Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr. Se trata de un líder militar prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA.

Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmado por el régimen iraní, de acuerdo consignó EFE.

Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, Teherán ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secrtario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Vahidi ya había ocupado ese cargo de manera temporal en 2025 tras la muerte de Hossein Salami, abatido durante ataques israelíes contra el régimen persa.

El nuevo líder de la Guardia RevolucionariaVahidi, de 66 años, nació en la histórica ciudad de Shiraz, situada al suroeste de Irán y a unos 900 kilómetros de Teherán. Su vínculo con la fuerza comenzó con el surgimiento de la Revolución Islámica en 1979, cuando se integró a esa estructura militar, una suerte de ejército paralelo que responde únicamente al líder supremo de Irán.

La Guardia Revolucionaria es descripta como “parte del aparato operativo del régimen, responsable de la realización de atentados en todo el mundo, el más famoso de ellos en 1994”, en referencia al ataque contra la mutual judía argentina.

Su trayectoria en el mapa del poder iraní resulta ilustrativa. El cargo que ocupó al frente de las Fuerzas Quds —la unidad de élite responsable de operaciones en el extranjero— fue heredado posteriormente por el general Qassem Souleimani, quien murió en 2019 tras un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Vahidi pertenece además a un reducido círculo de asesores que tenía acceso directo al líder supremo y compone el Consejo Superior, un organismo que define las principales estrategias del régimen, entre ellas las decisiones sobre el acuerdo nuclear.

Desde noviembre de 2007, Vahidi integra la base de datos de Interpol por una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos en 1994.

El fiscal Alberto Nisman lo identificó como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. De acuerdo a la investigación judicial, Vahidi, por entonces comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se resolvió concretar el atentado y delegar la ejecución en Hezbollah del Líbano.

Estados Unidos también exige su captura y lo colocó en su lista negra en 2010. En 2019, la Unidad de Información Financiera de Argentina y el fiscal Sebastián Basso solicitaron que Vahidi y otros seis imputados en la causa AMIA fueran incluidos en el registro argentino de terroristas. La UIF ya había determinado que Vahidi y Moshen Rezai lideraron los análisis sobre la propuesta de atentar en Argentina en el seno de la inteligencia iraní.

En 2021, Vahidi asumió el Ministerio del Interior de Irán, cargo que ocupaba cuando el gobierno argentino requirió su detención durante una visita oficial a Pakistán y Sri Lanka. La Cancillería argentina señaló entonces que integraba una comitiva iraní en el exterior. Interpol emitió en ese marco una Circular Roja, y Argentina solicitó cooperación internacional para su arresto conforme a los tratados vigentes.

A lo largo de su carrera, Vahidi ha ocupado cargos de alto rango: en 2009 fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, pese a su situación judicial internacional. Ese respaldo interno consolidó su prestigio dentro de la teocracia iraní. También ocupaba ese puesto cuando, en 2013, Argentina e Irán firmaron el Memorándum para intentar avanzar en la causa AMIA bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Luego de la muerte del fiscal Nisman en 2015, las nuevas autoridades judiciales y la Unidad de Información Financiera mantuvieron la presión sobre los acusados internacionales. Vahidi permanece en la lista de los más buscados de Interpol.

Cuál fue el rol de Vahidi en el ataque a la AMIA

Ahmad Vahidi era el comandante de las Fuerzas Quds cuando ocurrió el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, episodio en el que murieron 85 personas y hubo 151 heridos. Sobre él recae la acusación de ser uno de los autores ideológicos del ataque y de haber participado en una reunión clave donde se definió la realización del atentado, que terminó siendo uno de los crímenes más graves de la historia argentina.

En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba responsables intelectuales del caso, incluyendo a Vahidi. También figuran en la lista roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada iraní en Argentina; y desde 2009, Samuel Salman El Reda.

Vahidi, al igual que Fallahijan, habría estado presente en la presunta reunión de 1993 en Mahshad, donde, según la investigación de la UFI AMIA, se habría decidido el ataque. Según el dictamen firmado por el fiscal Alberto Nisman ese año, Vahidi no tuvo un rol pasivo sino que impulsó la propuesta de que Argentina fuera el país objetivo del atentado, planteo que luego fue evaluado por el Comité de Asuntos Especiales.

El dictamen señala que Vahidi habría presentado su iniciativa en la llamada “oficina de inteligencia”, donde integraba el núcleo de decisión. Después de avalar el objetivo argentino, el liderazgo de la operación se delegó en el entonces ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, mientras que la ejecución quedó a cargo de Vahidi, jefe de la Fuerza Quds.

En 2011, ya como ministro de Defensa de Irán, Vahidi viajó a Bolivia para participar en actos conjuntos con autoridades locales, pero el gobierno de ese país dispuso su salida tras conocer su identidad y antecedentes. En esa ocasión, compartió actividades oficiales con la ministra boliviana María Cecilia Chacón, entre ellas la graduación de pilotos de aviación y la inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambas en Santa Cruz de la Sierra.

La visita provocó una dura reacción tanto en la comunidad judía como en la política argentina. El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó la presencia de Vahidi como “una provocación”, mientras que la DAIA solicitó que la Cancillería presentara una protesta diplomática formal y reclamara la inmediata detención del funcionario iraní. “Esta inadmisible presencia en el país hermano agravia a la memoria de las víctimas, a la comunidad que representamos y a la sociedad argentina en su conjunto”, manifestaron desde la entidad.

