POLITICA
Dos ministerios cooperan con la causa del fentanilo, pese a que la Casa Rosada amenazó con recusar al juez Kreplak

El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y el Instituto Malbrán -que depende del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones- vienen colaborando con aspectos clave de la investigación que lleva adelante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en la causa que del fentanilo contaminado procedente de los laboratorios de Ariel García Furfaro. Pese a la cooperación que viene dando el Poder Ejecutivo en el plano administrativo, en las últimas horas, el Gobierno hizo un giro: decidió imprimirle a la causa un sello político y presionar al juez del caso.
Bullrich había dicho el martes, en una entrevista concedida a LN+, que Kreplak es un magistrado “probo” y que las fuerzas de seguridad de su cartera están colaborando sin inconvenientes como auxiliares en la causa que investiga el fentanilo adulterado, procedente de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, de García Furfaro.
Tal como publicó , en tanto, el instituto Malbrán está realizando -por orden judicial- estudios para confirmar o descartar si el fentanilo de HLB Pharma fue el que causó la muerte de los pacientes internados en distintos centros de salud debido a la presencia de bacterias en ampollas de lotes que distribuyó ese laboratorio.
Por cuerda separada, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), según pudo saber , está llevando adelante un sumario interno sobre las actuaciones del propio organismo, que fue el que debió controlar la calidad y la seguridad del fármaco adulterado que ya causó al menos 87 muertes, según la investigación judicial.
Pese a que aún se aguardan los resultados de la pesquisa judicial y del sumario administrativo, la Casa Rosada emitió este jueves un comunicado oficial que señaló que García Furfaro es un empresario “corrupto y kirchnerista” que pasó de “verdulero a empresario farmacéutico multimillonario” como principal proveedor del gobierno bonaerense. Subrayó que el juez que investiga la causa es hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak. Y amenazó con recusar al juez de La Plata por su vínculo familiar en caso de que no ordene la “inmediata detención” del dueño de HLB Pharma Group SA.
“Si en los próximos días el juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Fuefaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con (el ministro de Salud provincial) Nicolás Kreplak”, señaló el comunicado de la Vocería Presidencial.
El escrito oficial, además, elogió el desempeño de Lugones (“el Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes”, aseguró el comunicado) y defendió el accionar que tuvo la titular de la Anmat, Agustina Bisio.
El escrito fue difundido por la Vocería Presidencial en X minutos después de que Javier Milei culminara su discurso en el Club Atenas de La Plata, en el acto de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
En el acto, el Presidente confrontó con Kicillof, lanzó durísimas críticas a su gestión y asoció directamente al peronismo con el escándalo del fentanilo. “¿Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país y que no quieren soltar en esta provincia a pesar de todo el daño que causa”, dijo Milei. Ese fue el preludio del comunicado oficial que fue difundido en redes sociales poco después.
El papel del Ministerio de Seguridad
Según pudo saber , las fuerzas del Ministerio de Seguridad continúan colaborando con la investigación judicial de Kreplak. En el Gobierno no quisieron dar detalles sobre qué tipo de ayuda están prestando debido a la “sensibilidad” de la causa, pero confirmaron que las tareas persisten.
Bullrich, en tanto, está en contacto con el juez de La Plata. “El vínculo era y es excelente con Patricia”, dijo a una fuente oficial. La ministra había dicho el martes que “confía” que el magistrado “está haciendo las cosas como las tiene que hacer”.
La presión sobre Kaplak fue una definición política que se tomó en la cúpula de la Casa Rosada. La titular de la cartera de Seguridad, que hoy oficializó que será la primera candidata a senadora nacional de LLA por la Capital Federal -y asoma como la principal vocera del oficialismo la campaña electoral hacia los comicios de octubre- no intervino en la decisión de advertirle a Kreplak por una eventual recusación. La funcionaria tuvo el miércoles una intervención quirúrgica ambulatoria menor en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), y en las últimas horas fue sometida a estudios. Este viernes, no participó de la reunión de gabinete en Balcarce 50 pero por la tarde firmó su candidatura y la anunció en redes sociales.
