POLITICA
Eduardo Menem criticó el bloqueo legislativo al Gobierno y acusó al kirchnerismo de buscar la destitución de Javier Milei
El ex senador nacional Eduardo Menem, hermano del expresidente Carlos Menem, expresó duras críticas hacia el kirchnerismo y su rol en el Congreso. Menem advirtió sobre los “roces” entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, los cuales, según él, se originan en la falta de respaldo parlamentario al presidente Javier Milei.
“No digo que no haya otro caso en la historia, pero debe ser la primera vez que un presidente sube con tan poco apoyo parlamentario”, afirmó durante una entrevista en el programa A Confesión de parte, conducido por Romina Manguel en FM Milenium. “El presidente tiene, creo, cuarenta diputados sobre los ciento cincuenta y siete, y seis o siete senadores sobre setenta y dos. De esta forma, le resulta muy difícil gobernar. Por eso tuvo que apelar a los DNU”, añadió.
Menem cuestionó la relación actual entre los poderes del Estado: “Lo ideal sería que los poderes funcionen de acuerdo a sus relaciones constitucionales”, y añadió que algunos factores contribuyen a complicar esta dinámica, entre ellos, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) impulsada por Cristina Kirchner en 2006.
“La señora de Kirchner hizo una reglamentación sesgada para favorecer a su marido, que era presidente. La ley 26.122 establece que para aprobar un DNU basta con la aprobación de una sola cámara, a diferencia de las leyes ordinarias, que requieren las dos. Esta fue una picardía que permaneció en el tiempo”, sostuvo.
Menem remarcó que esa norma fue perjudicial para la institucionalidad: “Esa ley yo la vengo criticando desde el mismo momento en que salió, porque era contraria al espíritu de la Constitución”. También señaló que cuando se legisla “pensando que se va a ser gobierno toda la vida”, se crean reglas que luego dificultan a los adversarios.
El ex senador aseguró que el kirchnerismo busca bloquear la gestión de Milei: “El kirchnerismo tiene una mayoría en ambas cámaras y constituye un obstáculo para poder sancionar leyes, porque se oponen a todo. Desde que perdieron la elección empezaron con el tema del helicóptero. Yo no hablo de golpe, pero no tengo la menor duda de que no quieren que Milei termine su mandato”.
Asimismo, criticó el uso sistemático del recurso de no dar quórum en el Congreso: “Una vez puede ser por razones estratégicas, pero no puede convertirse en una conducta habitual. Están violando las obligaciones que tienen los legisladores. No es bueno ver a legisladores escondidos detrás de las cortinas para ver si el gobierno consigue o no el quórum”.
En tanto, Menem hizo un llamado a fortalecer las instituciones: “No se pueden repetir estas tácticas que son perniciosas para la marcha de la democracia. Hay una obligación elemental de asistir a las sesiones. El Congreso representa al pueblo y a las provincias, y no puede quedar paralizado por intereses partidarios”.
Por último, el ex senador se refirió la definición del futuro de Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema, a la vez que la ex presidenta evalúa una candidatura en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de este año.
En ese sentido, expresó: “Eso lo tiene que resolver la política. No se puede dictar un fallo en la Justicia, nada más para excluir a una persona de la contienda electoral. Son dos poderes distintos donde lo que haga uno tiene repercusiones en el otro”.
Y sobre a su participación electoral, el hermano del ex mandatario concluyó: “Eso lo dirá primero la voluntad de ella de participar. En segundo término, depende de lo que diga el Poder Judicial respecto a su habilitación o no”.
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Tras las indagatorias, la causa contra «Chiqui» Tapia por evasión entra en etapa de definiciones y su situación podría complicarse
La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social entró en una etapa decisiva. Concluidas las rondas de indagatorias y presentados los escritos de defensa, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal del máximo dirigente del fútbol argentino.
A partir de ahora, el magistrado tiene un plazo de diez días hábiles para definir si dicta el procesamiento de Tapia, lo sobresee o establece la falta de mérito. Son las tres alternativas previstas en esta instancia del expediente. Según pudo saber TN, las pruebas complican la situación del mandamás de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino y el magistrado se inclinaría por procesarlos. La duda que persiste es si mantendrá la prohibición de que viajen al exterior.
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Tapia fue indagado en una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por un monto de 19.300 millones de pesos. La acusación sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino no pagó en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales durante un período que va desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
Según lo establecido en la normativa vigente, el delito se configura cuando se vence el plazo para ingresar el impuesto y el pago no se realiza. En este caso, ese plazo es de 30 días desde que debieron efectuarse los aportes.
La investigación también determinó que durante ese período la AFA constituyó plazos fijos tanto en pesos como en dólares.
