Días después de pactar con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el sorpresivo retorno del gendarme Nahuel Gallo a la Argentina, y mientras repite gestos de distensión con la administración de Donald Trump, el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela acelera en su intento por retornar a los foros regionales, en especial al Mercosur. Un pedido de retorno progresivo que promete generar controversia dentro del bloque regional, que expulsó al régimen chavista en agosto de 2017 por quebrar la cláusula democrática que rige entre sus socios.

Se trata de una jugada que miran de reojo en el gobierno de Javier Milei, de tenso vínculo con el régimen que sucedió a Nicolás Maduro, capturado y preso en los Estados Unidos.

El primer paso lo dio la Asamblea Nacional de Venezuela, que encabeza Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta a cargo, que la semana pasada designó a sus representantes en el Parlasur, el parlamento del Mercosur, y otros organismos como el Parlatino, el Parlamento Amazónico y el Indígena y Afrodescendiente.

Desde el parlamento del Mercosur, reunido el lunes en Córdoba, se aprobó la creación de una comisión, encabezada por el legislador paraguayo Rodrigo Gamarra, para generar un acercamiento con la delegación venezolana. “En la medida en que Venezuela recompone el vínculo con Estados Unidos, también es razonable un acercamiento con el Mercosur”, afirmó a el legislador peronista Gabriel Fuks (UP), autor de la moción para la creación de la comisión.

La movida en el Parlasur tuvo un correlato inesperado. El senador brasileño Chico Rodrigues, del Partido Socialista (PSB), presentó allí un proyecto de declaración para “apoyar la apertura de un proceso político e institucional vinculado a la reversión de la suspensión de Venezuela del Mercosur”. En su argumentación, Rodrigues destaca “medidas recientes adoptadas por aquel país”, como “la liberación de presos políticos, la recomposición del diálogo nacional y el fortalecimiento institucional, que indican un proceso gradual de normalización democrática e inserción de Venezuela en el escenario internacional”.

¿Será una señal del apoyo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva? Desde Itamaraty afirmaron a este diario que “no hay posición oficial” sobre el asunto, y adjudicaron la presentación del proyecto a “una iniciativa personal” del legislador Rodrigues. Desde el kirchnerismo, en tanto, evaluaron que “Lula va a impulsar el regreso de Venezuela” como modo de “compensar” su veto al ingreso de ese país a los Brics, en respuesta a la promesa incumplida de Maduro de mostrar las actas de las elecciones de julio de 2024, calificadas de fraudulentas por el gobierno libertario, la mayoría de los países occidentales y la oposición al chavismo.

Distinta es, a priori, la postura del gobierno libertario, que si bien sostiene un alineamiento sin peros con Trump, tiene cortado el vínculo con el chavismo. Sin criticarla de modo directo, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno reconocieron en entrevistas recientes que Delcy Rodríguez negoció con la AFA el retorno del gendarme Gallo porque no pensaba darle el triunfo político al Gobierno. El Presidente, en tanto, saludó el regreso de Gallo, sin criticar a Rodríguez ni mencionar al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

A modo de señal, el legislador macrista Nicolás Simone, cercano al hoy embajador libertario ante la UE, Fernando Iglesias, sostuvo en la reunión de Córdoba que habría que aguardar que Venezuela volviese a llevar a cabo elecciones presidenciales, como paso previo a la discusión sobre su reincorporación al bloque regional. “Es una situación incómoda, están suspendidos pero tienen el apoyo de Trump”, reconoce una fuente oficial.

La postura del Gobierno coincide con la de la oposición venezolana, hoy con María Corina Machado como cabeza visible. “Solo habrá paz en Venezuela con libertad y solo habrá libertad con democracia”, dijo Machado, y afirmó que la actual presidenta interina fue “parte medular fundamental de la estructura criminal del régimen de Maduro y Chávez”.

Desde los gobiernos y las cancillerías de los cuatro socios principales del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia aún sin ser miembro pleno) prefirieron no sentar una posición definitiva. “No hay ninguna señal en esa dirección, ni es parte de la agenda del Mercosur por ahora”, sostuvieron desde la sede central del bloque regional, en Montevideo.

En ese sentido, se apoyaron en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, aprobado en 1998, que asigna fuerza de ley a la cláusula democrática y establece suspender del bloque a los “Estados signatarios que no respeten los preceptos democráticos”. Sumada al Mercosur en 2012, en pleno auge de la Patria Grande, Venezuela fue suspendida del bloque luego de la disolución de la Asamblea Nacional, que por entonces manejaba la oposición al régimen, y elecciones a una Asamblea Constituyente en la que se denunciaron irregularidades. A ese escenario le siguió una feroz represión a las protestas opositoras, con decenas de muertos y heridos. Un par de años después, la mayoría de los países del Mercosur siguió la estrategia del entonces presidente Trump y reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, como “presidente interino”, desconoció a Maduro, en el comienzo de una pulseada entre el Ejecutivo y el legislativo que duró años aunque no conmovió los cimientos del régimen chavista.

