Artículo publicado originalmente en TN

En la última una semana el gobierno de Javier Milei se pareció mucho a un boxeador que viene ganando la pelea, se descuida, baja la guardia y recibe un par de duros golpes que lo aturden y lo hacen cambiar el plan de combate.

También se le puede aplicar aquella famosa frase que dice que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Y eso le pasó en el Congreso de la Nación.

La oposición, con el kirchnerismo a la cabeza, hizo lo que se esperaba. Juntó los votos en Diputados y en el Senado, y rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad y dio de baja cinco decretos de desregulación de organismos del Estado. Además, convirtió en ley el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

A la Casa Rosada solo le quedó sostener el veto al aumento del 7,2% a los jubilados. Contó con el apoyo de los gobernadores, que -como contraparte- lograron la sanción del reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La historia es conocida. Milei suele castigar a los gobernadores que no se alinean con el ajuste que aplica la administración nacional. Pero luego tiene que ir a pedirle los votos para sostener los vetos, por carecer en el Parlamento de la fuerza propia y suficiente para lograr ese objetivo.

Pero en las últimas semanas el Presidente vivió también otra realidad. Los heridos que dejó La Libertad Avanza con el cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales y la bonaerense, se hicieron sentir a la hora de votar.

Milei sabe que debe ganar -y bien- los comicios para aumentar su poder en el Congreso desde el 10 de diciembre. Aunque, con ese escenario favorable, para poder sacar las leyes que necesitará su Gobierno deberá seguir apelando a los aliados del PRO -partido al que somete cada vez que puede- y a los que le quedan en el radicalismo.

Pero no fue solo el Parlamento el que trastocó todos los planes de la Casa Rosada. El golpe inesperado provino de la fuerza propia, con el escándalo de los audios que ponen en superficie supuestos actos de corrupción con la compra de medicamentos, un lamentable clásico de la Argentina que atravesó diferentes gobiernos.

Puertas adentro del mundo libertario admitieron que el Gobierno entró en una especie de estado de shock.

No es para menos. En esos audios aparecía Diego Spagnuolo, por entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hablando de un sistema de corrupción con el presunto pago de coimas o sobornos que involucraba droguerías como la Suizo Argentina.

Pero el sacudón mayor fue la mención de Spagnuolo respecto a que, el año pasado, había puesto al tanto de todo esto al propio Milei, y que involucraba a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y a su mano derecha, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem.

“¿Por qué ahora?” y “¿Quién lo difundió?” fueron las dos preguntas que más se escucharon por los pasillos del poder sobre el audio de Spagnuolo. Empezaron entonces las múltiples versiones.

Que fueron los servicios de inteligencia, como parte de la pelea entre Karina Milei y el poderoso asesor Santiago Caputo. O que fueron los diputados que rompieron con el bloque de LLA y crearon Coherencia, su propio espacio, como Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.

Pero uno de los detalles no menores de este caso es que quien se queja es nada menos con Spagnuolo, un hombre que siempre fue de extrema confianza de Milei, al punto tal que era su abogado.

Lo que también llamó la atención es el silencio del propio Milei, quien suele ser muy locuaz a la hora de hablar de los problemas que se le presentan al gobierno y sobre la corrupción kirchnerista. Durante días, desde la presidencia solo hubo silencio. Eso sí: Spagnuolo fue eyectado rápidamente de su cargo.

Nadie explicó aún otra cosa: si estos audios son del año pasado, según se desprende de la investigación judicial, ¿por qué el Gobierno no hizo nada para cortar ese supuesto sistema de coimas, sobre todo si Spagnuolo había puesto sobre aviso al propio Presidente?

Por estas horas se hizo muy conocida una selfie que Spagnuolo se había sacado junto a Karina, “Lule” y Martín Menem. Todos sonrientes.

Ahora, el miedo está recostado sobre la posible aparición de nuevos audios o videos, y lo que pueda salir de los celulares y dispositivos electrónicos que el juez Casanello le secuestró a los implicados en la causa, para conocer sus contenidos. Y especialmente, si Spagnuolo ratifica ante la Justicia todo lo que se escuchó.

En la Rosada evalúan qué hacer. El viernes estuvieron todos juntos para definir una estrategia. Karina, Caputo, los Menem y el vocero Manuel Adorni. Nadie mueve un dedo sin la autorización de Milei.

Se habló de desacreditar a Spagnuolo y denunciarlo por no haberse presentado ante los Tribunales frente a las sospechas de coimas. El problema es que el exfuncionario aseguró que le dijo todo a Milei. Entonces, ¿por qué el Presidente no lo denunció? Todo es muy oscuro, por ahora.

Los Kovalivker, los dueños de la droguería Suiza Argentina, son muy conocidos, no solo por el gobierno de Milei sino por varias administraciones anteriores. Y lo que preocupa ahora es qué puede llegar a decir ante la justicia Emmanuel Kovalivker, a quien este viernes se lo detuvo con 266 mil dólares.

Todo este escándalo, Cristina Kirchner no se lo iba a perder para castigar a Milei. Es más, su abogado Gregorio Dalbón fue quien hizo la denuncia y el juez Casanello ordenó los operativos, por pedido del fiscal Franco Picardi.

A través de las redes sociales CFK trazó un paralelismo entre este caso y la causa de Vialidad, que la tiene con prisión domiciliaria luego de que se la condenara a seis años de cárcel, y recayó culpas en Milei.

La que tampoco se lo iba a perder es la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien dijo en Chubut que la Argentina atraviesa “un momento difícil y confuso”.

La aparición de Villarruel sirvió para que Guillermo Francos saliera a mencionarla como la responsable de relacionar al extitular de la ANDIS con el Presidente. El jefe de Gabinete está al frente de una estrategia oficial para desvincular a Milei y su hermana de las denuncias de Spagnuolo.

¿Y la campaña electoral? Para el kirchnerismo y el PJ este caso es como un bálsamo en un momento en que las encuestas le dan un mal augurio, tanto en las elecciones provinciales como nacionales.

Aunque tienen por qué preocuparse. La causa por el fentanilo contaminado no sabe dónde puede terminar y cómo puede afectarlos. Ariel García Furfaro es todo un problema para el kirchnerismo.

Mientras tanto, el Gobierno debe recalcular qué hacer. Ya se estaba replanteando el tema con los problemas en el Congreso y ahora vive un día a día con la estrategia de campaña.

El silencio manda por estas horas, por lo menos hasta que alguien hable.

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A menos de 20 años de una Cristina Kirchner senadora y principal impulsora de la ley vigente que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que se creó de manera específica para que el Congreso no bloquee casi nunca este tipo de normas, una oposición unificada en el Senado ahora pretende quitarle una herramienta clave a un Ejecutivo libertario que se excedió, sin lugar a dudas, al momento de utilizarla. Lo llamativo de la estrategia fue el dictamen fantasmal que se apuró en la Cámara alta, que casi aterriza en la sesión del jueves pasado y que ya queda en fila para un próximo encuentro en el recinto.

Veamos la cronología. El miércoles último se “avanzó”, si es que se puede decir de esa manera, en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), que pasó de usual aliada de Javier Milei a pintarse la cara para la guerra. Sólo de esa forma se entiende lo milimétrico de dicha reunión, tras años de trifulcas entre legisladores hoy alineados.

En realidad, el acuerdo de toda la oposición fue sellado durante la noche del martes, según reconocieron a Infobae desde dos despachos inmiscuidos en la negociación. Todo quedó en una especie de actuación -algo paupérrima- en varias ocasiones, y que dejó declaraciones insólitas que regala la versión taquigráfica de dicha jornada, como contó este medio -y un centenario matutino nacional- ese día.

