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El camino que le queda a la causa Vialidad en la Corte y cómo puede impactar una candidatura de Cristina Kirchner

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La decisión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitando que Cristina Kirchner reciba una condena a doce años de prisión por el delito de asociación ilícita en carácter de jefa, allana el camino para que la Corte Suprema de Justicia comience a analizar el caso Vialidad y defina, así, si confirma o no la sentencia acusatoria contra la ex vice que implica la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Al menos tres escenarios se abren ahora.

Desde febrero en el máximo tribunal se encuentran diez recursos de queja presentados por todos los acusados en este expediente, con los que buscan revertir el criterio de la Sala IV de la Cámara de Casación, que confirmó la sentencia condenatoria por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La pena asciende a seis años de prisión.

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La sentencia que apelaron ante la Corte todos los acusados, confirma con “grado de certeza, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Cristina Kirchner fue la primera vicepresidenta en ejercicio en recibir una condena por corrupción. Se la acusó de no haber procurado el resguardo de los intereses del Estado: lo utilizó para beneficio personal, remarcaron los jueces.

La imputación en su contra refiere a una “maquinaria de corrupción”, que contó “un rol central” atribuido a la ex presidenta y se la acusó de mantener «lazos espurios» con el contratista beneficiado con quien mantenía «sendos negocios privados».

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Los hechos juzgados refieren a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, “en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Durante los gobiernos kirchneristas las obras viales licitadas en esa provincia “fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

La construcción del cuadro acusatorio es lo que busca la ex vice, y los demás condenados, revertir con los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia.

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Los ministros del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no podían comenzar a analizar en primer término si abren o no las quejas, es decir, si comienzan a estudiar los reclamos, ya que había un recurso extraordinario que estaba en manos del Procurador General de la Nación.

Se necesitaba el expediente consolidado, esto es, con la totalidad de los planteos presentados ante la Oficina Judicial Penal, para comenzar a trabajar al respecto.

La respuesta de Eduardo Casal avalando el criterio del fiscal general, Mario Villar, habilita a que los ministros de la Corte se pronuncien sobre este expediente.

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En su carácter de jefe de los fiscales, sostuvo el planteo de que insiste en que la ex vicepresidenta sea condenada, además del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la acusación de asociación ilícita en carácter de jefa, lo que duplica su pena llevándola a doce años de prisión, junto con las multas económicas y la inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos.

Ahora, será el turno de la Corte Suprema. El dictamen del Procurador General, se sumará a los nueve recursos de queja correspondientes a los imputados en este caso, entre ellos Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti.

La oficina penal fue la responsable de recepcionar todos los escritos de diez páginas cada uno. Acto seguido se realizó un informe para elevar a los tres ministros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En el mismo se detallaron formalidades respecto a las quejas formuladas, el común denominador es que -a excepción del planteo del Ministerio Público Fiscal-, todos referían a la arbitrariedad de la Sala IV de la Casación a la hora de rechazar las apelaciones a la confirmación de la sentencia acusatoria.

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Al observar este aspecto puntual, se resolvió que el único recurso que sería remitido a la Procuración General de la Nación encabezada por Eduardo Casal, es la del fiscal general. El resto de los planteos permanecen en la Corte.

Los caminos que se abren

Al menos hay tres posibles. En primer lugar, la Corte tiene la potestad para resolver no abrir los recursos, a través del artículo 280, niega el estudio de los reclamos. De esa manera convalida el criterio establecido por la instancia anterior, esto es: la Sala IV de Casación que entendió que no había sustento para apelar la confirmación de la condena.

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En ese caso, la consecuencia inmediata es que la sentencia queda firme. Fue éste el procedimiento aplicado, por ejemplo, en el caso Ciccone.

Otra de las posibilidades es que los cortesanos acepten abrir los recursos de queja. En tal caso deberán pedir a Comodoro Py el envío del expediente completo. Sin embargo, el resultado final puede ser el mismo: un rechazo a los recursos analizados. Con lo cual, también la sentencia condenatoria sería de efectivo cumplimiento.

Implica esa decisión, para la ex vicepresidenta, una eventual prisión domiciliaria por seis años, junto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A eso debe sumarse los decomisos aplicados en función del perjuicio ocasionado que se estipuló en 85.000 millones de pesos, cifra que el Tribunal pidió actualizar en caso de que se dé firmeza al fallo.

