La reforma laboral ya cuenta con media sanción. El miércoles, el oficialismo, con apoyo de Pro, el radicalismo y gobernadores aliados, logró aprobar en el Senado el proyecto con el que pretende abonar el terreno para la generación de empleo formal. Y, aunque el sector empresarial celebra el avance, persisten dudas respecto del impacto real que tendrá la iniciativa por sí misma en la ampliación del trabajo registrado.

Cámaras empresariales y especialistas en materia laboral advierten que, de sancionarse, los cambios en la legislación vigente darán mayor previsibilidad, lo que multiplica los incentivos para contratar personal. Es un punto de partida sólido, pero insuficiente, que empezará a mostrar su verdadero efecto de la mano de una reactivación económica que aún no se concreta.

“Por sí misma no va a generar más empleo, pero es una ley necesaria para cuando se den las condiciones, cuando haya inversión, expansión. Falta que haya una reactivación de la economía. El consumo hoy no aumenta”, explicó Salvador Femenia de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a . Destacó que en los principales centros urbanos aún no se ve el efecto de las grandes inversiones anunciadas en sectores estratégicos como la industria petrolera y la minería.

Según Femenia, la reforma permite regular algunas prácticas que ya se llevaban adelante en las pymes como el fraccionamiento de las vacaciones, así como también minimizar algunos “abusos” vinculados al ausentismo y las licencias médicas.

Además, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), concede mayor previsibilidad a los pequeños emprendimientos para afrontar indemnizaciones en caso de despidos y evitar, así, cimbronazos en su estructura de costos. Pero la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo en el corto plazo continúa siendo limitada.

Coinciden en la Unión Industrial Argentina (UIA), que valora la aplicación de “criterios taxativos” a la hora de liquidar indemnizaciones y lo que consideran una eliminación del “incentivo económico a faltar sin causa” por la reducción del salario percibido por quienes sufren un accidente o enfermedad ajenos a sus tareas laborales. La entidad destaca también el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos (implica que todos los convenios tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos, se mantiene el actual) y la incorporación de herramientas legales para evitar bloqueos y tomas de establecimientos así como también garantizar la operatividad de servicios esenciales.

Estos cambios fueron -según informó el ministro de Economía, Luis Caputo-, uno de los temas de conversación durante la reunión que mantuvo el viernes último con la entidad empresarial. También conversaron sobre la necesidad de avanzar con una baja impositiva para aumentar la competitividad de la industria nacional.

En la UIA se muestran más cautos, en cambio, respecto de las oportunidades que se abren en el corto plazo para ampliar el empleo registrado. “La legislación laboral por sí sola no crea empleo. La generación de trabajo depende de muchos factores. Pero es clave empezar por un marco normativo previsible que permita revertir más de 15 años sin crecimiento del empleo privado formal. Esta ley es el inicio del cambio”, afirmó Martín Rappallini, presidente de la UIA, en redes sociales.

En la misma línea se manifestó el abogado laboralista Julián De Diego, quien subrayó que “el empleo formal requiere de crecimiento económico”. “La reforma es importante porque le da un esqueleto al sistema laboral que posibilita y facilita la inversión, porque da claras reglas de juego, pero claramente por sí sola no genera nuevos puestos de trabajo”, indicó a .

En el corto plazo, la iniciativa puede ampliar la base de trabajadores formales mediante el programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) que pretende regularizar las relaciones laborales no registradas. Se trata, sin embargo, de “blanquear” empleados antes que de generar nuevas oportunidades laborales.

La iniciativa contempla una condonación de deudas por capital e intereses derivadas de la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social así como la extinción de las acciones penales previstas en el Régimen Penal Tributario.

“Este blanqueo va a aumentar la base de sustentación de la población que está registrada, que son seis millones de trabajadores. Tenemos ocho millones de personas que están en la clandestinidad. Con que una parte de esos ocho millones ingresen a la regularidad, va a mejorar el régimen jubilatorio, la recaudación y sobre todo, se les va a dar protección porque esos ocho millones de personas no tienen salario mínimo, ni representación y defensa oficial de sus derechos”, explicó De Diego.

Y agregó: “Todos los rubros que tienen muchas pymes se beneficiarían con el blanqueo. La industria textil, la gastronomía más pequeña, los autoservice, maxi kioscos, panadería, fruterías, la mayoría de los negocios más pequeños están en negro. No alcanza tanto a la industria manufacturera ni las empresas grandes ya instaladas».

El especialista en Derecho del Trabajo destacó también el impacto que podría tener la creación del Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL) en la generación de empleo. Una actividad económica dinámica sigue siendo, de todos modos, un factor central para que esas facilidades se traduzcan en la práctica en nuevos puestos de trabajo.

“Resulta problemático pensar que una modificación normativa, desligada de una estrategia de desarrollo productivo, pueda resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo argentino”, señaló la economista Roxana Maurizio a . A diferencia de De Diego y las cámaras empresariales, considera que la manera en que se planteó la reforma apunta hacia una “flexibilización de las condiciones laborales” que podría profundizar la informalidad.

