POLITICA
El caso Espert reavivó las internas en el Gobierno: la furia de Bullrich y el candidato que amenaza con irse
A tres semanas de las elecciones nacionales, el Presidente decidió sostener lo que parece insostenible. El jueves por la tarde, en la Rosada, en la intimidad del triángulo de hierro –que volvió a operar por esta crisis– se decidió el futuro de la candidatura de José Luis Espert y de la campaña electoral de La Libertad Avanza. A solas, Milei, su hermana y Santiago Caputo resolvieron, aun sabiendo que la transferencia de 200 mil dólares con fondos de Fred Machado era un hecho registrado en cuentas del Bank of America, que el diputado Espert seguirá encabezando la lista de la estratégica provincia de Buenos Aires. Machado, se sabe, es el exótico empresario de la aviación que está acusado de narcotráfico y lavado en Texas y que lleva cuatro años intentando evitar la extradición a Estados Unidos.
El movimiento de la Rosada tuvo su correlato en redes cuando, casi a medianoche, Espert publicó un video leído en un lugar opaco y desconocido reconociendo haber recibido esos fondos. “¿Estaba en la funeraria?”, mensajeó irónico uno de los integrantes de la lista bonaerense libertaria que no acepta que el diputado nacional siga en carrera.
Sin embargo, el viernes el fantasma de la renuncia recorrió la Quinta de Olivos. El primer candidato a diputado por la provincia se acercó a la residencia presidencial con la renuncia en mano.
No obstante, el Presidente decidió no aceptársela. Minutos después, Espert recurrió a su cuenta de X para ironizar sobre su no renuncia: “No me bajo nada”.
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En este esquema, el lunes, si nada se mueve en la voluntad del Presidente, Espert acompañará a Milei en la presentación de su libro en el Movistar Arena. La escena parece tan inverosímil –por la cantidad de revelaciones que siguen sucediendo mientras pasan las horas– y por la cantidad de preguntas sin respuesta que dejó la publicación del video. Ni hablar si se hace un archivo veloz de las palabras de Espert sobre su vínculo con Machado, donde juraba haberlo conocido solo gracias a la generosidad con que Machado le ofreció un avión para viajar a Viedma para la presentación de su libro frente a la falta de presupuesto de la editorial.
La decisión del triángulo de hierro generó desolación en el armado libertario bonaerense. A esta hora, Diego Santilli, tercero en la lista en representación de la alianza con el PRO, está pensando en bajarse y crece una presión desde la mesa política de PBA, comandada por Sebastián Pareja, para seguir pidiendo que lo bajen como sea o, de lo contrario, se clausurarían todos los actos de campaña por la imposibilidad de vivir dando explicaciones que por ahora no existen. Es una rebelión insólita para los estándares libertarios. “¿Doscientos mil dólares por una asesoría a una empresa turbia de Guatemala por un servicio que al final no diste por el Covid y que nunca te reclamaron la plata?”, dicen incrédulos los armadores de campaña. Ni hablar del mar de contradicciones que aparecen solo con constatar las declaraciones del diputado anteriores a su video de anoche. Nadie entiende cuál es el plan en los días que restan desde hoy hasta el 26 de octubre.
Fue una semana donde hubo demasiadas escenas de vértigo, despachos del primer piso de la Rosada donde se cruzaron Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Caputo, Karina, Sebastián Pareja, entre otros funcionarios, armadores y asesores en reuniones sucesivas que, desde el martes, buscaban cómo atravesar la crisis por las revelaciones periodísticas que ampliaron hasta el escándalo lo que se sabía sobre el vínculo entre Espert y Machado.
Hubo en esas reuniones enojo y falta de consenso. Desde el inicio, Bullrich exigió que el diputado diera respuestas claras, algo que se vio en todas las entrevistas que dio esta semana, salvo la pequeña aclaración que concedió en la conferencia de prensa luego de la resolución del triple crimen de Florencio Varela. Por esa razón, el miércoles Santiago Caputo coacheó a Espert personalmente para explicarle que tenía que ir a la televisión y dar una respuesta concreta y contundente. El resultado quedó a la vista en la entrevista con Pablo Rossi, que produjo ira y desconcierto en la mayoría del Gabinete. ¿Quién resolverá ahora la furia de Bullrich, que sigue siendo candidata a senadora en Ciudad?
