POLITICA
Duros cruces entre oficialismo y oposición por la negativa de tres ministros a presentarse en Diputados
La pelea por el relato se da en todos los frentes. Y el Congreso no está ajeno a esto. Para el día de hoy estaban programadas dos sesiones informativas en donde los diputados habían votado la presencia de tres ministros nacionales para que expliquen diferentes actos de gobierno. Sin embargo, los tres funcionarios avisaron que no estarán presentes y comenzó una disputa entre oficialismo y oposición por ver quién las cancelaba.
El pleno de la Cámara Baja votó el pasado 8 de octubre la presencia del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, para hoy a las 12 del mediodía. La intención era que el titular del Palacio de Hacienda explique y detalle las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos respecto de una ayuda económica para la Argentina, los detalles de ese acuerdo y lo que la administración Donald Trump pedía a cambio de apoyar al gobierno de Javier Milei.
Dos horas más tarde, para las 14, estaban citados también en el recinto, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinden explicaciones sobre la causa de las denuncias de coimas en Andis.
A pesar de la obligación que conlleva la citación, los tres funcionarios avisaron que no iban a asistir alegando problemas de agenda y que quedaban abiertos a la posibilidad de una nueva fecha. Con esto, la razón de ser de las dos sesiones especiales dejaba de existir.
Sin embargo, el recinto de la Cámara de Diputados amaneció en medio de los preparativos para llevar adelante la sesión. El personal de seguridad de la Casa se apostó en los ingresos al Salón de los Pasos Perdidos y al hemiciclo a la espera del ingreso de los legisladores. Y desde la oficina del presidente de la Cámara anunciaron que, a pesar de la ausencia de los ministros, se abrirá la sesión. “Martín Menem se va a sentar como corresponde, no sabemos qué hará el resto”, señaló una fuente de la presidencia.
Desde los bloques de la oposición se mostraron molestos con la actitud de Menem. “Esto lo podemos arreglar entre los presidentes de los bloque señalando una nueva fecha porque lo determinante es que mandaron notas diciendo que no iban a venir, por eso no hay sesión”, explicó un diputado oposición.
Germán Martínez, presidente del bloque de UP, escribió en su cuenta de X: “Karina Milei y Lugones no quieren hablar de las coimas en Discapacidad. Toto Caputo no quiere venir al Congreso a contar lo que sabe del acuerdo con el Tesoro de los EE.UU. Es un gobierno de corruptos y cagones. Lo van a pagar en las urnas”.
Unos 15 minutos antes de la hora establecida para iniciar la sesión los presidentes de los bloques de la oposición presentaron una nota a la presidencia de la Cámara en donde le solicitan a Menem que “requiera” a los ministros “que informen la fecha y hora en que podrán presentarse ante esta Cámara”. La frustrada presentación de los funcionarios en el recinto en el día de la fecha, resulta de la interpelación votada por este cuerpo el día 8 de octubre del corriente decidida en los términos del art. 71 de la Constitución Nacional y el art. 204 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. “Los mencionados funcionarios alegaron, mediante nota con fecha de ayer, cuestiones de agenda que les impidieron cumplir con la interpelación. Si bien comprendemos que la gestión y administración diaria del gobierno implica una agenda intensa, esto no puede ser un impedimento para acatar la interpelación dispuesta por esta Cámara de Diputados en el marco de sus atribuciones constitucionales. Por lo expuesto, le solicitamos que envíe una nota requiriendo a los funcionarios que, por el mismo medio, nos informen la fecha y hora en que podrán comparecer para cumplir con la interpelación decidida por este cuerpo”.
En paralelo, los bloques acordaron no ir al recinto para que quede “vacío” en el momento que Martín Menem se presente. “Es una pelea por el relato porque ellos quieren decir que no hay quórum”.
Estaban molestos desde anoche luego de una reunión en la oficina de Menem de la que participaron Oscar Agost Carreno y Miguel Angel Pichetto por Encuentro Federal, Germán Martínez de UP, Cristian Ritondo del PRO, Gabriel Bornoroni de LLA y Rodrigo de Loredo de la UCR. La oposición solicitó levantar la sesión entendiendo que los ministros ya habían avisado que no iban a asistir. Menen adujo cuestiones reglamentarias y la oposición señaló que una simple resolución lo solucionaba.Finalmente, no hubo acuerdo.
Apenas un minuto pasado las 12:30 y con solo 12 diputados presentes -ninguno del PRO ni de la LLA- con el escritorio preparado para unos ministros que ya habían anunciado que no iban a asistir, Menem anunció que por la falta de quórum se daba por “fracasada” la sesión convocada.
Una nueva fecha
La oposición buscará insistir con la presencia de los ministros en una nueva sesión no sólo porque pretenden que den explicaciones sobre Andis y el acuerdo con los EEUU, sino porque también notaron algo en las respuestas que llegaron del Ejecutivo. Particularmente en la de Karina Milei.
“La secretaria de la presidencia señala que no puede venir por problemas de agenda, no porque es improcedente si citación. En este esquema entendemos que Karina Milei entiende que es admisible que el Congreso la cite. Y lo vamos a hacer”.
En el caso de la respuesta de Lugones, el ministro de Salud expresa que si es necesario puede responder por escrito. En los pasillos del Congreso entienden que eso es una señal de que el ministro que hasta ahora se mantiene en silencio, asistirá o a la Comisión de Salud o al recinto.
Ahora se espera que haya un acuerdo para una nueva fecha de citación a Karina Milei, Toto Caputo y Lugones. Mientras tanto, el recinto de la Cámara de Diputados sigue preparado para una sesión que debería desarrollar esta tarde y que, de no mediar un acuerdo con LLA, tendrá una tónica similar a lo que sucedió a las 12 del mediodía.
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POLITICA
El Gobierno busca aprobar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil antes del 1 de marzo
El oficialismo busca acelerar el tratamiento legislativo para que la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea estén aprobados antes del 1 de marzo, con el objetivo de que formen parte del discurso del presidente Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias.
Para cumplir con este cronograma, el Gobierno ya giró el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados y se espera que el Ejecutivo publique un nuevo decreto que extienda las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.
En la Cámara de Diputados, la intención de Martín Menem y Gabriel Bornoroni es citar a un plenario de comisiones para el miércoles 18 de febrero, con el fin de dictaminar y sesionar el jueves 19. Sin embargo, esta estrategia de tratamiento “exprés” enfrenta cuestionamientos de la oposición.
“En el Senado tardaron dos meses y acá lo quieren hacer en 48 horas. Es imposible que podamos tener una discusión seria en ese plazo”, advirtió un diputado opositor, mientras que otros sectores critican lo que consideran un funcionamiento de “escribanía” por parte de quienes antes cuestionaban estas prácticas.
Diputados aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el debate se traslada al Senado
Además del rechazo opositor, La Libertad Avanza enfrenta la resistencia de sus socios, como el bloque del PRO encabezado por Cristian Ritondo, que adelantó que pedirá modificaciones al proyecto de reforma laboral.
Según interpretan sectores del kirchnerismo, el apuro oficialista responde al temor de que se introduzcan cambios que obliguen al texto a volver al Senado. En paralelo, Patricia Bullrich impulsa su propio ritmo en la Cámara Alta con la meta de dictaminar la próxima semana el Régimen Penal Juvenil y el tratado con la Unión Europea.
El oficialismo necesita cumplir con los siete días de plazo reglamentario entre el dictamen y la llegada al recinto para sesionar antes de fin de mes. Una alta fuente libertaria admitió a Infobae las dificultades de la negociación con los aliados para asegurar el quórum y las firmas necesarias: “Aunque los propios estén, necesitamos de los socios y no los podemos obligar”.
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Acuerdo Mercosur Unión Europea,baja de edad de imputabilidad,Reforma Laboral,régimen penal juvenil
CÓMO ES HOY. En cuanto a las plataformas digitales, como Rappi, Uber o Pedidos Ya, sus trabajadores se encuentran hoy en una zona gris. Trabajan de manera independiente, el tiempo que desean; suelen estar registrados como autónomos y facturan por sus servicios, pero siempre por fuera de la ley de contrato de trabajo. Algunos fallos judiciales, sin embargo, ya identifican en ese vínculo laboral algunos elementos típicos de una relación de dependencia.
En cuanto a los trabajadores de tiempo parcial, hoy no pueden superar los dos tercios de una jornada completa. Si eso ocurre, aunque sea por una hora, los trabajadores cobran la totalidad del salario.
QUÉ DICE EL PROYECTO. En cuanto a las plataformas digitales, se les otorga un marco legal más definido, al introducir la figura legal del “trabajador independiente”, que reconoce, por caso, una cobertura a los accidentes laborales. No obstante, la reforma genera cierto rechazo en el sector porque mantiene al trabajador de plataforma por fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Para los trabajadores de tiempo parcial, se prevé una paga proporcional al tiempo de trabajo, sin cláusula “gatillo”. Así, si se trabaja el 80% de la jornada, se cobra por el 80% de la jornada.
POLITICA
El abogado laboralista Mario Ackerman analizó los puntos centrales de la reforma que obtuvo media sanción: “Faltó debate jurídico”
En una entrevista en Infobae en vivo, el abogado laboralista Mario Ackerman evaluó la reforma laboral que obtuvo media sanción en Diputados y cuestionó la forma en la que se avanzó en el Congreso: “Me parece mal cómo se hizo, el debate que empieza ahora es jurídico y no se dio”. Considerado uno de los mayores especialistas en la materia, Ackerman remarcó que el texto aprobado “es muy imperfecto, sobre todo con los últimos agregados que hicieron”, y anticipó que la falta de definiciones técnicas generará conflictos en la Justicia.
Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Ackerman desgranó los principales ejes que, a su criterio, quedaron mal resueltos en la reforma. “Algunos puntos clave se agregaron ‘a puño alzado’ el día anterior al tratamiento parlamentario. Ahora viene la discusión sobre, por ejemplo, cuál es el límite de la jornada de trabajo. ¿Siguen existiendo las ocho horas? ¿Podría un empleador exigir que el trabajador trabaje veinticuatro horas como hace la policía? No está claro”, sostuvo.
Ackerman explicó que la ausencia de discusión jurídica deja abiertas preguntas centrales para la vida laboral cotidiana. “Se perdió una oportunidad de hacer las cosas bien. Acá se podía haber hecho una cosa completamente distinta, conveniente para todos, sin sacarle plata a los trabajadores, bajando el costo de las empresas”, lamentó.
Las grietas de la litigiosidad y la indemnización
Ackerman desmintió que la reforma resuelva la llamada “industria del juicio”. “No hay una industria de juicio, lo que hay es mucha litigiosidad, y esta reforma no va a resolverlo si no se atacan las causas de fondo”, afirmó. Detalló que, según los datos de los tribunales laborales de la Capital Federal, “más de la mitad de los juicios en trámite son por accidentes de trabajo y el cuarenta por ciento restante por empleo no registrado o por no reconocer la relación de dependencia”.
El abogado profundizó sobre el cálculo de las indemnizaciones y las zonas grises que persisten. “En la base de cálculo de la indemnización, la pregunta es si en ese sueldo entran el aguinaldo, los premios anuales. Esto la ley lo unifica, pero no es lo que provoca más litigiosidad”, aclaró. Para Ackerman, el verdadero núcleo de conflicto se encuentra en la actualización de los créditos laborales: “Hoy los líos pasan por la tasa de interés, cómo se actualizan los créditos. Esto lo resuelve la ley y para mi gusto, de buena manera: de aquí en adelante, costo de vida más el tres por ciento anual”.
Sin embargo, advirtió que la distinción que introduce la reforma para los juicios en trámite incentivará la judicialización: “Si hubieran dicho que a todos los juicios, aun a los juicios en trámite, se aplica costo de vida más el tres por ciento, eso no se discute más. Pero si hacés esta distinción caprichosa, esto va a provocar litigiosidad, porque el negocio es no pagar”.
Pymes, informalidad y el costo del trabajo en negro
Consultado sobre el impacto en el universo pyme, Ackerman fue taxativo: “La pyme tiene trabajadores en negro en términos de legítima defensa. Es la única vía que tiene para bajar los costos”. Dijo que la presión fiscal y la caída de la actividad empujan a las pequeñas y medianas empresas a la informalidad como alternativa para sobrevivir. “Al Estado no puede dejar de pagarle, los servicios no puede dejar de pagarlos. Al trabajador le puede pagar en negro, o por lo menos una parte en blanco y una parte en negro”, puntualizó.
Para el abogado, el centro del problema no reside en la voluntad de las pymes, sino en la estructura de la economía argentina: “¿Por qué los grandes supermercados no tienen trabajadores en negro? Porque son formadores de precio. El problema de la pyme es un problema de números, pero no le castiguemos al trabajador”.
Ackerman relató casos de empresas metalúrgicas que, ante la caída de ventas y la imposibilidad de financiarse, debieron reducir personal y recurrir al pago informal: “Hoy cada vez es más necesario que la pyme tenga trabajadores en negro y venda productos en negro para equilibrar los costos. No puede exportar porque no le dan los números y tampoco puede pedir crédito porque es inaccesible”.
Las nuevas restricciones al derecho de huelga y el riesgo de inconstitucionalidad
Ackerman cuestionó la ampliación de los servicios considerados “esenciales” o “de importancia trascendental” en la nueva legislación y su impacto sobre el derecho de huelga. “Ahora pasamos a tener más de 70 rubros considerados esenciales. ¿No es una restricción al derecho a huelga?”, señaló.
Como exintegrante de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, explicó: “El criterio de la OIT es que los servicios esenciales, en sentido estricto, son aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. En esas actividades, la prohibición del derecho de huelga es admisible, pero en otros casos la interpretación debe ser restrictiva”.
El especialista anticipó una ola de impugnaciones sindicales y criticó la incorporación a último momento de la obligación de cumplimiento total para las fuerzas de seguridad: “Van a cansarse de plantear inconstitucionalidades los gremios por este tema. Eso implica reconocer el derecho de huelga a la fuerza de seguridad, un error tremendo que incorporaron a último momento”.
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