POLITICA
Eduardo “Lule” Menem habló sobre el caso de las coimas en la ANDIS: “Un burda operación del kirchnerismo”
En medio de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Eduardo “Lule” Menem habló tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo y aseguró que se trata de una “burda operación del kirchnerismo”. “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones”, indicó.
El escándalo se desató luego de que trascendieran audios Spagnuolo, en los que denunciaba presuntas maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos. En esa grabación, el ex funcionario menciona a la droguería Suizo Argentina S.A.
“Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, afirmó a través de una publicación en su cuenta de X. El mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei, y el titular de Diputados, Martín Menem, —hijo de Lule— quien también quedó vinculado en el caso. Al mensaje del presidente de la Cámara baja en el Congreso se sumó la secretaria General de la Presidencia Karina Milei.
La presión mediática y política, según Menem, lo forzó a romper el silencio: “Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto”.
Las grabaciones fueron difundidas en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. Los audios atribuidos a Spagnuolo describen con precisión un funcionamiento en el que operadores de la agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales.
Según el propio Spagnuolo, el mecanismo permitía a la droguería Suizo actuar como intermediaria privilegiada, con capacidad para definir condiciones y precios ante los proveedores locales
El subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei, negó cualquier relación con los hechos investigados y puso en duda la veracidad de los materiales que circulan: “No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido”, sostuvo.
En su descargo, “Lule” Menem rechazó de plano cualquier participación en los procesos de contratación de la ANDIS. “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”, aseguró.
Además, agregó que nunca recibió denuncias ni tuvo conocimiento de irregularidades: “Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado”.
“Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del ANDIS”, continuó.
Al referirse al contexto político, Menem vinculó la aparición de estas denuncias con el calendario electoral: “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral”.
El funcionario cerró su declaración reafirmando el compromiso oficial: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”.
Tras el comunicado de “Lule” en su cuenta de X (Twitter), Martín Menem citó la publicación y comentó: “Mañana lunes —por hoy—voy a estar a la mañana en el programa de Antonio Laje a las 9:00 y a la noche en el programa de Luis Majul a las 20 horas”.
Mientras tanto, el caso avanza en la Justicia. De hecho, ayer por la noche el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria por el presunto delito de encubrimiento a Ariel De Vincentis, el jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, quien está sospechado de haber ayudado a escapar a Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de Suizo Argentina. Este último aún no fue hallado por la Justicia.
POLITICA
Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
La división de la obra social de los militares sería la fórmula elegida por el Gobierno para alivianar la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que arrastra una deuda de $200.000 millones y un déficit operativo mensual de $10.000 millones, además del corte de prestaciones que afecta a sus casi 600.000 afiliados.
La deuda crece a un ritmo de $20.000 millones por mes y los cortes en las prestaciones se registran en medio de situaciones extremas que atraviesan pacientes oncológicos, otros que son sometidos a trasplantes, los que afrontan patologías crónicas severas y los insulinodependientes, entre otros cuadros graves. La crisis se profundizó en los últimos dos años, en los que pasaron por Iosfa tres presidentes.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó hace dos semanas en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados su decisión de que la Prefectura y la Gendarmería “no estén más en el Iosfa y tengan su propia obra social”, su par de Defensa, Luis Petri, trabaja para constituir una nueva entidad que garantice la cobertura de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.
Ambos ministros quieren dejar encaminada una posible solución al desmanejo de la obra social antes del 10 de diciembre próximo, fecha en que pasará al Senado y Petri se sumará a la Cámara de Diputados.
Más allá de la crisis económica y financiera de la obra social –la tercera más grande del país, por sus dimensiones, detrás del PAMI y el IOMA-, Bullrich dijo en la reunión parlamentaria que las fuerzas de seguridad “se sienten mal en el Iosfa” porque hay prestaciones a las que no acceden. “Pagan burocracia y reciben menos servicios”, graficó. A eso se suma que las fuerzas federales tienen dos representantes en el Directorio y las Fuerzas Armadas, seis.
