La renuncia de uno de los dos veedores designados por el Ministerio de Justicia para intervenir en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió un nuevo capítulo en la interna libertaria entre los sectores que responden a Karina Milei y a Santiago Caputo.

El veedor Agustín Ortiz de Marco había sido elegido en marzo pasado. En aquel momento, el Gobierno se mostraba públicamente convencido de avanzar en la revisión de los fondos de la AFA.

Luego, Juan Bautista Mahiques, que tuvo contactos con la AFA, desembarcó al frente del Ministerio de Justicia. El jueves, Ortiz de Marco renunció a la veeduría.

El paso al costado renovó las diferencias entre ambos grupos internos del Gobierno y multiplicó las dudas sobre la decisión de la Casa Rosada de seguir adelante con la inspección de los manejos de dinero de la AFA, que también son motivos de una investigación judicial en el fuero Penal Económico.

Allegados a Ortiz de Marco aseguraron que “no llegó a asumir” y renunció antes de poder definir las condiciones de su tarea como veedor de la Inspección General de Justicia en la AFA.

En el Ministerio de Justicia, que ahora manejan Mahiques y su segundo, Santiago Viola, dijeron que buscaron contactarlo a Ortiz de Marco sin éxito.

La designación del veedor se había concretado cuando todavía era ministro Mariano Cuneo Libarona y como segundo estaba Sebastián Amerio, hombre del asesor presidencial, Santiago Caputo.

En aquel momento, al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ), estaba Daniel Vitolo, quien ratificaba en público y en privado la decisión de pedir explicaciones a la AFA sobre los números que no cierran.

En los últimos meses, viene revelando cómo empresas fantasma desviaban millones de dólares de la AFA.

Con la salida de Cúneo Libarona, el sector encabezado por la secretaria general Karina Milei, avanzó sobre el Ministerio de Justicia. Sacó la cartera del área de influencia de Santiago Caputo y puso como titular a Mahiques, y como segundo, a Viola.

La avanzada generó aún más sorpresa porque la designación de Viola dejó a Amerio, alfil de Caputo, fuera del Ministerio de Justicia.

En la IGJ, Vitolo fue reemplazado por Alejandro Ramírez.

Ante sus vínculos con la AFA, Mahiques había asegurado que iba a mantener a los veedores para alejar sospechas.

El portazo ahora renovó las dudas. En el ámbito judicial se recordó la relación de Mahiques con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, investigado por la justicia en diferentes frentes y a quien se le atribuye una mansión en Pilar, en la que el camarista Carlos Mahiques, padre del actual ministro, festejó su cumpleaños.

Juan Bautista Mahiques siempre negó que tuviera un pacto con Tapia y Toviggino y que hubiera llegado a “tapar ninguna investigación”.

Consultados por , en el Ministerio de Justicia negaron que su renuncia fuera un síntoma de la falta de apoyo político para inspeccionar la AFA. Explicaron que Ortiz de Marco presentó su dimisión en las últimas horas luego de haber sido citado en dos oportunidades para empezar la veeduría. Y que, tras varios intentos de ser contactado, envió un audio de Whatsapp en el que declinó de participar alegando que “tenía mucho trabajo“.

accedió a los registros de los contactos.

Sin embargo, allegados a Ortiz de Marco dieron otra versión. Aseguraron que “lo designaron hace un mes y en ese período nadie se comunicó con él”, que en ese tiempo buscó ”hablar» para ver el trabajo que se haría, pero sin suerte.

“Lo entendió como un desinterés”, dijeron fuentes cercanas al exveedor.

También detallaron que, al margen de los contactos del Ministerio de Justicia, “no tuvo una reunión previa para resolver si aceptaba o no”.

“Esos contactos siempre se hacen antes de tomar un cargo de esta envergadura”, agregaron.

Todo fue interpretado como señales de falta de decisión para avanzar.

Desde el Ministerio de Justicia rechazaron esa explicación e insistieron en las notificaciones que se dieron a lo largo de los últimos días. Además de la documentación oficial hay correos en los que Ortiz de Marco fue contactado y aludió a una situación de salud por la que habría sido intervenido y que debió guardar reposo.

Ortiz de Marco fue señalado por dos fuentes como un funcionario que respondía a Amerio, el desplazado referente de Santiago Caputo en el Ministerio de Justicia y actual Procurador del Tesoro.

Incluso una de las fuentes precisó que Ortíz de Marco “es muy cercano y de la confianza de quien se desempeñaba como jefe de asesores de Amerio” y que “la propuesta de su designación salió directamente del actual Procurador”, quien afirmaron que la habría hecho llegar en su momento a través del subsecretario de Asuntos Registrales Carlos Medina.

