En Infobae en vivo, la discusión sobre la legitimidad y el costo de los concejos deliberantes cobró fuerza a partir de los datos presentados por la Fundación Libertad. “Si yo veo eso, digo: ¿para qué le estamos pagando?”, planteó Rosendo Grobo al analizar el informe que expone la estructura de empleados en los cuerpos legislativos locales.

Durante el intercambio con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado ese martes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, el debate giró en torno al informe anual que detalla “cuánto salen los concejos deliberantes” en distintas ciudades del país. Jove destacó: “Lo hace todos los años, se renueva y actualiza las cifras la Fundación Libertad respecto a cuánto salen los concejos deliberantes. Empieza a llamar la atención la comparación: por qué ciudades con más o menos habitantes tienen más gasto por concejal”.

El informe de Fundación Libertad y la polémica por la estructura

El punto de partida fue el informe de la Fundación Libertad, que reveló diferencias notorias en la cantidad de empleados por concejal entre distintas localidades. Grobo subrayó: “En Posadas, por cada concejal hay 122 empleados, Manu. No estoy diciendo que los concejales tienen que cobrar más o menos. De hecho, en la mayoría de los casos, los funcionarios públicos deberían cobrar mejor, deberían cobrar bien, pero debería haber un concejal y no debería haber 122 empleados por cada concejal”.

El referente advirtió sobre el desvío de recursos: “Se está utilizando el concejo deliberante para otra cosa”. El informe, según el panel, expone cómo la estructura se convierte en una “caja para hacer otras cosas”. Manu Jove resaltó: “En realidad lo que está arrastrando el presupuesto por concejal es un montón de otros empleados que terminan usando los concejos deliberantes como caja”.

Maia Jastreblansky sumó una perspectiva sobre la lógica política detrás de la estructura: “Esos contratos son un insumo para hacer política. ¿Cómo le pagás a tus colaboradores? Con contratos”.

Desigualdades y funciones en los concejos deliberantes

La discusión avanzó sobre las diferencias entre localidades y provincias. Grobo precisó: “La ciudad de Posadas tiene 13 concejales, por cada concejal, la ciudad de Posadas tiene 122 empleados. A menos que sea el concejo deliberante más prolífico del planeta Tierra, hay algo raro acá”. Y agregó: “No se explican las diferencias tampoco adentro de la misma provincia, porque el caso de Oberá no tiene nada que ver con Posadas y están muy cerca”.

El panel analizó también el sentido de los concejos deliberantes y su rol de contralor: “El concejo deliberante regula o hace ordenanzas municipales, es como el Legislativo a nivel local”, explicó Grobo. Lara López Calvo advirtió sobre el poder institucional: “Es el órgano que puede destituir al intendente también. Por eso, en general, el intendente busca controlar el concejo deliberante”.

Jove aportó: “En muchos casos, es siempre el Conurbano. En el Conurbano, vemos varios casilleros que tienen un número veinticuatro”.

Crisis de legitimidad y demandas de mayor transparencia

La crisis de confianza en las instituciones fue otro eje de la discusión. Grobo sentenció: “La legitimidad de las instituciones la defienden las instituciones. Si el Congreso después se está quejando porque los diputados ganan malos sueldos o porque la gente no les cree, tienen que preocuparse por trabajar para dar mejores resultados”.

A propósito del uso de los recursos, Grobo fue contundente: “La biblioteca del Congreso tiene más empleados que ninguna empresa privada. ¿Y con qué explicación? Ya no se lee ni libros en formato físico. No estoy diciendo que hay que cerrar la biblioteca del Congreso, pero se utiliza para otra cosa que no tiene nada que ver con la biblioteca del Congreso”.

El informe de la Fundación Libertad fue considerado un avance en materia de transparencia. Jove remarcó: “Este informe anual repasa y consigue todos los presupuestos, te habla de un nivel de transparencia poco habitual en la política, porque andá a conseguir el presupuesto en detalle de varias legislaturas provinciales, no aparecen”.

Grobo celebró la mayor conciencia fiscal que se instaló en el debate público: “Creo que hay algo positivo de la época y de lo que trae Milei, que es mayor conciencia fiscal”. Y completó: “Lo primero que hay que hacer es que las instituciones funcionen para lo que tienen que funcionar, que el Congreso haga lo que tiene que hacer, que es legislar, y que los concejos deliberantes hagan lo que tienen que hacer, que es hacer ordenanzas municipales”.

El panel coincidió en que la estructura actual dificulta la eficiencia: “No hay ninguna forma de justificar que en una ciudad haya un defalco de guita como la que hay. Me parece que eso es parte de la crisis de legitimidad que tienen esas instituciones. Cuida la guita, no gastes guita de más, mostrame qué servicio público estás dando por esto y tiene que haber muchísima más transparencia”, reclamó Grobo.

La discusión se cerró con un llamado a revisar la estructura de asesores y empleados: “¿Cómo puede ser que tengan la misma estructura que hace diez años, con lo que cambió el mundo? Una estructura de 122 empleados no tiene sentido. El problema es, además, que no trabajan de eso”, concluyeron los analistas.

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rosendo grobo

El Tribunal Oral Federal 7 retomó este martes las audiencias del juicio por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, con la expresidenta Cristina Kirchner como principal acusada.