La ministra reveló que se está trabajando en reformular el Iosfa, , que fue creado por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 637/2013 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, al unificar las obras sociales que cada fuerza manejaba históricamente por separado. A juicio de Bullrich “se creó una superestructura que encareció totalmente el sistema” y en la práctica cada fuerza mantuvo la organización de su propia obra social.
Fuentes cercanas a la conducción de Iosfa confirmaron a que es necesario un DNU para modificar la norma vigente. Asimismo, desestimaron la posibilidad de que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pasen a tener una obra social propia. La obra social es conducida desde noviembre de 2024 por la contadora Betina Surballe, tras las gestiones sucesivas del médico Oscar Sagás y del contador Roberto Fiochi, ambos mendocinos y en cuyas administraciones la deuda se multiplicó.
Según pudo saber , una de las propuestas que se estudian en el Gobierno apunta a que la abultada deuda sea asumida por el Ministerio de Economía. Así lo expresa un borrador que circuló en las Fuerzas Armadas. “La referida obligación será atendida con cargo a las partidas presupuestarias vigentes del Ministerio de Economía, quien adoptará las medidas necesarias para la regularización contable y financiera de la deuda asumida, y efectuará las modificaciones presupuestarias que correspondan”, se mencionaba en un documento de trabajo.
En sectores militares preocupa que la deuda de Iosfa siga creciendo, a pesar de que están prácticamente cortados los servicios. “Sin dar prestaciones igual persiste el pasivo”, señaló una fuente castrense.
No está aún definido, en tanto, qué pasará con la actual organización territorial de Iosfa, especialmente con las delegaciones que se asientan en zonas donde solo tienen presencia la Prefectura y la Gendarmería, y en qué medida se mantendrá o se recortará el plantel de 2700 empleados.
En sectores castrenses, más que a la estructura de la obra social, sostenida con el aporte de los afiliados, preocupa que la presidencia de la obra social dependa del poder político de turno. “La injerencia política en la gestión ha sido el factor determinante de la crisis institucional y financiera”, resumió un general retirado, al reclamar que se permita que los militares dirijan su propia obra social con verdadera autarquía”.
Una opción también en estudio, que no conforma a las Fuerzas Armadas, es el posible incremento de los aportes de los afiliados, del 6% al 7% del sueldo, más otro 1% para la inclusión del grupo familiar. Los retirados también aportarían el 7% de los haberes de retiro, a lo que se sumaría otros 2% por el grupo familiar. Ante esta posibilidad, fuentes militares advirtieron que “el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para establecer tributos, que solo pueden ser regulados por una ley del Congreso”, al desechar la posibilidad de modificar las alícuotas por decreto.
De los casi 600.000 afiliados a Iosfa, se estima que el 60% corresponde a las Fuerzas Armadas y el 40% a las fuerzas de seguridad federales. Entre los militares, el Ejército suma 190.000 afiliados, la Armada unos 90.000 y la Fuerza Aérea, cerca de 70.000, según fuentes castrenses.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Patricia Bullrich,Luis Petri,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Reajuste salarial. Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre,,Dos candidatos para Defensa. Petri acompañará a Milei a recibir los primeros aviones F-16 mientras se define su sucesión,,Histórico y crucial fallo
POLITICA
Confirman cómo será la nueva carrera para investigadores profesionales de la Policía Federal
A través de la Resolución 1291/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó los lineamientos de la nueva Carrera de Investigadores Profesionales de la Policía Federal Argentina, anticipada días atrás por Patricia Bullrich, quien dejará su cargo el 10 de diciembre para asumir como senadora.
La medida establece quiénes podrán postularse, cómo será la formación y cuáles serán los criterios de selección.
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Ingreso y requisitos para los postulantes
El texto oficial indica que podrán acceder quienes posean título universitario en áreas estratégicas como Ingeniería, Administración, Contabilidad, Tecnología, Criminalística, Ciencias Forenses, Informática, Ciberseguridad y Ciencias Exactas, entre otras. También se exige ser argentino nativo, tener hasta 40 años, antecedentes profesionales y de conducta intachables, y aptitud psicofísica certificada.