Lugones, en cambio, fue uno de los pocos miembros del gabinete que el jueves participó del acto proselitista de Milei en La Plata. También fue parte de la reunión de gabinete en la sede de gobierno, el viernes por la mañana. El ministro de Salud es cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo, pluma de los discursos de Milei y estratega de comunicación del Gobierno.
El juez Kreplak ayer respondió al comunicado oficial acusando que Milei tiene la obligación constitucional de abstenerse de interferir en la causa penal en curso por el caso del fentanilo adulterado. “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”, se limitó a contestar el magistrado.
El rol de la Anmat
El Gobierno está desarrollando un sumario interno para investigar las actuaciones de la Anmat. Según pudo saber , el procedimiento se inició hace aproximadamente un mes. La agencia encargada de controlar la calidad y la seguridad de los productos farmacéuticos es un organismo descentralizado y tiene un área de Coordinación de Sumarios, orientada a la “sustanciar sumarios administrativos disciplinarios”, según el organigrama oficial.
reveló que el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que depende de la Anmat, auditaron la planta del laboratorio Ramallo, de HLB Pharma, y emitieron informes en donde apuntaron por “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en la fabricación de fármacos.
Los lotes de fentanilo con bacterias fueron elaborados el 18 de diciembre de 2024, luego de la inspección de Anmat, y salieron a la venta a fines de ese mismo mes. La Anmat recién emitió la orden formal para inhabilitar a HLB Pharma el 10 de febrero de 2025, casi dos meses después.
Pese a que aún hay un sumario interno en curso, el comunicado de la Vocería Presidencial señaló: “El laboratorio de Ariel García Furfaro no era inspeccionado por Anmat desde febrero de 2020. En septiembre de 2024 asumió Lugones como Ministro de Salud y en noviembre de ese mismo año se ordenó la inspección del laboratorio Ramallo, productor de HLB Pharma. Producto de esa inspección, en febrero de 2025 y solo dos horas después de recibir el resultado de las actuaciones, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó al laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva. Tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado”.
El comunicado oficial agregó: “En marzo, la Anmat recomendó la no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000, evitando innumerables probables muertes durante intervenciones quirúrgicas simples”.
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POLITICA
Tras la salida de Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques juró como nuevo ministro de Justicia

El periplo presidencial no terminará allí: el miércoles 11, Milei estará en Santiago de Chile para asistir a la asunción del derechista Antonio Kast como nuevo presidente del país vecino. La delegación norteamericana para ese evento estará encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, con la cual se reducen las chances de una visita al país del poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, a quien desde el Gobierno esperaban para el jueves 12.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno formarán parte de la comitiva, según fuentes oficiales. Precavido, y con el objetivo de no generar un vacío en la gestión durante sus días de ausencia del país, el Presidente firmó ayer un original decreto, que lleva el número 130/26, que designa a cargo de la jefatura de gabinete de modo “interino” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y en su ausencia a su par de Defensa, Carlos Presti.
La reunión de El Doral, convocada por Trump, incluirá a presidentes aliados como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Paz, de Bolivia y Nasry Asfura, flamante presidente de Honduras desde el 27 de enero pasado. La necesidad de Trump de frenar la influencia de China, su principal adversario económico y geopolítico, en la región, será según fuentes oficiales uno de los temas clave a tratar en esa reunión, con hasta cinco invitados adicionales por país.
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POLITICA
Movimientos sociales y piqueteros debaten cómo enfrentar al Gobierno en medio del desgaste, el escepticismo y la desmovilización

La escena frente al Congreso, durante el debate de la reforma laboral, dejó más que una foto política adversa para la oposición sindical y social. También abrió una discusión incómoda dentro del propio universo de los movimientos sociales y piqueteros: cómo enfrentar al gobierno de Javier Milei cuando la calle ya no responde como antes y cuando, incluso dentro de los territorios populares, aparece una mezcla de cansancio, escepticismo, desmovilización y hasta temor por los impactantes despliegues de las fuerzas de seguridad.
Ese debate existe y atraviesa a la mayoría de las organizaciones. Lo reconocen en voz baja y también en voz alta algunos de sus dirigentes.