“La reforma pone el acento casi exclusivamente en la flexibilización de las condiciones laborales, pero deja de lado cuestiones centrales como la productividad, la incorporación de tecnología y el desarrollo de capacidades. Estos son factores claves para que las empresas puedan crear empleo sostenible y mejorar salarios en el tiempo”, continuó. “La reducción de derechos laborales no se traduce en más empleo, sino en una redistribución de riesgos hacia los trabajadores”.

La especialista aseguró que para terminar con la informalidad, en especial entre las pymes, es necesario eliminar restricciones al financiamiento, el acceso a los mercados y la tecnología, lo que exige medidas que trasciendan un cambio en la normativa y la flexibilización laboral. “Al abaratar o facilitar ciertas formas de contratación precaria, se incentiva la informalidad en lugar de promover la formalización”, dijo.

En el ala gremial advierten sobre el mismo riesgo. “Lo que tienen [las empresas] es una gran herramienta para despedir, no para contratar, y para ‘domesticar’ a los laburantes”, denunció Jorge Sola, secretario general de la CGT, a . Duda de la potencialidad de la reforma impulsada por Javier Milei para ampliar la base de trabajadores en el mercado formal. “El problema es que no anda la economía. La única manera de generar empleo es a través de un proyecto de inversión productiva”, siguió.

El dirigente sindical apuntó contra la “regresividad” del proyecto que deberá discutir la Cámara de Diputados. El Gobierno busca aprobar la reforma antes de marzo. “Es una ley regresiva en tres pilares: en los derechos individuales, en los derechos colectivos y la representación gremial y en la enorme transferencia de recursos de los trabajadores al sector empresario sin nada a cambio. Lo único que se obtiene es una promesa de que se va a generar más empleo”, sostuvo.

Cree que hasta que no se produzca una recuperación del poder adquisitivo que motorice el consumo y “ponga en marcha un círculo virtuoso de la economía” algunas modificaciones podría ser estériles para abrir nuevos puestos de trabajo.

Ante la posibilidad de que el Gobierno concrete su intención de darle cierre a la aprobación definitiva de la reforma laboral el jueves, en la Cámara de Diputados, agrupaciones de izquierda, sectores del Partido Justicialista (PJ), grupos piqueteros y movimientos sociales se anticiparon a las definiciones legislativas y adelantaron que marcharán al Congreso para reeditar la movilización de protesta contra el proyecto oficialista que se realizó el miércoles pasado, cuando la iniciativa obtuvo media sanción en el Senado. Anunciaron paros y movilizaciones, que correrán en paralelo a la huelga que lanzó la CGT, que será sin marchas.

Algunos grupos que participarán de la protesta del jueves, como el Polo Obrero, tomarán medidas de precaución extra ante la posibilidad de nuevos incidentes como los que se produjeron en la marcha de la semana pasada, que derivaron en 71 personas detenidas y manifestantes y policías heridos.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) convocó ayer a un paro sectorial de 24 horas para este jueves, con marcha al Congreso incluida. El gremio que conduce el dirigente kirchnerista Abel Furlán se adelantó a la definición de la CGT, que este lunes confirmó que activará una huelga general ese día, sin movilización. También se adelantaron a la CGT con su definición de paro otros sindicatos que, como la UOM, integran el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu). Entre ellos, están los aceiteros, que lidera Daniel Yofra.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), junto a movimientos de jubilados y piqueteros, también movilizará. Este sector definirá esta tarde su convocatoria, en una asamblea del Plenario del Sindicalismo Combativo (que nuclea a gremios y delegaciones sindicales conducidas por la izquierda, como el Sutna o los ferroviarios del Ferrocarril Sarmiento).

Luego de los incidentes de la semana pasada, agrupaciones de izquierda como el Polo Obrero (brazo piquetero del Partido Obrero) tomarán medidas precautorias. “Tener más compañeros de autodefensa para que no nos afecte la represión, que fue absolutamente desproporcionada y afectó a familias que estaban a más de 300 metros de las rejas [del Congreso] y fueron alcanzadas por gases lacrimógenos. Y tener una posta sanitaria para atender heridos, ya que el SAME desaparece durante la represión”, enumeró a el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, al ser consultado sobre esas medidas.

“Como siempre, tendremos un equipo de abogados para actuar cuando las fuerzas represivas salen a cazar manifestantes”, añadió Belliboni. El Polo Obrero ya convocó a marchar, aunque no definió aún el horario.

Gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) prometen un clima hostil con los legisladores de la Cámara baja. “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores”, afirmó el viernes el secretario general de ese sindicato estatal, Rodolfo Aguiar. Este lunes, Aguiar criticó a la CGT por impulsar un “paro dominguero”, sin movilización.

Tras los incidentes del miércoles pasado, el Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, difundió una lista de 17 personas a las que prometió denunciar por terrorismo tras su intervención en la manifestación, por la utilización, entre otros artefactos, de bombas molotov (el viernes, en el barrio porteño de Belgrano, fue detenido un hombre acusado de arrojar uno de esos proyectiles).

Al igual que durante la jornada que derivó en la media sanción del proyecto de reforma laboral, el peronismo volverá a manifestarse. Sectores como La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner, y el Movimiento Derecho al Futuro, liderado por Axel Kicillof, prevén sumarse a las movilizaciones.

Entre los grupos políticos, piqueteros y movimientos sociales que ya anunciaron que se movilizarán a la Plaza del Congreso están Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie.