POLITICA
Dura carta del Episcopado por el Garrahan: “Qué tipo de gobierno no es capaz de valorar la misión de los médicos”
En medio de un conflicto que tiene en vilo a los profesionales y trabajadores de distintas áreas del Hospital Garrahan, el Episcopado envió una carta al personal en el que defiende el reclamo salarial y apunta, sin nombres ni apellidos, contra las autoridades.
“¿Cómo nos hemos vuelto tan insensibles?“, dice en un tramo de la carta firmada por el Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo (presidente de la Conferencia Episcopal) y el Obispo Auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.
“Les compartimos nuestra perplejidad ¿qué nos ha pasado como sociedad que nos hemos vuelto insensibles al dolor de los más vulnerables: los niños y las personas con discapacidad?“, dice el texto que se difundió hoy pero fue enviado el jueves 5 de junio.
Un día antes una conmovedora marcha de velas y otra por reclamos de falta de prestaciones a discapacidad confluyeron en distintos puntos de Buenos Aires.
El Episcopado sostiene en la carta abierta: ¿Cómo podemos decir que valoramos toda vida y queremos defenderla cuando está amenazada si no priorizamos a quienes cuidan de la vida en todas sus formas? ¿Qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos?“, concluyó.
El comunicado del Episcopado arranca con una adhesión a la protesta de los residentes, que fue la punta de lanza de un conflicto que tiene al centro pediátrico en una situación de crisis.
“En estos días hemos recibido mensajes de algunos de ustedes poniéndonos al tanto de la dramática situación que atraviesan los médicos del Garrahan. En esta respuesta, queremos acercarles nuestra adhesión al pedido que hacen en relación con sus salarios y la situación general de la pediatría en el país”, explican las autoridades de la Conferencia Episcopal.
POLITICA
Tras el escándalo del examen de residencia, el Gobierno limitó la convalidación de títulos médicos de extranjeros
El Gobierno nacional confirmó que ninguno de los 117 aspirantes que se presentaron a rendir nuevamente el Examen Único de Residencias, tras el escándalo por sospechas de fraude, pudo revalidar la nota del primer parcial.
De ese grupo, 109 son extranjeros. A partir de eso, el Ministerio de Capital humano anunció una nueva medida para los médicos recibidos fuera del país: solo se otorgarán convalidaciones directas a las titulaciones que hayan acreditado el estándar de calidad de la Federación Mundial de Educación Médica.
Entre los países que los cumplen se encuentran Estados Unidos, España, Italia y Alemania, además de Argentina.
“Esto es un acto de justicia para con los estudiantes que con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades. No vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es”, aseguraron desde Capital Humano a través de un comunicado.
En el posteo, publicado este viernes por la tarde en X, la cartera encabezada por Sandra Pettovello indicó que, de esta manera, se limita el acceso a la residencia a aquellas universidades que “acrediten procesos de garantía de calidad equivalentes a los que rigen en Argentina”.
En enero, Argentina logró por primera vez que los médicos formados en universidades acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) puedan ejercer en el exterior sin necesidad de recertificar sus títulos.
La Federación Mundial de Educación Médica (WFME) constató que la CONEAU cumple con los estándares internacionales más exigentes, lo que otorga a los títulos médicos argentinos una validez global hasta el 31 de enero de 2035, con revisiones anuales para garantizar el mantenimiento de la calidad. Según el Ministerio de Salud de Argentina, este reconocimiento coloca al país en un selecto grupo regional, junto a Colombia y Chile, cuyos sistemas de acreditación ya habían sido validados por la WFME.
Cuáles fueron los resultados de los médicos que no aprobaron el segundo examen de residencias
“Los resultados son más que claros: ninguno de los médicos que debían revalidar la nota obtenida en el examen de ingreso a residencias pudieron hacerlo“, confirmó a Infobae el Ministro de Salud de la Nación Mario Lugones.
De los 141 convocados a rendir nuevamente, 117 obtuvieron notas mucho más bajas y 24 aspirantes, directamente, ni se presentaron.
Entre los ejemplos de mayores diferencias entre la nota original y la revalidación, se observa el caso del postulante con el DNI 36863064, quien bajó de 96 a 63 puntos; el DNI 96366249, de 93 a 44; y el DNI 96341122, de 95 a 36. Otros casos muestran resultados similares: el DNI 96318915 redujo su calificación de 91 a 45, mientras que el DNI 96379862 descendió de 92 a 37.
