La última sesión de Diputados se cayó pasada la 1 de la madrugada por falta de quorum y dejó el orden del día abierto. En ese vacío quedaron tres expedientes que la oposición empujó y hoy lucen sin impulso: la insistencia para rechazar el veto a la emergencia en Bahía Blanca –que preveía un fondo de infraestructura y asistencia de $200.000 millones–, una nueva moratoria previsional y la sanción de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), motorizada por los gobernadores.

La primera explicación cruza a todos por igual: la campaña electoral. Con los armados en marcha, se complican las negociaciones finas para ordenar estrategias, garantizar presencias y reunir mayorías. Pero no es la única razón.

La segunda es aritmética: faltan votos y nadie quiere abrir el recinto para perder. En Bahía Blanca, el plan de insistir contra el veto se desinfló cuando el Gobierno firmó un decreto que asigna el mismo monto para asistir a los damnificados y reconstruir la infraestructura. Desde la UCR retrucan que el instrumento original no es equivalente: “El Fondo Especial apunta a reconstruir infraestructura y reactivar el circuito económico local, algo que no cubre el decreto”, argumentaron el senador Maximiliano Abad y la diputada Karina Banfi.

Con la moratoria previsional ocurre algo similar: la oposición nunca reunió los dos tercios necesarios para insistir y, salvo el kirchnerismo y la izquierda, el resto de los bloques evita acompañar sin matices.

El proyecto para coparticipar el ICL, una caja de más de $2 billones, expone la fisura entre los bloques críticos y los mandatarios provinciales: hay apoyo en términos generales, pero permanece el recelo hacia gobernadores que, en la última sesión, jugaron alineados con la Casa Rosada, que logró con su auxilio bloquear la insistencia sobre el aumento jubilatorio.

El tironeo quedó expuesto en los cambios de voto. Los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, aliados a Alfredo Cornejo, habían acompañado la emergencia en discapacidad pero, tras el acuerdo electoral de su gobernador con Javier Milei, se pronunciaron en contra de insistir con esa ley. Repitieron el viraje en el aumento previsional. Algo similar ocurrió en Entre Ríos: Marcela Antola (Democracia), referenciada en Rogelio Frigerio, pasó de votar a favor del incremento en junio a abstenerse ahora, mientras que su coterráneo Atilio Benedetti, que entonces se había abstenido, esta vez respaldó el veto.

En el Congreso, la desconfianza se verbaliza. “Los gobernadores tienen que pedir si quieren combustibles, firmar nota y dar quorum además de votar”, lanzó un legislador del centro que desconfía de la voluntad real de los mandatarios. Del otro lado, cerca de los gobernadores aseguran que no soltarán el tema: “Vemos el mismo escenario que con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”, señalan, y prometen reponer la discusión. La pregunta, admiten, es cuándo. La campaña también condiciona sus tiempos: aunque las dos iniciativas federales llegaron con firmas de los 24 gobernadores, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA) sellaron entendimientos electorales con los libertarios y moderan el choque con la Casa Rosada.

El club de los cinco gobernadores críticos de Provincias Unidas –Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy)– insiste en que la coparticipación del ICL integrará el próximo temario y que “hay un compromiso para que salga la ley”. Por ahora, ese compromiso no alcanza para asegurar quorum ni mayorías estables.

A esto se le suma un factor disruptivo que reordenó prioridades: la irrupción de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo –ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)–, cuyo testimonio apunta a un presunto esquema de sobornos articulado por Eduardo “Lule” Menem y que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El posible entramado de corrupción golpeó al oficialismo en plena campaña y absorbió la atención de la oposición parlamentaria, que activó pedidos de informes, citaciones y eventuales interpelaciones. El resto de la agenda quedó, por ahora, en pausa.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este lunes la indagatoria del secretario de Trabajo, Julio Cordero, acusado de haber querido tomar ilegalmente el control de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), un gremio envuelto en sospechas y peleas internas.

