Sin incluso con tres jueces la Corte Suprema de Justicia fue protagonista en 2025 por las condenas en casos de corrupción, como la sentencia que llevó presa a Cristina Kirchner, en 2026 el tribunal continuará con un papel relevante. Tiene en agenda encaminar los dos juicios pendientes contra la expresidenta, rematar sus bienes, acelerar el caso de los Cuadernos de las Coimas y reabrir un expediente de lavado que impacta de lleno en Joge Macri, el jefe de Gobierno porteño.

Sin embargo, el tema que más preocupa en la Corte Suprema son las vacantes del Poder Judicial, que según sus proyecciones llegarán al 42 por ciento en 2026. Esta vez, en principio, los jueces de la Corte le creen a Gobierno cuando dice que en marzo serán cubiertas.

Los jueces de la Corte Suprema no confrontaron en 2025 con el Gobierno. Atravesaron el año sin que se sumen nuevos magistrados.

En abril, el catedrático Manuel García-Mansilla juró como juez de la Corte, y votó, pero tuvo que dejar su despacho porque no obtuvo los votos de los tercios del Senado. Peor aún le fue al juez federal Ariel Lijo, que no logró el favor de los senadores.

La llegada de Lijo al máximo tribunal era parte de una jugada mayor que no era recibida con beneplácito en el tribunal. Ricardo Lorenzetti era quien lo promovía y esperaba su arribo, pero no sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Las sonoras diferencias públicas entre la dupla conformada por Rosatti y Rosenkrantz y el juez Lorenzetti, que dominaron el final del 2024, no tuvieron la misma resonancia en 2025. De todas formas, las divergencias subsisten, porque son producto de sus diferentes modos de ver la gestión judicial.

Eso no impide que a la hora de votar puedan encontrar consensos.

En 2025, los jueces de la Corte cambiaron su dinámica de relación con el Gobierno. Después del triunfo electoral de Javier Milei se aceitó un nuevo canal de comunicación, abierto con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, sin dejar de lado los habituales intercambios con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

Los mensajes de Whasapp a Adorni son contestados al instante y al cierre del día aparece una solución al problema que le planteaban desde tribunales.

Puertas adentro, la Corte Suprema exhibió a fines de 2025 un récord de 15.000 fallos y casi 29.000 causas, “a pesar de estar jugado un partido de 11 con 7″ como expresa la metáfora que suele usar el apasionado futbolero juez Rosatti, hincha de Boca, para referirse a las vacantes.

Entre esas 29.000 causas, sin duda la mas resonante fue la que determinó la prisión de la expresidenta Cristina Kirchner al confirmar su condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron un voto conjunto en el que rechazaron cada uno de los argumentos que sostuvo la defensa para intentar revertir la condena.

Además, la Corte Suprema dejó fime el decomiso de los bienes de los condenados hasta 640 millones de dólares, una medida que se viene demorando porque Cristina Kirchner y el resto de los condenados recurrieron la orden del remate ante la Casación.

La Corte tiene previsto ser la que subaste los bienes de la corrupción, estrenando su plataforma de remates por internet, una solución digital para acabar con “la liga de rematadores”, una mafia que acordaba subastas con compradores que pagaban menos del valor.

La Corte reglamentó que tenía la potestad de administrar los bienes decomisados por la corrupción.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia, redactó y el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia donde se reservaba el control de esos mismos bienes. Hubo un choque de poderes.

Finalmente, los jueces le dieron la razón a la Corte Suprema y suspendieron el DNU de Milei, de modo que la administración de los bienes del delito, incluidos los de la corrupción, será de los cortesanos.

La decisión que favoreció a la Corte fue resuelta por la Cámara en lo Penal Económico, con las firmas de Roberto Hornos y Gabriela Robiglio, y se le sumó la Cámara Contencioso Administrativo Federal con los votos de los jueces Liliana Heiland y Rodolfo Facio.

El derrotero judicial de las causas de Cristina Kirchner no terminó. La Corte Suprema está mirando qué ocurre con el caso de los Cuadernos de las Coimas, que viene lento. También puso atención en el caso Hotesur y Los Sauces, por lavado de dinero, donde ni siquiera se puso fecha de inicio al juicio oral, y por el caso del Memorándum con Irán.

En sintonía con la voluntad de la Corte Suprema, la llegada de Diego Barroetaveña a la presidencia de la Cámara de Casación va a acompañar este proceso, según dijeron fuentes de los tribunales.

Barroetaveña, en su triple papel de conjuez de la Corte Suprema, camarista y consejero de la magistratura, tiene la botonera completa para impulsar desde su cargo el demorado juicio de los Cuadernos de las Coimas.

Por eso, se prepara una resolución para indicarle al tribunal oral en febrero que debe sesionar de manera presencial, en Comodoro Py, en la nueva y reacondiconada Sala AMIA y realizar audiencias tres veces por semana como mínimo, según confiaron en los tribunales.

Actualmete, el juicio se realiza dos veces por semana, vía zoom y no trabajarán durante enero.