“Con esta medida, evitamos que 141 personas —133 de ellas extranjeras— ocupen lugares privilegiados en la orden de mérito que no les correspondía. En medicina, el ingreso se gana con conocimiento y esfuerzo. Detrás de cada guardia, diagnóstico y urgencia, hay vidas en juego”, posteó el ministro de Salud y médico cardiólogo, al respecto.
El operativo de seguridad para la prueba incluyó la prohibición de dispositivos electrónicos. No se permitió el ingreso con celulares, relojes inteligentes, calculadoras ni anteojos electrónicos. Cualquier salida del aula fue supervisada estrictamente por personal de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, además de efectivos de seguridad convocados para la ocasión.
La evaluación consistió en 100 preguntas de opción múltiple sobre salud del niño, de la mujer, del adulto y salud pública. La prueba tuvo una duración máxima de cuatro horas, de 9 a 13, y se corrigió exclusivamente con la grilla marcada por cada postulante y entregada al cierre.
Las autoridades establecieron que solo se mantendría la nota original si el nuevo resultado no variaba más del 10%. De lo contrario, la calificación de esta segunda prueba reemplazaría a la previa.
Un repaso de las cifras
- 141 fueron los profesionales convocados a rendir nuevamente el examen.
- 117 los aspirantes que rindieron la nueva evaluación.
- 24 los aspirantes convocados que no se presentaron al examen.
- 133, de los 141 convocados, eran médicos extranjeros.
- 109 fueron finalmente los aspirantes extranjeros que se presentaron a rendir la segunda evaluación.
- 100 fue el número de preguntas de opción múltiple del examen que debieron responderse en 4 horas.
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POLITICA
Juicio por el ataque a Cristina Kirchner: en un “careo” caliente, testigos cruzaron versiones sobre el bloqueo del celular de Sabag Montiel
“Nunca le hice entrega del sobre”, dijo Priscila Santillán, miembro de la Policía Federal. “Sí, me dio en mano el sobre”, contrapuso Pablo Kaplan, perito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “No te lo entregué a vos, hermano. Yo al sobre lo dejé apoyado en el escritorio”, insistió la oficial.
La escena, por momentos confusa, pero cargada siempre de tensión, tuvo lugar este miércoles y corresponde al “careo” que dispuso el Tribunal Oral Federal número 2 para que dos testigos zanjaran las contradicciones e inconsistencias que surgieron en sus respectivas declaraciones en el marco del último debate en el juicio oral por el ataque a Cristina Kirchner en 2022.
Dentro de aquel sobre de papel, en la noche del 1 de septiembre, viajó el celular de Fernando Sabag Montiel, el tirador que intentó, sin éxito, atentar contra la vida de la expresidenta. La importancia de la disputa entre los testigos radica en que, desde esa noche, el aparato permanece “brickeado”, con un error de inicio que impide acceder a sus datos, y casi nadie cree que puedan rescatarse.
A pedido de las partes, el tribunal dispuso una mesa en el centro de la sala AMIA, donde transcurre el juicio oral, para que, bajo juramento de verdad, los testigos pudieran salvar las diferencias en sus relatos. No ocurrió: hubo cruces, interrupciones, ironías envenenadas y hasta un pedido de la presidenta del tribunal, la jueza Sabrina Namer, para que el perito Kaplan, que acompañó su relato con gestos ampulosos, redujera la “agresividad” durante su exposición.
La audiencia contó con una inusual presencia policial porque la testigo Santillán presta servicio como custodia de la jueza María Eugenia Capuchetti, instructora de la causa junto con el fiscal Carlos Rívolo. Por este mismo motivo, luego de que fracasara el primer peritaje, realizado por el cabo Heredia en el juzgado de Capuchetti, la oficial Santillán trasladó el celular hasta una base militar, donde se ubican las oficinas de la PSA, que cuenta con una versión premium del programa forense UFED, creado en Israel.
Santillán afirmó una y otra vez haberlo entregado en mano y en un sobre cerrado, pero quienes lo recibieron, insistieron con que el celular llegó encendido, en un sobre doblado y abierto, y sin cadena de custodia.
