“Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiarios pagado por el bolsillo de los argentinos”, afirmó el presidente Javier Milei, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso, el 1° de marzo pasado. Un discurso en el que también prometió “endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. Es lo que hace cualquier país que se hace valer”.

Para cumplir con la promesa presidencial de modificar la legislación y endurecer las condiciones de ingreso al país (en especial, los que hubiesen cometido delitos en su país de origen), el Gobierno anunció el envío al Congreso de un decreto que propone endurecer los requisitos para el ingreso al país de ciudadanos extranjeros, con énfasis en quienes tuvieran una condena judicial.

La norma, cocinada en la secretaría de Legal y Técnica que encabeza María Ibarzábal, también incluye arancelar las prestaciones de salud y educación universitaria para extranjeros sin residencia permanente. Y sobre todo facilita la expulsión exprés de extranjeros que falseen información sobre sus intenciones a su ingreso al país, tanto como quienes cometan delitos dentro de las fronteras argentinas, “sin afectar el derecho de defensa”, según aclararon en Balcarce 50.

“En algún momento el rumbo se desvió y desde hace tiempo tenemos una normativa que invita al caos y al abuso de vivos que lejos están de venir de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles”, afirmó el portavoz Manuel Adorni en la conferencia de prensa en la que se presentó el proyecto. Una presentación en la que también estuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sentada a pocos pasos del atril del portavoz y voceros presidencial.

Fuentes oficiales a cargo del proyecto afirmaron que se trata de “una respuesta efectiva a un régimen jurídico antiguo y muy laxo en materia migratoria”. Pusieron como contexto inevitable las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump, más de un millón de personas consideradas ilegales en Estados Unidos, de los cuales 130.000 eran latinoamericanos.

Puntualizan que aquí unos 228.000 inmigrantes ilegales ingresados en los últimos veinte años seguirían viviendo en el país. Y que de los cerca de 4000 extranjeros detenidos por distintas causas en la ciudad de Buenos Aires, 2300 están de manera ilegal en el país.

El decreto pone también la mira en los 82.000 estudiantes extranjeros que hoy cursan materias en las universidades estatales, estudiantes que generan gastos que el Gobierno no está dispuesto a avalar, al igual que las consultas y tratamientos de salud gratuitos de extranjeros en hospitales de distintas zonas de frontera.

En una interpretación estricta del artículo 20 de la Constitución, que establece que los extranjeros “gozan de todos los derechos civiles y obtienen la ciudadanía luego de dos años de residencia continua en el país”, la norma establece que si el recién llegado se va del país durante esos dos años, se le cancela el derecho a obtener la ciudadanía, que equivale a obtener pasaporte y votar en las elecciones. La única excepción a ese artículo es que el extranjero haga “una inversión relevante en el país”, con control de la UIF y parámetros que estarán especificados en el DNU, que de ser firmado hoy ingresará a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los decretos del Poder Ejecutivo.

Siempre según fuentes oficiales con conocimiento del DNU, a todo quien ingrese al país se le exigirá una declaración jurada en la que deberá especificar el propósito de su visita, además de un seguro de salud. Se podrá expulsar del país a quienes falseen esa declaración o presenten documentación falsa.

En otro punto trascendente, se impedirá el ingreso al país a todo aquel extranjero con condena en su país, aunque no esté firme, y aunque sea por delitos excarcelables. “Se supone que si hay una condena es porque los jueces encontraron razones suficientes”, explicaron las fuentes. Se agrega, además, la prohibición de ingreso al país a aquellos procesados por delitos, con más de tres años de pedido de pena por parte de la fiscalía, aún sin condena. “Cualquier inmigrante con una condena menor a cinco años puede hoy seguir viviendo en la Argentina, para peligro de todos los demás”, dijo el portavoz presidencial, como modo de justificar el cambio en las leyes migratorias.

En relación a la salud y la educación para extranjeros, se intentará limitar la llegada de “tours de salud”, micros con turistas que vienen a atenderse en Buenos Aires o provincias del norte, de manera gratuita. Se les aplicará aquí el concepto de “flagrancia”, al igual que aquellos que ingresen al país “por pasos no habilitados” para atenderse en hospitales locales, una rutina muy común en las provincias del norte como Salta y Jujuy.

En relación a la educación universitaria, y según explicó Adorni en otro tramo de la conferencia, se “invitará” a las casas de estudio a cobrar un arancel a los extranjeros sin residencia ni ciudadanía.