POLITICA
Dos años de Javier Milei: un balance de su gestión en diez claves políticas y económicas

En sus primeros dos años de gestión, el presidente Javier Milei afrontó un constante desafío a la gobernabilidad. Y pese a que llegó al poder con escasísimo músculo legislativo -39 diputados y seis senadores-, logró aprobar leyes fundamentales para su proyecto económico y político, como la ley bases o el paquete fiscal.
Lo hizo gracias al aporte de sus aliados, como Pro, una línea interna de la UCR y peronistas disidentes, y los gobernadores dialoguistas.
Ese vínculo estuvo marcado por los desencuentros. Primero, Milei los responsabilizó por el fracaso de la ley ómnibus. Pero, poco después, los convocó a firmar el Pacto de Mayo, un gran acuerdo nacional para impulsar reformas económicas, políticas y sociales.
Asistido por los dialoguistas, Milei no sufrió grandes sobresaltos en el Congreso en su primer año de gestión. De hecho, pudo blindar los vetos presidenciales al aumento para los jubilados y el incremento de las partidas destinadas a las universidades, apalancadas por la oposición más radicalizada.
Sin embargo, Milei no logró fortalecer su base de sustentación política. Al contrario, el bloque oficialista se quebró en medio de un escándalo por una visita de diputados a represores alojados en el penal de Ezeiza. Además, Milei decidió romper con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien marginó de la toma de decisiones y llegó a acusar de jugar a favor de la “casta”.
Su polémico discurso en Davos en enero de 2025 -apuntó contra el wokismo– marcó un punto de quiebre en su gestión. Desde ese día, el líder de LLA comenzó a perder capital político. El escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA golpeó en la popularidad del Presidente y el armado electoral de LLA comandado por Karina Milei en las provincias terminó de resquebrajar el vínculo con la mayoría de los gobernadores. A partir de ese momento, el líder de LLA enfrentó una seguidilla de catastróficas derrotas en el Congreso. Por caso, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia en 1983, el Congreso logró revertir tres leyes vetadas por el Presidente: emergencia en discapacidad, Garrahan y financiamiento universitario.
En diciembre de 2025, luego de un sorpresivo triunfo en las elecciones legislativas, el primer test de adhesión que enfrentó Milei, el oficialismo se fortaleció en el Congreso. Y, por primera vez desde que el economista gobierna, el bloque de LLA desplazó al PJ como la primera minoría en Diputados, con 95 integrantes. En el Senado el oficialismo también quedó fortificado: pasó de seis a veinte representantes. Está claro que a lo largo de los dos años, Milei logró acumular mayores dosis de gobernabilidad.
Desde que asumió, Milei enfrenta críticas por sus manejos en el plano institucional. De arranque, optó por redoblar su diatribas contra “la casta” y mantuvo el tono discursivo de la campaña. De hecho, dio su discurso inaugural de espaldas a la Asamblea Legislativa, en un quiebre de la tradición de los actos de asunción presidencial. A su vez, fue cuestionado por haber prorrogado el presupuesto 2023 durante dos períodos consecutivos, lo que le garantizó el manejo discrecional de los fondos públicos.
Sin dudas, el decreto 70/2023, que incluyó paquete de reformas, como la derogación de la ley de alquileres, la desregulación de las obras sociales, una modernización laboral y la habilitación de las privatizaciones, fue una de las decisiones más controvertidas de Milei. Esa medida, que fue rechazada por amplia mayoría del Senado, derivó en la primera huelga general de la CGT contra el gobierno de los libertarios -hubo tres paros en total-.
Dada la debilidad parlamentaria de LLA, el Presidente hizo de los DNU su principal herramienta legislativa. Según un análisis realizado por la Universidad Austral en octubre último, Milei firmó más de cuatro DNU por mes. Con la sanción de la ley bases, el Congreso le confirió a Milei facultades delegadas. Con esa autorización, que venció en julio de este año, firmó 92 decretos delegados.
No obstante, una de las medidas más polémicas de Milei en el plano institucional fue la firma del decreto simple con el que designó en comisión al controvertido juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema. Hasta ese momento, el oficialismo se había garantizado los dos tercios del Senado para nombrar a Lijo y García Mansilla, por lo que la medida despertó rechazos de la oposición y juristas. Finalmente, García Mansilla renunció al cargo después de que el Senado rechazara su pliego.
