POLITICA
Duro informe de Amnistía Internacional por el retroceso en derechos humanos durante la gestión de Milei
La organización no gubernamental Amnistía Internacional advirtió sobre un fuerte retroceso en lo relativo a los derechos humanos en la Argentina durante 2024. “12 meses de gobierno, 12 derechos perdidos” se titula el apartado del informe que se dedica a profundizar sobre el caso argentino y la gestión de Javier Milei.
“El deterioro de los derechos no es una metáfora: durante 2024 vimos en Argentina como se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantía individuales”, señaló la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski, que calificó el proceso como “efecto Trump”.
Las 12 áreas que registraron un retroceso según Amnistía Internacional son: libertad de expresión; libertad de reunión y asociación; cibervigilancia: amenazas a la privacidad, legalidad, igualdad y libertad de expresión; transparencia y acceso a la información pública; pobreza; jubilados; derecho a las mujeres a tener una vida sin violencia; derechos sexuales y no reproductivos; diversidad; Educación Sexual Integral; negociacionismo del cambio climático, y pueblos originarias.
El organismo, en un documento previo, ya había cuestionado el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Aumentó la represión contra quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente. Esto derivó en más de 1100 heridos, detenciones arbitrarias y ataques a periodistas”, precisó el organismo.
En el informe se destacan, entre otras cosas:
– La persecución y confrontación violenta frente al disenso. El miedo, las noticias falsas y la desinformación muestran una poderosa estrategia de adoctrinamiento y censura.
– Ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información, donde prima la discrecionalidad y la opacidad frente a la rendición de cuentas.
– La represión del derecho a la protesta pacífica como política de Estado y el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, amparado por el llamado “Protocolo Anti-Piquetes”.
Por otro lado, el organismo señaló a la hora de mencionar los 12 derechos vulnerados un “achicamiento del espacio cívico y la reducción de la participación ciudadana en la vida pública”, el cual fue de la par con “el aumento de la represión y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra quienes ejercieron su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente para expresar su descontento ante las autoridades”.
Para ejemplificar, se hizo hincapié en retrocesos graves en derechos económicos y sociales y en las jubilaciones, como factores que profundizan la desigualdad y la exclusión, afectando fundamentalmente a mujeres, personas LGBTI+, pueblos indígenas, infancias y sectores empobrecidos.
“Lo que vemos en Argentina no es un hecho aislado: es parte de una tendencia global que busca silenciar voces críticas, desmantelar políticas de protección y reprimir la expresión pacífica. En nuestro país, este retroceso se ha dado de manera acelerada y deliberada“, enfatizó Belski.
“El Estado es un gran recolector de información y datos a través de sus diferentes agencias (ANSES, AFIP, RENAPER) que uno no puede negarse a dar. Pero patrullar las redes sociodigitales y todas las aplicaciones, es un objetivo tan amplio e inabarcable que supone controlar un sinfín de posibilidades en cada uno de los teléfonos móviles, computadoras, smartTVs y consolas de los más de 46 millones de argentinos”, advirtió el informe en el capítulo sobre la cibervigilancia.
Sobre el acceso a la información, el informe detalló:» Otro derecho restringido en este primer año de gestión fue el derecho de acceso a la información pública, a través de la regulación de un nuevo decreto emitido por el gobierno Nacional, el decreto 780/2024. El conocimiento y la información son poderosas herramientas con las que cuentan los ciudadanos para el control y la rendición de cuentas de los gobiernos y para combatir la corrupción».
También cuestionó las políticas de ajustes. “Las políticas de ajuste que se llevaron adelante desde el cierre del 2023, junto con una escalada en los precios profundizaron el impacto directo en los hogares de ingresos medios y bajos, con un incremento de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. De acuerdo con el INDEC, el número de personas que vive en situación de pobreza creció del 41.7% al 52.9% desde el último trimestre de 2023, cuando el gobierno de La Libertad Avanza tomó posesión, al primer semestre de 2024, lo que equivale a un aumento de 11.2 puntos. Esto significa, en la práctica, que 15,7 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. Además, más de un millón de niños va a dormir sin cenar (UNICEF)”, señaló el documento.
Y agregó, sobre las jubilaciones: “La reducción del valor de las pensiones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado a cabo por la administración del presidente Javier Milei. A lo largo del primer año de gestión, la jubilación mínima no alcanzó a cubrir el costo de vida de una persona jubilada, afectando su derecho a un nivel de vida adecuado”.