El caso de Santilli va por el mismo carril, aunque tenga menos consecuencias para la dinámica del Gobierno: el diputado siente que hizo su capital político combatiendo a los narcos de la Ciudad desde el Ministerio de Seguridad. Esta semana le tocó ir de recorrida a Olavarría con Espert y le pidió explicaciones que el diputado no le dio. Era gracioso ver cómo Santilli hizo lo imposible para evitar salir en los planos de los medios que habían ido a cubrir la recorrida. Algo parecido le pasó cuando visitó ayer Morón, evitando a los periodistas como sea.
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¿Por qué entonces Milei, Karina y Santiago Caputo eligieron sostener a Espert? El encuentro del círculo chico del poder –que viene atravesando una crisis sostenida– se organizó alrededor de una jugada que mezcla control de daños y la convicción de que la situación llegó a un punto que es irreversible: Milei llevó su apoyo demasiado lejos y no tiene intenciones de volver atrás. En ese análisis, pedirle que renuncie a la candidatura era algo que ya no aportaría beneficios, le concedería una victoria al kirchnerismo y no les evitaría otro problema irresoluble: la boleta única electrónica (BUE), que se estrena en esta elección, cuesta 0,80 dólares cada una, que son pagados por el Estado Nacional. La provincia de Buenos Aires tiene 14 millones de electores y se imprime un 5% más de boletas de backup. La Dirección Nacional Electoral (que le encarga ese proceso de impresión al Correo, que a su vez lo terceriza) ya recibió las boletas de las secciones electorales 6 y 7 hace dos días. El proceso de impresión bonaerense se hace en dos empresas al mismo tiempo. Por un lado, Boldt/Ipesa; mientras que las secciones 1, 2, 4, 5 y 8 las hace una UTE encabezada por AGL. Todos están imprimiendo sin pausa, lo que consolida la certeza de que, aun si renunciara Espert, su nombre llegará a la foto de la BUE el día de la elección. ¿O LLA piensa pagar los 13 millones de dólares que costaría reimprimirlas?
Quién lidera ahora
El armado bonaerense parece una saga de trampas mortales en donde la mano de las decisiones del Presidente se nota mucho, a pesar de que siempre se dijo que no se metía en la organización de las candidaturas. Originalmente, su único pedido incuestionable era que encabezara Espert, un postulante que nadie quería pero que no discutieron, justamente porque Milei jamás pide nada. Sin embargo, al cierre de la inscripción de listas se sumó Karen Reinhardt, la actriz y modelo que está en el puesto número dos pero que casi no hace campaña porque los armadores temen sus declaraciones, más propensas a dar problemas que a soluciones.
En el tercer lugar está Diego Santilli que, decíamos recién, analiza bajarse, aunque suena improbable. El cuarto lugar es desopilante: lo ocupa Gladys Humenuk, una amiga del Presidente de la época de Corporación América que después entró a trabajar con Karina en la Secretaría General y fue despedida por la hermana presidencial, que, de premio consuelo, le dio una vacante en el directorio del Correo, donde su titular intentó echarla –sin éxito– varias veces. Dicen que tiene un temperamento especial. Por su cercanía con Milei llegó a la candidatura que ahora ocupa, pero en la que no milita públicamente. El quinto puesto es de Sebastián Pareja, encargado de reconstruir la campaña después de una derrota de 14 puntos en las provinciales y con el escándalo de Espert monopolizando la escena. ¿Quién puede diseñar un plan de acción en este contexto? Estaba previsto que mañana Milei y Espert recorran San Isidro, la tierra que gobierna Ramón Lanús y que le dio uno de los pocos triunfos en las elecciones provinciales. El plan, naturalmente, se canceló. Hay quienes dicen que se haría el martes.
Cumbre en Olivos
En paralelo y frente a la necesidad, el Presidente retomó el vínculo con Mauricio Macri. En Olivos, con Guillermo Francos como puente, vuelve a ver hoy al titular del PRO. Macri escuchó más de lo que habló en el reencuentro del domingo pasado, pero dejó claro que quiere influir en el armado de un eventual segundo tramo de gobierno para aportar “profesionalidad a la gestión”. Es una situación incómoda: su partido, finalmente, tiene alianzas en PBA, CABA y Entre Ríos con los libertarios. En Ciudad, todo está tan tenso que sus representantes en las listas no aparecen en ninguna entrevista defendiendo la propuesta.
Surge en el Gobierno una certeza indiscutible: llegar a octubre se está volviendo un camino cada vez más escabroso. La economía presiona implacable. La calma del apoyo norteamericano duró poquísimo frente a la falta de confianza del mercado en que Estados Unidos no solo mande apoyo político sino, sobre todo, plata.
