POLITICA
El caso del fentanilo mortal estalla en Paraguay y afecta a un expresidente y a un embajador
Andaban por debajo del radar. O quizá, lo radares estaban directamente apagados. Pero, más allá de saber si se trataba de negligencia o complicidad, alcanzó una revelación de para que en Paraguay se desatra un verdadero escándalo político. ¿De qué se trata? Una vez que se publicó que los dueños del laboratorio argentino responsable del fentanilo mortal montaba una planta en un parque industrial de Ciudad del Este, en la Triple Frontera, comenzaron a emerger en la política paraguaya las redes que protegían al grupo local.
La trama de poder tiene dos nombres propios. El primero, el expresidente Horacio Cartes, empresario y poderoso político que, pese a que terminó su mandato en 2018, aún conserva una formidable cuota de poder como número uno del Partido Colorado, actualmente, en el oficialismo.
El otro es Gustavo Leite, senador nacional desde 2023, actualmente nominado como embajador de Paraguay en Estados Unidos. Su puesto en Washington, tambalea.
La historia de los hermanos Ariel, Diego y Damián García Furfaro, dueños de los laboratorios HLB Pharma, la planta farmacéutica Ramallo y la Droguería Alfarma, entre otras varias empresas, llegó a Paraguay el 13 de junio de 2023, cuando entraron 9 equipos bajo el concepto “línea de producción desmontada para elaboración de biotecnológicos” por un valor de US$11.675.00,02.
Desde el 13 de junio y hasta el 25 de octubre de 2023 hubo 67 despachos más. Las máquinas para montar el laboratorio dejaron paso a tres aparatos para la fabricación de barbijos por US$662.000 cada uno. Finalmente, se inscribieron tres bultos más de principios activos. El último fue el 12 de abril del año pasado, cuando terminaron de llevar toda la aparatología que le habían comprado a una empresa de la China. En total fueron 83 ingresos por US$83.905.103,60.
Desde hacía un tiempo, los hermanos ya tenían los acuerdos necesarios para abrir un laboratorio nuevo en Paraguay.
Específicamente, en Ciudad del Este, uno de los vértices de la Triple Frontera, epicentro de la mercadería ilegal, el narcotráfico y financiamiento al terrorismo en el Cono Sur.
El puente a Paraguay incluía una estrecha relación con el expresidente, Horacio Cartes, jefe de Estado entre 2013 y 2018 y actual número uno del Partido Colorado, el mismo del actual presidente Santiago Peña. “Circula una foto tomada en el marco de una reunión con una persona, aclaro categóricamente: no tengo ni he tenido vínculo personal, comercial ni económico alguno con la persona que aparece en ella, ni con ningún grupo relacionado”, dijo Cartes en la red social X. Se refería a una publicación de en la que se lo ve con el dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, dueño de uno de los stud más grandes de la Argentina y responsable del laboratorio donde se produjo el fentanilo que mató a más de 50 personas.
Aquella foto fue tomada en la residencia de Cartes, una casa con una entrada imperial en la Avenida España de Asunción del Paraguay, la más importante del área dentro de la capital. Se trata de una propiedad prácticamente amurallada que, según contaron dos personas que entraron, está custodiada en su interior por al menos una docena de guardias con armas blancas. Si bien son habituales las reuniones de Cartes con empresarios que peregrinan en busca de la llave de los negocios, nadie entra a esa fortaleza sin que alguien cercano al expresidente abra la puerta. Ese hombre fue Leite, el candidato a ser el hombre de Paraguay en los Estados Unidos.
Para llegar a Leite es necesario regresar a la planta que se montó en Ciudad del Este.
La maquinaria por US$83 millones, según el expediente al que accedió y que instruyó a la entonces AFIP, ahora ARCA, se compró gracias al ventajoso régimen de las SIRA, un sistema que permitía importar, previa autorización oficial, al valor de un dólar oficial muy por debajo de la cotización del dólar bolsa. Esa operatoria terminó con una denuncia del organismo recaudador en la justicia penal que investiga el juez penal económico Pablo Yadarola.
La información oficial da cuenta que la AFIP inició el proceso cuando detectó que los valores que se documentaban en el país eran significativamente más altos que los que se denunciaban en China, lugar donde se compraban. Es decir, además de acceder al dólar barato, pues se sobrefacturaban para dejar dólares afuera. Negocio por todos lados.