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En la vereda opuesta a este criterio, se encuentra lo que las defensas aguardan: que con la apertura de la queja y su posterior estudio, se anule la determinación de la Casación respecto al doble conforme otorgado a la condena por hechos de corrupción.

Pero hay una tercera posibilidad: una instancia “combinada” como algunos especialistas indicaron. La Corte puede abrir los recursos de queja, rechazar todos menos el del Ministerio Público Fiscal. Acto seguido, se puede solicitar a la Cámara de Casación que estudie el reclamo del fiscal Villar que exige duplicar la pena de Cristina.

Sucede que en tal caso, se inicia otro recorrido judicial que demandará mucho tiempo. Una nueva sala del máximo tribunal penal deberá tomar el caso, ya que la interviniente (la número IV) ya fijó posición al respecto.

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La Corte mantiene una máxima y es que nunca, aún con las notorias diferencias internas, resuelve en contra de su propia jurisprudencia.

Corrupción K,Cristina Kirchner,Lázaro Báez,Austral Construcciones

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POLITICA

El peronismo irá unificado a las elecciones de octubre en 18 provincias, pero en seis jugará dividido

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El Partido Justicialista presentará alianzas de unidad en la mayoría de las provincias para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, aunque no logró cerrar un frente común en todas. Con el plazo para inscribir los frentes electorales vigente hasta la medianoche del jueves (y en algunas provincias, con posibilidad de extensión hasta la mañana del viernes), serán 18 las jurisdicciones en las que el partido que preside Cristina Kirchner tendrá una alianza única, mientras en seis se exhibirá la fractura, por motivos diversos que incluyen intervenciones dispuestas por la conducción nacional.

Las divisiones están en Salta, Misiones, Chubut, Tierra del Fuego, Córdoba y Jujuy. Algunas de esas jurisdicciones tienen intervenciones partidarias vigentes, en otras finalizaron, y hay casos en que las internas derivaron en desprendimientos.

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En Salta, donde el PJ está intervenido (la Justicia la había cancelado, pero una en una instancia superior se rehabilitó), se conformó Fuerza Patria. Ese espacio kirchnerista incorporó al exgobernador Juan Manuel Urtubey, y lo integran 11 partidos, entre ellos, Kolina, el Partido de la Victoria, el Frente Grande, e Instrumento Electoral para la Unidad Popular.

Los dirigentes peronistas que fueron corridos del partido por la intervención que definió el PJ nacional, conducido por Cristina Kirchner, participarán de un frente provincial aliado al gobernador Gustavo Sáenz, que se denominaría “Primero los Salteños”. Se elegirán tres senadores y tres diputados.

Gustavo Saenz, el gobernador de Salta, tiene a parte del peronismo en su frente provincial

En Misiones, el PJ también fue intervenido. La intervención llevará una lista alineada con Fuerza Patria y los referentes desplazados del justicialismo integrarán el frente del oficialismo local, que maneja Carlos Rovira. Habrá tres bancas de diputados nacionales en juego.

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El PJ de Chubut fue a internas el domingo y definió como candidato (se elegirán dos diputados) al exintendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque. Por fuera del PJ, pero como desprendimiento de esa fuerza, se presentará la alianza Fuerza del Trabajo Chubutense, que unió a los gremios de empleados de comercio y de camioneros.

Tierra del Fuego elegirá dos senadores y dos diputados. La oferta electoral del peronismo exhibirá una división en dos frentes. Dentro de Fuerza Patria van Forja (el partido del gobernador Gustavo Melella) y el camporismo del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. El Movimiento Popular Fueguino (Mopof) se presenta aparte, en una alianza en la que confluyen sectores del camporismo y el peronismo tradicional.

El peronismo cordobés, liderado por Martín Llaryora y Juan Schiaretti, alejado del kirchnerismo, participará dentro de Provincias Unidas, el frente de los gobernadores Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El kirchnerismo se presentará apartado de esa línea. Córdoba elegirá nueve diputados.

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En Jujuy, el PJ, que fue intervenido por la conducción partidaria nacional, tendrá una lista cercana a La Cámpora (la diputada Leila Chaher es su referente) y otra que patrocinaría el diputado provincial Rubén Rivarola. Por fuera, quedarían otros sectores, como el de la senadora Carolina Moisés.

