La inauguración de la canchita de fútbol en el barrio popular Kilómetro 13 de Quilmes había sido motivo de festejo en el vecindario. La promovieron desde la parroquia como un espacio de socialización en un entorno social difícil. Al tiempo le agregaron luces para poder ampliar su uso y se convirtió en un punto de encuentro para chicos y jóvenes.

Pero una noche las bandas narcos que operan en la zona, interpretando que ese espacio era un desafío a su dominio territorial, volaron a balazos los reflectores que iluminaban el campo de juego. El sacerdote del lugar consiguió apoyo para reponer las luminarias, con la convicción de que estaba en riesgo algo más que un juego deportivo.

La tensión volvió a escalar cuando los narcos decidieron dar un paso más osado e instalaron una casilla de venta en el círculo central de la canchita. Una señal mafiosa de indudable significado. Pocas noches después, los vecinos organizados en torno de la parroquia la removieron con una topadora y volvió el fútbol. Una disputa metro por metro entre dos universos contrapuestos.

Esa historia mínima que ocurrió hace pocos meses describe uno de los principales flagelos que azota a los barrios populares y que se ha transformado en el fenómeno más peligroso del AMBA: la convivencia diaria con el mundo narco, la socialización de sus dinámicas y el quiebre del precario esquema de contención que integran parroquias, comedores y clubes.

No se trata solamente de las derivaciones delictivas del negocio de la droga, con su secuela de episodios de balas y sangre. Es una evolución que hoy descompone la vida de las familias, impacta en la economía de los hogares, diluye el rol de las escuelas y agota tempranamente las expectativas de adolescentes y jóvenes.

No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí ha cobrado otra dinámica en los últimos años. Y este diagnóstico es reconocido por todos los que intervienen en el territorio, desde los curas villeros, los que atienden los comedores, los movimientos sociales, los intendentes y también el gobierno nacional.

El tema tomó tal calibre que fue uno de los asuntos dominantes en un encuentro de 60 sacerdotes de los Hogares de Cristo de todo el país que se reunió esta semana en Buenos Aires. En el Gobierno comparten el diagnóstico y la inquietud. “Nos preocupa mucho lo que está pasando con el avance narco, es un tema muy grave al que le prestamos toda la atención”, señala una alta fuente de Capital Humano, que tiene a su cargo las políticas sociales.

“Yo hace veinte años que voy a la villa y nunca tuve problemas. Ahora tengo miedo de ir. El otro día me cortaron el paso unos pibes para afanarme, y cuando me iban a encarar uno gritó: ´Es el cura, dejalo´. Pocos días después me cruzó un cartonero totalmente falopeado que se me acercó con un fierro para pegarme y zafé apenas. Yo le doy de comer al hijo de ese tipo. Esas cosas antes no me pasaban. Algo se rompió ahí”. La dura descripción corresponde a un sacerdote que trabaja en villas del sur del conurbano, y que sintetiza una idea bastante arraigada de que se rompió el tejido social de un modo tan profundo que los códigos implícitos que imperaban en esos territorios sin ley hoy ya no rigen.

Otro religioso que está muy activo en la asistencia social en La Matanza relató con sorpresa lo que le ocurrió hace unas semanas: “Siempre vamos con un carrito distribuyendo comida y la gente nos recibe con mucho afecto. Pero ahora nos estamos encontrando con referentes narcos que nos dicen: ´Por acá no repartís´. No quieren que nos metamos en su territorio. La última vez nos empezaron a golpear en el carrito con sus pistolas”.

Cerca de allí, en el complejo La Tablada, esos grupos hicieron un temerario golpe comando en febrero. Entraron una noche a punta de pistola y desalojaron 60 viviendas, le pusieron camiones a la gente para que saque sus pertenencias e instalaron en el edificio un centro de venta de drogas. A pocas cuadras de ahí, esta semana se produjo la muerte del chico Thiago Correa, quien recibió el balazo de un policía que disparó contra un grupo de delincuentes.

Las bandas no siempre recurren a la fuerza para lograr sus objetivos. Muchas veces apelan a la seducción del dinero. El mecanismo más habitual es el de los préstamos. Cada vez más gente con problemas económicos recurre a ellos para que les presten plata, sin saber que desde entonces no van a poder desligarse de esos grupos, aunque les devuelvan el dinero.

Otra práctica muy común es que los narcos les exijan a las familias que le guarden droga o armas en sus casas, para eludir controles policiales. En general no las dejan más de una noche porque las van cambiando de lugar permanentemente. El pago puede ser en efectivo o en “merca”, con lo cual el consumo va encontrando otras vías para permear el tejido familiar.

