POLITICA
Dos jueces de Tandil enfrentarán un jury acusados de corrupción por disponer tierras de manera irregular
MAR DEL PLATA.− Dos jueces del fuero Civil y Comercial del departamento judicial Tandil afrontarán un jurado de enjuiciamiento a partir de denuncias que los vinculan con intervenciones irregulares en el manejo de reclamos por tierras en ese distrito, en particular una parcela que involucra unos 250 lotes próximos al cotizado cerro El Centinela.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires habilitó el reclamo y avanzó con el sorteo del tribunal que deberá escucharles su descargo, definir si incurrieron en delito y en ese caso determinar su continuidad en los cargos que actualmente ocupan y ejercen, ya que no han sido suspendidos en sus funciones.
Los apuntados son José Martin Zárate, que está al frente del Juzgado Civil y Comercial N° 1, y Francisco Augusto Blanc, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 2, en ambos casos del departamento judicial Tandil, donde al mismo tiempo ofician y alternan como subrogantes en el Juzgado Civil y Comercial N° 3, que no tiene titular designado.
Están acusados de incompetencia o negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone, graves irregularidades en los procedimientos a su cargo y parcialidad manifiesta.
Los denunciantes y quienes hicieron el pedido de jury para ambos magistrados son Juan Pedro Burs y Jorge Heters, que en esa presentación alegan que estos jueces inician juicios sin pruebas y no cargan información en la Mesa de Entradas Virtual, representan a personas vulnerables y analfabetas, aprueban testamentos sin pericias caligráficas, desestiman pronto la prueba que presentan los demandados, destruyen pruebas, cierran pronto la etapa probatoria acelerando el proceso hacia la sentencia, se apropian de bienes de manera indebida y se imponen costas excesivas al demandado.
Argumentan que los jueces han avanzado en sus intervenciones sobre expedientes con maniobras “fraudulentas y extorsivas” que están dispuestos a probar ante el tribunal de enjuiciamiento que se acaba de conformar.
Del sorteo realizado surgió que acompañarán a Hilda Kogan, miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Guillermo Ernesto Sagues, del departamento judicial San Isidro; Jorge Omar Frega, del departamento judicial Morón; María Margarita Di Santi y Eduardo Fortunato Dinatolo, ambos del departamento judicial Mercedes, y Laura González, del departamento judicial Quilmes. Se completa el tribunal con los legisladores Avelino Zurro, Germán Di Césare, Sofía Vannelli, Abigail Gómez y Juan Manuel Rico Zini.
La investigación del desempeño de ambos jueces lleva varios años y a comienzos de abril último, con intervención de la fiscalía a cargo de José Ignacio Calonge, se habían dispuesto allanamientos sobre oficinas judiciales y domicilios de particulares también involucrados, entre ellos el empresario local Luis Cerone y estudios jurídicos. Se secuestró documentación y en algún caso también armas de fuego, según trascendió oportunamente de fuentes del caso.
Cerone habría tenido algún interés en quedarse con estas tierras del sector conocido como El Centinela, próximas a la Cantera Montecristo. Sobre esos lotes buscan que se respeten derechos los herederos de Ángel María Valente Noailles, que son los denunciantes en esta causa y quienes reclamaron y lograron el jury a ambos magistrados.
En la denuncia ingresada ante la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del sistema judicial bonaerense se hace referencia a un modus operandi de ambos jueces que implicaría la creación de expedientes civiles con acciones de interdictos de recobrar o con acciones posesorias.
“Se utilizan personas indigentes y sin conocimiento legal quienes, de manera singular, reconocen no ser propietarias del inmueble”, dice los denunciantes y advierten que “el objetivo es simular una legitimidad que de otro modo sería inalcanzable por vías legales”. “Eligen causantes que no tenían herederos, que no residían en Tandil y que fallecieron fuera del país y otros con problemas en su comprensión y libre voluntad (alzheimer)”, expusieron.
Burs y Heters llegan a esta instancia en representación de Ángel María Valiente Noailles, en el marco de un proceso de sucesión. Hay una disputa sobre la propiedad de estas tierras, en total 243 lotes. Argumentan que hay un “accionar coordinado” entre ambos jueces.