-¿Hay debate entre los dirigentes sociales, entre los militantes, por la baja convocatoria en las marchas contra las políticas de Javier Milei y hasta por los incidentes que grupos de encapuchados generan con las fuerzas de seguridad?, le preguntó este medio a un encumbrado dirigente popular con gran ascendente en el interior de las fuerzas que supieron realizar enormes marchas contra la administración de Mauricio Macri?, le preguntó Infobae a un encumbrado líder social.
-Por supuesto que hay debates, sí, sí hay debates de cómo encarar el proceso de resistencia que debe ser distinto al que aplicamos ahora, sobre todo desde los movimientos populares que venimos de un desgaste importante en relación a cierta pérdida de legitimidad, te diría de cara a la opinión pública, parte de la opinión pública, parte de los sectores políticos que se han montado en el cuestionamiento sistemático a los movimientos populares, que seguramente si algunos cometieron errores, tienen que asumir la responsabilidad, analizó.

Según su mirada, la discusión no es solo táctica sino también de legitimidad.
“Venimos de un desgaste importante en relación a cierta pérdida de legitimidad, te diría de cara a la opinión pública, parte de la opinión pública, parte de los sectores políticos que se han montado en el cuestionamiento sistemático a los movimientos populares”, sostuvo.
En ese sentido, el dirigente admitió errores, pero también cuestiona lo que considera “una campaña de desgaste”.
El importante activista social hace referencia a la difusión de supuestas auditorías sobre comedores comunitarios que eran asistidos por el Estado que, según el Ministerio de Capital Humano, en un “setenta por ciento no existen”. Un dato que no fue ratificado en documentos. De hecho, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia aclaró que la cifra surge de “inspecciones presenciales” realizadas al azar .
Más allá de la interpretación que le den los líderes sociales a la acción de los funcionarios contra organizaciones piqueteras y sociales, la Justicia ya elevó a juicio oral el expediente contra al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros 17 dirigentes por los presuntos delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”, los magistrados entendieron que los dirigentes piqueteros sacaron “provecho de su posición dominante” cuando “exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables”, y habrían desviado dinero para beneficio partidario de las partidas de dinero del ex programa Potenciar Trabajo. Con esas figuras, de ser encontrados culpables, la pena podría llegar hasta 15 años de prisión. En este caso la Cámara Federal porteña ordenó profundizar en la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Sobre este punto, los dirigentes sociales consultados por Infobae para esta nota opinaron: “Seguramente si algunos cometieron errores tienen que asumir la responsabilidad. Eso no quita la maratónica e importante tarea que desarrollamos los movimientos populares en la organización territorial: en lo que tiene que ver con el trabajo, en la organización comunitaria, en los problemas vinculados a la violencia, al consumo de falopa, a lo alimentario, a la violencia de género. Todo eso lo organizamos en los territorios”, explicó.
Y agregó: “Lamentablemente, hubo mucha mala leche de compañeros incluso que se montaron en parte de la estrategia del Gobierno para deslegitimar nuestro accionar”.
El debate estratégico
La discusión interna no se limita a la calle. También atraviesa el modelo de organización social y económica que sostuvieron durante años muchas de estas organizaciones. “Hay un debate más de carácter estratégico”, razonó uno de los dirigentes consultado.
“Nosotros somos críticos de lo que se ha hecho en términos de política social. Desde nuestro lugar estamos en una etapa de reconstrucción, incluso de herramientas para abordar los problemas sectoriales”.
Como ejemplo de esa reconversión mencionó un proyecto que todavía no fue presentado públicamente.
“En poco tiempo vamos a dar a conocer una experiencia que venimos construyendo con un sector empresarial importante. Nos hemos asociado para empujar una experiencia de organización del trabajo vinculada al problema del cuidado de adultos mayores”. El proyecto forma parte de lo que define como una “estrategia de reconversión”.

“Sobre todo a la hora de pensar la pelea vinculada a los trabajadores que están afuera, como también la reorganización de las políticas vinculadas a lo territorial, más a lo comunitario”.
