POLITICA
El capítulo fiscal de la reforma laboral abrió una grieta entre algunas provincias
La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó este martes que el oficialismo convocará a sesión el 11 de febrero para tratar la reforma laboral. La principal espada legislativa de Milei en la Cámara alta aseguró que la negociación está “95% cerrada” pero reconoció que aún hay puntos pendientes que “tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, y los ministros de Economía e Interior”.
Bullrich se refería al capítulo fiscal del proyecto, en particular a los artículos 190 y 191 que reducen alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias (una merma de aproximadamente $1 billón).
Desde la Casa Rosada argumentan que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta caída se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.
Ante esta situación, varios gobernadores dejaron trascender que apoyarían la reforma laboral al momento de votar el proyecto en general, pero adelantaron que rechazarían el capítulo fiscal en la votación en particular. Algo similar a lo que ocurrió cuando se aprobó el Presupuesto 2026: en esa oportunidad salió rechazado el capítulo que derogaba la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.
Sin embargo, desde una de las principales provincias productivas explicaron que no tienen ninguna intención de confrontar con el Gobierno por este tema. “Que Zdero o Frigerio vayan a pelear por Ganancias, porque después nosotros nos peleamos con el Gobierno y ellos terminan siendo aliados”, explicaron.
La referencia a los gobernadores de Chaco y Entre Ríos no es casual, ya que ocupan el cuatro y el quinto lugar de las provincias más afectadas por la caída de la masa coparticipable (Buenos Aires dejará de recaudar $397 mil millones; Santa Fe, $161 mil millones; Córdoba, $160 mil millones; Chaco, $90 mil millones; Entre Ríos, $88 mil millones). Pero además en ambos casos conformaron alianzas electorales con La Libertad Avanza para las elecciones provinciales y nacionales.
Según su visión, las provincias grandes serán las más afectadas pero tienen espalda financiera para hacer frente a la caída de recursos, que además se aplicará a partir de 2027. “No tiene sentido que nosotros pongamos la cabeza en la guillotina por las provincias chicas”, insistieron.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya tiene una postura muy clara de confrontación total contra el gobierno de Milei. Pero los gobernadores de Córdoba y Santa Fe son conscientes de que comparten electorado con LLA y no quieren quedar expuestos como los que rechazan una baja de impuestos. Además, sondeos de opinión locales indican que la reforma laboral tiene apoyo mayoritario entre sus votantes.
Hasta el momento, desde la Casa Rosada dejan trascender que el ministro de Economía, Luis Caputo, no está dispuesto a ceder sobre el capítulo fiscal. No habrá ninguna compensación adicional para las provincias incluso si esto significa que el artículo salga rechazado al momento de la votación en particular.
Por su parte, un reducido grupo de gobernadores -los más críticos de la gestión libertaria- convocó para este miércoles, al mediodía, a una reunión de urgencia en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Pero el encuentro permanecía en duda porque muchos de los invitados tenían prácticamente decidido no asistir. En ese grupo se destacaban los aliados del oficialismo, como Leandro Zdero, de Chaco; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Marcelo Orrego, de San Juan, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.
POLITICA
El Gobierno pide a los periodistas no estar en lugares de conflicto durante la cobertura de la reforma laboral
El Gobierno anunció este martes la creación de una “zona exclusiva” para periodistas y fotógrafos en las inmediaciones del Congreso a fines de “preservar la integridad física” de aquellos profesionales que realicen coberturas en la zona donde se montará un operativo de Seguridad, dispuesto para los días 18,19 y 20 de febrero.
Este miércoles se realizará la tradicional marcha por los jubilados, el jueves se trataría en Diputados la reforma laboral.
La medida fue difundida por el Ministerio de Seguridad que comanda Alejandra Monteoliva a casi un año de la agresión sufrida por Pablo Grillo, el reportero gráfico herido por un cartucho de gas lacrimógeno en una marcha de jubilados en marzo de 2025.
Noticia en desarrollo
pic.twitter.com/XGXUw1yWtz,February 17, 2026,reportero gráfico herido por un cartucho de gas lacrimógeno,Conforme a
Argentina discute la reforma laboral. Esta modificación implica alterar el sistema de licencias médicas. El proyecto inicial busca establecer diferencias según el tipo de patología. Sin embargo esto generó repercusión y obligó al gobierno a negociar los puntos de la normativa. En Infobae en Vivo Al Amanecer analizaron este derecho y compararon el sistema argentino con los modelos vigentes en Uruguay, Brasil y Perú.
“El cambio que se vendría sería trascendente”, señaló Luciana Rubinska a Infobae en Vivo. “No es un punto menor el tema de la distinción de las patologías. Esto establece hasta un 75% lo que iba a cobrar el trabajador o hasta un 50%, dependiendo de la patología”.
La periodista subrayó que, actualmente, la legislación argentina “no distingue si vos te quebraste o tenés cáncer, hay una cobertura total del empleado cuando vos estás en relación de dependencia”. Según Rubinska, la reforma introduce una posible diferenciación: “Hay que ver después la letra final o cómo se define, y no sería el 100%, sino un 75% o un 50%, que estará por verse”.
El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.
Al abordar la situación en el resto de Sudamérica, Rubinska afirmó: “No hay distinción por patología. Es decir, no hay legislación, por lo menos ni en Chile, ni en Perú, ni en Brasil, ni en Uruguay, que te marque si vos te enfermaste por una acción voluntaria, que vos sabías el riesgo que conllevaba o tener una enfermedad patológica”. Añadió: “Esta distinción entre voluntario e involuntario no existe en el mapa de la legislación de la región sudamericana”.
En Uruguay, la cobertura es de hasta un 75% del salario. “En eso sería algo similar, pero acá empiezan las grandes distinciones. El tema es quién lo paga”. Rubinska explicó que en el país “queda bajo la órbita estatal, bajo el Banco de Previsión Social, lo que sería la Seguridad Social para la Argentina. Esto tiene una duración de hasta un año. En Uruguay, el empleador no lo paga directamente”.
Sobre el sistema de Brasil, la periodista indicó: “Tenés los primeros quince días que sí los paga el empleador y desde el día número dieciséis lo paga el Instituto Nacional de Seguro Social. Es un seguro social que se establece en ese país como otra modalidad. Entonces, es un sistema que termina siendo mixto, por un lado el empleador y por el otro lado la Seguridad Social”.
Acerca de Perú, la periodista explicó que los primeros veinte días paga el empleador. Desde el día veintiuno paga el Seguro Social y el Estado interviene en licencias largas. Esto, según precisó Rubinska, pone en evidencia que “en todos los países el que termine interviniendo en mayor o menor medida es la Seguridad Social”.
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