POLITICA
El Congreso prepara una declaración por el fallo contra YPF con el objetivo de proteger el paquete accionario
Los legisladores de las fuerzas de la oposición se preparan para avanzar rápidamente con proyectos de declaración en donde se oponen al fallo de la justicia de los Estados Unidos que busca que el Estado argentino pague un juicio con el 51% de las acciones de YPF. Tanto en el Senado como en Diputados, desde los bloques opositores ingresaron textos que buscan que el Congreso de la Nación se expida para ratificar el artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF, la Ley 26.741, que regula la expropiación de acciones y establece que las transferencias de las acciones tienen que ser aprobadas por el Congreso de la Nación.
En el Senado de la Nación ingresó un proyecto del radical Maximiliano Abad, que acompaña su correligionario Pablo Blanco, quien señaló que “el interés argentino y la autonomía del país se defienden con apego a la ley, respeto a la Constitución y con una verdadera política de Estado”. El proyecto sostiene que el cumplimiento del fallo dictado por la jueza Loretta Preska, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que condena al Estado argentino a ceder el 51% de sus acciones como pago parcial de la sentencia, “constituiría un grave avasallamiento a la soberanía nacional y al principio de inmunidad soberana y no injerencia reconocido por el derecho internacional”.
El partido radical, que preside Martín Lousteau, emitió un comunicado en donde señala que “exhorta a todas las fuerzas políticas a defender YPF porque constituye una causa común de todos los argentinos”.
En Diputados, el proyecto fue presentado por Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal y establece que “toda medida o acción tendiente a ceder, enajenar, transferir, comprometer o disponer directa o indirectamente de acciones de YPF S.A. pertenecientes al Estado Nacional deberá ser votada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso”. Además, señala que cualquier medida sin la autorización del Congreso “será nula de nulidad absoluta y carecerá de validez legal”. Por último, intima al Ejecutivo Nacional a “abstenerse de realizar actos jurídicos que impliquen, directa o indirectamente, el desapoderamiento de acciones”.
El bloque de la UCR en la Cámara Baja también presentó un proyecto de declaración en donde expresan “preocupación por la sentencia por las acciones de YPF“. En la iniciativa que presentó Lisandro Nieri con el acompañamiento de varios de sus colegas de bloque, manifiestan su rechazo a la decisión judicial de EE. UU., ya que “no respeta el principio de soberanía jurisdiccional e inmunidad de soberanía vulnerando tratados internacionales en los que ambos países son partes. También, desconoce la legislación interna argentina”.
Las iniciativas cuentan con el apoyo de los bloques de Unión por la Patria y los legisladores que responden a las provincias. Resta aún saber qué posicionamiento tomará el PRO y La Libertad Avanza.Desde el partido amarillo respondieron que aún no habían visto los textos. Pero el posicionamiento de quien fue el jefe de los abogados del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, planteó que el fallo “viola muchos principios, leyes americanas y leyes argentinas” y que el fallo le pide al Estado “que incumpla una ley del Congreso. Por lo menos tiene que haber una declaración conjunta firmada para apoyar la necesidad de no violar una ley. No puede una jueza americana pedirle al Estado argentino que cambie su ley o que se siente a negociar. Eso es inmiscuirse en asuntos internos de un estado extranjero y esto no puede pasar”, insistió.
Por el lado de los libertarios, fuentes parlamentarias tanto del Senado como de Diputados señalaron que “aún no hay un posicionamiento” respecto de los proyectos presentados y que, además, “no hay todavía una bajada de línea” desde la Casa Rosada.
Un dato no menor es que ayer, en medio de la sesión, el diputado libertario Santiago Pauli tuvo un discurso en el que señaló que la estatización de YPF “fue un robo perpetrado por el kirchnerismo y sus socios”. Esto generó el fuerte rechazo de los bloques que encabezó Pablo Juliano, de Democracia, quien, en un encendido discurso, criticó la postura libertaria: “Ojo con hacer la chiquita. Saquemos una resolución que le diga a la jueza norteamericana que no le vamos a entregar ninguna acción porque defendemos nuestra soberanía”.
Más tarde, Miguel Ángel Pichetto adelantó el envío del proyecto y pidió a los diputados libertarios mesura. “Lo que se dice acá repercute en el juicio. Cortan los videos y los usan como pruebas”.Por último, recordó que la expropiación de YPF “permite que este Gobierno tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburo, gas y petróleo” y que la ley de estatización “tuvo mayorías aplastantes en ambas cámaras”.