El cuestionamiento a la lógica de los planes
Otro eje del debate interno gira alrededor de los programas sociales y su futuro. “En algunos sectores de los movimientos hay compañeros que todavía creen en la lógica de los planes. Pero otros espacios, como el nuestro, cuestionamos eso”, afirmó.
La crítica no implica negar la asistencia estatal, aclaró. “No porque no creamos que haya que tener en sectores específicos un acompañamiento del Estado a experiencias particulares, pero no puede ser una política ni permanente ni estable ni de carácter universal”. Y apunta a un problema estructural del mercado laboral argentino.
“Sobre todo para los compañeros que tienen trabajo pero no pueden tener legalidad, estar registrados, tener grados de institucionalidad, legislaciones que los amparen y que les permitan tener derechos de otra dimensión”, aseguró.
La calle ya no responde
El debate más visible, sin embargo, es el que gira en torno a la capacidad de movilización.
Las últimas tres marchas frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral mostraron una asistencia muy inferior a la que históricamente podían convocar los movimientos sociales, las centrales sindicales y los sectores piqueteros.

“Es cierto, hay miedo”, reconoció el dirigente. “Y no prende una bronca generalizada. Hay bronca, pero no hay una acción que tenga correlato con esa bronca”. En los barrios populares, asegura, aparece otro fenómeno. “Vemos también en algunos aspectos cierta resignación. Sobre todo, en los sectores populares que son más creativos a la hora de rebuscársela”.
El contraste aparece en otros sectores sociales. “En los sectores que van perdiendo poder adquisitivo y trabajo, más vinculados a la clase media, hay bronca, pero no hay una bronca disruptiva”, explicó.
También menciona episodios de tensión que empiezan a circular en los territorios.
“Hay bandas en los territorios medio sacadas. Que se están organizando para realizar acciones más violentas, pero la gran mayoría está en contra de esas iniciativas”, precisó.
Mucho discurso, poco cuerpo. La autocrítica también alcanza a la dirigencia política y social. Otro encumbrado dirigente social que suele poner el pecho en cada movilización cuestiona: “Creo que hay una pose en relación a la confrontación callejera. Mucho discurso para la televisión, poco poner el cuerpo”.
Ese diagnóstico explica, según su mirada, por qué muchas movilizaciones terminan sin impacto político. “Se terminan haciendo cosas relámpago como ir al Congreso y terminar haciendo un acto que no tiene sentido. Se han hecho muchos actos y movilizaciones durante este Gobierno, algunos más masivos, otros menos masivos, pero no terminan de mover el perímetro”, cuestionó.

La conclusión es incómoda. “Evidentemente la acción de lucha callejera tiene que tener otros mecanismos, otros métodos, que está claro que no lo tenemos claro”, reconocen entre las filas de los dirigentes que hacen semanas debaten la derrota en las calles. Para este dirigente, la crisis actual trasciende al gobierno libertario. “Esto es una opinión personal, pero creo que obedece a un fin de ciclo político y social”, analizó.
Un proceso que también impacta en el sindicalismo. “La política está en crisis, los movimientos populares están en crisis de representación y legitimidad”, continuó.
El ejemplo que menciona es la propia estructura sindical. “Cuando la CGT hace paro, la mitad de los trabajadores de la Argentina no están representados en eso”, planteó. Según su mirada, se trata de una transformación estructural.
“Es un cambio que incluso no se va a detener, continúe o no continúe Javier Milei en el Gobierno”, dijo y concluyó al decir: “Hay modificaciones estructurales que van a ser inevitables. Y esos cambios ni la política, ni la dirigencia social ni la dirigencia gremial los terminamos de entender todavía. Por lo tanto, tampoco actuamos en consecuencia en términos de la organización, de la representación o de las nuevas vocerías. Es un problema de carácter mayor”.
El Gobierno de Milei ganó la pulseada
El Gobierno de Javier Milei le ganó la pulseada a los organizadores de, por ejemplo, las últimas tres marchas frente al Congreso Nacional, convocadas en rechazo al proyecto de reforma laboral.