Ese expediente interno, número 17995-134-2022 y que se sustanció contra Importadora Alfarma SRL, se focalizó en cinco despachos (fueron alrededor de 83) que tenían una diferencia entre lo declarado en China y en Argentina de 4,5 millones de dólares. La documentación de la AFIP mostraba que se pagaron en origen 4 equipos que se pagaron, cada uno, US$108.290 y uno de US$120.000.
Los García Furfaro aprovecharon la facilidad del remendado sistema cambiario argentino e intentaron burlar el cepo con una fórmula maravillosa. Los equipos que costaron 108.000 dólares fueron declarados en el país, prácticamente, con un cero más. Puntualmente, US$1.180.000, mientras que el otro despacho pasó de 120.000 a 320.000 dólares. De esta manera, la compra en China por US$555.920 se declaró 5.040.0000. La diferencia, 4,5 millones de dólares, quedaban afuera.
Esa mercadería, además de 75 despachos más que no son motivo de denuncias de la AFIP, tal como lo denunció , terminó en un parque industrial del Complejo Empresarial Global del Paraguay.
A partir de esta revelación periodística, la firma dueña del predio emitió un comunicado. El 30 de junio, la empresa negó la existencia de un laboratorio o industria de microbiología en sus instalaciones.
En el mismo documento, la dirección del parque industrial aclara que las empresas HLB Pharma y Ramallo no operan dentro de su Zona Franca Global. Sin embargo, detallan que entre junio de 2023 y abril de 2024, se recibieron 82 máquinas y equipos, que ingresaron en 25 despachos, declarados como líneas de producción biotecnológica, propiedad de Alfarma S.R.L. de Argentina, que fueron enviados a la Zona Franca Global del Paraguay en calidad de depósito y consignadas a la empresa JUNO S.A.
Semejante reconocimiento no hizo más que mostrar cómo fue la trama en Paraguay para que Alfarma, empresa también de los García Furfaro, haga pie en la Triple Frontera. Apareció Leite, por entonces socio de la empresa JUNO en los inicios de la inversión en Paraguay de los dueños del laboratorio del fentanilo mortal.
Justamente esa empresa, creada para la instalación de la planta, tenía de socio a Leite, el futuro embajador de Paraguay en Estados Unidos, al menos, si nadie retira su candidatura. Fue el propio senador quien reconoció que formaba parte de la empresa. Un detalle más: jamás consignó esa empresa en su declaración jurada de intereses.
El camino para que García Furfaro llegue a Cartes, según confirmaron tres fuentes a , fue el senador Leite. Y al momento de entender cómo fue el eslabón para que García Furfaro inicie la relación con el nominado a embajador de Paraguay en Estados Unidos, pues aparecen varios nombres de argentinos con negocios portuarios en Paraguay, Argentina y Uruguay, varios de ellos, también investigados por la justicia de dos de los tres países.
Los vendedores chinos confirmaron a que ellos exportaron los equipos a la Argentina. Uno de ellos, Mario Emilio Ochoa Arango, pero que nunca supieron el destino final de la maquinaria. De hecho, dijeron que ellos son sólo vendedores y que esas instalaciones eran aptas para productos biológicos, no sintéticos. Desde China dijeron que alguna vez el equipamiento llegó a la Argentina y García Furfaro les dijo que iba a ir a ver la planta. Tomaron un avión privado y terminaron en la Triple Frontera. “No sabíamos nada dónde se iba a instalar; igualmente, nosotros sólo vendemos maquinaria y ellos compraron, aunque nos quedaron debiendo un saldo”, dijo.
Por ahora, la expansión del laboratorio del fentanilo mortal parece haber quedado trunca. Y quizá, la carrera diplomática de su socio paraguayo, también.
En Infobae en vivo, la reforma penal juvenil fue abordada desde su eje más innovador: el sistema escalonado de sanciones, que busca transformar el modo en que la justicia responde a los delitos cometidos por adolescentes. “El sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto. No es que el menor va a ser detenido ante todos los delitos”, describió Malena de los Ríos, y marcó así el corazón del cambio.
Durante el análisis con el equipo de Infobae al Regreso –Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz–, se detallaron los criterios y alcances del nuevo régimen. Aziz precisó: “Son pasibles de ser juzgados y penalizados los menores que cometen delitos cuya pena en el Código Penal supere los tres años de prisión”. De los Ríos amplió: “Servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico. O sea, sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto”.