Ante la consulta de , cerca del actual Procurador del Tesoro negaron el vínculo con Ortiz de Marco. Apuntaron que “lo designó Vitolo” y dijeron desconocer si había renunciado o no. Cerca de Ortiz de Marco también buscaron relativizar el vínculo con Amerio y apuntaron a que Vitolo lo conocía de su paso por la intervención en la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (Catac).

Ahora Mahiques deberá elegir un nuevo letrado para el lugar que deja la salida del abogado.

Por 180 días

El Gobierno dispuso en marzo pasado una “intervención en grado de veeduría” en la AFA por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.

La designación de Ortiz de Marco databa de ese momento y se dio junto a la del contador Miguel Pappacena que, por ahora, sigue en el cargo. Ambos tenían como misión elaborar un informe sin intervenir la gestión de la cabeza del fútbol local.

La veeduría se dio a partir de una solicitud formulada por la IGJ, el organismo encargado del control estatal de ese tipo de asociaciones. La medida se fundamentó en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, dice la resolución ministerial.

Las irregularidades motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente.

Por eso, el Gobierno designó dos veedores en la AFA, uno de los cuales renunció este jueves.

La tensión interna en la Corte Suprema sigue escalando. Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, disconformes con el tratamiento que el Consejo de la Magistratura le dio ayer a su proyecto para cambiar cómo se elige a los jueces, decidieron volver a intervenir. Su objetivo es que el borrador que mandaron se apruebe sin cambios.

Rosenkrantz y Lorenzetti convocaron a todos los consejeros que integran las comisiones de Selección y de Reglamentación -las que se reunieron ayer- para tener encuentros individuales con ellos.

El tercer juez de la Corte, Horacio Rosatti, que preside el máximo tribunal y también el Consejo, no estará en esos encuentros. Según informaron en el Palacio de Tribunales, “fue informado, pero no participa”. De forma cada vez menos velada, sus colegas lo acusan de boicotearles el proyecto. Él, en cambio, habla de la necesidad de “consensos”.

Ayer, con Rosatti a la cabeza, el Consejo de la Magistratura hizo saber que no aprobará a libro cerrado la iniciativa de la Corte, que tiene como objetivo declarado limitar la discrecionalidad de los consejeros en el proceso de evaluación de los candidatos a jueces. Lo someterán, en cambio, a un debate que puede llevar tiempo.

La reunión de ayer era de las comisiones de Selección y Reglamentación. Pese a que Rosatti no integra ninguna de las dos, cuando la sesión acababa de empezar, se presentó. Dijo que estaba ahí era para “agradecerles” a los consejeros que hubieran abordado el tratamiento del proyecto, pero dejó una advertencia: dijo que lo enviado por la Corte sería “enriquecido” por otras iniciativas que ya estaban en el Consejo y por las opiniones de especialistas de distintas ONG. Es decir, dejó en claro, ni bien empezó la reunión, que no habría un tratamiento express del proyecto de sus colegas de la Corte.

En línea con lo que había anunciado Rosatti, los consejeros convocaron para este miércoles a dos organizaciones del mundo del derecho, informaron fuentes del Consejo: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Rosenkrantz y Lorenzetti había hecho saber que esperaban que su plan fuera aprobado con celeridad. En las últimas semanas, este tema expuso un quiebre entre ellos dos y Rosatti, a punto tal que en una de las vocalías del máximo tribunal dijeron, la semana pasada, que si Rosatti frenaba el proyecto estaría “deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”. En otra oficina de cuarto piso de Tribunales, después de la reunión de ayer, insistieron: “No representó el mandato”. ¿Cúal es el paso siguiente? ¿Analizan sacarle la presidencia? En la Corte se limitan a mandar el mensaje y hacer silencio.

Según el cronograma que manejan, como borrador, en la Corte, Rosenkratz y Lorenzetti recibirán el lunes próximo, por la tarde, a los consejeros Diego Barroetaveña (juez), Gonzalo Roca (diputado), Hugo Galderisi (académico), Alberto Lugones (juez), Jimena de la Torre (abogada) y Guillermo Tamarit (académico). A cada uno por separado en encuentros previstos con media hora de diferencia.

El jueves tienen agendados a Fernanda Vazquez (abogada), Santiago Viola (representante del Poder Ejecutivo), Alberto Maques (abogado), Alejandra Provítola (jueza) y Vanesa Siley (diputada). El plan es recibir también a la diputada Anabel Fernández Sagasti, pero ella no respondió si asistirá, según informaron fuentes de la Corte.

El encuentro con Viola, viceministro de Justicia y hombre que responde a Karina Milei, viene precedido por declaraciones del funcionario que no van justamente en línea con lo que pretenden Lorenzetti y Rosenkrantz. “Veo una ansiedad desmedida por un tratamiento urgente”, afirmó ayer Viola en el Consejo. Dijo que “siempre es bueno recibir sugerencias» de «personas tan estimadas como pueden ser los integrantes de la Corte Suprema de Justicia», pero advirtió que “no hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo”.