POLITICA
Dos asesores de un diputado del kirchnerismo fueron condenados por intimidación pública tras difundir “fake news”
Dos asesores del diputado nacional salteño del kirchnerismo Emiliano Estrada fueron condenados a la pena de un año y cuatro meses de prisión por el delito de intimidación pública al confesar que se dedicaban a armar y difundir “fake news” contra el gobernador Gustavo Sáenz, empresarios y periodistas.
El diputado nacional Estrada, de Unión por la Patria, no fue directamente imputado aún porque tiene fueros, pero la causa se escindió para seguir la investigación en su contra como quien encargó el posteo de estos videos de TiK Tok, que pretendían relacionar a Salta con un estado narco.
Este es uno de los pocos antecedentes jurisprudenciales donde la producción y difusión de contenidos de desinformación para perjudicar a opositores políticos, periodistas y empresarios es considerada un delito autónomo, calificado como intimidación pública.
Los condenados son Alonso Javier Allemand y Florencia Inés Bustamante Arias, quienes al ser investigados por la fiscal Sofía Cornejo -de Ciberdelitos- fueron condenados en un juicio abreviado celebrado en el Juzgado de Garantías Séptima Nominación de Salta de Pablo Zerdán.
La condena se dictó por el delito de intimidación pública. Los condenados no pueden usar redes sociales para difundir noticias falsas. Según la acusación, Allemand y Bustamante Arias fueron considerados partícipes secundarios. La fiscal El Ministerio Público solicitó la pena de un año y cuatro meses de prisión condicional para ambos, además de las costas.
Al ser un juicio abreviado, los dos empleados admitieron su responsabilidad y pactaron una pena con la fiscalía, que fue homologa por el juez Zerdan. La base de la condena se relaciona con acciones que buscaron difundir miedo y temores a la sociedad utilizando redes sociales o cualquier otro medio de comunicación.
El delito de intimidación pública protege el orden público y la seguridad pública, y busca castigar conductas que pongan en peligro o puedan causar temor o desestabilizar el orden público. En este caso los acusados fabricaban videos de Tik Tok anónimos, o simulaban ser de un portal de noticias salteño, donde mencionaban hechos falsos, como que el gobernador Sáenz había sido internado por adicción a las drogas.
Aquí se consideró el efecto de videos que tuvieron un “alcance masivo a nivel provincial” y utilizaron “las redes sociales como herramienta de desestabilización social”. Se hizo hincapié en que estos videos trataban temas como “narcotráfico, carteles de droga, en donde a Salta se la mostró a nivel país”, lo que generó “preocupación en la sociedad”.
Como parte de la pena, además de la prisión condicional, Allemand y Bustamante Arias deberán durante dos años fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, someterse al cuidado del Programa de Inserción Social de Presos y Liberados de la Provincia, con control semestral; no podrán usar redes sociales y/o cualquier medio de comunicación con el objeto de infundir miedo y temores a la sociedad, deberán hacer un curso presencial o virtual sobre Ética Pública.
La investigación se inició a partir de que, a través de ciertos perfiles públicos anónimos de TikTok se publicaban videos que pretendían instalar una vinculación entre el Gobierno de la Provincia y sus funcionarios con actividades de narcotráfico. La fiscalía entendió que no se trataba de un caso de libertad de expresión, sino de la comisión de delitos.
Bustamante quiso presentarse como “arrepentida” para eludir la sanción y en un escrito reconoció: “Siendo empleada de la Cámara de Diputados de la Nación me encuentro afectada a trabajar bajo las órdenes del diputado nacional Emiliano Estrada, quien es quien todo momento me impartió órdenes y directivas de todos los trabajos que realicé o encargué, tanto los trabajos gráficos y audiovisuales de sus redes sociales personales y laborales como otros”.
Respecto a las cuentas de TikTok, Bustamante confirmó que se le dio órdenes “con el objetivo de perjudicar puntualmente a determinadas personas del ámbito mediático, empresarial y político”, cita en su declaración. Al ahondar su relación con el diputado, Bustamante afirmó que fueron “órdenes de mi jefe directo”, en referencia al diputado Estrada.
Seguidamente, detalló que tuvo a su cargo la creación de tres cuentas “La Casta de Sáenz”, “La Casta Salteña ”, y “Los Informantes Salta”, y las mismas fueron pedidas al señor Alonso Allemand, uno de los imputados, a quien además “le solicitaba la edición de los videos, finalmente publicados”. “Estos trabajos en paralelo al trabajo institucional que realizaba para el diputado Estrada comenzaron alrededor de agosto o septiembre del año pasado”, agregó.