Rodrigo Abd – AP
Otro de los rasgos característicos de Milei en el ejercicio del poder fue el hostigamiento permanente al ejercicio del periodismo o los ataques contra las voces disonantes en la discusión pública. Tanto Adepa como Fopea advirtieron sobre los riesgos del clima de confrontación y las agresiones permanentes de Milei o funcionarios públicos contra el periodismo. El Presidente también firmó un decreto que limitó el acceso a la información pública. La institucionalidad no ha sido una fortaleza de la gestión libertaria.
Milei apostó por un cambio drástico de la política exterior: abandonó el multilateralismo y, en contraste con el kirchnerismo, ensayó un rápido alineamiento con los Estados Unidos e Israel. Al priorizar la afinidad ideológica con sus aliados globales, chocó con los socios comerciales estratégicos de la región, como Brasil. Incluso llegó a amenazar con abandonar el bloque del Mercosur.
Desde que asumió, se inclinó por radicalizar sus posicionamientos en el ámbito internacional -el voto en contra del embargo a Cuba derivó en la salida de la canciller Diana Mondino-. Es más: trasladó la batalla cultural, que tanto le rindió ante las tribunas locales, al tablero internacional y lanzó un duro ataque contra el “wokismo”.
Durante su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Milei rechazó la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro, ambos programas respaldados por la mayoría de los 193 miembros del organismo, que promueven objetivos sobre el cambio climático, la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Y en el Foro de Davos, dijo que los “zurdos” eran los enemigos de la humanidad. En ese marco, el Gobierno amenazó con abandonar el Acuerdo de París.
La alianza estratégica con Donald Trump le dio oxígeno a Milei en el momento más delicado de su gestión. De hecho, el salvataje financiero de 20 mil millones de dólares que prometió el gobierno de los Estados Unidos le permitió a la Casa Rosada superar la crisis cambiaria en la antesala de las legislativas del 26 de octubre. Tras el triunfo electoral, ambas administraciones anunciaron un acuerdo marco de comercio e inversiones entre la Argentina y los Estados Unidos. Pero, a tres semanas del anuncio, aún no se conoce la letra chica del convenio o cuándo se oficializará la firma del pacto entre Trump y Milei.
En sus primeros dos años de mandato, Milei puso el foco en bajar la inflación y restaurar la seguridad ciudadana. En ese contexto, Patricia Bullrich asumió un rol protagónico. Al frente del Ministerio de Seguridad, puso en marcha un protocolo contra las protestas piqueteras para impedir los cortes de tránsito. La nueva doctrina fue cuestionada por la oposición y referentes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos.
Milei convivió con un clima de tensión en las calles, marcado por las protestas contra el ajuste fiscal o los despidos en el Estado.
En otro contraste con la gestión kirchnerista, Milei puso como prioridad el combate contra el narcotráfico en Rosario. El operativo Bandera, que diseñó Bullrich junto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consistió en reforzar los patrullajes de las fuerzas federales e intensificar los controles en las cárceles federales. Según el Gobierno, el plan provocó un drástico descenso de la violencia vinculada al narco: respecto de 2023, hubo un descenso de casi el 70% de los homicidios. En la administración de Pullaro asocian la caída a la batería de medidas coordinadas entre la Nación y la provincia.
El Gabinete de Javier Milei mutó en sus primeros dos años de gestión. En un primer momento, el Presidente le dio un papel preponderante a los cuadros técnicos o políticos que había conocido durante su paso por Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian. Puso a Nicolás Posse como jefe de Gabinete -también le concedió el control del área de inteligencia-, a Guillermo Francos al frente de la cartera del Interior y le dio a Guillermo Ferraro el ministerio de Infraestructura.
Con la salida de Posse, Santiago Caputo acumuló poder y se quedó con el manejo de las áreas más sensibles del Estado, como la SIDE o la DGI. Sus tentáculos también llegaron a YPF, el manejo de las empresas públicas o las áreas de Justicia y Salud. Así se inició una etapa marcada por la interna entre Caputo y Karina Milei, que erosionó el “triángulo de hierro” del Presidente.
