El oficialismo y sus aliados del PRO impulsaron el pedido de desafuero del diputado Emiliano Estrada (UxP), representante por Salta, cuyo mandato vence en diciembre y que busca su reelección el próximo 26 de octubre.

La decisión se tomó en el Congreso, luego de que la situación judicial del diputado José Luis Espert, actualmente de licencia mientras la Justicia investiga presuntos vínculos con el narcotráfico, motivara la reactivación del trámite que estaba paralizado desde junio.

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Después de varios meses sin moverse el expediente, desde el pasado 17 de junio, el presidente de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, convocó a su Comisión para el miércoles a las 14 para discutir el pedido de la justicia e invitar al diputado Estrada para que haga su defensa.

Esto se dio a raíz de un planteo de las diputadas del PRO Silvia Lospennato y Silvana Giudici. Esta última, en el momento de discutir el pedido de la justicia para poder allanar la vivienda y las oficinas del libertario José Luis Espert, en la sesión de este miércoles, levantó el tema y recordó que obraba un pedido de desafuero de un diputado kirchnerista en pleno recinto.

Al respecto, opinó: “Está muy bien que actuemos con celeridad dando curso a una manda judicial. Inédito por cierto en la Argentina, que una notificación ingrese a las 17 en la Cámara y a las pocas horas se esté votando. Hay que preguntarse por qué nadie actuó en el pedido de desafuero de (Emiliano) Estrada, que hace cuatro meses está pendiente. La mayoría destituyente de esta casa mide con distinta vara los hechos de acuerdo con su conveniencia. La corrupción o las sospechas de cualquier actividad ilícita deben ser castigadas siempre, con la misma celeridad y dejando a la justicia actuar con independencia”.

El diputado Emiliano Estrada cuestionó “la falta de seriedad” y recordó que no hay una condena. “El pedido de desafuero no está firme porque está recusado y en la (Cámara de) Casación. Lógicamente, no debe tener giro dentro de la Cámara si no está firme”, sostuvo.

El diputado explicó que la causa tiene origen en una denuncia formulada por un exjuez de la Corte Suprema de Salta contra un funcionario del Ministerio de Seguridad, a raíz de presuntas irregularidades en el Servicio Penitenciario. Y agregó: “Esa persona fue asesinada meses después, y en la causa aparecieron grabaciones que involucran a distintos funcionarios. Todo eso está en la Justicia, el propio exministro está pidiendo que se inicie el juicio”.

El pedido de desafuero que llegó a la Cámara de Diputados señala que “dicha investigación impulsada por el Fiscal Federal Dr. Carlos Amad ha alcanzado una instancia procesal en la que se torna imprescindible la remoción de los fueros parlamentarios del mencionado legislador para la adopción de medidas que permitan el avance de la causa”. Firma Marcela Alejandra Giménez, juez Federal de Garantías de Salta.

La causa Estrada

El diputado Emiliano Estrada fue denunciado en la provincia de Salta por los delitos de intimidación pública y peculado por llevar adelante supuestas campañas de fake news en cuentas de TikTok que hacían referencia al narcotráfico en la provincia de Salta y lo acusaban al gobernador y a ministros provinciales y diputados nacionales, como fue el caso de Pamela Calletti. En febrero de este año la justicia salteña se declaró incompetente y la causa fue declarada con competencia federal por la jueza federal de garantías, Mariela Giménez.

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El legislador Estrada también es acusado por el delito de malversación de caudales públicos, ya que la justicia sospecha que incurrió en maniobras de peculado de servicios al haber usado a sus empleados en el Congreso nacional para que lleven adelante las campañas de noticias falsas para su beneficio. Es una calificación que prevé penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos.

Dos exempleados de la Cámara Baja, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, confesaron haber seguido órdenes del diputado creando contenido en Tik Tok y otras redes sociales con fake news que difamaban a rivales políticos. En esos videos calificaron a la provincia, que encabeza su rival político, el gobernador Gustavo Sáenz, como “un Estado narco”.

