POLITICA
El canciller Quirno se reunió con los embajadores del Golfo para analizar las tensiones regionales

El canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, sostuvo hoy una reunión con los embajadores de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos árabes Unidos y Kuwait para analizar la situación en Medio Oriente, según informó el propio funcionario en su cuenta oficial de X.
Durante el encuentro, Quirno subrayó que la Argentina mantiene un respaldo firme ante las agresiones injustificadas que han sufrido esos países por parte de Teherán, así como un compromiso “inalterable” con el derecho internacional.
El ministro señaló que las acciones impulsadas por el régimen iraní representan una amenaza a la seguridad en el Golfo, la economía global, la libre navegación y el normal desarrollo del comercio internacional.
En la reunión, el canciller ratificó “la decisión de la Argentina de acompañar a los países del Golfo”, recordando el apoyo brindado en foros multilaterales —incluido el copatrocinio de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, además de participaciones en el Consejo de Derechos Humanos y la Organización Marítima Internacional—.
Quirno enfatizó la postura argentina a favor de la paz, el respeto a la legalidad internacional y la protección de “quienes sostienen sociedades abiertas y libres”.
“Las acciones del régimen iraní no solo afectan la seguridad en el Golfo. Buscan erosionar modelos basados en la apertura, la estabilidad y la libertad, y ponen en riesgo la economía global, la libre navegación y el normal funcionamiento del comercio internacional”, dijo Quirno.
El canciller argentino agregó: “En este contexto, transmití la decisión de la Argentina de seguir acompañando a estos países, como lo hemos hecho en todos los ámbitos multilaterales, incluido el copatrocinio de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, así como en el Consejo de Derechos Humanos y en la Organización Marítima Internacional”.
Del encuentro participaron el embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamidi, de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Alqemzi, de Qatar, Battal Al Dosari y de Kuwait, Abdulaziz Albisher.
La guerra en Irán
Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participaba este viernes en Francia de la reunión de cancilleres del Grupo de los Siete (G7), que se celebra en la Abadía de Vaux-de-Cernay, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y sus aliados por la ofensiva militar contra Irán y su impacto en el mercado energético global.
Rubio partió el jueves hacia el encuentro, ubicado a unos cuarenta kilómetros al suroeste de París, en lo que constituye su primer viaje al exterior desde el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. La cita se desarrolla en un contexto de divisiones dentro del bloque, que según fuentes diplomáticas se ubican en su punto más alto en más de una década.
Antes de embarcar, el secretario de Estado subrayó la relevancia estratégica del Estrecho de Ormuz, afectado por la escalada militar. “Los demás países obtienen mucho más combustible de ahí que nosotros”, señaló. El paso marítimo concentra cerca de un quinto del petróleo crudo y del gas natural licuado que circula a nivel global, y su cierre provocó una de las mayores perturbaciones energéticas de las últimas décadas.
Horizontal,International Relations,Diplomacy / Foreign Policy,Europe
POLITICA
“Silencio, cállense la boca”: a los gritos y golpes de mesa, una disertante irrumpió en la audiencia por la Ley de Glaciares

Las audiencias públicas en la Cámara de Diputados por la reforma a la Ley de Glaciares atravesaron momentos de fuerte tensión durante una jornada marcada por interrupciones, desorden y dificultades para sostener el orden de las exposiciones. El clima se volvió especialmente álgido cuando una disertante tomó la palabra a los gritos para exigir silencio en la sala.
El episodio ocurrió en el marco del plenario que presidieron los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes llevaban adelante la audiencia por la reforma legislativa. Durante el desarrollo de la jornada, ambos dieron por finalizada la instancia, aunque todavía quedaban personas anotadas para exponer.
Tras ese anuncio, desde la organización consultaron si todos los disertantes se encontraban presentes en la sala. Ante la confirmación, el plenario continuó, aunque en un contexto que derivó en desorden generalizado, con múltiples voces superpuestas y dificultades para coordinar las intervenciones.
En ese escenario, tomó la palabra Wanda Albornoz Olivera. Su intervención se destacó de inmediato por el tono elevado y la forma en que buscó imponerse en medio del ruido ambiente. Según se escuchó en la sala, la disertante comenzó su exposición con un pedido contundente de silencio.
“Silencio, callensé la boca, todos, sí, todos, me van a dejar a hablar. Soy Wanda Albornoz Olivera. Gracias. Yo vengo como periodista y ciudadana”, exclamó, elevando la voz por encima del resto de los presentes.
El volumen de los gritos generó una distorsión en el sonido de la sala, con parlantes que reprodujeron la intervención de manera saturada. La escena se desarrolló mientras persistían conversaciones y movimientos en el recinto, lo que reforzó el clima de desorden que atravesó ese tramo de la audiencia.
En simultáneo, y en medio de los gritos, se escuchó la voz de Nicolás Mayoraz desde la mesa de conducción. El diputado anunciaba que iba a tomar la palabra Wanda Albornoz Olivera, en un intento por ordenar la secuencia de exposiciones. Sin embargo, ese anuncio quedó parcialmente solapado por la intensidad de la intervención de la disertante.
El episodio se produjo luego de una serie de momentos tensos durante la jornada, en los que distintos participantes expresaron dificultades para intervenir o reclamaron condiciones para poder exponer. La continuidad del plenario tras el cierre inicial generó confusión entre los presentes, que intentaban confirmar si aún podían hacer uso de la palabra.
En concreto, lo que fue la segunda jornada de la audiencia pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares mantuvo la misma dinámica que la anterior, con la mayoría de los participantes reiterando su rechazo a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Además, señalaron que la exclusión del 99,5% de los inscriptos evidencia la nulidad de las audiencias, por lo que se reservaban la posibilidad de recurrir a la vía judicial.

