POLITICA
Dos ministerios cooperan con la causa del fentanilo, pese a que la Casa Rosada amenazó con recusar al juez Kreplak

El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y el Instituto Malbrán -que depende del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones- vienen colaborando con aspectos clave de la investigación que lleva adelante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en la causa que del fentanilo contaminado procedente de los laboratorios de Ariel García Furfaro. Pese a la cooperación que viene dando el Poder Ejecutivo en el plano administrativo, en las últimas horas, el Gobierno hizo un giro: decidió imprimirle a la causa un sello político y presionar al juez del caso.
Bullrich había dicho el martes, en una entrevista concedida a LN+, que Kreplak es un magistrado “probo” y que las fuerzas de seguridad de su cartera están colaborando sin inconvenientes como auxiliares en la causa que investiga el fentanilo adulterado, procedente de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, de García Furfaro.
Tal como publicó , en tanto, el instituto Malbrán está realizando -por orden judicial- estudios para confirmar o descartar si el fentanilo de HLB Pharma fue el que causó la muerte de los pacientes internados en distintos centros de salud debido a la presencia de bacterias en ampollas de lotes que distribuyó ese laboratorio.
Por cuerda separada, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), según pudo saber , está llevando adelante un sumario interno sobre las actuaciones del propio organismo, que fue el que debió controlar la calidad y la seguridad del fármaco adulterado que ya causó al menos 87 muertes, según la investigación judicial.
Pese a que aún se aguardan los resultados de la pesquisa judicial y del sumario administrativo, la Casa Rosada emitió este jueves un comunicado oficial que señaló que García Furfaro es un empresario “corrupto y kirchnerista” que pasó de “verdulero a empresario farmacéutico multimillonario” como principal proveedor del gobierno bonaerense. Subrayó que el juez que investiga la causa es hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak. Y amenazó con recusar al juez de La Plata por su vínculo familiar en caso de que no ordene la “inmediata detención” del dueño de HLB Pharma Group SA.
“Si en los próximos días el juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Fuefaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con (el ministro de Salud provincial) Nicolás Kreplak”, señaló el comunicado de la Vocería Presidencial.
El escrito oficial, además, elogió el desempeño de Lugones (“el Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes”, aseguró el comunicado) y defendió el accionar que tuvo la titular de la Anmat, Agustina Bisio.
El escrito fue difundido por la Vocería Presidencial en X minutos después de que Javier Milei culminara su discurso en el Club Atenas de La Plata, en el acto de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
En el acto, el Presidente confrontó con Kicillof, lanzó durísimas críticas a su gestión y asoció directamente al peronismo con el escándalo del fentanilo. “¿Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país y que no quieren soltar en esta provincia a pesar de todo el daño que causa”, dijo Milei. Ese fue el preludio del comunicado oficial que fue difundido en redes sociales poco después.
El papel del Ministerio de Seguridad
Según pudo saber , las fuerzas del Ministerio de Seguridad continúan colaborando con la investigación judicial de Kreplak. En el Gobierno no quisieron dar detalles sobre qué tipo de ayuda están prestando debido a la “sensibilidad” de la causa, pero confirmaron que las tareas persisten.
Bullrich, en tanto, está en contacto con el juez de La Plata. “El vínculo era y es excelente con Patricia”, dijo a una fuente oficial. La ministra había dicho el martes que “confía” que el magistrado “está haciendo las cosas como las tiene que hacer”.
La presión sobre Kaplak fue una definición política que se tomó en la cúpula de la Casa Rosada. La titular de la cartera de Seguridad, que hoy oficializó que será la primera candidata a senadora nacional de LLA por la Capital Federal -y asoma como la principal vocera del oficialismo la campaña electoral hacia los comicios de octubre- no intervino en la decisión de advertirle a Kreplak por una eventual recusación. La funcionaria tuvo el miércoles una intervención quirúrgica ambulatoria menor en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), y en las últimas horas fue sometida a estudios. Este viernes, no participó de la reunión de gabinete en Balcarce 50 pero por la tarde firmó su candidatura y la anunció en redes sociales.
Lugones, en cambio, fue uno de los pocos miembros del gabinete que el jueves participó del acto proselitista de Milei en La Plata. También fue parte de la reunión de gabinete en la sede de gobierno, el viernes por la mañana. El ministro de Salud es cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo, pluma de los discursos de Milei y estratega de comunicación del Gobierno.
El juez Kreplak ayer respondió al comunicado oficial acusando que Milei tiene la obligación constitucional de abstenerse de interferir en la causa penal en curso por el caso del fentanilo adulterado. “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”, se limitó a contestar el magistrado.
El rol de la Anmat
El Gobierno está desarrollando un sumario interno para investigar las actuaciones de la Anmat. Según pudo saber , el procedimiento se inició hace aproximadamente un mes. La agencia encargada de controlar la calidad y la seguridad de los productos farmacéuticos es un organismo descentralizado y tiene un área de Coordinación de Sumarios, orientada a la “sustanciar sumarios administrativos disciplinarios”, según el organigrama oficial.
reveló que el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que depende de la Anmat, auditaron la planta del laboratorio Ramallo, de HLB Pharma, y emitieron informes en donde apuntaron por “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en la fabricación de fármacos.
Los lotes de fentanilo con bacterias fueron elaborados el 18 de diciembre de 2024, luego de la inspección de Anmat, y salieron a la venta a fines de ese mismo mes. La Anmat recién emitió la orden formal para inhabilitar a HLB Pharma el 10 de febrero de 2025, casi dos meses después.
Pese a que aún hay un sumario interno en curso, el comunicado de la Vocería Presidencial señaló: “El laboratorio de Ariel García Furfaro no era inspeccionado por Anmat desde febrero de 2020. En septiembre de 2024 asumió Lugones como Ministro de Salud y en noviembre de ese mismo año se ordenó la inspección del laboratorio Ramallo, productor de HLB Pharma. Producto de esa inspección, en febrero de 2025 y solo dos horas después de recibir el resultado de las actuaciones, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó al laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva. Tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado”.
El comunicado oficial agregó: “En marzo, la Anmat recomendó la no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000, evitando innumerables probables muertes durante intervenciones quirúrgicas simples”.
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POLITICA
Reforma laboral: cuánto cobrará un trabajador en caso de enfermedad o accidente