Para tener una idea de lo que implica todo esto, los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo rechazan -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el despacho incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían. El peor escenario para la Casa Rosada.

Fundamentos

“La ley 26.122 ha resultado en la práctica una dificultad para el rol de control que la Constitución asigna al Congreso, en particular con el sistema previsto en su artículo 1°, violentando así las ideas de división de poderes, sistema republicano y control que lo inspiraron”, señalaron legisladores del PRO, el kirchnerismo, la UCR y el peronismo disidente que firmaron el dictamen en cuestión. El régimen actual tiene, como ya se dijo, casi 20 años de vigencia.

Según explicaron los senadores en cuestión, “la fórmula erróneamente adoptada por la Ley 26.122 consagra la aprobación tácita o ficta de los decretos de necesidad y urgencia por la mera inacción del Congreso”. En esa línea, detallaron: “La experiencia parlamentaria nos enseña que es más fácil dilatar el pronunciamiento de las Cámaras que obtener una sanción expresa sobre un tema determinado”. Este punto es uno de los más sólidos a la hora de observar el tema.

Otro argumento utilizado: “No resulta conveniente, por otra parte, que el mero silencio de las Cámaras implique una vigencia sin límite de la norma, la que además podría generar una numerosa cantidad de reclamos judiciales, con sentencias contradictorias que pueden terminar generando una conflictividad aún mayor”.

El jueves pasado, previo a la sesión que dejó abollado al oficialismo parlamentario, un sector quiso empujar esto sobre tablas y una votación. El Gobierno resistió. Sería por unos pocos días. Más allá de esto, una eventual aprobación de la ley luego pasará a Diputados y, ante una sanción, el Ejecutivo vetará. Después, habrá que insistir en ambas Cámaras con dos tercios. Todo esto debería ocurrir antes del 10 de diciembre, cuando será el recambio. Por eso las elecciones son, como siempre, trascendentales.

De por sí, el próximo cónclave en el recinto tendría otra instancia importante y con fuerte derrota para la Casa Rosada: los no libertarios se preparan para desactivar de manera total el veto a la ley que declaró la emergencia en discapacidad. Diputados ya lo hizo y la norma recuperará vigor.

La causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanza con nuevas medidas judiciales y mantiene en vilo a la Casa Rosada. El caso, que estalló con la filtración de audios del entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, suma allanamientos, secuestro de documentación clave y peritajes de teléfonos que podrían aportar pruebas decisivas.

Este sábado comenzaron las pericias sobre los celulares incautados a los principales involucrados. La tarea está a cargo de especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), dependiente de la Procuración General de la Nación.

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En poder de la Justicia están los celulares de Spagnuolo; de Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina. Aún resta dar con el teléfono de Jonathan Kovalivker, hermano del empresario, que no fue localizado.

Fuentes del caso confirmaron a TN que ninguno de los implicados entregó las contraseñas de sus dispositivos. Esto obliga a los técnicos a recurrir a procedimientos complejos para intentar desbloquearlos, sobre todo en el caso de los iPhone.

El eje de la investigación pasa ahora por lo que puedan revelar esos teléfonos: mensajes, audios y archivos que permitan confirmar la existencia de pedidos de sobornos.

Contratos millonarios y allanamientos

Mientras los peritos trabajan, en los Tribunales circula documentación de contrataciones de la Droguería Suizo Argentina por casi $11.000 millones. El fiscal Franco Piccardi busca establecer si esos papeles respaldan la hipótesis del pago de retornos a cambio de negocios con el Estado.

“A mí me están defalcando la agencia”, dijo Spagnuolo en uno de los audios. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, agregó sobre las presuntas coimas a las empresas farmacéuticas.

La empresa mencionada está vinculada a Martín Menem. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de US$20.000/US$30.000 por mes”. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, se escuchó en un audio del extitular de la Andis.