Tras la victoria en las legislativas, el jefe del Estado rediseñó el Gabinete: corrió a Francos y empoderó aún más a su hermana, quien se llevó el rédito por el espaldarazo en las urnas, ya que había apostado por fortalecer el despliegue territorial de LLA en todo el país, en contra de la voluntad de Caputo, quien prefería cuidar la alianza con gobernadores afines. Con el respaldo en las urnas, Milei priorizó a los puros en el nuevo esquema: ungió a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y evitó hacer grandes concesiones a los aliados. Apenas incorporó a Diego Santilli (Pro) como ministro del Interior.
En los 223 días que lleva al frente del Gobierno, Milei echó a unos 185 funcionarios de alto rango. En base a esas cifras se deduce que, en promedio, casi dos funcionarios fueron eyectados por semana de sus cargos desde que Milei tomó posesión el 10 de diciembre pasado.
El dato surge de un trabajo del politólogo y consultor Pablo Salinas, quien realiza un monitoreo diario de los despidos en el Estado. El último cambio resonante en la cúpula de Milei se produjo la semana pasada con el desplazamiento de Sergio Neiffert como titular de la SIDE.
Además la gestión evidenció en varios pasajes de estos dos años dificultades de articulación.
La economía llegó en septiembre (último dato disponible) al nivel que tenía en septiembre de 2022. Sin embargo, en estos últimos dos años, el nivel de actividad describió un sendero sinuoso y con una serie de etapas bien marcadas. Tras la devaluación inicial, que llevó el dólar a $800, y el fuerte ajuste fiscal de los primeros meses de gestión, la actividad se contrajo hasta tocar mínimos en abril de 2024. Luego, entre polémicas por el movimiento ‘pedo de buzo’ y el debate por las letras (en V, W, L, pipa de Nike) comenzó a rebotar con una sólida recuperación hasta febrero de este año. Desde entonces, la dinámica luce estancada, con intermitencia mensual.
Según los últimos datos, la economía creció un 5% interanual en septiembre, y podría cerrar el año en torno al 4%. De todas maneras, ese promedio oculta las heterogeneidades al interior de los sectores productivos: rubros como la minería, la producción de hidrocarburos, el agro o la intermediación financiera (bancos, créditos) están por encima de sus niveles de 2023 y traccionan el crecimiento, mientras que la industria y la construcción todavía están por debajo de esos valores iniciales.
El gobierno de Milei llegó con la baja de la inflación como prioridad y enfocó gran parte de su plan económico en ese objetivo, que fue su gran activo frente a la sociedad. Tras el salto inicial del dólar, el IPC se disparó a 25,5% en diciembre de 2023 (cerró el año en 211,4% interanual), y luego empezó a descender, mientras el Gobierno usó al tipo de cambio como ancla (primero con cepo y crawling peg, luego con la banda de flotación).
En 2024, la inflación interanual fue del 117,8% y este año se espera que cierre por debajo del 30%, según las últimas estimaciones del REM que publica el BCRA. De todas maneras, la tendencia en los últimos meses muestra un estancamiento del proceso de desinflación: el 2,3% de octubre (último dato disponible del Indec) marcó el sexto mes consecutivo de suba mensual de la inflación, tras el 1,5% de mayo.
El indicador acompañó al movimiento del costo de vida. Tras el salto del dólar y la inflación de diciembre de 2023, la pobreza, que había cerrado ese año en 41,7%, se disparó al 52,9% en el primer semestre de 2024 (alcanzó estadísticamente a casi 25 millones de personas), mientras que la indigencia llegó al 18,1%.
Desde entonces, ambas variables comenzaron a bajar, de la mano de la recuperación de los ingresos y un menor ritmo en el ajuste de los precios de alimentos y otros rubros esenciales. En el primer semestre de este año (último dato del Indec), la pobreza cayó al 31,6% (alcanza a alrededor de 15 millones de personas), mientras que la indigencia se ubicó en el 6,9%.
Según estimaciones privadas, como las que publica el economista Martín Rozada, especialista de la Universidad Di Tella, a partir de datos de la EPH y la evolución de las canastas de consumo del Indec, la pobreza en el semestre mayo-octubre de este año se ubicó en el 30,7%. Para el discurso libertario fue fundamental mostrar que el ajuste realizado no fue a expensas de un aumento de la pobreza.
La dinámica del sector externo es uno de los puntos más frágiles del esquema económico del Gobierno. Al momento de la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Banco Central tenía reservas netas negativas por más de US$11.000 millones, y su tenencia fue creciendo paulatinamente, aunque en el camino el equipo económico necesitó a inyecciones de divisas, como el blanqueo, el acuerdo con el FMI o el salvataje de Trump antes de las elecciones.