Luego de la captura de Maduro por parte de fuerzas norteamericanas, Delcy Rodríguez ha venido buscado reforzar la legitimidad de su gobierno, y se acercó a Lula da Silva, con quien conversó en enero pese a que el líder de Brasil fustigó la operación de Trump contra el sucesor de Hugo Chávez. “Va a ser, llegado el momento, una decisión política a tomar por los miembros del bloque”, expresó una alta fuente oficial. La discusión sobre el retorno de Venezuela al Mercosur parece recién está comenzando, y promete generar más debate.

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En el marco de la megacausa Techo Digno, se confirmó la absolución del exintendente de Bariloch Gustavo Gennuso, que había sido juzgado por peculado por el manejo de fondos vinculados a ese programa nacional y destinados a la edificación de 871 viviendas en distintos barrios de esta ciudad. El expediente forma parte del conjunto de investigaciones que involucran a exfuncionarios y empresarios de la región.

El Tribunal de Impugnación de Río Negro rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había apelado la sentencia dictada en noviembre de 2025 por el tribunal de juicio y cuestionado la interpretación jurídica que llevó a la absolución.

Gennuso, del frente oficialista Juntos Somos Río Negro, ocupó la intendencia de Bariloche entre 2015 y 2023. La fiscalía sostuvo que una serie de movimientos bancarios realizados durante el primer año de gestión municipal configuraron una sustracción de caudales públicos. El caso se centró en operaciones financieras realizadas en 2016 con fondos transferidos por el Estado nacional en el marco del programa de vivienda denominado Techo Digno.

De acuerdo con la acusación, en enero de ese año se movieron 100 millones de pesos desde una cuenta del Banco Nación vinculada al programa hacia otra cuenta municipal en el Banco Credicoop. Ese dinero se colocó luego en un plazo fijo y, meses más tarde, se realizó una operación similar por 5 millones de pesos.

Para el Ministerio Público Fiscal, esos fondos debían utilizarse para financiar obras y pagar certificaciones de avance a empresas constructoras. Para la acusación, el traslado del dinero a otra cuenta y su colocación en plazos fijos implicaron apartarlo del circuito administrativo y del sistema de control establecido en los convenios firmados con el Estado nacional. En ese sentido, la fiscalía consideró que no era necesario demostrar una apropiación del dinero para que existiera peculado.

Por su parte, la defensa argumentó que el dinero nunca salió de la órbita municipal y que los fondos permanecieron en todo momento en cuentas bancarias a nombre del municipio. También señaló que las operaciones financieras no implicaron una pérdida de control institucional y que incluso generaron intereses.

Al revisar la impugnación, los jueces intervinientes señalaron que el núcleo del debate se encontraba en la interpretación del verbo “sustraer” dentro del delito de peculado. La figura penal exige que los bienes públicos salgan de la esfera de custodia de la administración, lo que supone una pérdida real de control estatal sobre esos fondos. El Tribunal de Impugnación recordó que, para modificar una sentencia absolutoria, la fiscalía debe demostrar arbitrariedad, una valoración errónea de la prueba o una aplicación incorrecta de la ley: los jueces entendieron que ninguno de esos supuestos quedó acreditado.

La prueba producida durante el juicio –que se realizó a fines de 2025– mostró que el dinero continuó dentro del circuito municipal. Incluso cuando los fondos fueron trasladados a otra entidad bancaria y colocados en plazos fijos, permanecieron en cuentas abiertas a nombre del municipio y bajo control institucional.

También en el marco de la ejecución del programa federal de construcción de viviendas e infraestructura denominado Techo Digno, el jueves pasado comenzó el debate oral y público contra la exintendenta kirchnerista María Eugenia Martini, acusada por el presunto manejo irregular de fondos. Junto al inspector de Obra Municipal Alfredo Milano, está acusada por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y peculado.

La fiscalía recordó que entre 2013 y 2015 la acusada firmó dos acuerdos que la obligaban a cumplir determinadas pautas, entre ellas, la presentación de certificados mensuales de avance de obra que dieran cuenta “de forma fehaciente, puntual y real” del estado de las mismas. El fiscal Martín Lozada agregó que las nueve licitaciones realizadas para la ejecución de los trabajos se distribuyeron entre dos empresas constructoras y que, en ese marco, los acusados certificaron “de más, de mucho más” que lo efectivamente construido.

El fiscal consideró que “esa diferencia no se debió a errores de cálculo ni a la situación económica del país con sus altísimos índices inflacionarios”, sino a un “programa delictivo que favoreció a empresas” que cobraron por obras que no fueron realizadas. Al finalizar los alegatos, Martini reiteró su estado de inocencia.