En la provincia de Buenos Aires, el peronismo se anotará como Fuerza Patria, en unidad. Cuando anudó sus listas bonaerenses, el justicialismo acordó participar con el mismo frente a nivel nacional, donde se pondrán en juego 35 bancas de diputados por la provincia. Lo integran el PJ, el Frente Renovador, Patria Grande, Kolina, y el Frente Grande, entre otros. La provincia tiene 35 bancas de diputados en juego.

En la ciudad de Buenos Aires también habrá un frente unificado del justicialismo. El peronismo conformará Fuerza Patria en territorio porteño, con un armado partidario similar al de la provincia de Buenos Aires. Mariano Recalde suena como candidato a encabezar la boleta de candidatos a senadores (se eligen tres, junto a 13 diputados).

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Mariano Recalde, posible candidato a senador por la ciudad de Buenos AiresRodrigo Nespolo –

La provincia de Santa Fe aporta también a la unidad. El peronismo cerró filas en la alianza Fuerza Patria, algo que hace unas semanas estaba en duda. En un principio había surgido un conflicto con el sector que encabeza el exgobernador Omar Perotti; Agustín Rossi es el otro referente del peronismo provincial.

Chaco será otra de las provincias con una alianza de unidad peronista. Se reeditará Fuerza Patria. Junto con el PJ, integrarán la coalición partidos como Kolina; Frente Grande; Libres del Sur; Partido de la Victoria; Partido del Trabajo y del Pueblo; Partido Proyecto Popular; Partido Renovador Auténtico, y Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo. La boleta de candidatos a senadores nacionales (se eligen tres) la encabezará el exgobernador Jorge Capitanich. El primer nombre de la lista de diputados nacionales (se eligen cuatro) está en definición.

Jorge Capitanich, prenda de unidad del PJ chaqueñoHernán Zenteno –

En Tucumán, también habrá una alianza de unidad peronista, denominada Frente Tucumán Primero e integrada por 16 partidos. El gobernador Osvaldo Jaldo y el exmandatario Juan Manzur armarían una lista en común con el PJ como columna vertebral. Jaldo sería candidato testimonial, a la cabeza de la lista de diputados (hay cuatro bancas en juego).

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El Frente Cívico de Santiago del Estero, en el que está integrado el PJ provincial, irá dividido pero como parte de una estrategia del gobernador Gerardo Zamora para repetir lo que viene haciendo: quedarse con todas las bancas nacionales en juego (la provincia renueva sus tres senadores y tres de sus siete diputados nacionales). El peronismo conforma uno de los espacios de este frente. El sector “UCR” del Frente Cívico llevará al gobernador Zamora, al frente de la lista de Senadores, en tanto que por otro lado irá el PJ, con el actual senador y presidente del justicialismo santiagueño José Emilio “Pichón” Neder. Lo mismo pasará en el rubro diputados nacionales. La provincia también elegirá gobernador el mismo 26 de octubre.

En San Luis, el PJ está dominado por Alberto Rodríguez Saá, que conformó un frente llamado Movimiento en Acción. El primer candidato de esa lista para diputado nacional es Jorge “Gato” Fernández, que fue candidato a gobernador en 2023 y cayó ante Claudio Poggi (el gobernador no presentará en este turno electoral nacional a su frente Ahora San Luis). El kirchnerismo no armó lista propia y se especulaba con la posibilidad de que Adolfo Rodríguez Saá -que integra el poggismo y está peleado con su hermano Alberto- pudiera jugar con su propio partido, Todos Unidos. San Luis debe elegir tres diputados.

En Mendoza (se ponen en juego cinco bancas para la Cámara baja), el PJ va unido, como Frente Fuerza Patria, a pesar de las internas entre los peronistas tradicionales y el sector kirchnerista-camporista del partido.

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El peronismo armó en San Juan un frente llamado Fuerza San Juan, en el marco de la unidad que logró entre los exgobernadores José Luis Gioja y Sergio Uñac. Lo integran el Frente Renovador, el Partido Conservador Popular, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Frente Grande, Libres del Sur, Convicción Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Patria Grande, además de organizaciones sociales, sindicales, juveniles, universitarias y civiles. Deben elegirse tres diputados.