La definición no surge de interpretaciones ideológicas ni de recortes de redes sociales. Es la constatación de quienes recorrieron la Plaza del Congreso durante esas jornadas.Los organizadores ya no cuentan con el mismo poder de movilización. Ni siquiera gremios convocantes como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), identificados con sus chalecos verdes, ni las dos CTA lograron demostrar contundencia a la hora de ocupar las calles.

Las razones son múltiples: el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad; las políticas de Capital Humano, que eliminaron incentivos ligados a los planes sociales; la presencia de camiones hidrantes y brigadas motorizadas de la Policía Federal; el despliegue de Gendarmería, Prefectura; y Policía de Seguridad Aeroportuaria. O quizás una combinación de todos esos factores.
Lo cierto es que las marchas contra el Gobierno libertario fueron, según estimaciones de los propios organizadores, hasta un 90 por ciento menos numerosas que las protestas registradas durante la gestión de Mauricio Macri.
Incluso, el Polo Obrero y el bloque piquetero supieron reunir más militantes frente al Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández que los que hoy logran convocar contra las políticas libertarias.
Lo mismo ocurre con las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Los llamados “Cayetanos” llegaron a movilizar más de 300.000 personas cada 7 de agosto desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta Plaza de Mayo para reclamar la emergencia alimentaria.
Hoy, en cambio, dentro de ese mismo universo social, la discusión gira alrededor de una pregunta incómoda: cómo reconstruir poder político cuando la calle ya no responde como antes.
Marcha Congreso,Reforma Laboral
POLITICA
AFAGate: el extraño robo que puso en jaque el sistema de bolsos con dinero y un chat sugestivo sobre Mahiques

28 de abril de 2021. Juan Pablo Beacon, por entonces mano derecha de Pablo Toviggino, circula en un auto junto a uno de sus laderos, Bruno Seguel, por el barrio de Recoleta. Trasladan bolsos con dinero. En la esquina de la avenida Alvear y Parera, dos motochorros los sorprenden. Rompen uno de los vidrios, se roban una mochila y escapan sin dejar rastros. Cerca del mediodía, Beacon se encarga de llamar a su jefe para darle la noticia. “O estaban mal dateados o estamos jugados. Ayer fui con 300 !!”, le cuenta por WhatsApp. El poderoso tesorero de la AFA reacciona impactado: “La concha de su madre!!!”. El episodio, según registros judiciales a los que accedió , puso en jaque el sistema de bolsos y mochilas con dinero negro de la AFA.
Beacon y Seguel habían partido esa mañana desde el estudio jurídico de Lavalle 1718, donde hacían los recuentos. Tomaron por la avenida Callao y doblaron en Alvear. Hicieron 300 metros hasta que fueron abordados por dos motochorros en la esquina de Parera. Los ladrones rompieron uno de los vidrios y se llevaron una mochila. “No tenía nada importante en la mochila por suerte!!”, le contó Beacon a su jefe esa misma tarde por WhatsApp. El dinero, según mensajes que están en poder de la Justicia, estaba guardado en un bolso de tenis.
Pese a la reticencia de los protagonistas, el episodio, adelantado por este domingo, derivó en un expediente judicial en la Fiscalía 45 del fuero criminal y correccional. “Hubo un lesionado e intervino el SAME, por eso tuvieron que declarar en la comisaría”, explicó una fuente judicial.
La intervención de la Justicia alarmó a Toviggino. “Ni te nombramos, ni a vos ni tu ofi, nada de nada, solo el hecho… y por formalidad queda radicada en una fiscalía… si no hacemos nada, no pasa nada de nada”, minimizó Beacon en los supuestos mensajes con su jefe.
El tesorero de la AFA también se preocupó por la falta de discreción de su ladero. El intercambio quedó registrado en el teléfono de Beacon, que ahora está en manos del juez federal Luis Armella, a cargo de una de las causas ligadas a la AFA.
-Toviggino: Contaste de la oficina el robo y una cueva y demás? Se lo contabas a Maxi y Leandro escuchando todo
-Beacon: En la denuncia no… solo le comente a los chicos q Bruno había ido… pero q fue a comprar dolares para el.. q así fue de hecho. Pero Maxi me lo cruce y el ya sabia…. me dijo contame como fue. Estaban tomando un café en la habana y yo salia de buscar el sobre q habían dejado.