En paralelo, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Casación quieren avanzar con el caso del Memorándum con Irán y el caso Hotesur y Los Sauces.

El tribunal del caso Hotesur y Los Sauces no le puso fecha de inicio al juicio, a pesar de que la Casación en 2023 y la Corte en 2024 lo instaron a hacerlo.

Ahora, el tribunal cambió la integración: a Adriana Palliotti, acompañada por José Michilini, se le sumó por sorteo el juez Rodrigo Giménez Uriburu, que ya condenó a Cristina Kirchner en Vialidad.

En el caso Memorándum con Irán, donde también está Giménez Uriburu, el tribunal está pidiendo la Corte nueve contratos para poder arrancar.

El año próximo, en el primer trimestre, seguramente se conozca una resolución con la fecha del juicio por el caso Hotesur y Los Sauces, que está a cargo de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos.

Los exfuncionarios que serán juzgados junto con Cristina Kirchner son Carlos Zannini, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, entre otros.

El kirchnerismo señala que se trata de un pacto internacional, avalado por una ley del Congreso, por lo que nunca pudo ser un delito, sino que se trató de una decisión política.

En materia de corrupción, la Corte Suprema dejó firme en 2025 la condena por la Ruta del dinero K contra Lázaro Báez, su hijo Martín, entre otros, que siguen presos. y confirmó la condena contra Julio De Vido, por la tragedia de Once, que está detenido en la cárcel de Ezeiza.

Por otro lado, la Corte Suprema resolverá a fin de año un caso que impacta sobre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, acusado de lavado de dinero. Para eso designó dos conjueces para fallar si corresponde reabrir una causa por lavado de dinero en su contra o mantener su sobreseimiento.

Los conjueces designados por sorteo y que aceptaron la tarea son Abel Sánchez Torres de la Cámara Federal de Córdoba y el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Candisano Mera.

Estos tres jueces deberán votar en el caso junto con Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, que tenían posiciones diversas sobre el caso.

La investigación comenzó en 2016 por una decisión de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que investiga “la hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición de un inmueble” en Miami, por 402.963,62 dólares.

Los hechos son de abril de 2011 y fueron realizados por la sociedad, “IconUnit 1704”, constituida un mes antes por Jorge Macri -entonces legislador bonaerense- y su entonces esposa, con un capital inicial de 10.000 dólares.

Según aquella denuncia, el dinero para esa compra provenía de dos préstamos: uno del banco “BAC Florida Bank” por 219.000 dólares y otro de una sociedad uruguaya, Fawsley SA», por 184.000 dólares, que fue cedida luego a otra firma constituida en Panamá, ‘Cometas Company Inc.’, y adquirida por una hermana de Jorge Macri.

Para los fiscales, según un comunicado de la Procuración “ese último préstamo ‘no existió y se trató de un acto simulado, lo que generaba serias sospechas sobre el efectivo origen y procedencia del dinero’”.

Joge Macri fue sobreseído por la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en un fallo que ratificó la Cámara Federal de San Martín en 2019. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de la fiscalía. Es así que el caso llegó a la Corte Suprema.

La Corte Suprema en 2025 trabajó con casos de libertad de expresión, daño ambiental y avanzó en causas de alto impacto institucional, como los reclamos de las provincias contra el Estado Nacional por sus cajas previsionales. Allí, Córdoba y la Nación alcanzaron un acuerdo ante la Corte Suprema.

También en 2025, la Corte puso punto final a los intentos del empresario Pablo Otero, el Señor del Tabaco, a sus reclamos contra la aplicación de impuestos internos a los cigarrillos y dejó sin efecto una media cautelar que le permitió funcionar al Casino Flotante hasta ahora sin contrato vigente.

En otros fallos, la Corte instó a los tribunales inferiores a justificar las largas prisiones preventivas dispuestas en causas de delitos de lesa humanidad, al advertir que para la prolongar detenciones “es necesario acreditar, mediante indicios concretos” que existen peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento en la investigación para disponer encierros provisorios y volvió, en otro caso, a exigir al Congreso Nacional que nombre un Defensor del Pueblo, cargo vacante desde hace más de 15 años.

Un tema que preocupa a la Corte Suprema es la avalancha de juicios previsionales, y prepara para 2026 alguna decisión de modo de limitar los casos. La primera medida es instar a que las cámaras de apelaciones actúen como tribunales de casación, y dicten plenarios que obliguen a los jueces a unificar criterios para disminuir la litigiosidad.

Lo mismo en el caso de los juicios laborales, donde la Corte revolucionó la manera de tramitar de todos los procesos de la justicia nacional en la Capital.

Determinó que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ CABA) el “superior tribunal de la causa”. Dee ese modo, trasladó a la “Corte porteña” la decisión sobre cómo se ajustan las indemnizaciones laborales, y todas las causas comerciales, civiles y penales de la Capital.

La Corte cerró el año con un reclamo al Gobierno sobre la necesidad de cubrir las vacantes en el Poder Judicial. Sus miembros confían en que, luego del mensaje del 1 de marzo de Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el Gobierno envíe al Senado los 203 pliegos que tiene en sus manos.