Hubo otras diferencias, como la disposición de los muebles, el tamaño del lugar y la secuencia de las acciones. Santillán sostuvo que, luego de dejar el aparato en un escritorio, se distrajo tomando un café que le ofrecieron, perdió de vista el sobre y luego este apareció abierto. “Son unos mentirosos hijos de puta”, diría Santillán al abandonar la sala AMIA, desbordada de furia.
La versión del perito Kaplan contó con el respaldo de otros dos testigos presentes en el lugar: Camila Serén, perito certificada en el programa UFED, y Damián Neustadt, quien trabajaba por ese entonces en el Ministerio de Seguridad. Eran 3 contra 1. Una “rareza”, dijo una fuente judicial.
Pero no fue eso lo que debilitó la versión de Santillán, sino el hecho de que ella misma, tras entregar el celular, firmó in situ un acta en la que reconocía que el sobre estaba abierto y el celular, prendido.
“Vos pediste autorización para firmar algo que vos no convalidás. ¿Cómo es?”, la increpó Kaplan. “Y el café yo te lo serví por humanidad”, añadió.
Santillán rubricó el acta luego de hablar por teléfono con un secretario del juzgado y pedir instrucciones para saber cómo debía actuar. Un llamado que ninguno de los testigos puso en duda.
Tampoco hubo controversias respecto a otro hecho llamativo: la presunta “precariedad” –al decir de Neustadt– con la que fue trasladada una prueba clave en el caso. La oficial Santillán llevó el celular sola, en un sobre color madera, luego de que le compartieran la ubicación de la base militar por WhatsApp. Llegó fumando, con el sobre en una mano –un testigo dijo que lo portaba debajo de la axila– y el cigarrillo en la otra.
Fuentes policiales dijeron a este medio que el traslado de una prueba es una actuación judicial que puede y debe ser custodiada por personal policial, pero no ejecutada. Fuentes judiciales sostuvieron que lo importante es que el celular esté en manos de expertos.
Desde aquella noche, los peritos contaron que las condiciones de entrega mejoraron notoriamente.
Una causa por el bloqueo del celular de Sabag Montiel tramita en paralelo en el juzgado de María Servini. En ese expediente, Kaplan, Seren y el cabo Heredia fueron sobreseídos por la jueza, que concluyó que no podía avanzarse más en la investigación.
El último intento por franquear el teléfono se realizó hace una semana, pero el resultado fue el mismo: sobre el aparato se hizo correr una metodología que había funcionado previamente en un celular igual al de Sabag Montiel, un Samsung A50 G, al que, adrede, se lo inoculó con el mismo error de inicio.
“Ninguno de los intentos resultó exitoso sobre el dispositivo celular Samsung modelo SM-A505 G perteneciente al imputado Fernando Sabag Montiel, a pesar de haber agotado las distintas alternativas que fueron planificadas en las pruebas previas para abarcar este peritaje con el despliegue tecnológico más acertado”, dice el informe firmado por especialistas de todas las partes.
No funcionó porque el dispositivo de Sabag Montiel tenía la huella de muchas intervenciones y estaba, al decir de los peritos, “sensibilizado”.
La que se hizo en el juzgado, en condiciones muy desfavorables, según dijeron los peritos, fue una de ellas. Por caso, minutos antes de que se intentara acceder al teléfono, hubo un corte de luz y se debió traer un estabilizador de tensión.
El propio Sabag Montiel dijo en su declaración que el aparato tenía ya muchas batallas y que para lograr encenderlo, por ejemplo, debía seguir un procedimiento en particular, apretando varios botones a la vez.
El teléfono, por estas horas, está reiniciado de fábrica, tal como quedó cuando la PSA intentó hacer el peritaje. Sus datos, coinciden los peritos, son prácticamente irrecuperables.
Las únicas expectativas están puestas en que se desarrolle una nueva tecnología que permita extraer la información del aparato, si es que todavía la conserva, o en que Israel, en plena guerra con Hamas, revele que cuenta con herramientas forenses desconocidas y las facilite. “Está como Walt Disney, a la espera de que la tecnología lo descongele”, se bromeaba en una conversación sobre el tema.
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POLITICA
Impulsan un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio de presidentes y jueces de la Corte
En medio de la pulseada política por el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, el PRO reactivó un proyecto para poner fin a las asignaciones vitalicias que cobran quienes ocuparon los más altos cargos del país.
