POLITICA
Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto
El domingo 31 de agosto, Corrientes llevará adelante una nueva jornada electoral con el fin de definir autoridades ejecutivas y legislativas. El proceso contempla la elección de gobernador, vicegobernador, cinco senadores y 15 diputados provinciales, además de cargos suplentes, en cumplimiento con lo dispuesto por la normativa vigente. También se realizarán comicios en más de 70 municipios para renovar intendentes y cuerpos deliberativos.
Los cargos legislativos surgen como recambio para quienes concluyen sus mandatos el 10 de diciembre de 2025. La totalidad de los habitantes habilitados en Corrientes podrán acercarse a emitir su voto en los establecimientos provinciales autorizados para sufragar, bajo la custodia del Código Electoral vigente.
Quiénes pueden votar en las elecciones de Corrientes del 31 de agosto
La ley en Corrientes admite el sufragio de toda persona de nacionalidad argentina, nativa, por opción o naturalizada, que haya cumplido 16 años, siempre y cuando no esté afectada por una restricción expresa.
El Código Electoral determina en su Artículo 1°: “Son electores nacionales los ciudadanos de ambos sexos nativos, por opción y naturalizados, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley”. La regla no distingue el sexo, e incluye a quienes se identifiquen bajo cualquier género, y garantiza que la representación abarque todos los sectores de la sociedad.
Sin embargo, quedan excluidas del padrón las personas declaradas insanas, quienes no pueden escribir, conscriptos, personas privadas de la libertad por condena judicial, condenados por delitos con penas firmes, y quienes hayan perdido derechos políticos según un acto legal. También resultan excluidos quienes estén impedidos de establecer una comunicación fehaciente con la autoridad electoral.
Asimismo, la provincia contempla el voto extranjero. De esta manera, podrán sufragar sólo quienes se encuentren enrolados según los padrones especiales para extranjeros, siempre con domicilio real en Corrientes y con una residencia comprobable en la jurisdicción municipal respectiva.
Cómo consultar el padrón electoral de Corrientes
La consulta de lugar de votación se realiza de forma digital y personalizada. El Poder Judicial de Corrientes habilita el acceso a la plataforma de consulta a través de su sitio oficial, en la parte de “Elecciones”. El votante debe buscar el enlace “Consulta al Padrón Definitivo – Elecciones Provinciales del 31 de Agosto”.
En ese punto, el sistema solicita el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) del elector, el género con el que figura en el padrón (masculino, femenino o no binario) y efectúa el chequeo correspondiente para arrojar la mesa designada y el número de orden registrado, un dato fundamental al concurrir a la mesa de votación.
Esta modalidad digital facilita el acceso y mejora la organización del acto electoral, además de dar previsibilidad a cada votante sobre su ubicación exacta. El avance tecnológico evita desplazamientos innecesarios y asegura el cumplimiento de la normativa con transparencia y eficiencia.
Cabe destacar que el sistema tradicional de voto se mantiene, lo que implica que cada persona debe asistir al establecimiento asignado y presentar su documento habilitado: DNI, Libreta Cívica, o Libreta de Enrolamiento. Se exige que la documentación coincida con la que se indique en el padrón, y el derecho se ejerce sólo de modo presencial. De acuerdo al Código Electoral, se utiliza el sobre cerrado y la urna bajo supervisión de las autoridades, lo que garantiza el secreto y legalidad del sufragio.
¿Es obligatorio votar en las elecciones de Corrientes?
Votar constituye una obligación para los ciudadanos incluidos en el padrón. La normativa impide la renuncia voluntaria y sólo contempla excepciones taxativas ante impedimento médico, fuerza mayor debidamente acreditada, o razones admitidas por la autoridad electoral. Están exceptuados los mayores de setenta años, y el incumplimiento sin justificación puede derivar en multas o sanciones administrativas. Esta disposición se orienta a preservar la participación mayoritaria y la legitimidad del acto electoral, en sintonía con la práctica nacional.
Cuáles son los frentes políticos que se presentan
La contienda electoral presenta una diversidad inédita, alimentada por siete frentes políticos con postulantes a la gobernación y la vicegobernación: Vamos Corrientes, La Libertad Avanza, Partido De la Esperanza, Partido Ahora, Encuentro por Corrientes – Eco, Cambiá Corrientes y Limpiar Corrientes.
