POLITICA
Educ.ar: sugestivos despidos, documentos borrados y llamados calientes para darle un contrato directo de US$80 millones a Scatturice
El proceso de aprobación para la renovación de las licencias Cisco Meraki, que le otorgó un contrato de casi US$80 millones a Leonardo Scatturice, se inició el 18 de septiembre de 2024. La Secretaría de Educación encomendó a la empresa estatal Educ.ar S.E. la continuidad del servicio de conectividad en todas las escuelas públicas del país, lo que implica la renovación de 223.828 licencias por un plazo de 36 meses. El camino hasta la aprobación final estuvo plagado de llamados, apuros, advertencias desoídas, precios superiores a lo pagado anteriormente y sospechas por la forma de contratación.
El 3 de julio de 2024, Eduardo Roberto González fue designado interventor en Educ.ar y en el sistema de medios públicos. Tan solo tres meses después, el 4 de octubre, González se tomó licencia por una semana. lo confirmó a través de una resolución que establecía: “Delegar la firma y despacho de los asuntos de la empresa que no admitieran demoras, que resultaren de carácter administrativo, y que no impliquen actos de disposición alguno, delegando la firma en el Gerente General designado, señor Matías Hanono, para que se encuentre facultado a realizar todos los actos necesarios para la mejor administración de la compañía durante el período comprendido entre el día 7 al 13 de octubre de 2024, inclusive”.
En este contexto, el 10 de octubre de 2024, Matías Hanono, en uso de la firma delegada, procedió a suscribir el contrato con OCP Tech S.A, la empresa de Scatturice, el empresario argentino radicado en Estados Unidos y de estrechos vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Scatturice tiene aceitados contactos con el Partido Republicano y con el entorno de Donald Trump. Su nombre cobró notoriedad en febrero pasado cuando un avión privado de su propiedad aterrizó en Aeroparque con una sola pasajera y se supo que las valijas que traía no pasaron por los controles habituales de la Aduana. El mes pasado compró la mayoría accionaria de la aerolínea Flybondi.
Este contrato con Educ.ar se estableció para la renovación de las licencias, por un monto total de US$78.650.000,00. Las licencias objeto de la contratación tenían su vencimiento programado para el 16 de noviembre de 2024. Un dictamen legal previo indicó que el gerente general podía suscribir el contrato, pero que el interventor debería ratificar lo actuado e informar sobre ello.
El 14 de octubre de 2024, Eduardo González se reincorporó a su cargo como interventor.
Pocos días después, el 23 de octubre de 2024, los síndicos de Educ.ar remitieron una carta a Eduardo González, en la cual solicitaron la anulación del contrato y la convocatoria a una licitación pública. Carlos Pagni reveló este documento que, según pudo confirmar , fue borrado del expediente oficial que tramita por el sistema GEDO.
Los síndicos señalaron que la firma de un contrato de esta magnitud por el gerente general bajo una delegación limitada a asuntos “administrativos” y mientras el Interventor se encontraba de licencia, constituía una situación que invalidaba el procedimiento. Una copia de esta nota fue enviada a funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). González nunca emitió opinión sobre el procedimiento y el 30 de octubre de 2024, por decreto presidencial, fue relevado de su cargo como interventor de Educ.ar S.E. y quedó a cargo de los medios públicos, únicamente.
Las fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que la firma del 10 de octubre se realizó para mantener las condiciones del proceso de venta y contratación, y que las implicaciones económicas se concretarían con la Orden de Compra en noviembre. confirmó, a través de distintas fuentes, que esta nota causó un raid de llamados a las áreas competentes. La Sigen, responsable final de este documento, por ese entonces era comandada por Miguel Blanco. Tanto González como Blanco fueron despedidos definitivamente en los últimos 8 días.
El 1 de noviembre el ingeniero Gastón Mariano Martín asumió la Intervención en Educ.ar S.E.. El 14 de noviembre emitió un informe tras una revisión de informes técnicos, administrativo-financieros y dictámenes jurídicos, en el que concluyó que el procedimiento podía ratificarse.