La propuesta, firmada por el diputado bonaerense Gerardo Milman, apunta a derogar un régimen que —según sus fundamentos— resulta “inmoral, injustificable e incompatible con los principios republicanos” y que actualmente beneficia a miembros de la Corte Suprema, exmandatarios, exvicepresidentes y familiares de expresidentes fallecidos.
El debate surge en medio de la disputa entre el presidente Javier Milei y la oposición por el sostenimiento o no del veto del Poder Ejecutivo, que rechazó el aumento del 7,2% a las jubilaciones y pensiones.
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La actual norma, sancionada en 1991, otorga asignaciones vitalicias a quienes hayan ocupado los máximos cargos del Poder Ejecutivo Nacional bajo condiciones claramente privilegiadas y desconectadas de los parámetros del régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
“Este proyecto tiene una motivación clara: terminar con un privilegio inmoral, injustificable e incompatible con los principios republicanos que deben regir una democracia moderna”, fundamentó Milman en su presentación.
“Con el régimen actual, al menos 13 expresidentes y exvicepresidentes han percibido montos que superan ampliamente los $6.000.000 —en valores actualizados a 2025—, lo que representa un gasto fiscal financieramente injustificable en el contexto de una economía contraída y un sistema previsional colapsado”, sostuvo el legislador nacional.
Los jubilados de privilegio
En la actualidad, hay cuatro expresidentes que perciben jubilaciones del régimen especial, tres exvicepresidentes y cuatro familiares. Los exmandatarios son Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá, María Estela Martínez de Perón y Alberto Fernández; y los exvicepresidentes, Julio Cobos, Gabriela Michetti y Daniel Scioli.
Entre los familiares figuran: Zulema Yoma, viuda del expresidente Carlos Menem; Inés Pertiné, viuda de Fernando de la Rúa; Bety Nelly Andrés, viuda del expresidente de facto Roberto Levingston; y Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido, exjefe de Estado.
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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no percibe la jubilación de privilegio ni la pensión como viuda de Néstor Kirchner, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le revocó el beneficio. Lo mismo ocurrió con del exvicepresidente Amado Boudou, argumentando que “la finalidad de la asignación de privilegio oportunamente otorgada a favor del titular deviene jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública, en perjuicio del Estado Nacional”, según la resolución de 2024.
Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Cristina Kirchner recibió una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En tanto, el presidente Javier Milei renunció el año pasado, por nota, a la jubilación de privilegio, por “decisión indeclinable para no ejercer el derecho” a la futura prestación. La ANSES ya aprobó su determinación.
Los argumentos de Milman
El legislador sostuvo que “el sistema previsional argentino presenta un déficit estructural que oscila entre el 2% y el 3% del PBI, dependiendo del año y la metodología de cálculo, sumado a la baja densidad de aportes, alta informalidad laboral y una marcada regresividad en la distribución de los beneficios.
El 65% de los jubilados cobra haberes mínimos o cercanos al mínimo, y las sucesivas reformas estructurales han afectado la movilidad y la previsibilidad del sistema”.
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“En este contexto crítico, cada peso destinado a jubilaciones de privilegio es un acto de injusticia redistributiva. En una Argentina empobrecida, con jubilaciones mínimas que no alcanzan a cubrir la canasta básica de un adulto mayor, con millones de trabajadores informales sin aportes y generaciones enteras que se preguntan si alguna vez podrán jubilarse, no hay justificación alguna para que quienes detentaron el máximo poder institucional del país se retiren con beneficios millonarios”, señaló.
Por otra parte, aclaró: “No queremos eliminar el régimen especial por resentimiento, ni es un impulso de revancha, ni siquiera una mirada punitiva. Surge de una convicción ética, política e institucional. Eliminar las jubilaciones de privilegio para expresidentes y exvicepresidentes no solo aliviará marginalmente el gasto público, sino que además enviará un mensaje contundente a la sociedad: que la ley es pareja para todos, que nadie está por encima de ella, que el tiempo de los privilegios terminó y que empieza, de una vez por todas, el tiempo de la responsabilidad”.
El proyecto, junto a otras iniciativas similares, deberá ser discutido en la Comisión de Previsión Social de la Cámara baja.
Jubilaciones, privilegios, Gerardo Milman
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