Ambos exfuncionarios legislativos tuvieron un juicio abreviado en el que fueron condenados a penas de un año y cuatro meses de prisión condicional como partícipes secundarios de la intimidación pública. La investigación la inició de oficio la Fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá, tras la viralización de múltiples videos difamatorios.

En la sesión del 6 de febrero de este año, la diputada Pamela Calletti, de Innovación Federal, pidió una cuestión de privilegio en el recinto y llevó esta situación al Congreso Nacional. “He sido damnificada por esta usina de fake news que hoy la Justicia está investigando y por la cual inicié acciones penales”.

En esa misma sesión, el diputado Emiliano Estrado cuestionó al procurador de su provincia, Pedro García Castiella y a la fiscal Sofía Cornejo. “Motiva este pedido la persecución política que inició el Poder Judicial provincial hacia mi persona y hacia varios dirigentes opositores. Para que quede claro lo que me imputa la fiscal, voy a leer el decreto de imputación. Dice así: ‘Se advierte el uso sistemático de redes sociales para difundir publicaciones orientadas a vincular al titular del Poder Ejecutivo provincial con organizaciones criminales, procurando infundir temor general en la población o riesgo común de posible desestabilización de las instituciones democráticas, promoviendo la posibilidad de una intervención externa en la estructura de gobierno’”.

El pasado 8 de junio, el diputado Estrada subió a su red social X un video donde su abogado, Jorge Ovejero, dice: “Claramente esta causa contra Estrada es una persecución política sin precedentes”. A Estada se le atribuye la apertura de cuentas, en 2024, “El Desenmascarador” e “InformateSalta”, para llevar adelante una campaña de fake news.

Los pasos de la justicia

La jueza Giménez, que subroga el Juzgado Federal 2 de esa provincia, y lleva adelante la causa, en primera instancia dio lugar a la solicitud del desafuero, pero la defensa del diputado Estrada, a cargo del letrado Jorge Ovejero apeló alegando que, “se trata de una resolución impugnable”. El Tribunal sostuvo que, “la decisión que rechazó el pedido de justificación de la incomparecencia de Estrada a la audiencia de formalización y que hizo lugar a la solicitud fiscal de requerir al Congreso Nacional el desafuero a los fines de provocar su comparecencia no resulta revisable”.

“La formalización de la investigación constituye el primer acto de defensa material, dicho trámite no afecta garantías, sino que habilita al imputado a conocer los hechos, proponer pruebas y ejercer su defensa”, sostuvieron los magistrados.

Los jueces aclararon en su acordada que, “la mencionada Ley de Fueros autoriza al tribunal a seguir adelante con el procedimiento judicial “hasta su total conclusión” y no impide que se cite al legislador a prestar declaración. En tal sentido, dispone que el acto de indagatoria (asimilable al de la audiencia de formalización de la investigación prevista en el actual código procesal) no se considera una medida restrictiva de la libertad y, expresamente prevé que en caso de que el legislador no concurriere a prestarla, el tribunal solicitará al órgano que corresponda su desafuero”.

El pasado mes de junio, con los votos de los jueces Guillermo Elías, Mariana Catalano y Alejandro Castellanos, en disidencia parcial, la Sala II resolvió declarar “mal concedida” la apelación y devolver las actuaciones al Juzgado Federal de Garantías N.º 2, donde se originó el planteo, manteniendo el pedido de desafuero solicitado por el fiscal federal de la causa, Carlos Amad.

La Corte Suprema deberá resolver la competencia del juzgamiento contra el diputado nacional. Si es la justicia Federal en lo Criminal y Correccional N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello y en la fiscalía de Guillermo Marijuan, o la jueza Claudia Puertas, del Juzgado de Garantías 8 de la justicia provincial.

El abogado de Emiliano Estrada, Jorge Ovejero entiende que es un tema central la competencia del juicio, “hasta que no se defina la competencia del juez natural de la causa, el ejercicio del derecho de defensa de Estrada es imposible, ya que no se puede exigir que declare repetidamente ante diferentes jueces”

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