En diálogo con , Heter explicó que Zárate apela a la “manipulación activa y fraudulenta de procesos judiciales civiles”, impone medidas “sin fundamento y con el solo fin de presionar y extorsionar” y apela a “negociaciones ilegales”. Cita el caso de una reunión, en un hotel, donde el magistrado habría ofrecido “plata de su bolsillo” para “resolver la causa”. Se habla de 50.000 dólares en un audio de esa conversación que ofrecen como prueba y al que accedió .
“Efectuamos tres denuncias penales donde se le atribuye al juez ser el orquestador principal de esta trama fraudulenta, integrando una ‘asociación ilícita’ junto con letrados y otros involucrados”, remarcan en el pedido de jurado de enjuiciamiento.
A Blanc lo apuntan por “complicidad, el encubrimiento de irregularidades previas, la continuación de acciones fraudulentas y el armado de expedientes, utilizando su posición para validar procesos viciados y favorecer intereses específicos”.
Darío Palavecino,Tandil,Justicia,Casos de corrupción,Conforme a,,Análisis. La debilidad de la institución invisible,,Interna. Lospennato, la rebelde de Pro que enfureció a Ritondo por su rechazo a los vetos de Milei,,Otro golpe al Gobierno. La oposición apura el proyecto que limita a Milei la posibilidad de dictar DNU,Tandil,,Tragedia. Qué se sabe del ataque a la salida de un boliche en Tandil en el que murió una joven de 18 años,,Rodeados de famosos. Son argentinos, triunfaban en Miami pero un giro los llevó a vivir a Tandil: “Allá se nos considera de trinchera”,,Refugio exquisito. La hostería entre sierras que hace un culto del servicio al huésped
POLITICA
Karina Milei gana poder interno e impulsa a Sebastián Pareja para presidir una comisión clave en el Congreso
El oficialismo quiere impulsar al diputado Sebastián Pareja como candidato para integrar la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Si bien en el Gobierno evitan confirmar al armador bonaerense de La Libertad Avanza de manera definitiva, este medio pudo saber que su nombre pica en punta dentro del esquema que se discute por estas horas para la conformación de ese organismo parlamentario.
La definición formal todavía no está cerrada. Los presidentes de cada cámara del Congreso —Martín Menem, por Diputados, y Victoria Villarruel, por el Senado— deben resolver primero la lista de integrantes de la bicameral mediante una resolución. Una vez que se oficialicen esos nombres, la comisión deberá reunirse y elegir a sus autoridades, instancia que aún no tiene fecha.
En ese marco, el nombre de Pareja aparece como el candidato que impulsa el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En el oficialismo señalan que su eventual llegada forma parte de la disputa por el control de espacios estratégicos dentro del Congreso, en un momento en que el Gobierno busca consolidar posiciones en distintas comisiones.
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La Bicameral de Inteligencia es un organismo clave dentro del esquema institucional. Desde el Parlamento, es el órgano encargado de fiscalizar las actividades de los servicios de inteligencia, auditar su presupuesto y requerir informes. Además, por esa comisión deberá pasar la reforma del sistema de inteligencia que el presidente Javier Milei tiene previsto enviar al Congreso.
La Ley de Inteligencia Nacional establece que el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional debe ejercerse a través de esta comisión bicameral permanente. En ese marco, los organismos de inteligencia están obligados a entregar la información o documentación que la comisión requiera, respetando los recaudos previstos en la normativa vigente sobre la clasificación de seguridad de actividades, personal, documentación y bases de datos.
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La comisión está integrada por 14 miembros, con siete representantes de cada cámara legislativa. En la nueva configuración parlamentaria, el oficialismo aspira a ampliar su presencia. La Libertad Avanza sumará representantes desde el Senado, donde antes no tenía, y también podría incrementar su número en Diputados tras los resultados electorales de octubre pasado, que lo posicionaron como primera minoría.