Cómo opera el sistema escalonado en la ley penal juvenil
El principal cambio de la reforma penal juvenil pasa por la gradualidad de las sanciones: la prisión queda reservada solo para los delitos graves, mientras que la mayoría de los casos accederán a penas alternativas. Aziz sintetizó: “Delito más grave, escalona pena más grave. Es como una escalera que sopesa el tamaño del delito versus la cantidad o el tipo de penalidad”. De los Ríos explicó: “Solamente para delitos graves, por ejemplo, homicidio, va a ser la detención la alternativa”. El nuevo régimen marca que la última instancia sea la prisión y que, en la práctica, los jóvenes cumplan sanciones como servicios comunitarios o reparación del daño.
La especialista remarcó: “Prisión solo para delitos graves, pena máxima hasta 15 años. El proyecto del oficialismo buscaba que sean veinte. Hubo consenso para bajar de 20 a 15 y sin contacto con adultos en institutos especializados”. Además, advirtió: “Hoy preguntás, hay realmente escasez… no tienen las herramientas para brindar monitoreo electrónico, pero van a tener que buscar la manera para también financiar ese tipo de herramientas”.
La reforma de la ley penal juvenil incorpora nuevas figuras y responsabilidades estatales para asegurar la efectividad del sistema escalonado. De los Ríos puntualizó: “Lo del supervisor especializado es una figura nueva. No solamente es el armado de la infraestructura, también los sueldos profesionales tienen que estar contemplados”.
Iglesias sumó: “Lo que yo tengo duda es que efectivamente estén estos lugares en las condiciones necesarias”. De los Ríos explicó: “La ley actual hoy, en función de los niños, lo que pasa es directamente el juzgado, el juez decide inmediatamente: la opción es vayan directamente con los padres. Acá el supervisor lo que ayudaría es que el chico esté dentro de un entorno donde pueda cumplimentar con estas penas alternativas”.
Imputabilidad, garantías y el seguimiento internacional
El proyecto de reforma penal juvenil mantiene la imputabilidad desde los 14 años, pero suma garantías procesales y defensa para los adolescentes. Aziz recordó: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso un ojo sobre la Argentina al decir: ‘Ojo, porque vos tenés un juez que no tiene la facultad de penalizar a un pibe de menos de dieciséis, pero sí lo puede meter en un instituto de menores, lo está privando de la libertad sin darle la posibilidad de ser juzgado y eventualmente condenado de manera justa’”. Según de los Ríos, “respecto a la imputabilidad, es a partir si sale de los catorce. Después, en eso no va a haber cambio”.
Aziz reforzó: “Abogado gratuito, asistencia social gratuita, acompañamiento a la familia gratuito. Hay como una especie de ley de victimario que al mismo tiempo, por la edad, es una víctima también de un montón de cosas que la sociedad le ha propinado. Darle la garantía desde el Estado de que se pueda defender aun luego siendo condenado”.
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Diputados,Reforme Penal Juvenil
POLITICA
Libertarios contra Villarruel en La Rioja: “Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia”
La visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a La Rioja para participar de la Fiesta Nacional de la Chaya −a la que Sergio Galleguillo, máximo referente del folklore provincial, había invitado públicamente a Javier Milei− generó molestia entre los dirigentes libertarios. La foto de Villarruel con el gobernador Ricardo Quintela alteró los ánimos y abonó la tensión entre ella y la Casa Rosada. El territorio riojano es el que ambicionan los libertarios con Martín Menem. Una concejal aliada de Patricia Bullrich calificó de “vergüenza” la foto con los peronistas locales.
Ya unos cinco días antes de la visita, desde la Gobernación riojana −enfrentada con Javier Milei desde antes que asumiera la presidencia− el ministro de Cultura y Turismo, Gustavo Luna, confirmó que le habían comunicado la posibilidad de la presencia y que estaban trabajando en una agenda para que Villarruel “pudiera conocer” la provincia.
Buena parte de la oposición riojana interpretó que la visita de Villarruel fue utilizada por el peronismo local como cortafuego ante la posibilidad de que el Presidente decidiera venir a la fiesta chayera, repitiendo lo que hizo en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La invitación de Galleguillo era la que abría la puerta. La Vicepresidenta no tuvo ningún contacto con los libertarios locales.
Horas antes de la llegada de la Vicepresidenta, Quintela siguió criticando duramente la reforma laboral con media sanción del Senado y calificó de “absolutamente impropio” el vínculo de Nación con las provincias. Insistió en el reclamo de recursos: “No se distribuyen a través de programas, obras públicas ni políticas sociales, educativas, culturales o sanitarias. Las provincias hemos perdido muchísimo”. Y ratificó el reclamo riojano por la eliminación de fondos compensatorios por coparticipación.