POLITICA
«El anarquista de la molotov»: detuvieron a otro de los manifestantes por los incidentes frente al Congreso
Luego de los incidentes frente al Congreso, la Policía Federal detuvo este domingo a Milton Tolomeo, señalado como “el anarquista de la molotov”. Fue atrapado en Avellaneda tras un allanamiento en su casa.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la captura en sus redes sociales: “El anarquista de la Molotov, preso. Desde las 7 de la mañana, para contarte que detuvimos al violento que fue al Congreso a provocar caos”.
Leé también: El Gobierno identificó a 17 manifestantes que causaron incidentes fuera del Congreso durante la reforma laboral
“En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos. Dijimos que lo íbamos a atrapar, y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan”, detalló en X.
La investigación avanzó a partir del análisis de los videos de los incidentes ocurridos el miércoles pasado, cuando un grupo de manifestantes atacó con bombas molotov a las fuerzas de seguridad en medio de la protesta contra la reforma laboral.
Tolomeo no figuraba en las listas preliminares de sospechosos ni en los videos difundidos inicialmente por el Ministerio de Seguridad, donde se identificaron a cuatro personas. Tampoco aparecía en la nómina de 17 implicados que se conoció el viernes.
Sin embargo, los peritos lograron establecer su participación directa en el lanzamiento de artefactos incendiarios tipo “molotov” contra el personal de las fuerzas federales. La detención se concretó este domingo por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6.
Durante el allanamiento en la casa de Tolomeo, los efectivos secuestraron bidones con combustible, la ropa que habría usado durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas.
El Gobierno había pedido celeridad en la identificación de los responsables de los destrozos y ataques durante la marcha, y los calificó como “terroristas”. Con esta detención, ya son tres los acusados que quedaron a disposición de la Justicia.
Molotov, Congreso, Incidentes
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Detuvieron al manifestante que arrojó una molotov durante la marcha contra la reforma laboral
El Gobierno confirmó del manifestante que arrojó al menos una bomba molotov en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la marcha contra la reforma laboral el miércoles. Se trata de Milton Tolomeo, que fue identificado por las autoridades como el “anarquista de la Molotov”.
“Todos lo vimos cuando lanzaba la bomba con un único objetivo: sembrar el caos y desestabilizar el orden institucional. Dijimos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos”, celebró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
En un video que compartió este domingo por la mañana en su cuenta de la red social X, la funcionaria detalló que la detención se realizó este sábado por la noche en el partido bonaerense de Avellaneda, y que a partir de ahora el delincuente quedará “aislado en alto riesgo”.
“En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos anarquistas violentos“, añadió en el comunicado y cerró: ”Dijimos que lo íbamos a atrapar y lo hicimos. En la Argentina, las hacen, las pagan».
La ministra ya había difundido en sus redes sociales los datos de las primeras cuatro personas identificadas por los incidentes: Matías Enzo Roldán (27 años), Federico Alberto Mazzagalli (de 42), Patricio Hernán Castellán (de 33) y Denis Alejandro Figueredo (20 años).
Tolomeo asistió a la movilización convocada por la CGT y distintos sectores sociales y políticos y fue captado por las cámaras de distintas señales de televisión en el momento en que levantaron un muro improvisado y se dispusieron a armar bombas caseras que lanzaron a los uniformados.
En primer lugar, los encapuchados comenzaron a arrojar palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona. Los efectivos, ubicados detrás de vallas metálicas y escudos, respondieron con carros hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos para contener el avance.
En medio de los disturbios, el grupo de hombres levantó una especie de barricada con elementos de la vía pública y se organizó detrás de ese improvisado muro para preparar las bombas Molotov.
Tras los disturbios, 71 personas terminaron detenidas, de las cuales al menos 54 habían sido liberadas el jueves. Según informaron fuentes oficiales a , 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Los liberados corresponden a esta última jurisdicción.
Los 14 que continuaban detenidos por la policía porteña se reparten entre 10 hombres en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050, en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350, en Palermo. Por su parte, Nación había detenido a 51 personas: 24 manifestantes en el Congreso y 27 en controles en estaciones de tren cuando se dirigían a la movilización.