Opositores del titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, en la Seccional Zárate-Campana presentaron una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita por la cesión del manejo de los aportes sindicales a la empresa USEM, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora. que recauda más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.

En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, se menciona que el contrato con USEM otorga el control operativo y financiero mayoritario por parte de la UOMA a empresa privada, que le permite, desde febrero de 2023, administrar el 80% de los aportes sindicales, abrir cuentas bancarias en nombre del sindicato, ejecutar pagos y administrar la caja sindical completa.

El contrato estipula honorarios para USEM equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por la cuota sindical y tiene una duración de 10 años, e incluso establece que únicamente la empresa puede rescindirlo, dejando al sindicato jurídicamente subordinado a esa firma.

Además, según los denunciantes, el contrato elimina la competencia y cualquier control externo sobre la administración de recursos sindicales.

En la presentación ante la Justicia se señala que los accionistas de USEM son María Soledad Calle y Adalberto Raúl Braconi, y se remarca que Calle es empleada de la propia UOM y mantiene una “relación cercana” con Furlán. Para los denunciantes, esto constituye un vínculo de “parte relacionada”, algo que, según argumentan, va en contra del principio de independencia contractual y elimina mecanismos de competencia o auditoría externa sobre la administración de los fondos.

El dato del acuerdo entre la UOM y USEM, revelado por el diario Clarín, se difunde a pocos días de las elecciones en las seccionales de la UOM, donde entre el 2 y el 4 de marzo se elegirán las nuevas autoridades de esas filiales y el 18 de marzo, la conducción nacional del sindicato.

Según el escrito presentado a la Justicia y la documentación adjunta, la contratación de USEM fue tratada en una reunión extraordinaria de Comisión Directiva de la Seccional Campana de la UOM el 4 de diciembre de 2025. En el encuentro, se asegura que el tesorero expuso la crisis económica del gremio y se resolvió por unanimidad reducir gastos en las áreas internas y que los dirigentes que denunciaron el contrato con USEM retornen a sus trabajos en empresas privadas para evitar que el sindicato pague sus salarios.

Los denunciantes sostienen que el cese de pagos de sus sueldos, adoptado de hecho desde octubre de 2025, respondió a una “decisión netamente política” en represalia por su participación en una lista opositora en la Seccional Zárate-Campana, que lidera Furlán, y “ejecutada por en complicidad con María Soledad Calle, quien es accionista de la empresa y empleada en relación de dependencia de la entidad sindical al mismo tiempo”.

Por ello, los denunciantes solicitaron a la Justicia se ordene que “se corra vista al Fiscal Nacional en lo Penal para que tome formal conocimiento de esta situación irregular y posiblemente delictiva, abriendo una investigación en contra de los involucrados e investigue la presunta comisión de los siguientes delitos: administración fraudulenta y/o defraudación por administración desleal, fraude y asociación ilícita”.

Ante la consulta de Infobae sobre la denuncia periodística, la UOM dio la siguiente respuesta:

“Estamos a 7 días de una elección interna. Con un proceso electoral abierto con una lista armada por Paolo Rocca. En un contexto en el que enfrenta al gobierno nacional de Milei y lidera el sector más duro del movimiento obrero.

“A la vez, con decisiones que impulsó reformas hacia la transparencia interna de la UOM como tocando intereses y cortando negocios preexistentes. Profesionalizando la gestión y se encamina a certificación ISO de los procesos de compras, contrataciones, pagos y todo lo referido a la administración de recursos.

“En ese marco, se está llevando adelante una campaña de desprestigio sobre su persona y su gestión con foco en las elecciones seccionales del 2 al 4 de marzo. Y se espera que se profundice de cara a las elecciones nacionales de la UOM del 18 de marzo”.

A su vez, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), alianza combativa que integran la UOM, Aceiteros y las dos CTA, expresó su “absoluta solidaridad” con Furlán debido a una “campaña de hostigamiento” a través de “operaciones mediáticas impulsadas por los sectores más concentrados del empresariado”.

En un comunicado de prensa, el frente destacó que “mientras protagoniza la resistencia en las calles contra la reforma laboral, Abel Furlán ha demostrado ser un dirigente que no se dobla ante las presiones”.

Decisiva votación en la UOM

Entre el 2 y el 4 de marzo, Furlán se enfrentará a una lista opositora en la Seccional Campana-Zárate de la UOM, encabezada por Angel Derosso, quien fue secretario de Organización de esa seccional clave de la zona norte bonaerense hasta diciembre de 2025, cuando renunció por diferencias con el líder sindical y en julio creó la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, cuya lista quedó oficializada para competir.

La alusión a Rocca que hizo la UOM nacional obedece a que cerca de Furlán aseguran que la candidatura del dirigente opositor es impulsada por el presidente del Grupo Techint, a la que pertenece Tenaris Siderca, la principal empresa donde actúa la Seccional Zárate-Campana.

Furlán, enrolado en el kirchnerismo, buscará su primera reelección como titular nacional de la UOM (fue quien desplazó a Antonio Caló en marzo de 2022), en medio de la oposición surgida en su propia seccional y en otras importantes filiales del sindicato metalúrgico.

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