Sergio Uñac y José Luis Gioja sellaron la unidad en San JuanTwitter

Fuerza Patria tendrá en Neuquén una coalición de unidad para las disputas por tres bancas de senadores y tres de diputados. Partido Solidario, el Frente y La Participación Neuquina, y Libres del Sur integran la coalición.

En Río Negro se eligen tres representantes para la Cámara alta y dos para Diputados. El PJ conformó la alianza Fuerza Patria, integrada por el Frente Grande, Parte (de Magdalena Odarda, que integra en la legislatura provincial el bloque Vamos Con Todos), Kolina y el Partido Socialista. Los justicialistas Martín Soria y Ana Marks serán los candidatos al Senado. La primera candidata a Diputados sería Adriana Serquis, aunque eso depende de que Patria Grande (espacio de Juan Grabois) se sume a la alianza.

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El peronismo tendrá una oferta de unidad en La Pampa, donde el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, no armó un espacio propio para la elección legislativa a pesar de haberse distanciado del PJ conducido por el gobernador Sergio Ziliotto. La alianza peronista se llamará Defendemos La Pampa. La integran el Partido Humanista, el Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Frente Renovador y Pueblo Nuevo. Como adherentes, se encuentran Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista y Desde el Pie. Hay tres bancas de diputados a elegirse.

La unidad peronista tendrá un capítulo novedoso en Santa Cruz. El kirchnerismo, hoy el principal partido opositor, se presentará con un frente conformado por el PJ, Kolina y el Partido de la Victoria, y será la primera vez que mida sus fuerzas electorales después de perder la gobernación y diez intendencias en las últimas elecciones, luego de tres décadas de hegemonía política en la provincia. Se eligen tres diputados nacionales.

Formosa tiene unidad peronista garantizada bajo el férreo mando de Gildo Insfrán, gobernador desde el año 1995. Se eligen dos diputados.

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También está sellada la unidad peronista en La Rioja, donde gobierna Ricardo Quintela. El PJ estará en un frente con espacios como Norte Grande, el Frente Renovador, Lealtad y Dignidad, Demócratas Cristianos y Kolina. Habrá dos bancas de diputados en disputa.

En Entre Ríos, el peronismo se agrupa bajo la denominación Fuerza Entre Ríos. La alianza la integran el Partido Justicialista, el Frente Entrerriano Federal y el Partido del Trabajo y del Pueblo. Adrián Bahl (el último candidato a gobernador que tuvo el peronismo, que en 2023 perdió ante Rogelio Frigerio) y Guillermo Michel (extitular de la Dirección de Aduanas, cercano a Sergio Massa) son los referentes del acuerdo electoral. La provincia renueva tres senadores y cinco diputados.

Guillermo Michel durante un encuentro con intendentes del PJ de Entre Ríos

Corrientes, donde el PJ estuvo intervenido, es otro territorio con unidad. Fuerza Patria Corrientes tendrá lista unificada y sumará más partidos que para la elección provincial (se elige también gobernador, el 31 de agosto) bajo la candidatura de Martín “Tincho” Ascúa. Tres bancas de la Cámara baja están en disputa.

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Catamarca será otro territorio provincial con unidad peronista. Confluyeron los sectores de Lucía Corpacci (preside el PJ provincial) y del gobernador Raúl Jalil, un aliado de Javier Milei que ahora se muestra alejado. Se ponen en juego tres diputados.

Con la colaboración de los corresponsales de en todo el país


elecciones legislativas nacionales,DESAFÍO A MILEI. LA PEREGRINACIÓN POR SAN CAYETANO TERMINÓ CON UN ACTO OPOSITOR EN LA PLAZA DE MAYO,Javier Fuego Simondet,PJ Partido Justicialista,Elecciones 2025,Conforme a,,Candidatos que no asumen. La Junta Electoral dijo que las testimoniales son “reprochables”, pero no las anuló,,Polémica en la Provincia. La Cámara Electoral le ordenó al juez Ramos Padilla que no cambie los lugares de votación en La Matanza,,Casa Rosada. Milei reunió a su Gabinete tras la derrota en el Congreso y en medio de la movilización por San Cayetano,PJ Partido Justicialista,,Polémica por las testimoniales. Seis intendentes vinculados a Kicillof no asumirían las bancas de ediles para las que se postulan,,Listas. El PJ no saldó todas sus internas: en cuatro distritos hay peleas entre candidatos de Cristina y de Kicillof,,José Mayans. “Milei no cree en la división de poderes; su gobierno es unitario y parece de facto”