“El destinatario de los videos en las diferentes cuentas era siempre el gobernador Gustavo Sáenz, por rivalidad política y animosidad manifiesta y, por añadidura, a personas vinculadas a este o a sus funcionarios”, cita en la declaración. Y como ejemplo mencionó entre los atacados a Solano Navarro, dueño de Canal 10, Guillermo Kripper, Pamela Calletti; los intendentes Baltasar Lara Gros y Julio Jalil; el portal Informate Salta, Manuela Arancibia, Luciano Acedo Salim, Simón Pérez Alsina, Mario Peña, ex ministro de Turismo, entre otros.
POLITICA
«El anarquista de la molotov»: detuvieron a otro de los manifestantes por los incidentes frente al Congreso
Luego de los incidentes frente al Congreso, la Policía Federal detuvo este domingo a Milton Tolomeo, señalado como “el anarquista de la molotov”. Fue atrapado en Avellaneda tras un allanamiento en su casa.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la captura en sus redes sociales: “El anarquista de la Molotov, preso. Desde las 7 de la mañana, para contarte que detuvimos al violento que fue al Congreso a provocar caos”.
Leé también: El Gobierno identificó a 17 manifestantes que causaron incidentes fuera del Congreso durante la reforma laboral
“En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos. Dijimos que lo íbamos a atrapar, y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan”, detalló en X.
La investigación avanzó a partir del análisis de los videos de los incidentes ocurridos el miércoles pasado, cuando un grupo de manifestantes atacó con bombas molotov a las fuerzas de seguridad en medio de la protesta contra la reforma laboral.
Tolomeo no figuraba en las listas preliminares de sospechosos ni en los videos difundidos inicialmente por el Ministerio de Seguridad, donde se identificaron a cuatro personas. Tampoco aparecía en la nómina de 17 implicados que se conoció el viernes.
Sin embargo, los peritos lograron establecer su participación directa en el lanzamiento de artefactos incendiarios tipo “molotov” contra el personal de las fuerzas federales. La detención se concretó este domingo por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6.
Durante el allanamiento en la casa de Tolomeo, los efectivos secuestraron bidones con combustible, la ropa que habría usado durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas.
El Gobierno había pedido celeridad en la identificación de los responsables de los destrozos y ataques durante la marcha, y los calificó como “terroristas”. Con esta detención, ya son tres los acusados que quedaron a disposición de la Justicia.
Molotov, Congreso, Incidentes
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Detuvieron al manifestante que arrojó una molotov durante la marcha contra la reforma laboral
El Gobierno confirmó del manifestante que arrojó al menos una bomba molotov en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la marcha contra la reforma laboral el miércoles. Se trata de Milton Tolomeo, que fue identificado por las autoridades como el “anarquista de la Molotov”.
“Todos lo vimos cuando lanzaba la bomba con un único objetivo: sembrar el caos y desestabilizar el orden institucional. Dijimos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos”, celebró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
En un video que compartió este domingo por la mañana en su cuenta de la red social X, la funcionaria detalló que la detención se realizó este sábado por la noche en el partido bonaerense de Avellaneda, y que a partir de ahora el delincuente quedará “aislado en alto riesgo”.
“En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos“, añadió en el comunicado y cerró: ”Dijimos que lo íbamos a atrapar y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan».
La ministra ya había difundido en sus redes sociales los datos de las primeras cuatro personas identificadas por los incidentes: Matías Enzo Roldán (27 años), Federico Alberto Mazzagalli (de 42), Patricio Hernán Castellán (de 33) y Denis Alejandro Figueredo (20 años).
Tolomeo asistió a la movilización convocada por la CGT y distintos sectores sociales y políticos y fue captado por las cámaras de distintas señales de televisión en el momento en que levantaron un muro improvisado y se dispusieron a armar bombas caseras que lanzaron a los uniformados.
En primer lugar, los encapuchados comenzaron a arrojar palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona. Los efectivos, ubicados detrás de vallas metálicas y escudos, respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos para contener el avance.
En medio de los disturbios, el grupo de hombres levantó una especie de barricada con elementos de la vía pública y se organizó detrás de ese improvisado muro para preparar las bombas Molotov.
Tras los disturbios, 71 personas terminaron detenidas, de las cuales al menos 54 habían sido liberadas el jueves. Según informaron fuentes oficiales a , 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Los liberados corresponden a esta última jurisdicción.
Los 14 que continuaban detenidos por la policía porteña se reparten entre 10 hombres en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050, en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350, en Palermo. Por su parte, Nación había detenido a 51 personas: 24 manifestantes en el Congreso y 27 en controles en estaciones de tren cuando se dirigían a la movilización.