La concejal de la capital riojana, Luciana de León, le dedicó una carta abierta a Villarruel. “¡Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja! Miles de riojanos apostamos por un cambio a fondo en 2023, acompañando a Javier Milei y a usted como Presidente y Vice de la Nación porque estamos hartos de estos modelos populistas del interior profundo: trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza y en su mayor parte en negro, ausencia total de un proyecto de desarrollo económico más allá de la dádiva política, y dirigentes del oficialismo que multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante siendo que la mayoria jamás trabajaron en el sector privado”.
El texto, publicado en las redes sociales de la concejal, señala también que en La Rioja “los organismos de control están cooptados por mayorías automáticas del oficialismo que encubren en lugar de denunciar las irregularidades que sufrimos todos los días”.
“Por eso duele verla legitimar con una foto a quienes representan exactamente lo contrario a la agenda del presidente Milei, y que respaldamos miles de riojanos. Duele porque quienes vivimos y trabajamos acá sabemos el esfuerzo que implica vivir en una provincia donde el mérito vale cada vez menos y el acomodo pesa cada vez más”.
Cierra con “también quiero que lo tenga claro: la desilusión no nos frena. Vamos a seguir dando pelea para que este sistema se termine y para que La Rioja vuelva a ser una tierra de oportunidades reales, donde nuestros hijos puedan quedarse, crecer y construir su futuro sin depender del poder político de turno. Estoy convencida de que otra Rioja es posible”.
El enfrentamiento de Quintela y Milei es histórico. Ya en los últimos tiempos el Presidente dejó de responderle al gobernador como sí lo hacía electo o apenas asumió, pero la tensión sigue.
visita,Gabriela Origlia,La Rioja,Ricardo Quintela,Martín Menem,Conforme a,La Rioja,,»Provincia montonera». Un cantante de folklore acusó a Victoria Villarruel de “negacionista” en su visita a La Rioja,,Tiene 22 años. Lo buscaban por un hackeo de $275 millones: lo atraparon en Palermo tras seguir el uso de la SUBE,,Temblor en Mendoza. Un sismo de 6,1 sacudió a Chile y varias provincias argentinas
POLITICA
El Gobierno denunció por actos de terrorismo a los responsables de la violencia afuera del Congreso
“Formula denuncia penal por los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños, todos agravados por haber sido realizados con el fin de provocar terror y sumir a los poderes públicos”, reza el texto presentado ante el juez federal de turno por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.
En la denuncia se pidió la investigación y detención inmediata de los responsables de los incidentes ocurridos frente al Congreso durante la manifestación contra la reforma laboral que este jueves a la madrugada obtuvo media sanción en el Senado.
Luego de que la ministra Monteoliva informara que identificaron a cuatro de los sospechosos que agredieron con objetos contundentes a agentes policiales, la denuncia planteada ante la Justicia Federal calificó lo sucedido como “atentado al orden constitucional” y posibles actos de terrorismo.
La denuncia fue presentada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional. Así, se solicitó a la Justicia federal que actúe con urgencia ante lo que calificó como hechos “de inusitada gravedad” ocurridos en las inmediaciones del Congreso, mientras se realizaban sesiones extraordinarias.
Según el escrito, el objetivo del accionar habría sido provocar “un escenario de terror” entre los ciudadanos y obstaculizar el funcionamiento del Congreso. Y planteó que estas acciones no solo infringieron la paz pública, sino que también buscaban “inhibir en forma parcial o plena la actividad legislativa”.
El escrito afirma: “El accionar ilícito que denuncio tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso”.
Entre los pedidos al juez federal de turno, la cartera exige que “se inicie una exhaustiva investigación, se identifique a los responsables directos, a los partícipes y los eventuales instigadores” y “se oriente la pesquisa a efectos de determinar las estructuras por las que se orquestan estos atentados con rasgos terroristas”.
Se reclamó, además, la inmediata detención de los identificados. Esto ya lo habían pedido el secretario de Seguridad, Martin Ferlauto, como la propia ministra de Seguridad, luego de que se difundieran fotos e identidades de cuatro de los manifestantes involucrados y que fueron identificados.
“Se espera que la Policía Federal Argentina este viernes tenga los videos con los identificados que tenían las bombas molotov”, contaron fuentes del caso a este medio.
Cuántos detenidos quedan
La Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, en trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, detuvieron ayer a 24 sospechosos tras los disturbios en el Congreso.
De la lista inicial de 20 detenidos, por parte de la Policía porteña, puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali, solo quedan detenidos cinco hombres.
Del mismo modo, según comunicó la Policía porteña, tres agentes resultaron heridos; uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.
Los otros dos fueron traumatismos en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.
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