POLITICA
Dos ministerios cooperan con la causa del fentanilo, pese a que la Casa Rosada amenazó con recusar al juez Kreplak
El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y el Instituto Malbrán -que depende del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones- vienen colaborando con aspectos clave de la investigación que lleva adelante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en la causa que del fentanilo contaminado procedente de los laboratorios de Ariel García Furfaro. Pese a la cooperación que viene dando el Poder Ejecutivo en el plano administrativo, en las últimas horas, el Gobierno hizo un giro: decidió imprimirle a la causa un sello político y presionar al juez del caso.
Bullrich había dicho el martes, en una entrevista concedida a LN+, que Kreplak es un magistrado “probo” y que las fuerzas de seguridad de su cartera están colaborando sin inconvenientes como auxiliares en la causa que investiga el fentanilo adulterado, procedente de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, de García Furfaro.
Tal como publicó , en tanto, el instituto Malbrán está realizando -por orden judicial- estudios para confirmar o descartar si el fentanilo de HLB Pharma fue el que causó la muerte de los pacientes internados en distintos centros de salud debido a la presencia de bacterias en ampollas de lotes que distribuyó ese laboratorio.
Por cuerda separada, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), según pudo saber , está llevando adelante un sumario interno sobre las actuaciones del propio organismo, que fue el que debió controlar la calidad y la seguridad del fármaco adulterado que ya causó al menos 87 muertes, según la investigación judicial.
Pese a que aún se aguardan los resultados de la pesquisa judicial y del sumario administrativo, la Casa Rosada emitió este jueves un comunicado oficial que señaló que García Furfaro es un empresario “corrupto y kirchnerista” que pasó de “verdulero a empresario farmacéutico multimillonario” como principal proveedor del gobierno bonaerense. Subrayó que el juez que investiga la causa es hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak. Y amenazó con recusar al juez de La Plata por su vínculo familiar en caso de que no ordene la “inmediata detención” del dueño de HLB Pharma Group SA.
“Si en los próximos días el juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Fuefaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con (el ministro de Salud provincial) Nicolás Kreplak”, señaló el comunicado de la Vocería Presidencial.
El escrito oficial, además, elogió el desempeño de Lugones (“el Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes”, aseguró el comunicado) y defendió el accionar que tuvo la titular de la Anmat, Agustina Bisio.
El escrito fue difundido por la Vocería Presidencial en X minutos después de que Javier Milei culminara su discurso en el Club Atenas de La Plata, en el acto de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
En el acto, el Presidente confrontó con Kicillof, lanzó durísimas críticas a su gestión y asoció directamente al peronismo con el escándalo del fentanilo. “¿Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país y que no quieren soltar en esta provincia a pesar de todo el daño que causa”, dijo Milei. Ese fue el preludio del comunicado oficial que fue difundido en redes sociales poco después.
El papel del Ministerio de Seguridad
Según pudo saber , las fuerzas del Ministerio de Seguridad continúan colaborando con la investigación judicial de Kreplak. En el Gobierno no quisieron dar detalles sobre qué tipo de ayuda están prestando debido a la “sensibilidad” de la causa, pero confirmaron que las tareas persisten.
Bullrich, en tanto, está en contacto con el juez de La Plata. “El vínculo era y es excelente con Patricia”, dijo a una fuente oficial. La ministra había dicho el martes que “confía” que el magistrado “está haciendo las cosas como las tiene que hacer”.
La presión sobre Kaplak fue una definición política que se tomó en la cúpula de la Casa Rosada. La titular de la cartera de Seguridad, que hoy oficializó que será la primera candidata a senadora nacional de LLA por la Capital Federal -y asoma como la principal vocera del oficialismo la campaña electoral hacia los comicios de octubre- no intervino en la decisión de advertirle a Kreplak por una eventual recusación. La funcionaria tuvo el miércoles una intervención quirúrgica ambulatoria menor en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), y en las últimas horas fue sometida a estudios. Este viernes, no participó de la reunión de gabinete en Balcarce 50 pero por la tarde firmó su candidatura y la anunció en redes sociales.
Lugones, en cambio, fue uno de los pocos miembros del gabinete que el jueves participó del acto proselitista de Milei en La Plata. También fue parte de la reunión de gabinete en la sede de gobierno, el viernes por la mañana. El ministro de Salud es cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo, pluma de los discursos de Milei y estratega de comunicación del Gobierno.
El juez Kreplak ayer respondió al comunicado oficial acusando que Milei tiene la obligación constitucional de abstenerse de interferir en la causa penal en curso por el caso del fentanilo adulterado. “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”, se limitó a contestar el magistrado.