Hoy, las reservas netas son negativas en algo más de US$3000 millones (el stock total es de casi US$41.700 millones), y el debate aparece sobre su futuro. Economistas, incluso los cercanos a las ideas de Milei, plantean sobre la necesidad de acumular reservas, algo que también aparece entre las metas que se firmaron en el acuerdo con el FMI (y que, a este ritmo, el Gobierno incumplirá). Mientras tanto, el esquema en curso también busca mantener estable al tipo de cambio y evitar que su cotización llegue nuevamente al techo de la banda, que obligaría al BCRA a intervenir vendiendo divisas al mercado.
Pese al rebote de algunos sectores, los ingresos no muestran una fuerte recuperación, y los números muestran heterogeneidades en el universo de los trabajadores. En el sector privado formal, los salarios quedaron en septiembre (último dato disponible) un 2,6% por encima del promedio de 2023, aunque estancados desde febrero de este año. Al mismo tiempo, se contrajo el universo de trabajadores de este grupo: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 138.573 puestos de trabajo formales registrados en el sector privado. A cambio, crece el trabajo de menor calidad (cuentapropistas, particulares, etc.) dinámica que se refleja en el aumento de 121.740 monotributistas en el período.
El mayor golpe en materia de ingresos se dio entre los trabajadores del sector público. Víctimas del ajuste y la ‘motosierra’ de Milei, el nivel de salarios de septiembre de 2025 perdió un 18% de su capacidad de compra frente al promedio de 2023.
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La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger para dar cursos de inglés

A través de un procedimiento administrativo que tuvo distintos pasos, la Cancillería renovó un contrato vigente desde 2018 con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para el dictado de cursos de inglés al personal diplomático. La firmante del contrato por la entidad educativa es María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la AACI y esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según la información, publicada originalmente por la agencia de noticias NA y confirmada por fuentes oficiales, “la contratación se tramitó mediante una adjudicación simple por especialidad”. Debido al vínculo entre Rouillet y Sturzenegger, por el que la esposa del ministro es considerada persona políticamente expuesta, intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), quienes dieron el aval para la operación luego de la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad educativa, por el cual las partes se comprometen a no solicitar ni aceptar dinero o cualquier tipo de dádiva derivada del vínculo. El contrato, a propuesta este año de la propia Roulliet, asciende a poco más de $113 millones, y abarca el dictado de clases y cursos para un total de 132 agentes a capacitar desde marzo a noviembre de este año, entre cursos regulares, talleres y test de nivelación.
Según informó el cable de la agencia noticiosa, en la tramitación del expediente intervinieron distintos estamentos de la Cancillería, como la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, más la Dirección del Instituto del Servicio Exterior (Isen). La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, y el acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente y le delegó la facultad de aplicar eventuales penalidades por incumplimientos contractuales.
El portal COMPR.AR registra, además, una contratación previa de 2024, en la que no figura agregado un pacto de integridad. Desde el Gobierno afirmaron que, en el momento de la firma del contrato, a principios de ese año, “Sturzenegger no era ministro”, aunque sí fungía como asesor del presidente Javier Milei en la instrumentación de la ley Bases.
Conocida la información, y en el mismo sentido, el canciller Pablo Quirno defendió la contratación a través de las redes sociales. “!No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal. En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo”, escribió el canciller en su cuenta de X. El jefe de la diplomacia nacional afirmó que el matutino Página 12 “escribió la nota que generó las dudas desde el título aunque leyendo la propia nota te das cuenta que ha sido todo manejado de manera correcta”.
Otros altos funcionarios prefirieron explicar a este diario, en estricto off the record, que “todo surge por hacer las cosas bien” a través del Pacto de Integridad. Sostuvieron que se trata del “mismo monto acordado en 2018” (cuando gobernaba Cambiemos, con Mauricio Macri) y actualizado por la inflación, además de sospechar de una “operación” del kirchnerismo contra Sturzenegger “por impulsar proyectos como la reforma laboral”.
Desde ese sector, la senadora Juliana Di Tullio (FPV-Buenos Aires), calificó el contrato como “un choreo de acá a Júpiter”, e ironizó al afirmar que “la familia de Sturzenegger capaz que es la única que tiene la “especialidad” de hablar inglés, digamos todo”. Prometió hacer “la denuncia correspondiente”, aunque desde el Gobierno reiteraron que “se dieron todos los pasos legales” en la contratación de la entidad educativa con sede en la calle Suipacha al 1300.