Finalmente, el 19 de noviembre de 2024, se emitió la resolución formal de ratificación de la adjudicación y la firma del contrato con OCP Tech S.A. por los USD 78.650.000,00. En esta misma fecha, se libró la Orden de Compra N° 00001-00018926 a OCP Tech S.A..
La justificación para la contratación directa se sostuvo en la exclusividad de OCP Tech S.A. como único canal de reventa autorizado por Cisco Systems Argentina S.A. para Educ.ar S.E. desde 2017. Si bien era, efectivamente, el único representante directo, no era el único capacitado para proveer el servicio. Incluso, se había consultado a otras dos empresas que podían hacerlo (Dinatech S.A. y DTE S.A.).
Se argumentó la inexistencia de sustitutos convenientes desde una perspectiva técnica y económica. Un informe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), fechado el 8 de octubre, respaldó esta postura, concluyendo que reemplazar la tecnología existente implicaría una inversión considerable (una inversión previa del Estado fue de USD 227,8 millones), un despliegue logístico y operativo de alta complejidad, y riesgos de interrupción del servicio, además de una prolongada curva de aprendizaje para el personal.
La UTN ratificó que “mantener al proveedor actual ofrece la ventaja de evitar estos costos y riesgos, ya que la infraestructura ya está adaptada a las necesidades de la organización y el equipo técnico está familiarizado con los sistemas. Esto garantiza una continuidad operativa sin la necesidad de una transición compleja, costosa y prolongada”. Pero no había un planteo de cambiar el sistema, sino de proveedor.
reveló que hubo un aumento considerable de precios entre la prestación contratada en 2021 y la confirmada el año pasado. Si bien se reconoce que el contrato actual contempla variables macroeconómicas distintas —como la implementación del impuesto PAÍS del 25% y posibles sobrecostos asociados a transferencias de divisas—, el análisis comparativo entre la contratación de 2021 y los valores actuales revela incrementos significativos en el precio de lista de las licencias Cisco ofertadas por OPC, con subas que oscilan entre el 10,33% y el 40,80%, promediando un alza del 30,63%, según un informe firmado por el interventor Martín, el 15 de noviembre.
Se explica que a esto se suma una reducción en el nivel de descuento ofrecido por el fabricante: aunque actualmente Cisco aplica un descuento general del 72,64%, este es menor al que se había concedido en el contrato anterior, lo que también contribuye a elevar el valor final.
La reconstrucción documental del caso y las consultas efectuadas al proveedor (incluidas en los anexos) permiten advertir que, más allá de la vigencia del descuento hasta octubre de 2024, existen elementos cuya combinación —como la merma en los beneficios comerciales otorgados y la carga tributaria— podrían estar encubriendo una actualización de precios poco justificada o desproporcionada en relación con el contrato anterior, generando dudas razonables sobre la razonabilidad del incremento observado.
Según los términos contractuales, el pago por la renovación de las licencias Cisco Meraki se estructuró en dos partes: el 40% del monto total (US$31.460.000) debía abonarse dentro de los treinta días siguientes a la activación de las licencias, mientras que el 60% restante (US$47.190.000) se pagaría dentro de los noventa días de notificada la orden de compra.
La activación de la renovación debía comenzar a su vez dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la orden de compra al proveedor. La Orden de Compra N° 00001-00018926 fue emitida y notificada el 19 de noviembre de 2024.