Tras la media sanción de la reforma laboral este miércoles en el Senado, el proyecto introduce cambios sustanciales en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.
El texto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera. La recidiva – reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida- de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los 2 años”, remarca el artículo 208 del proyecto.
“Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”, indica.
Y continúa: “La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.
Ahora bien, si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad y no tiene cargas de familia, la licencia por enfermedad o accidente paga es de 6 meses; y si además tiene cargas de familia, la licencia paga se extiende a 12 meses.
A su vez, se modifica el porcentaje de remuneración: en el esquema actual se cobra el 100%, mientras que la reforma propone que, si el accidente o enfermedad tiene origen en una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implica un riesgo conocido, perciba el 50% de la remuneración; en cambio, si no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, se percibe el 75% durante el período de licencia, ya sea de tres o seis meses.
Asimismo, el proyecto oficial especifica que el trabajador que no pueda asistir a su primer día de trabajo por enfermedad o accidente deberá informar inmediatamente la situación y el lugar donde se encuentra, salvo que se trate de un caso de fuerza mayor.
Por último, el texto establece que los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente, deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser brindados por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas.
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POLITICA
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión que busca otorgar media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, estableciendo una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Entre los presentes en el Congreso se encontró Romina, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de Santa Fe asesinado en diciembre de 2025 por menores que resultaron ser inimputables bajo la ley vigente.
Romina fue recibida anteriormente por Patricia Bullrich
Jeremías fue encontrado muerto el 22 de diciembre con más de 20 puñaladas en una antigua fábrica abandonada. La investigación determinó que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, mientras que su novia, M.A., fue imputada como coautora tras descubrirse que lo engañó para citarlo en el lugar del crimen.
Durante la manifestación frente al Congreso, Romina denunció la situación procesal de los responsables directos: “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”.

Jeremías Monzón
A pesar de su apoyo a la reforma, la madre de la víctima reconoció que la aprobación del proyecto no tendrá impacto legal en el caso de su hijo. “Lamenté que no se hará justicia por mi hijo porque esta ley no es retroactiva. Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, expresó.
Asimismo, cuestionó el enfoque actual del sistema judicial sobre la rehabilitación de los delincuentes juveniles: “Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”.
El debate actual retoma una discusión del año 2024, cuando el Ejecutivo propuso inicialmente bajar la edad a los 13 años, propuesta que perdió estado parlamentario pero sirvió de base para el dictamen actual.
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Cruce picante: qué se dijeron Adorni y Zaracho

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada Natalia Zaracho protagonizaron un intercambio de declaraciones en la red social X. El debate ocurrió tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación. Los funcionarios discutieron sobre la negociación con los gobernadores y la ejecución de obras públicas en las provincias.
Natalia Zaracho cuestionó la votación en la Cámara alta con duros términos contra el Poder Ejecutivo y los mandatarios provinciales. La legisladora sugirió que se otorgaron beneficios a las provincias a cambio de votos positivos para la ley.
Zaracho escribió: “Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar. A este Gobierno de hijos de p*ta, a los senadores que votaron esto y a los gobernadores que se vendieron por dos cordones cuneta”.
Manuel Adorni respondió el mensaje con un comentario técnico sobre las competencias del Estado nacional. El ministro coordinador buscó desacreditar la acusación de la diputada mediante la ironía. Adorni publicó: “Estimada Natalia, los ‘cordones cuneta’ son responsabilidad de los gobiernos locales, jamás podríamos haber otorgado dos de ellos tal como usted sugiere. Saludos”.
La iniciativa legislativa propone una modificación profunda en la Ley de Contrato de Trabajo. El texto otorga mayor flexibilidad en las condiciones de contratación y en el régimen de despidos. El oficialismo obtuvo el respaldo de los bloques de “opositores dialoguistas” para avanzar con estas medidas.
El plan estipula un recorte en los elementos que integran el cómputo para los pagos por desvinculación forzosa. Los empleadores excluyen el aguinaldo, las vacaciones y los premios de la cifra final. Tampoco ingresan las propinas en este cálculo. La ley crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) como herramienta principal de financiamiento. Estas cuentas poseen carácter inembargable y reciben aportes mensuales de las patronales.
Las grandes empresas destinan el 1% de sus contribuciones para conformar este fondo. Las pymes realizan un aporte mayor, que llega al 2,5%. La reforma también altera el régimen de enfermedades y accidentes fuera del ámbito laboral. El empleado percibe el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene cargas de familia. El plazo se extiende a seis meses para los trabajadores con familiares a cargo.

La reforma laboral establece restricciones severas para las medidas de fuerza sindicales. El Gobierno divide las actividades en dos categorías principales según su importancia social. Los servicios esenciales deben garantizar una prestación mínima del 75% de su capacidad habitual. Los servicios considerados trascendentales operan con al menos el 50% de cobertura durante los paros.
El dictamen deroga cinco estatutos profesionales con vigencia histórica. Los periodistas, los viajantes de comercio y los peluqueros pierden sus marcos normativos específicos. La medida alcanza también a los choferes particulares y a los operadores de radio. La cuota sindical obligatoria permanece vigente para todos los trabajadores. Los empleados pagan este aporte a los gremios sin importar su condición de afiliados.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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