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En ese marco, la Policía de la Ciudad allanó oficinas vinculadas a Garbellini en la sede del programa Incluir Salud, en avenida Rivadavia al 800. Allí se incautaron carpetas, expedientes y dispositivos electrónicos que serán revisados en los próximos días.

Horas antes, los agentes habían encontrado al exfuncionario en su casa de Avellaneda y le secuestraron su celular. También fue retenido Spagnuolo en un domicilio de Pilar, donde hallaron dinero en efectivo y una máquina de contar billetes. A pedido del fiscal, el juez Sebastián Casanello le prohibió salir del país.

Los audios que desataron el escándalo

En los audios, Spagnuolo habla de retornos por contratos millonarios y asegura que el dinero llegaba a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. También aparecen nombrados Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes”, se escucha decir a Spagnuolo en una de las grabaciones. En otro tramo afirma: “Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%”.

Las grabaciones provocaron un terremoto político: Spagnuolo y Garbellini fueron desplazados de sus cargos, mientras la Justicia ordenó 15 allanamientos en dependencias públicas y privadas.

Repercusiones políticas y parlamentarias

Mientras en el Gobierno intentan sortear la que fue hasta ahora su peor semana política desde que asumió Milei, el escándalo se trasladó a un Congreso que le viene poniendo límites al plan de ajuste libertario.

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Diputados de la oposición pidieron interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, además de crear una comisión investigadora sobre el escándalo que se desató tras la difusión de los audios. Legisladores como Daniel Arroyo, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva ya presentaron pedidos formales.

Los pedidos de interpelación deberán ser tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera el libertario Nicolás Mayoraz, mientras que las comisiones investigadoras son debatidas en la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento, encabezada por la diputada del PRO Silvia Lospennato.

También desde el bloque de diputados que rompieron la semana pasada con LLA apuntaron contra la hermana del Presidente: “La que maneja la política es Karina Milei. De ahí para abajo están todas las responsabilidades, son todos fusibles, porque si no el fusible es el presidente Javier Milei”, dijo Carlos D’Alessandro.

Pero Martín Menem salió a defenderse. En su cuenta de X compartió un hilo del geopolitólogo Julio Burdman, quien vinculó el caso Spagnuolo con una maniobra política realizada para provocar ruido en la previa electoral.

El geopolitólogo retuiteado por Menem indicó que la efectividad de una afirmación tendrá mayor o menor veracidad según el momento en que fue realizada: “Si son demasiado temprano, son más creíbles, pero el votante se olvida, y si son demasiado cerca de la elección, no son creíbles”.

“El caso de los audios tiene todos los condimentos de una ‘sorpresita de octubre’: se conocen 15-20 días antes de la elección en la madre de todas las batallas”, concluyó Burdman.

Pese a que todo apunta a la hermana del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la defendió: “Pegarle a Karina Milei es pegarle al Presidente”. A la vez, en sintonía con el titular de la Cámara Baja, atribuyó el episodio a una maniobra política en plena campaña electoral.

Además, Cristina Kirchner reapareció este viernes en sus redes sociales con duras críticas a Milei por los audios filtrados. En un extenso posteo en X, comparó la gravedad del caso con el expediente Vialidad, por el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, y señaló a Karina Milei y a “Lule” Menem, dos de las personas mencionadas en las grabaciones.

“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, escribió.

Mientras tanto, el oficialismo designó al médico Alejandro Vilches como interventor de la Andis y dispuso una auditoría interna de los procesos del organismo.

Lo que viene en la investigación

El foco inmediato está puesto en los celulares. Los peritajes iniciados este fin de semana podrían abrir una nueva etapa en la causa.

Los investigadores esperan acceder a conversaciones y archivos que permitan reconstruir el circuito de presuntas coimas y avanzar en las imputaciones.

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La expectativa es que, en los próximos días, se conozcan los primeros resultados técnicos que confirmen o descarten el contenido de los audios y chats que sacudieron al Gobierno.

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