Al principio de la audiencia, el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, presentó una recusación contra el juez Fernando Canero, pero el presidente del tribuna resolvió tratarlo por secretaría para evitar la interrupción de la jornada.

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Por otra parte, la defensa del empresario Mario Rovella pidió anular la declaración prestada como arrepentido. El abogado Pablo Medrano argumentó que Rovella declaró bajo “coacción” y que su voluntad fue “doblegada” con amenazas de prisión. “Se trata de un mecanismo incompatible con el Estado de Derecho, usado sistemáticamente en este proceso”, dijo el letrado al fundar su decisión.

Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., había admitido pagos ilegales presentados como “aportes” a campañas políticas. Ahora, ofreció una reparación económica de casi medio millón de dólares para extinguir la acción penal. El tribunal deberá decidir sobre esta cuestión.

Todos los pedidos de nulidad o recusación serán tratados al final de esta etapa por parte del tribunal. La estrategia se repite entre los acusados. El primero en hacerlo fue el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, que abrió las cuestiones preliminares denunciando un presuntoforum shoppingen el inicio de la causa y apuntó contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por un supuesto manejo extorsivo de la figura del arrepentido.

Esos argumentos fueron retomados por varias defensas que también pidieron la nulidad del proceso.

La defensa de Roberto Baratta, a cargo de Marcos Aldazabal, insistió en el vínculo entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio(condenado por extorsión y espionaje ilegal). Por su parte, la defensa de De Vido, encabezada por Maximiliano Rusconi, cuestionó la acusación y recordó que su cliente ya fue absuelto del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad.

Baratta y De Vido fueron señalados por varios empresarios arrepentidos como figuras centrales del esquema. La acusación sostiene que Baratta, junto a su chofer Centeno sería quien recibía el dinero en efectivo, mientras que De Vido aparecía como una de las cabezas de la presunta estructura.

Una vez resueltos los planteos preliminares, el TOF 7 dará vista a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) para responder, antes de decidir si se avanza a la etapa de pruebas e indagatorias.

La causa que tiene a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita, cohecho y maniobras de recaudación ilegal durante el período 2003-2015.

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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.

cuadernos de la corrupción, Justicia, Ricardo Jaime

La Casa Rosada sigue marcando el ritmo del Congreso. No solo mantiene un férreo control sobre los temas, al punto que sus legisladores prácticamente no presentan proyectos propios y avanzan exclusivamente con los que envía el Ejecutivo, sino que ahora también determina el orden de los asuntos a tratar.

Aunque no se había comunicado formalmente, el temario para las sesiones del jueves y el viernes próximo en el Senado ya estaba definido. La intención del oficialismo era abordar el jueves en el recinto la ley de reforma del Régimen Penal Juvenil y la ley de Glaciares, y al día siguiente tratar el pliego para embajador en Bruselas y ante la Unión Europea de Fernando Iglesias, el acuerdo Unión Europea-Mercosur y la ley de Modernización Laboral.

Sin embargo, en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión informativa de este martes, el bloque de La Libertad Avanza notificó un cambio de planes: el jueves se trataría el pliego de Iglesias, el acuerdo UE-Mercosur y la modificación a la ley de Glaciares, y el viernes quedarían los dos temas principales de las sesiones extraordinarias: Régimen Penal Juvenil y Modernización Laboral.

Las primeras explicaciones provenientes del oficialismo apuntaban al peronismo como responsable del cambio. “Ellos van a querer hablar todos”, sostuvo un senador libertario. Esta versión fue respaldada por una alta fuente del radicalismo que señaló al bloque justicialista. Sin embargo, con el correr de la mañana salió a la luz la verdadera razón.

“Lo pidió la Casa Rosada porque quieren ser los primeros en aprobar el acuerdo”, explicó una fuente de LLA. ”La frase de que la Argentina fue el primer país del Mercosur en aprobar el acuerdo ya está escrita en el discurso de Milei de apertura de sesiones”, agregó alguien con llegada tanto al mundo libertario del Congreso como a la Casa Rosada.

El apuro libertario se vincula con el hecho de que Uruguay avanza rápidamente hacia la ratificación del entendimiento entre el bloque sudamericano y los países europeos. El Congreso uruguayo tiene todo listo para hacerlo.

La Comisión Especial de Uruguay para el tratamiento y aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur aprobó ayer, lunes, el texto, que pasará a las Cámaras de Senadores y Representantes para su ratificación, seguramente en el transcurso de esta semana.

Según la agencia EFE, los legisladores integrantes de la comisión votaron la aprobación del acuerdo por unanimidad, en una jornada que contó con la presencia del canciller uruguayo Mario Lubetkin y del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

“Si todo sigue como está y el miércoles efectivamente se aprueba por parte del Senado el acuerdo, quizá el jueves la Cámara de Diputados lo ratifique. Eso sería simplemente sensacional”, remarcó este lunes en conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores, en declaraciones reproducidas por la agencia EFE.

Estas afirmaciones de las autoridades uruguayas encendieron las alarmas en la Casa Rosada, que, sabiendo del interés de Milei por ser el presidente que logre primero la aprobación del acuerdo, impulsó a los senadores libertarios a proponer e imponer el cambio en el cronograma legislativo ya definido para los últimos dos días del período de sesiones extraordinarias.

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