Dentro de la Cámara baja, la presidencia de la Bicameral de Inteligencia es un cargo que, en esta reconfiguración legislativa, le corresponde a Diputados. Pese a tratarse de una comisión bicameral, desde el Senado postularán a sus integrantes, pero dejarán que las autoridades de la Cámara baja definan quién la encabezará.
En ese escenario también se cruzan intereses de distintos bloques. El jefe de los diputados del PRO, Cristian Ritondo, tiene aspiraciones en torno a la comisión, aunque en el Congreso dan por hecho que contará con una de las siete bancas que corresponden a Diputados, pero no con la presidencia del organismo. Dentro del oficialismo señalan que las definiciones finales se están coordinando entre Martín Menem y Karina Milei.
Entre los libertarios que integraron la bicameral hasta diciembre pasado estuvieron los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, ambos cercanos al titular de la Cámara de Diputados. Uno de ellos podría ocupar un lugar relevante dentro de la comisión, aunque el esquema todavía no fue oficializado.
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Mientras tanto, en el Congreso también se sigue de cerca la dinámica interna del oficialismo, marcada por tensiones entre sectores cercanos a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, en el entorno de Caputo relativizan el impacto que podría tener la eventual designación de Pareja. Según indican cerca del asesor, no hay objeciones a que sea el armador bonaerense quien encabece la comisión si finalmente resulta elegido.
En ese sector recuerdan que anteriormente la presidencia de la bicameral estuvo en manos del radical Martín Lousteau y sostienen que ese antecedente no modificó su posición dentro del esquema político. Por ese motivo, aseguran que no planean intervenir en la discusión actual sobre el futuro titular del organismo.
Sebastián Pareja, Karina Milei, Santiago Caputo, La Libertad Avanza, inteligencia, Congreso de la Nación
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la decisión de que el Estado Nacional indemnice a un grupo de víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que provocó la muerte de 51 personas –una de ellas embarazada– y por la que fueron presos y condenados ex funcionarios y empresarios a cargo del servicio.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisibles los recursos extraordinarios que había hecho el Estado y la aseguradora en las causas que impulsaron Fabio Reynaldo Flamenco y Patricia Delgado Ferreira, ambos heridos, y José Luis Torres Amarilla, su esposa y su nieta menor de edad, a raíz de la muerte de su hija que iba en el tren Sarmiento aquel día.
La Corte desestimó el recurso sin dar mayores explicaciones, invocando el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, que le permite hacerlo. Es un criterio que la Corte Suprema viene siguiendo en el caso de la tragedia de Once, con otros planteos similares.
El 22 de febrero de 2012, a las 8.33, la formación N° 3772, identificada como “chapa 16”, con unas 1200 personas a bordo, impactó contra los paragolpes de contención de la plataforma dos de la estación terminal de Once.
Los primeros tres coches se aplastaron entre sí. Murieron 51 personas, aunque hay familiares que consideraron que fueron 52 ya que una de las víctimas fatales estaba embarazada.
Hubo casi 800 heridos, muchos de los cuales fueron trasladados a 13 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Al momento del hecho, el Estado Nacional mantenía un contrato de concesión de la línea Sarmiento con la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).
Los hechos dieron lugar a dos juicios, conocidos como Once I y Once II. En Once I, en 2014, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 acusados (18 empresarios, dos funcionarios y el conductor) y ordenó profundizar la investigación hacia más funcionarios.
En 2018 la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a uno de los condenados y redujo todas las penas restantes. El fallo quedó firme en la Corte Suprema.
En 2018, el juicio por Once II absolvió al ex ministro de Planificación Julio De Vido por el estrago ferroviario y lo condenó por administración fraudulenta. La pena fue debatida en Casación y la Corte Suprema, que el año pasado dejó firme la condena a 4 años de cárcel. De Vido entonces quedó detenido.
A raíz de lo sucedido, víctimas y familiares de personas fallecidas demandaron a TBA, al Estado Nacional, al maquinista Marcos Córdoba y a Liderar Compañía General de Seguros para ser indemnizados por daños y perjuicios.
Entre ellos estaban Fabio Flamenco, quien abordó un tren en estación Merlo. Contó que fue “lanzado hacia adelante y aplastado por una masa humana incontenible”, lo que le ocasionó “politraumatismos y otras dolencias”.
