuere declarada procedente“, lo que sucede en este caso.
Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia y el juez la rechazó el 22 de noviembre de 2024.
Su intento de apelación fue denegado por el magistrado y esa denegatoria fue confirmada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal el 24 de junio de 2025, al basarse en que el rechazo es inapelable.
Sin embargo, el fallo de hoy, al conceder la caducidad de la instancia, es susceptible de apelación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.
La causa se originó el 25 de enero de 2018, cuando Iguacel presentó la demanda civil contra Cristina Kirchner y Carlos Santiago Kirchner, entre otros imputados en el caso penal de Vialidad.
El objetivo era obtener resarcimiento por daños y perjuicios al patrimonio nacional, supuestamente causados por la adjudicación y ejecución de la obras públicas fraudulentas de Santa Cruz.
El 22 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó la competencia de este asunto al fuero Civil y Comercial Federal.
Tras la contestación de la demanda, el 10 de marzo de 2023, Carlos Santiago Kirchner presentó un “hecho nuevo”: su absolución en la causa penal de Vialidad, el 6 de diciembre de 2022, y pidió ser excluido del caso.
La providencia que dispuso el traslado de este escrito, el 17 de marzo de 2023, fue un punto clave en la tramitación del expediente, considerado como un acto impulsor del proceso, que impidió la primera caducidad.
El 18 de septiembre de 2023, el apoderado de Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia, argumentando que la Dirección Nacional de Vialidad no había realizado presentaciones en la causa por más de dos años, ni había impulsado el expediente por más de nueve meses desde la notificación del juez competente. Era la Vialidad de la gestión de Alberto Fernández.
El 22 de noviembre de 2024, el juez rechazó este primer planteo de caducidad. Si bien consideró aplicable el plazo de seis meses sin actividad, lo computó desde el 17 de marzo de 2023 (el traslado del “hecho nuevo” de Carlos Santiago Kirchner), entendiendo que ese acto había impulsado el proceso.
La defensa de Cristina Kirchner apeló esta decisión el 28 de noviembre de 2024, por “manifiestamente arbitraria”. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2024, el juez denegó la apelación.
Cristina Kirchner fue en queja a la Cámara Civil y Comercial Federal, que rechazó su planteo. La Sala III de la Cámara reiteró que la denuncia de “hecho nuevo” por parte de Carlos Santiago Kirchner impulsó el procedimiento.
Ahora, el juez de primera instancia, Bruno dos Santos, a pesar de los fallos anteriores que habían mantenido viva la causa, ante la nueva presentación de caducidad planteada por Kirchner el 7 de abril pasado, le dio la razón.
La defensa argumentó que, si bien la instancia había estado suspendida por el trámite de la anterior caducidad, el proceso se reanudó el 17 de marzo de 2025, fecha en que todas las partes fueron notificadas de la resolución del 22 de noviembre de 2024.
Según la defensa, desde esa reanudación y hasta el 28 de marzo de 2025, la inactividad de la Dirección Nacional de Vialidad, esta vez del gobierno de Javier Milei, fue total, y se cumplió así el plazo legal de seis meses sin que nadie impulsara la causa.
El juez Dos Santos le dio la razón y dijo que el castigo es para la negligencia de Vialidad, que se desentendió del curso de su reclamo, y que además la medida busca evitar la duración indeterminada de los procesos cuando los interesados abandonan sus pretensiones.
El tribunal desestimó los argumentos de la DNV, que había señalado demoras judiciales, cuestiones de competencia, o presentaciones como el pedido de préstamo del expediente para digitalizarlo.
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