Los asistentes, que previamente habían manifestado no conocer los criterios de selección, cuestión que tampoco fue explicada por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, insistieron en sus críticas. Tras una jornada presencial marcada por la tensión y cruces entre participantes y diputadas de La Libertad Avanza, que se burlaban de sus argumentos, el encuentro virtual exhibió un clima totalmente diferente.
La modalidad a distancia, impuesta por el oficialismo, le restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores. El bloque gobernante, convencido de que cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo del PRO y la UCR, permitió que los discursos en contra se sucedieran sin intervención.
Ahora, La Libertad Avanza organiza una audiencia con los 12 gobernadores “mineros” para enviar un mensaje claro a los legisladores de esas provincias.
En este contexto, el diputado Maximiliano Ferraro presentó una carta a las autoridades de las comisiones y al presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando que, si se realiza esa convocatoria, se incluya al resto de los gobernadores.
Se estima que, en los primeros días de abril y con dictamen favorable, La Libertad Avanza llevará el proyecto al recinto y buscará la sanción definitiva de la norma, a la que más de 100.000 personas e instituciones ambientalistas manifestaron su desacuerdo.
POLITICA
Una por una: 10 normas que se eliminarían con la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger

La “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, propone la eliminación de más de 70 normas.
Algunas, por “obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo”; otras, porque “afectan a libertades individuales” o porque están “englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas”, entre otros motivos.
Entre las leyes que buscan derogar están:
– La Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: “Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“. Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.
– La Ley 18.312, de 1969, que impone la creación de un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa. En este caso, desde el Ejecutivo señalaron que “busca restringir la libertad de expresión”.
– Dos legislaciones del gobierno de Alejandro Lanusse, que también consideró que atentan contra la libertad individual. Por un lado, agregó a la Ley 19.787, que, según el Ejecutivo, “restringe la elección de temas musicales en la programación de radios” y la Ley 20.120, que “hablita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos”.
– La Ley 20.959, de 1975, que le otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento. De esta manera, Sturzenegger apuntó: “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”.
-La ley 26.688, aprobada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, considerándolos bienes sociales. El Ejecutivo argumentó que la reglamentación de la legislación no impone acciones concretas.
-La ley N° 94, de 1864, que inhabilita por diez años a cualquier autoridad que “haga azotar a una persona”. El proyecto de ley destaca que la pena de azotes fue prohibida por la Constitución, que impide “toda especie de tormento y los azotes”. La iniciativa destaca: “Hoy en día es absurdo mantener una ley que contemple específicamente este instituto, que está prohibido en nuestra Constitución y nunca debe tener lugar en un Estado liberal y republicano. Es por ello que ha perdido vigencia y, en tal caso, esta conducta reprochable encuentra condena a través de otras figuras penales”.
-La ley N° 20.400 (1973). Establece que no se podrá realizar ninguna operación con el objeto de conseguir para sí o de proporcionar a un tercero mano de obra de personas que no ofrezcan voluntaria y espontáneamente sus servicios. Se considera a esta norma precursora en la lucha contra la trata de personas, precisa la iniciativa oficial, que destaca, que posteriormente, su articulado fue superado por normas de un sistema interrelacionado de lucha contra la trata, en particular la Ley N° 26.364, por lo cual en la actualidad no tiene aplicación práctica alguna.
-La ley 20.843 (1974). Esta norma reconoce la figura de “Padrinazgo Presidencial” y la institucionalizaron imponiendo que toda persona que haya sido apadrinada por el titular del Poder Ejecutivo Nacional tiene derecho a que el Estado Nacional “le asegure la realización gratuita de los estudios de nivel primario, secundario, universitario o especial que curse en establecimientos educativos oficiales”.
-La ley 22.109 (1979), que establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer el aislamiento de enfermos o sospechosos de viruela y sus contactos, así como la vacunación y revacunación de los grupos expuestos al riesgo de enfermos y la adopción de otras medidas. “Esta norma ha sido superada por la Ley N°27.491 sobre control de enfermedades prevenibles por vacunación, que establece los mecanismos para lidiar con las enfermedades infectocontagiosas de manera integral», dice el proyecto.
Todas las leyes que el Gobierno buscará eliminar con el proyecto
ley Hojarasca,eliminación de más de 70 normas,pic.twitter.com/CkllI0gYd5,October 13, 2024,Conforme a
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