En cuanto a los pagos realizados, la primera orden de pago (N° 0000000055338) se emitió el 20 de noviembre de 2024, es decir, un día después de la notificación de la orden de compra y del Certificado de Recepción Definitiva (CRD N° 00016232). Si bien el contrato indicaba el pago del 40% a los 30 días de la activación, y la activación debía comenzar a los 5 días de notificada la orden, el pago se realizó de manera muy pronta, coincidiendo con la fecha de la recepción definitiva de las licencias. La certificación formal de la correcta activación y funcionamiento de las licencias se remitió el 13 de diciembre de 2024.
renovación de las licencias Cisco Meraki,avión privado de su propiedad,Carlos Pagni,Camila Dolabjian,Conforme a
A menos de un mes de las elecciones legislativas a nivel nacional, el presidente Javier Milei decidió intensificar su presencia en el interior del país, eligiendo Tierra del Fuego como escenario para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza, de cara a los comicios de octubre.
La visita, que se desarrollará en Ushuaia este lunes, representa el inicio de una serie de actividades que buscan fortalecer la presencia del oficialismo nacional en las provincias, tras los resultados adversos obtenidos en el territorio bonaerense.
“Este viaje a Tierra del Fuego no es solo un acto de campaña: es la demostración de que el Presidente lidera en primera persona, que no se esconde y que sigue recorriendo el país para llevar su mensaje de libertad”, indicó un comunicado difundido por LLA – Tierra del Fuego.
Además, el mismo documento remarcó la estrategia del partido libertario tras la derrota en PBA, señalando que “el oficialismo redobla la apuesta en las provincias, convencido de que cada voto cuenta para consolidar el proyecto que ya cambió el rumbo de la Argentina”.
Durante su estadía en Ushuaia, Milei estará acompañado por los candidatos Agustín Coto y Belén Monte de Oca, quienes aspiran a acceder a una banca en el Senado de la Nación, así como por Miguel Rodríguez y Analía Fernández, postulantes a la Cámara de Diputados.
La agenda contempla actividades desde las primeras horas del día junto a los referentes locales, culminando a las 18:00 en la intersección de San Martín y Don Bosco, donde el presidente realizará una caminata y mantendrá contacto directo con los ciudadanos, replicando el formato aplicado en 2023.
“La visita al sur del país marca el inicio de una serie de actividades en el interior que buscarán afianzar la ola libertaria en cada rincón de la Argentina”, concluye el comunicado oficial.
El respaldo local a la gestión nacional fue enfatizado por los propios candidatos. Agustín Coto sostuvo que “hay un apoyo muy importante de los fueguinos al Gobierno nacional del presidente Milei”, y subrayó la necesidad de sumar legisladores de La Libertad Avanza en el Congreso para consolidar las reformas propuestas, las cuales, según sus palabras, “impactarán de manera positiva en Tierra del Fuego; para modificar la Argentina de una vez y para siempre, y dejar de ser lo que fuimos durante muchos años de decadencia kirchnerista”.
En la misma línea, Belén Monte de Oca expresó su convicción respecto al rumbo adoptado por el Gobierno al afirmar: “Estamos convencidos de que este es el camino que necesita la Argentina y que tenemos que consolidar en octubre para salir del desastre donde nos dejó el kirchnerismo”.
Por su parte, Miguel Rodríguez proyectó: “En octubre vamos a consolidar el modelo de país que queremos” y pidió a los seguidores de LLA: “No aflojar, por el futuro que nos merecemos”.
El propio Javier Milei había anticipado su presencia en la provincia a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que instó a sus seguidores: “Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. ¡Viva la libertad carajo!”.
Luego de su viaje a Estados Unidos, donde el presidente tuvo una reunión bilateral con Donald Trump, en la que cerraron las bases del acuerdo de asistencia financiera de USD 20.000 millones por parte de la administración estadounidense, el Presidente busca mostrarse junto a los candidatos de cada una de las provincias.
La agenda del Presidente continuará este viernes, cuando viaje a Santa Fe. Ahí se mostrará con Agustín Pellegrini, el joven de 25 años que es primer candidato a diputado por Santa Fe y que competirá con figuras de mayor conocimiento como la vicegobernadora Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Caren Tepp (Fuerza Patria).