Federico Sturzenegger,Cancillería,Conforme a,Federico Sturzenegger,,Media sanción. Sturzenegger defendió los cambios de la reforma laboral: indemnizaciones, horas extra y licencia por enfermedad,,La situación económica. Se perdieron 180.000 empleos privados registrados durante la gestión Milei,,“No hay efecto sobre el empleo”. Sturzenegger volvió a atacar a la UIA y reiteró su defensa de la apertura económica
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Coimas en la ANDIS: la Justicia peritará teléfonos y servidores de Suizo Argentina

La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se prepara para una etapa decisiva. En las próximas semanas, la Justicia avanzará con la apertura y análisis forense de teléfonos celulares, computadoras y servidores incautados durante los allanamientos realizados en oficinas de la droguería Suizo Argentina.
La medida fue dispuesta dentro del expediente que ya acumula 19 procesados por administración fraudulenta, cartelización y sobreprecios en la provisión de medicamentos de alto costo destinados al programa Incluir Salud. Los investigadores buscan determinar si la empresa tuvo un rol más relevante del que aparece formalmente en las contrataciones estatales.
Sospechas de un “proveedor oculto”
La hipótesis principal apunta a que algunas droguerías de menor tamaño que resultaron adjudicatarias en licitaciones restringidas no contaban con estructura suficiente para cumplir los contratos. En varios allanamientos se hallaron depósitos vacíos, escaso personal e infraestructura mínima, lo que llamó la atención de los peritos.
Ante ese escenario, la fiscalía intenta establecer si Suizo Argentina funcionaba como proveedor real de los medicamentos que debían entregar esas firmas. Es decir, si las empresas ganadoras actuaban como intermediarias mientras la provisión efectiva se realizaba desde una compañía con mayor capacidad logística.
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
Según la reconstrucción del expediente, entre 2024 y 2025 se concretaron más de veinte procesos de compra con órdenes millonarias. Dos de las droguerías investigadas concentraron la enorme mayoría de las adjudicaciones, mientras otras también registraron un crecimiento abrupto de ventas al Estado sin antecedentes comerciales equivalentes.
Chats, audios y un nombre clave
El foco judicial también se dirige hacia un abogado vinculado a la firma, mencionado reiteradamente en conversaciones telefónicas incorporadas a la causa. En escuchas y mensajes se lo alude mediante un apodo y, para los investigadores, podría haber actuado como nexo entre proveedores y funcionarios del organismo.
Un audio agregado al expediente muestra a un exfuncionario comentando a un empresario que esa persona “ya estaba al tanto” de determinadas decisiones administrativas. La fiscalía sospecha que existía coordinación previa en procesos de compra y en cambios internos dentro del organismo.
Incluso, en una de las comunicaciones aparece la supuesta aprobación para desplazar a una funcionaria técnica que cuestionaba contrataciones, además de la recomendación de incorporar personal cercano al grupo empresario.
Desde Suizo Argentina negaron cualquier irregularidad. Voceros legales señalaron que la venta de medicamentos entre droguerías es una práctica habitual del mercado y remarcaron que, de haber existido operaciones comerciales, no correspondían a las licitaciones bajo sospecha.
También rechazaron la idea de que la firma necesitara triangular operaciones. “La compañía tiene una porción importante del mercado y vende directamente al Estado”, afirmaron desde su entorno jurídico.
Cambio de juez y prueba clave
El juez federal, Ariel Lijo.
El análisis de los dispositivos será central para la causa. Los peritos buscarán recuperar correos electrónicos, historiales de mensajería, registros de facturación y comunicaciones internas que permitan reconstruir la cadena comercial y las decisiones administrativas.
El expediente cambió recientemente de manos tras un sorteo en la Cámara Federal y ahora quedó a cargo del juez Ariel Lijo. Antes de apartarse, el magistrado anterior había dictado los procesamientos y describió un esquema que incluía direccionamiento de contrataciones, posibles retornos económicos y empresas interpuestas.
Mientras las defensas plantean nulidades, los investigadores consideran que el contenido de los equipos secuestrados podría confirmar —o descartar— la existencia de una estructura organizada para intervenir en compras públicas de medicamentos. El resultado de esas pericias será determinante para definir responsabilidades penales y la eventual ampliación de imputaciones.