El rol de la Anmat
El Gobierno está desarrollando un sumario interno para investigar las actuaciones de la Anmat. Según pudo saber , el procedimiento se inició hace aproximadamente un mes. La agencia encargada de controlar la calidad y la seguridad de los productos farmacéuticos es un organismo descentralizado y tiene un área de Coordinación de Sumarios, orientada a la “sustanciar sumarios administrativos disciplinarios”, según el organigrama oficial.
reveló que el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que depende de la Anmat, auditaron la planta del laboratorio Ramallo, de HLB Pharma, y emitieron informes en donde apuntaron por “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en la fabricación de fármacos.
Los lotes de fentanilo con bacterias fueron elaborados el 18 de diciembre de 2024, luego de la inspección de Anmat, y salieron a la venta a fines de ese mismo mes. La Anmat recién emitió la orden formal para inhabilitar a HLB Pharma el 10 de febrero de 2025, casi dos meses después.
Pese a que aún hay un sumario interno en curso, el comunicado de la Vocería Presidencial señaló: “El laboratorio de Ariel García Furfaro no era inspeccionado por Anmat desde febrero de 2020. En septiembre de 2024 asumió Lugones como Ministro de Salud y en noviembre de ese mismo año se ordenó la inspección del laboratorio Ramallo, productor de HLB Pharma. Producto de esa inspección, en febrero de 2025 y solo dos horas después de recibir el resultado de las actuaciones, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó al laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva. Tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado”.
El comunicado oficial agregó: “En marzo, la Anmat recomendó la no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000, evitando innumerables probables muertes durante intervenciones quirúrgicas simples”.
presionar al juez del caso.,August 15, 2025,pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ,August 15, 2025,ayer respondió al comunicado oficial,LA NACION reveló,Maia Jastreblansky,Fentanilo Mortal,Javier Milei,Patricia Bullrich,Conforme a,Fentanilo Mortal,,Definiciones. La Justicia espera el resultado de dos peritajes claves en la causa del fentanilo contaminado,,Fentanilo contaminado. “Los médicos dijeron que se encontraba bien y horas después murió”,,Fentanilo. El Gobierno amenazó con recusar a Kreplak si no pide la inmediata detención del dueño del laboratorio y el juez le respondió
POLITICA
El cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Axel Kicillof por los menores que delinquen
Una publicación de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, sobre la situación de los menores involucrados en delitos graves en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte controversia, una vez más, con la gestión bonaerense. La funcionaria nacional señaló que en esa jurisdicción “un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada”, un comentario que apareció tras un caso reciente que involucró a dos adolescentes, entregados por sus madres, acusados del asesinato de una mujer en Villa Luzuriaga. La reacción no tardó en llegar por parte de Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia gobernada por Axel Kicillof, quien respondió con dureza a Bullrich buscando refutar su apreciación sobre el tratamiento de los menores que delinquen.
El mensaje inicial, difundido a través de las redes sociales el lunes 19 de agosto, expuso el profundo desacuerdo entre las gestiones de seguridad a nivel nacional y provincial.
El asesinato en Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, implicó a dos menores de 15 y 17 años, quienes, según la investigación, participaron activamente del crimen. El hecho motivó no solo operativos policiales y manifestaciones vecinales, sino también declaraciones de funcionarios que pusieron en primer plano una discusión sobre la edad de imputabilidad y la respuesta estatal frente al delito cometido por adolescentes.
Según publicó Patricia Bullrich en su cuenta, “en la provincia de Buenos Aires un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir a su casa como si nada hubiera pasado”. La funcionaria nacional añadió en su publicación: “Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres.”. Con estas afirmaciones, Bullrich planteó la necesidad de discutir el marco normativo aplicable a los jóvenes involucrados en delitos graves, especialmente en la jurisdicción bonaerense.
“¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor”, enfatizó Bullrich.
La postura la reacción inmediata del gobierno provincial. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, respondió también desde su cuenta oficial: “Bullrich mentirosa e irresponsable. Primero, honrar la verdad: en la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”.
“Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires”, agregó.
Finalmente sostuvo: “Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso slogan impulsado por Milei”.
“Si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese -si es que todavía es ministra- de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”, cerró.
El funcionario bonaerense defendió así la actuación del poder judicial y de los organismos responsables de la protección de la infancia y adolescencia en la provincia, aportando detalles sobre la aplicación de la ley penal juvenil y subrayando el acompañamiento a las víctimas de situaciones como la ocurrida en Villa Luzuriaga.