No es casual que el libertario haya abierto la campaña en Córdoba, donde el principal candidato de LLA es Gonzalo Roca, que no tiene el nivel de conocimiento que sí tienen el exgobernador Juan Schiaretti (Provincias Unidas) y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).
El mandatario también tiene previsto visitar la provincia de Entre Ríos, donde el candidato a senador nacional es Joaquín Benegas Lynch. Aún no está definido si la actividad será en Paraná o en Concordia. En ese itinerario están Corrientes y Mendoza, así como las ciudades bonaerenses de Mar del Plata y Bahía Blanca, que son los dos bastiones de la Quinta y la Sexta Sección -respectivamente-, las únicas regiones donde LLA ganó en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
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POLITICA
Vinculan la derogación de un decreto por Alberto Fernández al crecimiento de la inseguridad y el narco
El triple femicidio de Florencio Varela, detrás del cual se encuentra una banda narco del conurbano compuesta por individuos de nacionalidad extranjera, puso de relieve la cuestión de la participación de los extranjeros en hechos delictivos o en bandas de crimen organizado. Un asunto que, como otros, se encuentra atrapado en los vaivenes de la alternancia política y el antagonismo entre las principales posturas.
Decreto contra el ingreso de extranjeros con antecedentes
En 2017, el expresidente Mauricio Macri había decretado que los extranjeros con antecedentes penales no podían ingresar al país. La norma se implementaba con un mecanismo rápido de extradición de delincuentes y permitió la expulsión de más de 3 mil inmigrantes con antecedentes criminales.
La iniciativa se dispuso con el fundamento de que “cada Estado tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, y en un marco de incremento de inmigrantes en la población carcelaria, que en 2016 ya era del 21,3%.
La derogación y puerta de entrada a la delincuencia extranjera
Sin embargo, esta disposición se disolvió por voluntad del Gobierno de Alberto Fernández, en 2021. La nueva reforma sobre la Ley de Migraciones borró entonces el decreto bajo la excusa de que se modificaron aspectos “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
La norma instituida por Macri se restituyó al menos en espíritu durante el Gobierno de Javier Milei, pero durante la ventana que significó el mandato de Alberto Fernández, el ingreso y la participación de extranjeros en hechos u organizaciones delictivas se elevó, lo que habilitó un empeoramiento de la inseguridad en el país y el AMBA.
Un caso cuantitativo lo constituye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde, solo en 2023, tuvieron lugar más de 4 mil delitos cometidos por extranjeros. Mientras que el ejemplo cualitativo, por desgracia, lo constituye el triple femicidio de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez a manos de la banda narco compuesta por extranjeros, y otros tantos crímenes.
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“Las y los abajo firmantes, participantes del concurso convocado por la Comisión Bicameral, queremos dejar constancia pública de nuestro profundo dolor y rechazo por la forma en que se desarrolló el proceso de evaluación y selección”, dice el comunicado que firman Fátima Silva, Ada Luz Centurión, Flavia Valgiusti, Gabriela Micucci, Daniela Carboni Bisso, María Amelia “Memé” Moscoso Cardoso, Roxana Contreras, Ana Belén Mármora y Ángeles Reig.
Todo el proceso conducido por la Comisión Bicameral permanente del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, destinado a elegir al sucesor o sucesora de Marisa Graham, duró más de dos meses.
Desde el comienzo hubo señalamientos a la falta de transparencia de los procedimientos en las distintas etapas del concurso: examen escrito, evaluación de antecedentes, presentación del plan de trabajo y entrevista con los integrantes de la bicameral.
“Confiamos en un procedimiento que debía ser transparente y respetuoso -dicen las firmantes del pronunciamiento, todas ellas candidatas que aprobaron el examen escrito-, y en cambio recibimos puntuaciones arbitrarias, sin fundamentos conocidos, que desmerecieron nuestras trayectorias, nos desprestigiaron ante la sociedad y nos lastimaron como profesionales y como personas”.