Las listas surgen en un escenario polarizado por la fragmentación del oficialismo y el surgimiento de nuevas agrupaciones opositoras. Esta multiplicidad de propuestas incrementa la competitividad, con estrategias que buscan captar el apoyo de un electorado que valora la renovación y la diversidad de posturas ideológicas.
Al mismo tiempo, en más de setenta municipios se renovarán autoridades locales, lo que supone elecciones de intendentes y concejales en simultáneo con los comicios provinciales. Este esquema refuerza el carácter federal y participativo de la jornada.
El Decreto 1056/25 efectúa la convocatoria general establecida por el gobernador Gustavo Valdés y publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo. El calendario político de Corrientes permanece alineado a los procesos nacionales, ya que en octubre habrá elección legislativa nacional para renovar tres bancas en la Cámara de Diputados del país, lo que prolonga la movilización cívica provincial durante el segundo semestre del año.
La organización y la claridad de procedimientos quedan aseguradas por la normativa y la transparencia en la administración del padrón, así como por la supervisión de las autoridades competentes. La participación masiva, el respeto por los plazos y el acceso fluido a los datos representan los ejes del proceso.
POLITICA
Murió Rodolfo Díaz, un alfil de Menem que combinó la formación académica con la militancia política
La combinación del rigor académico y la militancia política fue una de las notas distintivas del doctor Rodolfo Alejandro Díaz, fallecido este viernes a los 82 años, en la ciudad de Buenos Aires. Fue una pieza clave del gobierno de Carlos Menem en la década del 90 y tuvo una destacada actuación como ministro de Trabajo y Seguridad Social y, luego, como convencional constituyente en la Reforma de 1994.
A su actuación política, en la que nunca abandonó el bajo perfil, sumó aportes significativos en el campo académico y en el mundo empresario. Era vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, a la que se incorporó en 2007, y fue asesor general de Pan American Oil Company, una de las principales compañías de energía en la región. Dichos antecedentes lo ubican como una figura multifacética, con participación e influencia en los grupos de decisión.
Nacido el 30 de mayo de 1943 en Mendoza, el “Chango” Díaz fue uno de los dirigentes mendocinos que rodearon al presidente Menem y lo acompañaron en el proceso de reforma del Estado, principal caballito de batalla del gobierno del caudillo riojano. Otros funcionarios clave surgidos de la provincia cuyana fueron Eduardo Bauzá, José Roberto Dromi y José Luis Manzano.
A fines de 1992 se alejó del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por diferencias con Domingo Cavallo, pero siguió gozando de la confianza de Menem. Así, el líder riojano le encomendó la jefatura de campaña nacional en las elecciones legislativas de 1993, en las que el peronismo ganó con el 44% de los votos y se impuso en 16 provincias y en la Capital Federal.
Al año siguiente, en la Convención que aprobó la Reforma de 1994, fue el miembro informante de la incorporación de los “nuevos derechos” en la Constitución nacional, incluidos en el artículo 43, como el amparo, el hábeas corpus, el hábeas Data y la figura del derecho colectivo.
Concluida la reforma constitucional, en la que se habilitó la cláusula de la reelección presidencial, Menem lo mantuvo entre sus colaboradores más cercanos y le confió la Procuración del Tesoro, cuya misión es conducir el cuerpo de abogados del Estado. Se desempeñó en esa función hasta la finalización del mandato presidencial, en diciembre de 1999.
En un trabajo presentado en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Díaz concluyó que la hiperinflación, que en el mes de julio de 1989 -cuando asumió el gobierno de Menem- alcanzaba el 209%, constituye “un impuesto antidemocrático, porque es establecido de hecho y no por una ley; regresivo, porque afecta más a los pobres que a los ricos, e imposible de evadir, porque lo cobra el Estado en forma anticipada”.
Díaz sostenía que el Estado transformado en los años 90 “no fue el viejo Estado populista” construido por el primer peronismo en los años 40 y 50, y que entonces había desaparecido.