La acusación es por haber formado parte de un supuesto “plan criminal para hacerse de la conducción de la Uatre”. De esa maniobra habrían participado también -según el fiscal- Pablo Ansaloni, diputado de La Libertad Avanza; Claudio Aquino, el exdirector de Asociaciones Sindicales -el área que regula la vida interna de los sindicatos- y otros tres acusados. Aquino firmó el dictamen que sugirió pedir la intervención del gremio en el fuero laboral, actuación que fue avalada por Cordero.

La denuncia que motivó esta causa la promovió el secretario general de la Uatre, José Voytenco, un dirigente del PJ complicado por una acusación de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y por la deuda de la obra social del gremio.

Voytenco lidera la Uatre desde fines de 2022. Llegó al poder después de las muertes de Gerónimo Venegas y Ramón Ayala. En la elección, le ganó por solo un punto al hoy diputado Ansaloni.

Según el fiscal, Ansaloni y sus presuntos cómplices buscaron entonces “desplazar a las autoridades de la Uatre, siendo claros opositores de la gestión y autoridades del sindicato”.

Los otros incluidos en el pedido de indagatorias del fiscal son Marcelo Carlos Petroni, interventor designando por el Gobierno en la Obra Social del gremio (Osprera), cargo al que llegó promovido por los primos Menem, Lule y Martín; Marcelo Agustín Andrada, exsecretario general de la seccional La Plata de Uatre, y Aixa Laura Petriati, exsubdelegada del sindicato.

Los funcionarios involucrados, de acuerdo con Marijuan, actuaron “sacando provecho de los cargos e influencias” que tenían y así “fueron gestando y ejecutando el acuerdo criminal dirigido a lograr la intervención judicial de la Uatre”.

La Secretaría de Trabajo solicitó la intervención del gremio ante la justicia laboral después de una serie de impugnaciones al proceso electoral y tras revelarse irregularidades en el manejo de la obra social y un supuesto pedido de coimas a empresarios agrícolas.

La denuncia fue presentada el 5 de febrero pasado. El 6 febrero, el juzgado de Sebastián Casanello delegó la investigación en la fiscalía de Marijuan, quien una hora y 20 minutos después de haber recibido la causa, firmó un pedido de medidas de prueba de seis carillas, que incluyó una notificación a la Cámara del Trabajo (el fuero donde estaba el pedido de intervención) para informarle la existencia de la causa penal, relataron fuentes con acceso a la causa.

Marijuan afirmó en su dictamen de este lunes que Cordero y los demás funcionarios a su cargo se “extralimitaron en sus funciones” y decidieron “resolver el expediente administrativo de tal modo que su plan criminal se llevara adelante mediante el inicio del expediente judicial ante la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo”. El fiscal relató que “tal pretensión fue rechazada en la sentencia dictada por no tener sustento en la verosimilitud del derecho”.

En cuanto a Ansaloni, Marijuan dijo: “Va más allá de su función de legislar y toma parte de una actividad ilícita influenciando, promoviendo y determinando acciones de los funcionarios del Estado Nacional, particularmente de la Secretaria de Trabajo en pos de lograr la intervención del gremio Uatre”.

En el dictamen, el fiscal cita mensajes de WhatsApp “de trascendencia” de los investigados. Por ejemplo, uno del interventor Petroni al contacto “Aixa Petrati” que dice: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de Uatre. Me consta”. En otro mensaje que Marijuan destaca, Petroni dice: “Nosotros somos Lule y Karina”

El fiscal afirmó asimismo que le llamaron “poderosamente la atención” los contactos entre Marcelo Petroni y el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, que investigó una denuncia de presunto lavado y enriquecimiento ilícito contra Voytenco. Marijuan destacó que Petroni tenía agendado al juez y que Villena lo había llamado dos veces y le había enviado un chat de WhatsApp, “que por haber sido eliminado se desconoce, por el momento, su contenido”.

El juez Casanello será ahora quien decida si hace lugar al pedido de Marijuan y dispone indagatorias en el caso.