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Ariel Lijo,Coimas en ANDIS,Incluir Salud,Suizo Argentina
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El Gobierno ya avanza en la estrategia para enfrentar una judicialización de la reforma laboral

La Casa Rosada ya prepara la estrategia ante lo que descuenta que será la segura judicialización de la reforma laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Así lo confirmaron fuentes de la administración libertaria a .
Las fuentes detallaron que los principales planteos los esperan de la propia justicia laboral nacional, alcanzada por el traspaso a la Ciudad incluido en la reforma, y de parte de los gremios, por distintos artículos del proyecto, que se encamina a tener aprobación de Diputados en los próximos días. “Creemos que los primeros que van a judicializar son los judiciales”, afirmaron en la sede gubernamental.
En la administración libertaria creen que los planteos no tardarán en llegar apenas se sancione la ley y descuentan que escalarán hasta terminar llegando a la Corte Suprema de Justicia.
En Balcarce 50 señalan que el diseño de la estrategia está en manos de la Secretaria de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal; de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), cuya titular es Santiago Castro Videla; y del segundo del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio. Se trata de tres personas cercanas al asesor presidencial Santiago Caputo.
En el caso de los posibles planteos del propio Poder Judicial sostienen que creen que será por la reducción de cargos y juzgados que implicará el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una transferencia que contempla, entre otros puntos, el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que hoy no cuentan con magistrados designados.
El cambio supone un avance sobre la justicia laboral nacional y salda una deuda de 30 años con la autonomía porteña. La inclusión del tema en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se tejió en silencio entre las administraciones nacional y de la Ciudad, y en los últimos días tomó por sorpresa tanto a los jueces y como al gremio de empleados judiciales.
En el Palacio de Gobierno no ocultan la satisfacción por esa reducción ante un fuero cuya “discrecionalidad” y “parcialidad” suele ser motivo de diferentes críticas por parte del Poder Ejecutivo, que suele machacar sobre los perjuicios que surgen de la “industria del juicio”.
Cuando la semana pasada, horas antes del debate en el Senado, se conoció que el traspaso se incluiría en el articulado de la reforma laboral, se pusieron en alerta organismos como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y gremios como el que encabeza Julio Piumato, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional.
Respecto de lo que pueden ser las presentaciones de los gremios, en las filas libertarias creen que los planteos pueden venir por lo que contiene el articulo que modifica el orden de prelación de los convenios de trabajo.
En el texto del Gobierno se establece la posibilidad de que un convenio de ámbito menor prevalezca sobre uno mayor aún si tiene condiciones menos beneficiosas para los trabajadores. Lo que implica que un convenio colectivo de una empresa o de una región pueda imponerse sobre el convenio nacional de rama de actividad.
En la Casa Rosada también creen que el sindicalismo podría rechazar que se limite la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, lo que implica que todos los acuerdos firmados entre empresarios y gremios conservan vigencia hasta tanto no sean reemplazados por otro, inclusive cuando estén vencidos.
Del mismo modo, entienden que podrán ser objetos de judicialización los puntos referidos la reducción, por distintas vías, de las indemnizaciones a los trabajadores y las multas a los empleadores.
Los gremios ya tienen el antecedente de haber logrado amparos judiciales contra el DNU 70/23 y el capítulo laboral de la Ley Bases, a poco del comienzo de la gestión mileísta. En el caso del primero, la Corte Suprema aún no dio una respuesta definitiva, pese a que pasaron ya dos años. En cuanto a la Ley Bases, lograron que la justicia laboral suspendiera y declarara inconstitucional el Título IV, un hecho que en las filas violetas no olvidan.
“Hay que esperar y ver”, dicen en cerca del presidente Javier Milei, donde todavía priorizan las negociaciones pendientes para asegurar la sanción de la ley Diputados, pero ya trabajan en los escenarios de judicialización posibles.
traspaso,salda una deuda de 30 años,Cecilia Devanna,Reforma laboral,Javier Milei,Justicia,Conforme a,Reforma laboral,,Frente sindical. Uno de los jefes de la CGT sostuvo que “están dadas las condiciones” para un paro general,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,Con la IA. Cuál es el sacudón en el mercado laboral que predice Bill Gates
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