Explicaba que en los años 90 regía el modelo construido por los regímenes militares a partir de 1966, al que definía como un sistema de “Estado burocrático y autoritario”, caracterizado por un “capitalismo asistido”. En sus trabajos recordaba que en 1983, cuando el país recuperó la democracia, existían 353 empresas de propiedad estatal, y el Estado tenía participación minoritaria en otras 201. En tanto, en 1989 había 236 empresas de propiedad estatal: 70 nacionales, cuatro binacionales y 162 provinciales o locales.
Más allá del proceso de reforma del Estado, Díaz argumentó en distintos escritos que entre 1989 y 1999 la Argentina preservó su democracia, estabilizó su economía, creció más de un 50% en ocho años y recobró su lugar en la política mundial”.
El doctor Díaz se formó como abogado en la Universidad de Mendoza y realizó estudios en ciencias políticas, además de estudiar en Harvard y alcanzar el doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor titular en varias universidades y dirigió las maestrías de Administración Pública en la Universidad del Salvador y de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de Congreso.
Su trayectoria académica se completa con su participación en el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y la Asociación Argentina de Derecho Comparado.
Mariano De Vedia,Carlos Menem,Conforme a,Carlos Menem,,Análisis. Bocetos de una economía diferente,,¿Con qué necesidad?,,Lesa humanidad: una claudicación histórica
POLITICA
Florencia Carignano reivindicó su actitud durante la sesión por la reforma laboral: “Lo volvería a hacer”
La diputada nacional de Unión por la Patria Florencia Carignano redobló la apuesta y reivindicó su polémica acción durante el inicio del debate por la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados, donde fue filmada desenchufando cables y dispositivos técnicos del recinto. Este episodio generó la reacción inmediata de La Libertad Avanza y un pedido de expulsión de la Cámara baja.
Todo ocurrió cuando, antes de que comenzara la sesión, Carignano fue captada por las cámaras desconectando los dispositivos de los taquígrafos y micrófonos. Según explicó en diálogo con Radio 10, el gesto fue una respuesta directa al clima de desorganización y tensión que reinaba en el recinto.
Al ser consultada sobre si se arrepentía del gesto, fue contundente: “¡Lo volvería a hacer! Porque mi rol ahí es defender a los laburantes, defender las leyes que hicieron grande este país, defender el futuro de todos”. Luego, la legisladora minimizó el hecho y señaló que el foco debía estar puesto en el contenido del debate y no en una anécdota técnica. “Lo volví a poner a los dos minutos”, agregó.
La legisladora sostuvo que la viralización de su acción fue utilizada para “desviar la discusión” sobre el fondo de la sesión. “La gente se escandaliza por estupideces cuando no se da cuenta que se están robando la vida. Lo que están haciendo es robándole los momentos libres, la dignidad”, sentenció.
Carignano contextualizó su protesta como una reacción a lo que describió como un procedimiento irregular por parte de la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem. Denunció que se buscó impedir la palabra a diputados de la oposición, reducir la cantidad de oradores y acelerar el tratamiento de la reforma: “Siempre es a los pedos, corriendo, porque todo tiene que ser rápido para que se apruebe, porque es todo tan vergonzoso que entonces las reglas las ponen ellos”.
La diputada remarcó que la sesión comenzó sin que se hubieran alcanzado acuerdos en la reunión parlamentaria previa y acusó a la conducción de “violar el reglamento”. “No íbamos a permitir que una ley que rompe todos los derechos, arrasa con los derechos de todos los laburantes, de ustedes, periodistas, de todos, se aprobara de ese modo”, afirmó.
Durante su intervención, Carignano también hizo referencia al clima de enfrentamiento con diputados oficialistas, mencionando a figuras como Lilia Lemoine y Paula Penacca. Y criticó la presencia de legisladores que, según su visión, buscan “provocar” y “filmar” en lugar de contribuir al debate de fondo: “Tenemos este tipo de gente enfrente, entonces vos no podés generar ninguna discusión porque te filman, no pueden hablar”.
La diputada relató que, en medio del desborde, se cayó el quórum y se debió haber levantado la sesión, pero el presidente de la Cámara decidió no hacerlo. “Esperó hasta que llegó el último diputado. Eso no existe, no está en el reglamento”, denunció, apuntando directamente a Martín Menem.
La reacción de LLA: pedido de expulsión
El episodio no tardó en tener consecuencias políticas. Desde La Libertad Avanza denunciaron públicamente a Carignano y solicitaron su expulsión de la Cámara Baja, acusándola de “realizar actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso”.