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La ex vicegobernadora de Neuquén que fue destituida por la Legislatura se presentará como candidata a diputada nacional

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De cara al armado electoral de las legislativas del próximo 25 de octubre, empiezan a confeccionarse las primeras listas de cada uno de los partidos que buscarán quedarse con alguna de las bancas que se renuevan en el Congreso de la Nación. Uno de los casos que llamó la atención fue la decisión que tomó la ex vicegobernadora de Neuquén, que fue destituida de su cargo en diciembre del año pasado y ahora se presenta como postulante para la Cámara de Diputados.

Se trata de Gloria Ruiz, quien ejerció su rol hasta el pasado el 19 de diciembre de 2024, cuando la Legislatura neuquina decidió destituirla por “inhabilidad moral” y actualmente es investigada por la Justicia de la provincia por hechos vinculados al manejo irregular de fondos públicos.

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El viernes de la semana pasada se oficializó la postulación de Ruiz como candidata a diputada nacional por el partido Desarrollo Ciudadano. La ex vicegobernadora, que compartió fórmula con Rolando Figueroa en las elecciones del 2023, encabezará la «Lista Naranja». La confirmación llega meses después de la crisis que vivió su agrupación, que perdió un número considerable de afiliaciones durante el proceso que culminó con su destitución.

La Legislatura provincial aprobó su destitución el 19 de diciembre del año pasado (Facebook)

La candidatura de la ex vicemandataria se produce tras el debate sobre la aprobación de la ley de Ficha Limpia a nivel nacional. En cambio, esta normativa que está aprobada en la provincia de Neuquén, establece que no podrán presentarse como candidatos para cargos electivos aquellas personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos, beneficiados con probation o destituidos mediante procesos políticos.

Justamente, a Ruiz la alcanza únicamente este último punto, ya que todavía no existe una formulación de cargos por parte de la fiscalía respecto a los hechos investigados. Básicamente, esta situación le impide ser candidata a cargos provinciales, pero no le impide competir por una banca nacional.

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Así las cosas, quien se expresó en las últimas horas fue el actual gobernador neuquino Rolando Figueroa, quien cuestionó la no sanción de la normativa a nivel nacional. “Nadie con antecedentes penales puede ocupar un cargo”, afirmó

Lamentó, además, la ausencia de una iniciativa similar a nivel nacional, considerando que “el Congreso de la Nación no haya tenido el coraje y la valentía de sancionar una ley de estas características”.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa

En este marco, el espacio Desarrollo Ciudadano presentó la nómina oficial de candidatos ante la justicia electoral. Además de la ex vicegobernadora, figuran Carlos Roberto Cides y Laura Roxana Nievas como titulares en la lista para la cámara baja. Las suplencias quedaron a cargo de Emmanuel Santiago Reynolds, Otilia Silvia Castillo Núñez y Armando de la Cruz González. Para la Cámara de Senadores, los candidatos titulares son Marisa Roxana Torres San Juan, Luis Alberto Vázquez y Mireya del Carmen Barros, acompañados por Luis Aroldo Cesar, Israelita Fuentealba y Cristian Antonio Banegas como suplentes.

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La destitución de Gloria Ruiz

La investigación judicial sobre Gloria Ruiz se centra en presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, puntualmente sobre el depósito de sumas de la cuenta de la Legislatura neuquina en la cuenta sueldo de su hermano, Pablo Ruiz.

Este último, fue designado en el cargo de coordinador en la Legislatura por su hermana, presidenta del cuerpo. De acuerdo a la investigación en curso, recibió transferencias por un total de 29.854.350 pesos provenientes de la Legislatura. Parte de ese dinero fue destinado a la constitución de plazos fijos, mientras que otros 20.600.000 pesos se retiraron en efectivo, lo que alertó sobre el destino de ese dinero público.