El impacto en los jóvenes de esta fase de naturalización social de las adicciones es demoledor. Sólo basta una recorrida superficial por esos barrios para entender cómo la calle se transformó en el ámbito natural de interacción, asociado a las drogas. El diálogo gira en torno de cuánto consumieron, cómo se sintieron y dónde compraron. Ya no se trata sólo de los pibes que consumen paco y están definitivamente rotos; son jóvenes que fueron a la escuela, pero terminaron cayendo por razones económicas y sociales. Es una generación amenazada gravemente.

En las encuestas cualitativas que hicieron Rodrigo Zarazaga y Daniel Hernández para el informe “La narrativa rota del ascenso social” (CIAS-Fundar), el 51% de los jóvenes de 16 y 24 años que fueron sondeados en barrios vulnerables afirmó que “la mayoría de sus amigos consumen drogas”, y que el 43% dijo “tener conocidos del barrio que las venden”. Es decir que al menos la mitad de ese grupo etario tiene un trato diario con ese mundo ilegal.

Una de las mujeres que atiende en el amplio complejo parroquial, social y deportivo San José, en La Matanza, los define como “una nueva clase social”. Sabe de qué habla: en el centro de rehabilitación que administran reciben cada vez a más jóvenes. También a las madres afligidas por la situación de sus hijos. Otra de las señoras que trabaja allí bajo la guía de los sacerdotes Nicolás Angelotti y Pablo Vidal, retrata esa situación con una frase inquietante: “Las mamás vienen acá y nos dicen que no pueden dormir a la noche, porque no saben si las van a llamar del hospital para decirles que su hijo está internado, o de la morgue para que reconozca su cuerpo”.

Esta realidad se deposita sobre procesos que vienen desde hace mucho tiempo y que nunca fueron abordados con seriedad desde el poder político. Es uno de los déficits de la democracia con mayor cantidad de responsables.

Sin embargo, ahora hay dos razones que estarían complejizando más la situación. Por un lado, el deterioro económico en los segmentos más carenciados y la ausencia de alternativas laborales para jóvenes y adultos poco instruidos.

En los barrios populares la mayoría de quienes trabajan lo hacen en ocupaciones informales, que se generan a partir de un mayor consumo de las clases medias. Amas de casa, peluqueras, jardineros, obreros. Y esos sectores de la economía son los que muestran mayor estancamiento. “No hay changas”, es la frase que se utiliza coloquialmente para describir esa parálisis.

El gran logro del Gobierno de haber reducido 14 puntos el índice de pobreza en un semestre no tiene una expresión nítida en esta geografía, porque se trata de una medición por niveles de ingresos. Es una baja de la pobreza estadística, que registra quienes quedan arriba o abajo de la línea mínima dependiendo esencialmente de la inflación, que ha descendido en forma sostenida durante la actual gestión. Sin embargo, permanece firme el tercio de la población que padece pobreza estructural, un desafío mucho más complejo.

Los comedores populares son un termómetro de esta situación. Por un lado, cerraron muchos porque dicen que mermó la provisión de alimentos que derivaba el gobierno nacional. Sólo quedan los aportes de los municipios, las provincias y del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Y los que permanecen activos están desbordados.

En los comedores todos los días hay gente que se acerca a las 9 de la mañana para hacer la fila, pese a que la distribución de comida se inicia a las 12.30. Como en varios de ellos dejaron de atender a la noche, mucha gente pide llevarse la vianda también para la cena, y así no alcanza para todos. Esto derivó en que por primera vez se produjeran hechos de violencia en las colas, rompiendo un código de armonía que regía implícitamente en ese entorno de carencias severas. El lamento que se escucha con frecuencia en ese ámbito es la pérdida de los valores de comunidad que siempre los guiaron y que entienden que el Gobierno busca devaluar.

El otro problema deriva de la desterritorialización de la ayuda social, que generó un vacío de representación más agudo. La política social de Javier Milei, instrumentada por la ministra Sandra Pettovello, respondió a una lógica muy clara: atender la demanda de una sociedad agotada por los piquetes cotidianos que pedía cortar el flujo de dinero que mantenía a los movimientos.

En todas las encuestas aparecía como la política pública más cuestionada y los libertarios actuaron en consecuencia. Con ese mandato, el Gobierno redujo el año pasado un 14,19% el gasto social no contributivo, según el último informe del CIAS-Fundar elaborado por Andrés Schipani, Lara Forlino y María Victoria Anuati.

A partir de ese principio, Capital Humano congeló los planes Potenciar Trabajo (se recortaron en un 59,8%), que era el que administraban las organizaciones y los municipios, así como las becas Progresar (un 63,3% menos), para que los adolescentes pudieran continuar con sus estudios.

Por contrapartida, incrementó fuertemente la AUH (Asignación Universal por Hijo), con un 47,48% de crecimiento, y en menor medida la Tarjeta Alimentar. Esto representó un cambio en las prioridades que habían mantenido los gobiernos anteriores, por lo cual se focalizó la mayor parte de la asistencia en los niños y se recortó para el segmento de jóvenes y adultos. Allí se produjo un golpe que se sintió con fuerza.