El trasfondo del cruce tiene como referencia inmediata el caso conocido el lunes 18 de agosto, en el que una mujer de 44 años, identificada como Marina Gómez, murió tras recibir una puñalada durante un asalto cometido por dos adolescentes en un barrio residencial. Según la investigación, las madres de los acusados, al enterarse del crimen, decidieron entregarlos a la policía para que la justicia tomara intervención. Los adolescentes quedaron así a disposición del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, que investiga su participación directa en el asesinato.
El caso provocó protestas de la comunidad local por la sucesión de hechos violentos en la zona y renovó las críticas al sistema de seguridad local y nacional.
POLITICA
Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
Un juez civil y comercial federal le dio la razón a Cristina Kirchner para no pagar una indemnización de 1125 millones de dólares al Estado por el perjuicio que provocó con el fraude de Vialidad. Pero esa decisión no está firme, ya que puede ser apelada por el Gobierno.
Hace dos meses, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dejó firme una decisión del mismo juez que rechazaba la caducidad de la instancia. Hoy, el magistrado declaró la caducidad de la instancia.
Esta sentencia se dio en un juicio civil −por daños y perjuicios− que corre paralelo a la causa penal de Vialidad, donde Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión y por la cual debe afrontar el decomiso de sus bienes hasta la suma de 530 millones de dólares (648.990 millones de pesos).
En el juicio penal, Cristina Kirchner planteó justamente la semana pasada al tribunal oral que la condenó que ellos no eran competentes para rematar sus bienes. Dijo que sí lo era este juzgado civil y comercial federal N°2, a cargo del juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos. Como si hubiera estado segura de que le iban a dar la razón con este fallo conocido hoy.
Este demanda civil fue planteada en 2018 por Javier Iguacel cuando era titular de la Dirección Nacional de Vialidad en la gestión de Mauricio Macri. La demanda era por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. Según la cotización de 2018, el monto correspondería a 1125 millones de dólares.
La decisión tomada hoy por el juez Dos Santos implica −por ahora− la finalización del proceso judicial civil por inactividad procesal: durante seis meses Vialidad no hizo nada para hacer avanzar el caso, por lo que además deberá pagar las costas, que son millonarias, proporcionales al monto de la demanda. Esa inactividad del organismo ocurrió durante la presidencia de Alberto Fernández, en la que Cristina Kirchner fungía como vicepresidenta.
Pero el fallo no es definitivo, ya que es apelable ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. La misma que el 24 de junio pasado, hace dos meses, dejó firme el rechazo de una decisión similar.
Dos de los jueces que fallaron en ese momento se jubilaron, con lo que el asunto, si es apelado por el Gobierno, deberá ser revisado por la misma Sala de la Cámara, pero con otra integración.
El artículo 317 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación señala que “la resolución sobre la caducidad solo será apelable cuando esta fuere declarada procedente“, lo que sucede en este caso.
Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia y el juez la rechazó el 22 de noviembre de 2024.
Su intento de apelación fue denegado por el magistrado y esa denegatoria fue confirmada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal el 24 de junio de 2025, al basarse en que el rechazo es inapelable.
Sin embargo, el fallo de hoy, al conceder la caducidad de la instancia, es susceptible de apelación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.
La causa se originó el 25 de enero de 2018, cuando Iguacel presentó la demanda civil contra Cristina Kirchner y Carlos Santiago Kirchner, entre otros imputados en el caso penal de Vialidad.
El objetivo era obtener resarcimiento por daños y perjuicios al patrimonio nacional, supuestamente causados por la adjudicación y ejecución de la obras públicas fraudulentas de Santa Cruz.
El 22 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó la competencia de este asunto al fuero Civil y Comercial Federal.
Tras la contestación de la demanda, el 10 de marzo de 2023, Carlos Santiago Kirchner presentó un “hecho nuevo”: su absolución en la causa penal de Vialidad, el 6 de diciembre de 2022, y pidió ser excluido del caso.
La providencia que dispuso el traslado de este escrito, el 17 de marzo de 2023, fue un punto clave en la tramitación del expediente, considerado como un acto impulsor del proceso, que impidió la primera caducidad.
El 18 de septiembre de 2023, el apoderado de Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia, argumentando que la Dirección Nacional de Vialidad no había realizado presentaciones en la causa por más de dos años, ni había impulsado el expediente por más de nueve meses desde la notificación del juez competente. Era la Vialidad de la gestión de Alberto Fernández.
El 22 de noviembre de 2024, el juez rechazó este primer planteo de caducidad. Si bien consideró aplicable el plazo de seis meses sin actividad, lo computó desde el 17 de marzo de 2023 (el traslado del “hecho nuevo” de Carlos Santiago Kirchner), entendiendo que ese acto había impulsado el proceso.