La acusación contra Gloria Ruiz es por irregularidades en el manejo de fondos públicos (Facebook)

En declaraciones públicas, Ruiz reconoció la transferencia como un acto “irregular” y sostuvo: “Eso nunca debería haber pasado”. Además, negó que existieran nombramientos de familiares en el Poder Legislativo, aunque admitió que la designación de su hermano en un cargo y la contratación de su esposo, Claudio Costa, como chofer, efectivamente se realizaron.

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Discutió las acusaciones de haber incorporado a sobrinos y personas cercanas diciendo que “no es familia. Mi familia tiene nombre y apellido que son Ruiz, mis hermanos Pablo y Vilma y mi marido. Es gente que la mayoría son empleados de la gestión de Plottier, vienen acompañándome desde que soy intendenta, eso no quiere decir que seamos ni amigos, ni parientes, ni primos”.

Su destitución se materializó después de una sesión especial de la Legislatura neuquina, donde, por mayoría, los diputados provinciales aprobaron la pérdida de su mandato tras la presentación de un informe que detalló los hechos.

La defensa de la ex vicegobernadora fue evaluada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que promovió el debate parlamentario culminando en su remoción el 19 de diciembre. Durante todo el procedimiento, Ruiz mantuvo su inocencia y tachó el juicio político de “ataque a la democracia”, optando por no asistir a la sesión final.

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Tras la destitución de Ruiz, la diputada Zulma Reina, como vicepresidenta primera de la Cámara, asumió de manera provisoria la función de vicegobernadora. El lugar de Ruiz en la vida pública y política de Neuquén quedó condicionado por las causas judiciales, mientras avanza con la aspiración de integrar el Congreso de la Nación como representante de su partido.

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La Junta Electoral dijo que las testimoniales son “reprochables”, pero no las anuló

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LA PLATA.- La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) rechazó una impugnación interpuesta contra las candidaturas testimoniales y recordó a la Legislatura bonaerense que debe regular estas postulaciones, que ya generaron polémica en 2009.

El carácter testimonial alude a candidatos que se presentan en las elecciones, pero que no van a asumir el cargo. Solo buscan reforzar la lista.

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La Junta Electoral intervino ante una impugnación presentada por la abogada Silvina Martínez que pretendió suspender las candidaturas testimoniales que se multiplican en este territorio para los comicios del 7 de septiembre próximo.

El cuerpo colegiado que es autoridad en la elección provincial aseguró que “la falta de normativa en la materia desprotege al votante y genera una debilidad en el proceso electoral”.

Así lo estableció en una resolución adoptada con las firmas de la presidenta Hilda Kogan, la vicepresidenta Ana María Bourimborde, y el vocal Eduardo Delbés.

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Por su parte los integrantes del órgano Gustavo De Santis y Federico Thea coincidieron con la resuelto en la cuestión de fondo, aunque se abstuvieron de requerir la actuación de la Legislatura.

Thea es un exministro de Axel Kicillof que propuso a la vicegobernadora Verónica Magario como candidata testimonial por la tercera sección electoral. El gobernador avala, además, las candidaturas testimoniales de una veintena de intendentes de Fuerza Patria.

En el voto de mayoría, la Junta Electoral señaló que “es disvalioso para el sistema institucional y éticamente reprochable que una persona se postule para un cargo a sabiendas que no asumirá”.

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Sin embargo, añadió, “no es ilegal, por lo que no puede ser observado a priori por ello”.

Ratificó el deber de hacer primar el “principio de participación” del derecho electoral. Agregó que no surge de la legislación electoral provincial (Ley N° 5.109), ni de la Constitución Provincial, la Constitución Nacional o de los tratados internacionales que forman parte del bloque de legalidad, ningún elemento que le permita a la Junta hacer lugar a las impugnaciones.

Tras destacar que se trata de un “daño a la integridad del sistema por omisión legislativa”, la Junta Electoral recordó que ya en el 2009 (resolución del 21 de mayo de ese año), exhortó a la Legislatura a expedirse sobre el terma.

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“Luego de 15 años, no hubo ningún tipo de regulación que proteja al elector de esta situación”, destacó la Junta Electoral.

La abogada impugnante aún tiene la vía judicial abierta y podría elevar su reclamo en queja ante la Suprema Corte de Justicia.


María José Lucesole,Conforme a

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