Aseguran haber trabajado de forma “seria y comprometida”, haber presentado planes de trabajo y aprobado exámenes, además de presentarse a una audiencia en la bicameral.
Pero consideran que el resultado del concurso no estuvo a la altura y lo califican en términos muy duros: “No solo fue injusto: fue hiriente y ofensivo. Se invisibilizaron currículums y experiencias probadas en el campo, se relegaron compromisos reconocidos nacional e internacionalmente, y se pretendió reducir años de lucha a números opacos que no resisten explicación”.
Las principales quejas, tanto de candidatos como de integrantes de la Bicameral, se dirigieron a la no publicación de los exámenes (a posteriori de la corrección), a la publicación tardía y parcial de los currículums de los concursantes y a la no presentación en tiempo y forma de los criterios con los cuales se evaluarían las diferentes etapas del concurso; estos lineamientos se presentaron y votaron solo 5 días antes de anunciar el nombre de la persona elegida para el cargo.
Lo más grave fue que, una semana y media antes del anuncio del nombre, el diputado Nicolás Mayoraz denunció que éste ya estaba definido, y no como resultado del concurso sino fruto de un acuerdo político previo. Ante las protestas de sus colegas, dijo el nombre: María Paz Bertero. Hubo gritos de indignación y uno de los miembros de la bicameral incluso le dijo: “Te vas a tener que hacer cargo de lo que decís”.
Unos diez días después, se anunciaba el nombre de la candidata elegida: efectivamente, era María Paz Bertero, y de los dos adjuntos, terna que fue votada por 7 de los 10 integrantes de la Bicameral, incluido el que desafió a Mayoraz.
Esos nombres serán llevados al recinto esta semana para que la Cámara los apruebe.
Es difícil para el conjunto de los concursantes evitar la sensación de haber participado de un simulacro de concurso, en el que el resultado estaba escrito de antemano, lo que explicaría la reticencia a mostrar los exámenes y a definir los criterios de puntuación de cada etapa en forma anticipada.
Texto completo del pronunciamiento
Concurso para la designación de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes – 2025
Las abajo firmantes, participantes del concurso convocado por la Comisión Bicameral, queremos dejar constancia pública de nuestro profundo dolor y rechazo por la forma en que se desarrolló el proceso de evaluación y selección.
Confiamos en un procedimiento que debía ser transparente y respetuoso, y en cambio recibimos puntuaciones arbitrarias, sin fundamentos conocidos, que desmerecieron nuestras trayectorias, nos desprestigiaron ante la sociedad y nos lastimaron como profesionales y como personas.
Durante meses trabajamos de manera seria y comprometida, presentamos planes, exámenes y audiencias. Lo hicimos con la convicción de que la infancia argentina merecía un concurso justo, y con la tranquilidad de haber sostenido durante décadas un trabajo muchas veces ad honorem en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El resultado no solo fue injusto: fue hiriente y ofensivo. Se invisibilizaron currículums y experiencias probadas en el campo, se relegaron compromisos reconocidos nacional e internacionalmente, y se pretendió reducir años de lucha a números opacos que no resisten explicación.
La Comisión Bicameral debe saber que con este proceder no solo afectó la legitimidad de la Defensoría, sino que desalentó, lastimó y desvalorizó a quienes desde hace años ponemos el cuerpo y la palabra en defensa de la niñez en Argentina.
No aceptamos que se nos diga que “al inscribirnos” renunciamos a nuestro derecho a la transparencia. La transparencia no es un favor: es un deber del Estado. Y cuando se incumple, lo que se erosiona no es solo nuestra confianza, sino la de toda la sociedad.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes merece nacer con legitimidad y respeto. Lo ocurrido demuestra exactamente lo contrario.
Firman: Fátima Silva, Ada Luz Centurión, Flavia Valgiusti, Gabriela Micucci, Daniela Carboni Bisso, María Amelia “Memé” Moscoso Cardoso, Roxana Contreras, Ana Belén Mármora, Angeles Reig
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