Este viernes, el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni presentó un proyecto de resolución donde solicita formalmente su exclusión de la Cámara por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional.
Los fundamentos del pedido destacan que la diputada interfirió directamente en el normal desarrollo de la sesión, afectando el trabajo de los taquígrafos y del personal técnico de la Cámara. El documento remarca que el funcionamiento del sistema de registro taquigráfico es esencial para la validez institucional de las deliberaciones parlamentarias.
La acusación libertaria fue acompañada por un pedido formal y declaraciones en medios, donde insistieron en el carácter antidemocrático de la actitud de la legisladora.
POLITICA
Tras la polémica por las licencias médicas, el Gobierno busca cerrar filas y aprobar la reforma laboral en el Senado
La reforma laboral impulsada por el Gobierno entró en su tramo final, pero no sin costos políticos. Tras la controversia generada por el capítulo que alteraba el pago de salarios durante las licencias médicas, el oficialismo decidió dar marcha atrás con ese punto para lograr el visto bueno en Diputados y el dictamen en el Senado, donde debe concentrar sus esfuerzos para garantizar la aprobación definitiva.
El artículo en cuestión había sido incorporado a último momento al proyecto original y proponía cambios sustanciales en el esquema de ausencias por enfermedad. La iniciativa contemplaba que, en determinados casos, el trabajador cobrara solo el 50% de su salario si la afección se vinculaba a una actividad voluntaria ajena al trabajo, mientras que en otras situaciones percibiría el 75%.
La propuesta generó rechazo tanto en la oposición como en sectores aliados y sindicales, que anticiparon dificultades para acompañar la norma.
El oficialismo consiguió dictamen para la reforma laboral en el Senado y buscará aprobarla el próximo viernes
En los días posteriores, la Casa Rosada optó por retirar ese capítulo para evitar que el proyecto completo quedara empantanado en el Congreso. La decisión implicó un repliegue político, pero permitió mantener en pie el resto del paquete de modificaciones laborales, considerado prioritario por el oficialismo para reducir la litigiosidad y promover nuevas contrataciones.
Dentro del Gobierno reconocían que la polémica dejó ruido interno. Las críticas se concentraron especialmente en la defensa pública que algunos funcionarios habían realizado del artículo, lo que amplificó el rechazo político y sindical.
Desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclararon a Infobae que ese apartado no formaba parte del texto originalmente enviado por el Poder Ejecutivo.
La eliminación del capítulo obligó a que el proyecto vuelva a la Cámara alta para su revisión final. En Balcarce 50 confían en conseguir los votos necesarios durante la última semana de sesiones extraordinarias, donde la reforma laboral aparece como una de las principales prioridades legislativas.
Reforma laboral: qué pasará con el salario si un trabajador se enferma tras la caída del artículo 44
Mientras tanto, el oficialismo busca evitar nuevas fisuras internas. La estrategia consiste en concentrar la discusión en los puntos centrales de la reforma, entre ellos la modernización de modalidades de contratación, cambios en los mecanismos indemnizatorios y la reducción de conflictos judiciales entre empleadores y trabajadores.
En paralelo, el Ministerio de Desregulación avanza en la preparación de normas complementarias que deberán instrumentarse una vez aprobada la ley. Parte de ese trabajo incluye decretos y resoluciones orientados a adecuar el marco regulatorio a los compromisos comerciales internacionales asumidos por la Argentina, particularmente en relación con acuerdos de intercambio económico.
En el Congreso, la discusión promete volver a ser intensa. Sectores sindicales ya anticiparon protestas y presiones sobre los legisladores, mientras que gobernadores y bloques dialoguistas negocian cambios menores para acompañar la iniciativa. El oficialismo, sin embargo, apuesta a que la eliminación del punto más controvertido permita descomprimir el debate.
De aprobarse sin nuevas modificaciones, el proyecto quedará sancionado y el Gobierno obtendrá una de sus principales leyes estructurales en materia económica. Para la administración libertaria, la reforma laboral forma parte del paquete de medidas orientadas a incentivar el empleo formal y modificar reglas que consideran obsoletas dentro del mercado de trabajo argentino.
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