El miércoles, Luis Caputo, desde su despacho, tuvo una conversación urgente con Scott Bessent y su número dos, Michael Kaplan, mientras sigue vigente el backchannel entre el área de Santiago Caputo y el gobierno de Estados Unidos a través de Leonardo Scatturice. Creyeron por un momento que la entrevista de Bessent a la BBC aportaría calma, pero la inoportuna frase de “no mandaremos dinero, solo un swap” hizo temblar de nuevo al dólar y al riesgo país. Ahora Toto Caputo está viajando a Washington para agilizar trámites que permitan traer buenas noticias la semana que viene. ¿Alcanzarán?
Javier Milei, José Luis Espert
Tras las agitadas sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei entre el 10 de diciembre y ayer -inclusive-, el Congreso ya se prepara para el receso y aguarda un nuevo llamado, en principio, para febrero. Para el 1 de marzo quedará la apertura del período ordinario, a cargo del jefe de Estado, y un lote de candidaturas sensibles que deberá tratar el Congreso -la mayoría deben ser enviadas por el Ejecutivo y analizadas sólo por el Senado-, donde la gran incógnita es con quién negociará el Gobierno: la oposición dialoguista o el kirchnerismo.
A las dos butacas de la Corte Suprema de Justicia -hubo un fallido intento de la Casa Rosada el corriente año- se suman el procurador general -jefe de fiscales-, centenares de pliegos judiciales, y los Defensores del Pueblo y del Niño, entre otros. En el último caso, la postulante fue aprobada por Diputados y resta el aval de la Cámara alta. Se trata de María Paz Bertero, quien trabaja en Buenos Aires, y está relacionada con la gestión de Axel Kicillof y con el exjefe del PJ bonaerense Máximo Kirchner.
Bertero llegó al final del concurso gracias a un acuerdo del cristinismo/peronismo con la Unión Cívica Radical (UCR) y la otrora macrista María Sotolano, que para ese momento ya había sido electa en las elecciones provinciales -que desdobló Kicillof- en la lista que encabezó, por la Libertad Avanza, el excomisario Maximiliano Bondarenko. Esto ocurrió hace un puñado de meses, nada más.
A cambio de las gestiones que llevó, como presidenta de la bicameral, la entonces diputada radical Natalia Sarapura soñó con ser entronizada como Defensora del Pueblo. Hablamos de estructuras siempre codiciadas para hacer política. Y picardías. Incluso, a pesar los hachazos al gasto público de la administración libertaria. No ocurrió. Además, otros candidatos del centenario partido tuvieron una exposición muy por encima de la jujeña. Los mejores muchísimas veces no llegan, en reiteradas ocasiones, con el Congreso y el Ejecutivo metidos en la trifulca.
Más conocido es el caso de la Corte Suprema, con un sinfín de aparentes ventanas de negociación que no existieron. Y los votos nunca estuvieron. La Casa Rosada aceleró a fondo y se encontró con una muralla opositora, que hierve de furia por la demora de Balcarce 50 para mandar centenares de pliegos judiciales.
En junio pasado, previo a aterrizar en el recinto del Senado, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos informó que había 330 espacios sin ocupar. Es decir, casi un tercio (31,25%) del total. En la Justicia nacional de la Capital Federal, el exfuncionario indicó 178 vacantes de 571; en la federal de la Capital Federal, 46 de 159; y en la federal del interior del país, 106 de 326.
Dos meses más tarde, algunos dialoguistas que integraban la comisión de Acuerdos de la Cámara alta alertaron: “Existen un total de 337 vacantes actualmente distribuidas entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura. Específicamente, 184 de estas vacantes se encuentran ya elevadas al Poder Ejecutivo Nacional y 153 se encuentran en trámite dentro del Consejo de la Magistratura”.
“De las 153 en trámite, 138 corresponden a concursos ordinarios y 15 a concursos anticipados. A su vez, de aquellos en trámite, 136 son para tribunales habilitados y 17 para tribunales no habilitados. En múltiples anuncios el Gobierno Nacional ha declarado que remitiría prontamente al Senado de la Nación los pliegos en cuestión. Por ello la comisión de Acuerdos se ha mantenido atenta a ese envío con el fin de actuar con la mayor celeridad y responsabilidad en la tarea, entendiendo la urgencia y delicadeza que el tema conlleva”, agregaron los legisladores hace casi cuatro meses.