En otro expediente también iniciaron una demanda Torres Amarilla, su esposa y su yerno -en representación de su hija, por entonces era menor de edad- por la muerte de su hija, Sonia Torres Rolón quien falleció como consecuencia de la colisión.
Según la demanda, la mujer de 28 años abordó el tren en la estación Moreno y la formación que conducía Marcos Córdoba ingresó a la estación terminal “excediendo la velocidad permitida y no frenó a tiempo por negligencia en su conducción y/o deterioro o mal funcionamiento del sistema de frenos, produciéndose el impacto a una velocidad estimada de 20 km/h”.
Además, el paragolpes “no tenía el sistema hidráulico en funcionamiento”. El segundo vagón se “acaballó” y quedó incrustado casi 6 metros dentro del primer vagón donde viajaba Sonia Torres Rolón, quien murió instantáneamente a causa de politraumatismos y hemorragias internas.
En primera instancia se condenó al Estado Nacional, a TBA, al motorman Marcos Córdoba y a la compañía de seguros a abonar las indemnizaciones y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión y en algunos casos elevó los montos.
Entre esos argumentos se ponderó que el maquinista había violado las reglas de buena conducción ferroviaria, que la empresa TBA no había controlado la operación del servicio y que contaba con una clase de freno que implicaba un riesgo mayor para la seguridad de formación, que la seguridad de la prestación del servicio era una responsabilidad compartida entre el concesionario y el concedente. Además, el Estado Nacional debía responder por haber omitido ejercer un control efectivo sobre el servicio prestado.
Contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso recursos extraordinarios en donde insistió en cuestionar que se lo responsabilizara por los daños y subrayó que el siniestro se produjo por culpa del maquinista y de TBA, que era quien debía velar por la seguridad de los pasajeros. La Corte Suprema rechazó los planteos por inadmisibles.
tragedia ferroviaria de Once,Hernán Cappiello,Tragedia de Once,Corte Suprema de Justicia,Conforme a,,$LIBRA. Mauricio Novelli pide “la nulidad absoluta” del peritaje que involucró a Milei,,Por orden de Milei. El Gobierno cierra filas en apoyo a Adorni, pero siguen los cuestionamientos internos,,ONU. El Gobierno justificó su voto en contra de la resolucón que declaró la esclavitud africana como “el crimen más grave”,Tragedia de Once,,Accidente de tren. Se cumple un nuevo aniversario de la tragedia de Once,,Tragedia de Once. Qué paso con Julio de Vido y por qué quedó detenido,,Tragedia de Once. De Vido se entregó a la Justicia, quedó detenido y ya fue trasladado al penal de Ezeiza
POLITICA
La CIA reconoció a la SIDE y se abre una agenda de cooperación, con foco en capacitación en la lucha contra el terrorismo
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) inició una nueva etapa de vinculación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que combina un reconocimiento institucional a la agencia argentina con la apertura de una agenda de cooperación centrada en capacitación técnica. El punto de partida fue una reunión privada en Washington entre el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, y el director de la CIA, John Ratcliffe, en la sede del organismo, en Langley.
Según se informó oficialmente, Estados Unidos otorgará una distinción al personal de la SIDE en abril próximo. El reconocimiento respondió a los resultados obtenidos en “operaciones conjuntas” recientes, al proceso de profesionalización en curso y a la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA). La entrega será en la sede de la CIA, en el marco de una agenda que prevé programas de capacitación específicos y la evaluación de nuevas instancias de cooperación.
De acuerdo con información recabada por Infobae de fuentes con acceso a los detalles del encuentro, la reunión entre Auguadra y Ratcliffe tuvo carácter bilateral y se desarrolló fuera de las instancias plenarias del foro regional de inteligencia realizado en Washington. En ese contexto, el funcionario argentino fue el único participante que mantuvo un intercambio privado con el titular de la CIA.
La cita coincidió con la denominada Reunión por las Américas, que reunió delegaciones de Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Panamá. Durante las sesiones, se abordaron políticas de cooperación en los principales ejes de coordinación entre agencias de inteligencia en la región: terrorismo, narcotráfico y lavado de activos.