La defensa de Cristina Kirchner apeló esta decisión el 28 de noviembre de 2024, por “manifiestamente arbitraria”. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2024, el juez denegó la apelación.
Cristina Kirchner fue en queja a la Cámara Civil y Comercial Federal, que rechazó su planteo. La Sala III de la Cámara reiteró que la denuncia de “hecho nuevo” por parte de Carlos Santiago Kirchner impulsó el procedimiento.
Ahora, el juez de primera instancia, Bruno dos Santos, a pesar de los fallos anteriores que habían mantenido viva la causa, ante la nueva presentación de caducidad planteada por Kirchner el 7 de abril pasado, le dio la razón.
La defensa argumentó que, si bien la instancia había estado suspendida por el trámite de la anterior caducidad, el proceso se reanudó el 17 de marzo de 2025, fecha en que todas las partes fueron notificadas de la resolución del 22 de noviembre de 2024.
Según la defensa, desde esa reanudación y hasta el 28 de marzo de 2025, la inactividad de la Dirección Nacional de Vialidad, esta vez del gobierno de Javier Milei, fue total, y se cumplió así el plazo legal de seis meses sin que nadie impulsara la causa.
El juez Dos Santos le dio la razón y dijo que el castigo es para la negligencia de Vialidad, que se desentendió del curso de su reclamo, y que además la medida busca evitar la duración indeterminada de los procesos cuando los interesados abandonan sus pretensiones.
El tribunal desestimó los argumentos de la DNV, que había señalado demoras judiciales, cuestiones de competencia, o presentaciones como el pedido de préstamo del expediente para digitalizarlo.
dejó firme una decisión,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Justicia Federal,Conforme a,Cristina Kirchner,,Vialidad. La Casación rechazó un recurso de Cristina contra la tobillera electrónica,,Detalle. Qué dice el peritaje de los “cuadernos de las coimas” sobre quién los escribió,,A 50 años del asesinato de Larrabure. Estuvo secuestrado 373 días en un pozo al que llamaron “cárcel del pueblo”
El Gobierno se enfrentará este miércoles a una sesión compleja en Diputados, donde se debatirá si quedan firmes o se rechazan los vetos que Javier Milei emitió sobre el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Esta última ley es la que mayor inseguridad genera en el oficialismo: no creen que puedan sostener la decisión del Presidente.
“La sesión de mañana es la más difícil”, aseguró una fuente libertaria de Casa Rosada. Pero no solo por los votos, sino por el momento en el que se dará el debate. “El cierre de listas nacionales dejó varios heridos”, agregó una fuente legislativa que votará a favor de los vetos.
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Por otro lado, La Libertad Avanza tiene más expectativas sobre los proyectos jubilatorios. Si bien no reina el optimismo, creen que los bloques aliados permitirán que el Ejecutivo llegue a los 86 votos que requiere -si están todos los diputados presentes- para cuidar los vetos.
En ese sentido, desde el Gobierno mantienen una negociación contra reloj y un trabajo artesanal para conseguir más voluntades a su favor. Sostienen que contarán con los votos del bloque PRO, de los radicales afines (La Liga del Interior) y de los legisladores que responden a los gobernadores del norte del país; es decir, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).
La postura de la oposición
En la oposición mantienen la esperanza de conseguir que todas las leyes se promulguen, aunque son conscientes que la emergencia en discapacidad es la que más posibilidades tienen de sostener. “La suba de las jubilaciones es más difícil y la iniciativa de la moratoria está hundida”, graficó un miembro de los bloques antagonistas al Gobierno.
Pero estos no son los únicos proyectos que quieren tratar los diputados este miércoles. También buscan debatir las iniciativas que impulsan los gobernadores, para repartir de manera automática los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el impuesto a los combustibles líquidos.
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Los encargados de discutirle al bloque de La Libertad Avanza son Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda. “Quórum va a haber, y ahí van a tener que traer a todo el mundo, porque los que queremos sostener las leyes nos vamos a quedar sentados”, expresó un legislador de una de estas agrupaciones.
No obstante, también deberán lograr más votos que los diputados oficialistas. Frente a este panorama, las miradas se posan sobre la UCR, que lidera Rodrigo de Loredo en la Cámara Baja.
Hasta el momento, es una incógnita cómo actuarán los legisladores de ese bloque. De ellos depende el resultado del poroteo, donde también toman protagonismo aquellos diputados que en la votación original se abstuvieron o se ausentaron.
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