Otras pujas cercanas de definición apuntan a la Auditoría General de la Nación (AGN). En Diputados, los libertarios pactaron con el cristinismo y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, en contra del PRO y la UCR. Se repartieron tres lugares. Perdieron los fervorosos defensores del “consenso” y la “rosca”, que preparaban el desembarco de Emilio Monzó. Resta saber qué hará el Senado.
POLITICA
El titular de la UIF viajará a Estados Unidos para intercambiar información sobre la investigación a la AFA
Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) viajará en enero hacia Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar información sobre la investigación a la AFA.
El funcionario se reunirá con las autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), un organismo norteamericano que se especializa en el control de los delitos financieros. Su objetivo es detectar y prevenir el lavado de dinero.
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El intercambio de información entre la UIF y el FinCEN se da porque existe un convenio de colaboración entre ambos, para que puedan acceder y requerir información sobre inteligencia financiera relacionada con los presuntos delitos en la Argentina y Estados Unidos. El acuerdo también permite la posibilidad de que los propios organismos entreguen de manera repentina datos sobre maniobras de lavado de dinero y otros crímenes financieros.
La decisión de la UIF de reunirse con las autoridades norteamericanas se tomó tras las sospechas sobre TourProdEnter, que es administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni.
La casa de Faroni fue allanada este martes por la Policía, en medio de la investigación por la empresa vinculada a él que involucra presuntos desvíos de fondos hacia Estados Unidos. Además de la futura visita de Starc, la Justicia -el juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella-, ya pidió información a cuatro bancos de EE.UU. sobre diversos movimientos financieros.
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En ese sentido, la Justicia investiga si el contrato de exclusividad que TourProdEnter mantiene con la AFA le permite recaudar fondos de los contratos hechos por la Asociación de Fútbol en el exterior.
El detalle de los contratos que encontró la Justicia
Starc viajará en los primeros días de enero a Washington, luego de que la Justicia haya encontrado los contratos entre la AFA y la empresa relacionada con Faroni.
El empresario se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) generó en el exterior durante los últimos cuatro años. La participación quedó establecida en contratos firmados por la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia y alcanzó a los acuerdos internacionales vinculados tanto a la AFA como a la Selección argentina.
Pero el esquema fue más amplio. Además de ese porcentaje sobre los ingresos, Faroni también percibió el 10% de todas las salidas de dinero asociadas a tareas de “logística” incluidas en los contratos que intervino para la AFA desde 2021. Se trata de gastos operativos que formaron parte de los convenios comerciales firmados por la entidad de la calle Viamonte.
La documentación lleva las firmas de Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol. El acuerdo fue rubricado el 9 de diciembre de 2021, apenas un día después de que Erica Gillette, esposa de Faroni, presentara una oferta de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El contrato, tal como quedó redactado, le otorgó a TourProdEnter LLC la representación comercial exclusiva de la Asociación del Fútbol Argentino en todo el mundo, con la única excepción del territorio argentino. El acuerdo la habilitó a promover, en nombre de la entidad, la firma de convenios vinculados al uso de marcas, emblemas, imágenes y otros derechos comerciales de la AFA.
Además, la empresa quedó autorizada a intervenir en la organización y concertación de distintos eventos deportivos y comerciales relacionados con la AFA y sus selecciones nacionales, como parte del esquema de explotación de los activos de la entidad en el exterior.
AFA, UIF, Estados Unidos
POLITICA
De gestión privada a un traspaso: el Gobierno evalúa alternativas y prepara una medida para cambiar el manejo de cinco hospitales
El Gobierno Nacional planea tomar medidas para resolver la deuda que la provincia de Buenos Aires mantiene con cinco hospitales de responsabilidad compartida, los denominados SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad). Así lo reconoció esta mañana el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue consultado por Infobae luego de que minutos antes hiciera mención de los fondos pendientes que la Provincia debe en diversos centros hospitalarios.
En la introducción de su conferencia de prensa, Adorni marcó que en los últimos años la Gobernación de Axel Kicillof no envió fondos obligatorios para el mantenimiento de cinco SAMIC por un total de $ 507.064 millones. Esta cifra se desglosa en deudas que serían:
- $ 328.432 millones para el Hospital El Cruce
- $ 82.237 millones para el Hospital Cuenca Alta
- $ 45.722 millones para el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría
- $ 42.297 millones para el Hospital René Favaloro
- $ 8375 millones para el Hospital Presidente Néstor Kirchner
“Su Presupuesto es de 34 billones de pesos. Y, a pesar de ser gestión compartida, hoy están totalmente financiados por el Estado nacional”. En ese sentido, el jefe de Gabinete repudió que el gobierno bonaerense haya realizado “gastos en cajas navideñas y en políticas de género”. “Sería bueno que siempre se le dé prioridad a la salud de los bonaerenses”, aseveró.