El planteo de la defensa de Tapia
Durante las indagatorias, los imputados presentaron escritos en los que argumentaron que no hubo incumplimiento. Según sostuvieron, existía una disposición de ARCA que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles.
Desde esa perspectiva, afirmaron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento.
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Además, la AFA sostuvo que la deuda ya fue regularizada. También señaló que hasta mitad de este año se mantienen vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales, por lo que —según su postura— la deuda no podía exigirse.
En ese contexto, desde la entidad argumentaron que existe una persecución. Señalaron que la denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei se presentó en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.
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El escrito presentado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, insistió en esa línea defensiva. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó. En el mismo documento agregó que “está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
Tanto Tapia como Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese pedido. La decisión ahora se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Los argumentos de ARCA
Del otro lado, el organismo recaudador ARCA sostiene que existió una apropiación indebida de tributos. Según su planteo, la AFA actuó como agente de retención: descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco en tiempo oportuno.
La acusación sostiene que la conducta se repitió durante 19 meses consecutivos, desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. En total, ese período implicaría 69 hechos delictivos que concurren entre sí.
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Para ARCA, el delito se perfecciona cuando no se deposita el dinero retenido dentro del plazo de 30 días corridos. Además, remarcan que esos fondos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero que correspondía a los contribuyentes a los que se les había practicado la retención.
En su presentación también señalaron que la entidad tenía capacidad para realizar esos pagos. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA alrededor de 500 mil millones de pesos.
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POLITICA
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares: más de 27.000 inscriptos para las audiencias públicas
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina registra un récord sin precedentes de participación, con más de 27.000 inscriptos en las audiencias públicas, lo que plantea desafíos logísticos y posterga los plazos legislativos habituales.
La demora en el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares responde a la magnitud inédita de la inscripción ciudadana para intervenir en el proceso parlamentario. La dimensión de la convocatoria obliga a las autoridades a replantear los mecanismos organizativos y a los actores políticos a ajustar sus estrategias mientras se redefinen tiempos y formas de negociación.
Organización de las audiencias públicas y desafíos logísticos
El Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, planificó dos jornadas de audiencias públicas, previstas para el miércoles 25 en modalidad presencial y el jueves 26 de manera virtual, según precisó en Infobae en Vivo Nacho Girón. La cifra de más de 27.000 personas anotadas para dar su opinión supera cualquier experiencia previa en procesos legislativos ambientales en Argentina.
Frente a esta magnitud, la organización enfrenta un reto concreto: administrar la intervención de tantos inscriptos en tan corto plazo. Como resultado, el oficialismo considera extender el cronograma y adaptar la estructura original de las audiencias, en un intento de permitir la participación efectiva y mantener la representatividad en el debate.
Este escenario forzará dilaciones que podrían retrasar la sanción de la ley y demanda la implementación de nuevos métodos para garantizar un desarrollo ordenado y equitativo del proceso.
Estrategias de los actores políticos y sociales frente a la reforma
El Gobierno nacional abrió las audiencias públicas para negociar con la oposición y sumar respaldo social a la iniciativa. Esta decisión alentó la inscripción de especialistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanos de múltiples provincias.
Diversos sectores ambientalistas apelaron a una inscripción masiva para asegurar su voz en la discusión parlamentaria y defender la protección de los glaciares. De igual modo, gobernadores y fuerzas opositoras buscan incidir en los alcances de la reforma y proteger intereses regionales.
En este contexto, la administración de Javier Milei debe gestionar tanto la presión de la participación ciudadana como las demandas políticas del Congreso. La extensión de los plazos multiplica las oportunidades de renegociación sobre puntos clave de la ley.
Contexto y repercusiones de la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina, restringiendo actividades humanas y reservando estos espacios como fuentes estratégicas de agua. El proyecto de reforma busca modificar los límites legales y permitir, bajo ciertas condiciones, la instalación de industrias —especialmente mineras— cerca de áreas protegidas.
Mientras los promotores del desarrollo económico sostienen que estas modificaciones facilitarán nuevos emprendimientos productivos en la región andina, sectores ambientalistas alertan sobre el posible impacto sobre el recurso hídrico y los sistemas ecológicos.
La inédita participación social en el debate refuerza el carácter prioritario del tema en la agenda nacional y convierte al proceso en un caso excepcional en la historia legislativa argentina.
La masiva implicancia ciudadana en el tratamiento de la Ley de Glaciares redefine los estándares de participación y obliga a los cuerpos legislativos a innovar en la gestión de debates complejos. El sistema político, frente a este hito, deberá adecuar sus procedimientos para responder a una demanda social de mayor involucramiento en decisiones ambientales clave.
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