“Bruno” es Carlos Bruno Seguel, una de las personas que trabajaba en la oficina de Beacon y que aparece mencionada en la causa de la mansión de Pilar. Su nombre se utilizó para registrar varios de los autos de lujo que se encontraron en ese lugar. También aparecía detrás de Malte SRL, la sociedad con la que compraron ese terreno.
¿Había sido un robo al voleo o hubo un entregador? “Bruno (Seguel) fue a una cueva hoy. Pero el no cree q lo entregaran ahí porqie el salio con el bolso de tenis (sic)”, fue una de las primeras respuestas de Beacon ante las preguntas de su jefe. Pero las dudas persistían.
En ese contexto, el ladero de Toviggino propuso conseguir las cámaras de la zona y sugirió pedir ayuda “a Maiques”. Se supone que hablaba de Juan Bautista Mahiques, quien por entonces cumplía el rol de fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y que este miércoles fue designado ministro de Justicia por Javier Milei. Toviggino tiene relación también con Carlos Mahiques, juez de la Casación que, según reveló , celebró su último cumpleaños en la quinta de Pilar atribuida al tesorero de la AFA.
“No querés que la siga (la denuncia) así sacamos las imágenes de las cámaras y demás… por ahí nos podemos sacar las dudas si fue al ‘voleo’ o nos estaban siguiendo… o Nacho puede hablar con Maiques, en un ratito consiguen las grabaciones (sic)“, propuso Beacon al día siguiente del robo.
Un rato después, Toviggino decidió hacerse cargo del tema: “Claro con Nacho hay que verlo. Me ocupó yo“, escribió a las 14:42 del 29 de abril.
Todo indica que “Nacho” sería Ignacio Jakim, un hombre cercano a Mahiques y abogado de Pablo Toviggino en varias causas. Jakim apareció, por ejemplo, cuando el tesorero de la AFA se enfrentó al juez Miguel Nathan Licht, actual presidente del Tribunal Fiscal de la Nación.
Ante la consulta de , cerca del ministro Mahiques dijeron que ”lo excede que haya gente hablando de él en un chat, diciendo que quieren lograr contactarlo para que los ayude a conseguir cámaras por un robo».
Según los chats que están en poder de la Justicia, no es la única mención al flamante funcionario de Milei.
¿Se robaron dinero? En el expediente judicial, que aparece identificado en los registros del Ministerio Público como 147791/21, no se menciona. En su declaración policial, Beacon dijo que solo le robaron escrituras, mencionó una casa en la localidad de Moreno, tarjetas de débito, una SUBE, y hasta una tarjeta 365.
La causa judicial terminó archivada por falta de pruebas. Pero el episodio tuvo consecuencias en la operatoria de traslado de dinero que coordinaba Beacon. A partir de ese momento se intensificaron los videos y las fotos para dejar constancia de cada movimiento.
El circuito, a plena luz del día, arrancaba en financieras de la city porteña y terminaba en el domicilio vinculado a Toviggino, en Montevideo y Quintana, a metros del lugar del robo. El delivery se hacía en cajas de vino, bolsas, o mochilas, según revelan las fotos y videos obtenidos por este medio.
Se sospecha que ese dinero provenía de los desvíos de la AFA. La operatoria coincide, al menos de manera temporal, con la intervención de varias “intermediarias” que recaudaban los ingresos de la AFA en el exterior y luego desviaban el dinero a empresas “fantasma”. Hasta diciembre de 2021, esa función la cumplía Odeoma Gestión SL, radicada en Madrid y vinculada a Marcelo Fabián Ramón Saracco, oriundo de Santiago del Estero y cercano a Toviggino.
A partir del 9 de diciembre de ese año, el control pasó a manos de Javier Faroni desde TourProdEnter. reveló que desde las cuentas de esa empresa se desviaron casi US$55 millones de dólares a nueve empresas fantasma. Todas creadas en Miami.
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