Este giro tuvo efectos positivos. Uno de los más importantes fue que la ampliación de la AUH evitó situaciones extremas y generó un sosiego importante en la base social. Además, con la deshidratación del Potenciar Trabajo el Gobierno logró eliminar una intermediación política que le asignaba a su distribución un nivel de arbitrariedad injusto.

Sin embargo, ese apartamiento de las organizaciones y también de los referentes partidarios locales, restó presencia territorial a la ayuda social, lo cual sumado a la retracción de los comedores y al cierre de agencias del Estado en barrios populares (especialmente de Anses), dejó un campo más liberado para ser ocupado por otros actores, en particular por los agentes del narco.

“Hay un desmantelamiento del tejido social que se profundizó con la desaparición del Potenciar. Muchos de los que daban de comer recibían ese plan. Hoy tenemos comedores que son financiados por los narcos, porque no tienen alternativas”, relata un referente religioso que trabaja en la villa 21 24 Zavaleta.

Schipani coincide en que el doble efecto que produjo la disecación de las organizaciones sociales vía congelamiento de los Potenciar Trabajo y el achicamiento de los comedores, “diluyó espacios donde no sólo se da de comer, sino donde también se brinda apoyo escolar, donde funcionan de hecho guarderías para que las mujeres puedan dejar a sus hijos y salir a trabajar. Y ese vacío lo va ocupando el narco. Conocemos varios casos en los que son ellos quienes están financiando comedores”.

Estas transformaciones en el entramado social son seguidas con preocupación desde el Ministerio de Capital Humano, donde coinciden con el diagnóstico, pero consideran que era necesario atravesar este proceso que califican “de transición” para lograr la desintermediación de la ayuda social.

Ahora se preparan para una fase nueva que apunta a atender ese vacío que señalan los actores territoriales. Se trata del establecimiento de una red de Centros de Familia, que buscará articular con municipios y provincias un esquema de ayuda que esté unificado aprovechando las estructuras vigentes. La mayor novedad del plan sería la instrumentación de un voucher para hacer cursos y capacitaciones en distintas áreas para quienes cumplan con los requisitos que se dispondrán. La intención es lanzar próximamente un plan piloto que se iniciará en la ciudad de Concordia.

Según el Gobierno, no se requerirá más presupuesto, ya que los servicios prestados por los vouchers se sustentarán con partidas derivadas de programas discontinuados y la infraestructura partirá de lo que hoy cuentan intendentes y gobernadores. Esta idea está en línea con la impronta general de descentralizar los servicios que presta la Nación, desde salud y educación, hasta la ayuda social. En el entorno de Pettovello consideran a este proyecto la apuesta principal para reparar la falta de presencia estatal en los sectores más carenciados.

En esta geografía inhóspita la política ha retrocedido fuertemente en términos de representación. El vacío territorial también tiene una expresión en ese plano. La pelea electoral que se avecina en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la tercera sección, no parece interpelar todavía al ciudadano de a pie.

Cristina Kirchner es claramente la figura más popular, pero también es un fenómeno que parece menguante, que atrae emocionalmente a quienes tienen más de 30 años y recuerdan la época gloriosa del kirchnerismo. No es un movimiento entusiasta, provoca una adhesión nostálgica, de resistencia ante la amenaza libertaria. Axel Kicillof transmite en el territorio casi lo mismo que la expresidenta. La gente los asume como parte del mismo proyecto y ni se imagina las razones del distanciamiento entre ellos. Pero ambos simbolizan una iconografía cuyo mensaje está desgastado. El Estado presente o la economía popular ya son enunciaciones vacías.

Al mismo tiempo, Milei expone uno de los trofeos que obtuvo en 2023, que fue haberle carcomido parte de la base social al peronismo. El “voto Rapi” simbolizó el atractivo que produjo, especialmente en el segmento joven, con su estilo desafiante y descontracturado.

Esos sectores hoy basculan entre los que aún mantienen alguna expectativa y los que están desilusionados porque no se ven como beneficiarios del modelo libertario. Son los que imaginaron una recuperación económica inmediata pero que sienten que todavía no les llega.

Existe una valoración muy nítida de Milei por la baja de la inflación, el mérito principal que los pobres le atribuyen al Presidente, pero al mismo tiempo emerge la expresión inevitable: “No me alcanza la plata para llegar a fin de mes”. Hay una parte de la promesa cumplida, y otra vacante.

Más allá del resultado electoral (probablemente con mucho ausentismo), los sectores más pobres de la sociedad se perciben sin representación política real. Hay una narrativa kirchnerista desvirtuada, y otra libertaria que todavía no tiene la fuerza para reemplazarla.

El ánimo dominante en el conurbano es de desesperanza y desconexión. No se ven un espíritu rebelde ni indicios de una explosión en las calles. Hay una implosión social que se expresa en las casas, en la escuela y en el barrio. Una descomposición en cámara lenta.