En conferencia de prensa, Infobae consultó al respecto a posibles cursos de acción ante el panorama descrito por Nación. Desde el 2024 que las autoridades sanitarias marcan la situación de los nosocomios de gestión mixta, aunque sin acciones concretas para resolver el problema.
En los últimos meses, hubo funcionarios que mencionaron la intención de traspasar de Nación a la esfera de la Provincia alguno de estos centros. Aunque habría habido conversaciones por uno de ellos, las gestiones no prosperaron.
En la consulta hecha por Infobae fueron mencionadas diferentes opciones: la de judicializar esta situación, la de desprenderse de su manejo o resolver la deuda a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (el cual resuelve deudas que Nación mantiene con distritos subnacionales y viceversa).
“Están sobre la mesa todas las alternativas, incluso algunas que no fueron nombradas, que probablemente sea el curso a seguir”, respondió Adorni.
Importantes fuentes del sector de la salud marcaron a Infobae que el Gobierno realizó consultas con jugadores de peso del rubro para “mantener los hospitales públicos nacionales con gestión privada”. “Están trabajando en eso”, marcaron.
Un funcionario de altísimo peso dentro de la mesa política presidencial aseguró a Infobae que la medida sigue en proceso de depuración y que “se estaban evaluando todas las opciones”.
A mitad de año, el Gobierno publicó el Decreto 460/2025 que deja sin efecto la facultad del Ejecutivo para crear nuevos hospitales SAMIC y disponer la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales. En esa normativa, el Ejecutivo marcó que se debe ir “fortaleciendo la descentralización hacia las jurisdicciones provinciales” y que hay pruebas de “la ineficacia de los entes interjurisdiccionales para garantizar una distribución equitativa de los recursos y responsabilidades”.
El Gobierno reconoce que habrá una medida concreta en cuestión de semanas. “Es muy probable que en enero vayamos a tener novedades”, apuntan fuentes al tanto de los avances.
En su respuesta en vivo, el jefe de Gabinete marcó que lo que se pretende “es que los bonaerenses tengan participación de su Gobierno provincial y que afronte los gastos de salud”. “El Gobierno nacional no está dispuesto a que un bonaerense no se pueda atender. Es por eso es que el Gobierno nacional solventa el 100% de los gastos compartidos. Es algo que está mal”, agregó.
Desde la provincia de Buenos Aires desconocen la cifra que comunicó hoy el vocero presidencial. “Nosotros no tenemos ese número y no sabemos como la construyeron”, afirman, agregando que la disposición al diálogo que existe de parte de la Casa Rosada y del Ministerio de Salud de la Nación es prácticamente nulo.
“No hay articulación ni tienen voluntad de resolver los problemas. Hay una voluntad de prepotear. Es una de las tantas amenazas que venimos recibiendo en los últimos dos años. Nosotros tenemos aproximadamente 100 hospitales a cargo y mucho del funcionamiento de los mismos fue motorizado por esta administración”, explican.
Esto marcaría la pauta de que cualquier medida implementada en el corto plazo por Nación no habría sido extensamente conversada con sus pares bonaerenses. “Si quieren hacer alguna modificación tienen que pasar primero por el Congreso. Si lo quieren cerrar que le pongan llave porque son hospitales principalmente nacionales. Pero cualquier cambio lo tienen que hacer por el Congreso y para eso necesitan otra ley”, afirman.
Los SAMIC se rigen hoy día bajo la Ley 17.102 de Salud Pública, la cual crearon los ”Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad» (SAMIC), unidades hospitalarias que se integrarían al sistema público.
Los hospitales englobados en el SAMIC tienen una participación mayoritaria del Estado Nacional y una minoritaria de las provincias (solo en tres casos hay municipios involucrados -en El Calafate, el Favaloro y el Néstor Kirchner-).
En líneas generales, El Estado Nacional tiene una responsabilidad financiera con los hospitales de entre 80 y 70 por ciento. En años anteriores el aporte nacional era menor. En 2017 se acordó que la CABA dejaría de cubrir el 50% de los gastos del Garrahan y pasaría al 20%. Otro caso es el del Hospital El Cruce, que Nación se elevó las transferencias de 70 a 80 por ciento en 2022.
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