En tanto, el Gobierno denunció por hechos de terrorismo a 17 manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso.
manifestante,anarquista de la Molotov,pic.twitter.com/cG2F98Xck9,February 15, 2026,Actualidad política,Congreso Nacional,Conforme a,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,Contra el columnista. Otro ataque del Presidente a Fernández Díaz,,En la provincia de los Menem. Villarruel se fotografió con un gobernador kirchnerista en su visita a un festival,Actualidad política,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,¿Con qué necesidad?,,La calidad de nuestra clase dirigente
POLITICA
Efecto Santa Fe: policías y penitenciarios de Río Negro rechazaron un aumento en cuotas y amenazan con acampar por tiempo indeterminado en Viedma
Tras el caso de la violenta protesta policial y posterio aumento salarial en la provincia de Santa Fe, el gobierno de Río Negro también podría enfrentar un frente de tormenta luego de que un sector de la Fuerza rechazó los anuncios de recomposición salarial atados a la inflación.
La medida, que buscaba descomprimir las tensiones con el personal policial provincial, para algunos no fue suficiente. Por ende, representantes de los uniformados entregaron ayer por la tarde un petitorio en General Roca y se anunció un acampe policial para este miércoles frente a la Casa de Gobierno en Viedma, convocado por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro, para exigir una mejor recomposición salarial y denunciar la precarización de los haberes.
La decisión reflejó el hartazgo del sector ante lo que consideraron el estancamiento del diálogo con las autoridades provinciales, y anticipa una profundización del conflicto si no se obtienen respuestas inmediatas.
Qué exigen los policías rionegrinos
El pliego salarial elevado al gobierno provincial por parte del Consejo demanda un haber inicial de $1.800.000, objetivo considerado justo y necesario para garantizar la seguridad alimentaria del personal. Además, remarcó la urgencia de que el gobernador Alberto Weretilneck los reciba Consejo y escuche las reivindicaciones.
Junto a los reclamos salariales, la crisis habitacional se suma al conflicto. Según Rubén Muñoz, referente del CBPPRN, muchos agentes están bajo riesgo de ser desalojados por atrasos en el pago de alquileres y que algunas familias, en situaciones extremas, no logran asegurar la alimentación básica.
En esta etapa, el Consejo de Bienestar Policial estableció contactos con la agrupación ASSPUR (Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro) para coordinar acciones conjuntas, ampliando el frente de protesta entre distintos sectores estatales.
La convocatoria al acampe, según destacó Muñoz en diálogo con FM de la Costa, es por una “necesidad urgente” y del reclamo colectivo de los uniformados rionegrinos por una recomposición de los haberes “real y no con ítems en negro que perjudican, desfinancian y que además vulneran los derechos de nuestros retirados”.
El Consejo anticipó que la permanencia frente a la Casa de Gobierno será indefinida hasta que el gobernador acceda a negociar y a dar respuestas efectivas a la crisis socioeconómica que atraviesa la fuerza.
Qué ofreció el Gobierno rionegrino
Según el anuncio del Gobierno, la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial recibió en febrero una mejora del 6,79 %, ya que al ajuste por inflación (5,2 %) se suma un adicional específico del 1,5%, dando como resultado un haber inicial de $1.417.366 para el personal de seguridad. Este incremento también se aplicará al personal en situación de retiro y pensionadas, según informó el Ministerio de Seguridad de Río Negro.
La propuesta oficial contempla un incremento del 5,2 % de un agente de la administración central por encima de $1.100.000 en febrero. El esquema de aumentos operó bajo un criterio de actualización automática basada en la evolución del índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y local.
Para las fuerzas de seguridad, el incremento también se aplicará sobre el “valor punto policial” y sobre los adicionales relevantes, asegurando que “incida de la misma manera en el haber neto de bolsillo de todas las jerarquías policiales”. Además, el ingreso mínimo para otros escalafones de la fuerza quedará en $1.254.000.
La variación del IPC correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, definió la tabla salarial policial para febrero. Por otro lado, en mayo de 2026 se asignará un nuevo incremento, con la variación del IPC correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2026. Así quedarán los aumentos para este mes:
- Suma fija no remunerativa y no bonificable de 250.000 pesos que se abonará en dos cuotas de 125.000 pesos cada una, a pagarse el 20 de Febrero y el 20 de Marzo respectivamente.
- Incremento adicional únicamente para personal Policíal y Servicio Penitenciario Provincial del seis por ciento (6%), a abonarse en cuatro cuotas del 1,5% cada una, junto con los haberes de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2026.
- Aumento del 100% al ítem de ayuda escolar. Se abonó con los haberes de febrero de 2026. Hijo: 80.000 pesos e hijo con discapacidad, 160.000 pesos.
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