La agenda bilateral entre la SIDE y la CIA quedó centrada en dos líneas de trabajo concretas: el fortalecimiento de capacidades técnicas y la profundización de mecanismos de cooperación operativa. El primer eje se materializará a corto plazo a través de un programa de formación orientado al seguimiento del financiamiento del terrorismo, cuya implementación está prevista para el mes próximo.
Ese curso inicial estará enfocado en metodologías de rastreo de flujos financieros vinculados a actividades ilícitas. Se emplearán herramientas para identificar circuitos de financiamiento, detectar patrones de movimientos sospechosos y reconstruir redes económicas asociadas a organizaciones criminales o terroristas.
Según las fuentes consultadas, el esquema de capacitación no se limitará a una instancia puntual, sino que forma parte de una agenda más amplia que podría incorporar otras áreas del trabajo de inteligencia, como análisis de información, interoperabilidad entre agencias y contrainteligencia. La continuidad de estos programas dependerá de la evaluación de las primeras instancias de formación y de las necesidades que surjan en el proceso.
El componente de formación aparece como uno de los ejes centrales en la relación entre ambas agencias. En el Gobierno señalan que la SIDE enfrenta el desafío de actualizar sus capacidades técnicas en un contexto donde las amenazas, especialmente las relacionadas con el financiamiento ilícito, requieren herramientas especializadas y estándares operativos precisos.
Reconocimiento institucional y antecedentes de cooperación
El intercambio con la CIA también incluye la posibilidad de profundizar la cooperación en materia de operaciones conjuntas. Si bien el comunicado oficial no detalló casos específicos, el reconocimiento anunciado por Estados Unidos alude directamente a resultados obtenidos en ese plano, lo que sugiere antecedentes de trabajo coordinado entre las agencias.
Durante la reunión regional en Washington se compartieron experiencias relacionadas con organizaciones internacionales. Entre los casos mencionados, se incluyó una investigación reciente en Ecuador sobre un miembro de Hezbollah, que formó parte de las discusiones sobre dinámicas del terrorismo en la región y mecanismos de cooperación para su prevención.
El desarrollo del Centro Nacional Antiterrorismo fue otro de los puntos abordados en la reunión bilateral. Esta estructura, impulsada por el Gobierno argentino, busca centralizar información y coordinar acciones en prevención, análisis y respuesta ante amenazas. Según pudo saber Infobae, el proyecto generó interés en los organismos estadounidenses, especialmente por su potencial como herramienta de articulación en el sistema local.
La cooperación podría extenderse a aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento del CNA, incluyendo protocolos de intercambio de información, sistemas de análisis y mecanismos de coordinación interagencial. La intención oficial es que el centro funcione como un nodo que integre a distintas áreas del Estado que manejan información sensible.
La agenda de trabajo también contempla la necesidad de mejorar la circulación de información dentro del sistema estatal. En términos operativos, esto implica avanzar hacia esquemas más coordinados entre organismos, con estándares de seguridad que permitan compartir datos de forma regular sin comprometer la confidencialidad.
El reconocimiento institucional anunciado por la CIA se enmarca en este proceso. Para la SIDE, representa un punto de partida formal en la relación con el organismo estadounidense, mientras que la capacitación y el intercambio técnico constituyen los primeros componentes concretos de la agenda común.
El viaje previsto para abril, cuando se realice la entrega de la distinción en Langley, será la próxima instancia relevante del vínculo bilateral. Allí se prevé avanzar en la definición de nuevas líneas de cooperación y en la planificación de futuras actividades conjuntas, en función de los resultados de las primeras experiencias de capacitación.
Según pudo confirmar Infobae, la relación entre la SIDE y la CIA se estructura sobre dos ejes definidos: un reconocimiento institucional que formaliza el vínculo y un esquema de cooperación técnica orientado a la formación de personal y al desarrollo de capacidades en inteligencia financiera y antiterrorismo. La evolución de esta agenda dependerá de la continuidad de los programas de capacitación y de la posibilidad de ampliar el alcance de la cooperación operativa.
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