Los postulantes deberán aprobar todas las evaluaciones y pruebas de capacidad fijadas por el protocolo de ingreso a la fuerza o por el Comité de Selección Interinstitucional. Quienes cumplan con los requisitos serán dados de alta “en comisión” como Subinspectores del Escalafón Seguridad y realizarán un curso de formación inicial de nueve meses, que incluirá un posgrado del Instituto Universitario de la PFA y un curso de instrucción policial.
Jerarquización y formación de nuevos cuadros
La resolución también crea un Programa de Jerarquización para suboficiales con formación superior y experiencia en investigación, de hasta 35 años. Este grupo podrá cursar una diplomatura universitaria de nueve meses y ascender al grado de Ayudante.
Será obligatorio acreditar trayectoria comprobable en dependencias clave, como las Superintendencias de Investigaciones contra el Narcotráfico y Federales o la Dirección General de Inteligencia Criminal. Además, los aspirantes deberán superar evaluaciones psicotécnicas, sanitarias, socioambientales y de antecedentes penales, tanto personales como de su entorno familiar.
Los egresados serán destinados a las dependencias del Departamento Federal de Investigaciones, según las necesidades operativas del Ministerio. La Policía Federal deberá elaborar los planes de estudio y difundir el nuevo régimen de ingreso por los canales oficiales.
investigador, Patricia Bullrich, Policía Federal
POLITICA
Presentan Plan Nacional de Maíz Nativo: así se buscará impulsar el cultivo y comercio de maíz mexicano
María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, presentó el Plan Nacional de Maíz Nativo “El Maíz es la Raíz”, como reconocimiento a los campesinos que han fungido como guardianes de la biodiversidad de las distintas razas de maíz que existen en el país.
El objetivo de esta iniciativa es impulsar la conservación, producción, transformación y comercialización de este producto, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios como la milpa a través de:
- El aumento de la productividad con acompañamiento técnico y maquinaria adecuada para facilitar el intercambio de saberes.
- La garantía de la conservación de la raíz nativa mediante la mejora de la semilla.
- El valor agregado en la comercialización a través de tortillerías, tostadas, totopos y comaleras.
Esta colaboración estrecha entre agricultores, autoridades y actores de la cadena de valor puede convertirse en un modelo replicable para otros cultivos agroalimentarios tradicionales, fortaleciendo la seguridad alimentaria y la diversidad cultural a nivel nacional.
Implementación por Etapas del Plan Nacional de Maíz Nativo
El plan se desplegará por etapas, abarcando las ocho regiones del país. En 2026 se priorizará el Sureste y el Pacífico Sur, sentando las bases de implementación y fortaleciendo las capacidades locales.
En 2027 la expansión continuará hacia el Centro y el Golfo Centro, consolidando redes de colaboración y ampliando la transferencia de saberes. Para 2028 se busca cubrir las ocho regiones, incluyendo Noreste, Noroeste, Pacífico Centro y Norte Centro.
Un seguimiento continuo está previsto para 2029 y 2030, con evaluaciones de impacto, ajustes operativos y una consolidación de las cadenas agroalimentarias para garantizar sostenibilidad y seguridad alimentaria a nivel nacional.
La población objetivo para 2026 abarca siete estados, 437 municipios y un total de 677,005 productores, con 886,687 hectáreas dedicadas a la superficie agrícola involucrada. En este primer año, las localidades prioritarias serán Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Campeche, donde se conducirán acciones orientadas a la conservación del maíz nativo.
Cómo funcionará la estrategia productiva Milpateca
La iniciativa busca impulsar la producción agroecológica de maíces nativos a través de un acceso colectivo a herramientas y maquinaria, con el objetivo de fortalecer la autonomía y la soberanía tecnológica a nivel local.
La inversión inicial se concibe como capital semilla para la adquisición de maquinaria ligera y herramientas, ajustadas de forma regionalizada a las necesidades de cada localidad, aprovechando los recursos disponibles en cada región.
Los principios de operación priorizarán el uso, la gestión y el mantenimiento compartidos de estas herramientas, para garantizar eficiencia y equidad en la disponibilidad de equipo entre comunidades.
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