En tanto, el Gobierno denunció por hechos de terrorismo a 17 manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso.
manifestante,anarquista de la Molotov,pic.twitter.com/cG2F98Xck9,February 15, 2026,Actualidad política,Congreso Nacional,Conforme a,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,Contra el columnista. Otro ataque del Presidente a Fernández Díaz,,En la provincia de los Menem. Villarruel se fotografió con un gobernador kirchnerista en su visita a un festival,Actualidad política,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,¿Con qué necesidad?,,La calidad de nuestra clase dirigente
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Efecto Santa Fe: policías y penitenciarios de Río Negro rechazaron un aumento en cuotas y amenazan con acampar por tiempo indeterminado en Viedma
Tras el caso de la violenta protesta policial y posterio aumento salarial en la provincia de Santa Fe, el gobierno de Río Negro también podría enfrentar un frente de tormenta luego de que un sector de la Fuerza rechazó los anuncios de recomposición salarial atados a la inflación.
La medida, que buscaba descomprimir las tensiones con el personal policial provincial, para algunos no fue suficiente. Por ende, representantes de los uniformados entregaron ayer por la tarde un petitorio en General Roca y se anunció un acampe policial para este miércoles frente a la Casa de Gobierno en Viedma, convocado por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro, para exigir una mejor recomposición salarial y denunciar la precarización de los haberes.
La decisión reflejó el hartazgo del sector ante lo que consideraron el estancamiento del diálogo con las autoridades provinciales, y anticipa una profundización del conflicto si no se obtienen respuestas inmediatas.
Qué exigen los policías rionegrinos
El pliego salarial elevado al gobierno provincial por parte del Consejo demanda un haber inicial de $1.800.000, objetivo considerado justo y necesario para garantizar la seguridad alimentaria del personal. Además, remarcó la urgencia de que el gobernador Alberto Weretilneck los reciba Consejo y escuche las reivindicaciones.
Junto a los reclamos salariales, la crisis habitacional se suma al conflicto. Según Rubén Muñoz, referente del CBPPRN, muchos agentes están bajo riesgo de ser desalojados por atrasos en el pago de alquileres y que algunas familias, en situaciones extremas, no logran asegurar la alimentación básica.
En esta etapa, el Consejo de Bienestar Policial estableció contactos con la agrupación ASSPUR (Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro) para coordinar acciones conjuntas, ampliando el frente de protesta entre distintos sectores estatales.
La convocatoria al acampe, según destacó Muñoz en diálogo con FM de la Costa, es por una “necesidad urgente” y del reclamo colectivo de los uniformados rionegrinos por una recomposición de los haberes “real y no con ítems en negro que perjudican, desfinancian y que además vulneran los derechos de nuestros retirados”.
El Consejo anticipó que la permanencia frente a la Casa de Gobierno será indefinida hasta que el gobernador acceda a negociar y a dar respuestas efectivas a la crisis socioeconómica que atraviesa la fuerza.
Qué ofreció el Gobierno rionegrino
Según el anuncio del Gobierno, la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial recibió en febrero una mejora del 6,79 %, ya que al ajuste por inflación (5,2 %) se suma un adicional específico del 1,5%, dando como resultado un haber inicial de $1.417.366 para el personal de seguridad. Este incremento también se aplicará al personal en situación de retiro y pensionadas, según informó el Ministerio de Seguridad de Río Negro.
La propuesta oficial contempla un incremento del 5,2 % de un agente de la administración central por encima de $1.100.000 en febrero. El esquema de aumentos operó bajo un criterio de actualización automática basada en la evolución del índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y local.
Para las fuerzas de seguridad, el incremento también se aplicará sobre el “valor punto policial” y sobre los adicionales relevantes, asegurando que “incida de la misma manera en el haber neto de bolsillo de todas las jerarquías policiales”. Además, el ingreso mínimo para otros escalafones de la fuerza quedará en $1.254.000.
La variación del IPC correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, definió la tabla salarial policial para febrero. Por otro lado, en mayo de 2026 se asignará un nuevo incremento, con la variación del IPC correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2026. Así quedarán los aumentos para este mes:
- Suma fija no remunerativa y no bonificable de 250.000 pesos que se abonará en dos cuotas de 125.000 pesos cada una, a pagarse el 20 de Febrero y el 20 de Marzo respectivamente.
- Incremento adicional únicamente para personal Policíal y Servicio Penitenciario Provincial del seis por ciento (6%), a abonarse en cuatro cuotas del 1,5% cada una, junto con los haberes de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2026.
- Aumento del 100% al ítem de ayuda escolar. Se abonó con los haberes de febrero de 2026. Hijo: 80.000 pesos e hijo con discapacidad, 160.000 pesos.
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