Si la oposición logra llamar a una sesión tanto en Diputados como en el Senado antes del receso de invierno, lo más probable es que se voten estos proyectos en busca de bloquear la pérdida de acciones de la petrolera.
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POLITICA
Manuel Adorni compró su departamento en Caballito por 230 mil dólares y dos jubiladas financiaron el 87%
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo la lupa de la justicia tras la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares. La operación, que se concretó el 18 de noviembre de 2025, llamó la atención por la estructura financiera: dos jubiladas le prestaron el 87% del monto total de la operación.
Según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble, la vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas (72 años, domiciliada en Flores) y Claudia Sbabo, quienes no solo figuraron como vendedoras, sino también como acreedoras de un crédito hipotecario de USD 200 mil. Cada una aportó el 50% del préstamo, lo que permitió a Adorni completar la compra.
El informe registral, al que accedió La Nación, detalla que el crédito quedó asentado a nombre de las dos jubiladas, que ahora figuran como acreedoras en partes iguales. Antes de esta operación, el inmueble había sido propiedad del exfutbolista Hugo Alberto Morales.
La adquisición en Caballito no fue el único movimiento inmobiliario de Adorni en noviembre de 2025. Ese mismo mes, el funcionario también compró una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, aunque esa vivienda figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.
Sin embargo, en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no informó la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco, lo que generó nuevas sospechas sobre la evolución de su patrimonio.
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El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete. Entre los requerimientos figuran oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de identificar activos no declarados tanto de Adorni como de su esposa.
La fiscalía justificó el pedido en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez Lijo.
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Una denuncia y dudas sobre el origen de los fondos
La diputada Marcela Pagano denunció que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal y marcó inconsistencias en sus declaraciones juradas. Entre ellas, mencionó la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por más de $16 millones, así como la incorporación de USD 24.500 en efectivo que, según el funcionario, provendrían de préstamos familiares.
Uno de los focos de la investigación es la compra de un departamento en Caballito, que se habría concretado mediante un crédito hipotecario otorgado por las propias vendedoras, dos jubiladas que quedaron como acreedoras. Los investigadores buscan esclarecer tanto la titularidad como el origen de los fondos utilizados y posibles vínculos entre las partes.
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Además, surgieron dudas por un lote en el country Indio Cuá: las expensas figuran a nombre de Angeletti, lo que sugiere una relación no declarada. En sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción, Adorni solo informó la mitad de un departamento en Capital Federal y una propiedad en La Plata, sin mencionar bienes en countries. Se espera que en las próximas semanas haya novedades clave para determinar si existieron omisiones o irregularidades.
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Para recuperar la agenda, Javier Milei necesita cambiar la percepción. Para cambiar la percepción, primero está obligado a reconstruir su propia autopercepción: tranquilizar la interna y mirarse otra vez en el espejo de la virtud. Gobernar es autopercibirse y ser percibido. El caso YPF les acaba de dar una oportunidad única a los libertarios: un triunfo histórico para la Argentina, que evitó un riesgo legal y macroeconómico grave, alcanzado justo en la Procuración General del Tesoro mileísta, ni antes ni después. Con Alberto Fernández, en 2023, hubo fallo en contra de la Argentina; con Milei, en 2026, fallo histórico a favor en el nivel de la apelación: sobre esa cronología contrastante, Milei y sus huestes tejen su batalla cultural contra Axel Kicillof y el kirchnerismo. Oxígeno después de semanas de zozobra.
Aún con un fallo en segunda instancia favorable a la Argentina, el caso YPF cae en la mesa política y abre un portal a la puja ideológica. La primera cuestión es: ¿el fallo avala la expropiación diseñada por el gobierno kirchnerista en 2012, con Kicillof, ministro de Economía de entonces, como su principal vocero? ¿Celebrar el fallo es darle la razón al kirchnerismo?
El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York es claro, pero obliga a una lectura respetuosa. Ofrece tres conclusiones centrales. Primero, que la sentencia debe basarse en la ley argentina, en este caso la ley de expropiación. Segundo, que en ese marco, que la jueza Preska interpretó incorrectamente, no se trata de un contrato entre partes en las que una tiene el derecho de reclamar ante la otra: en la ley argentina, el Estado tiene potestades amparadas legalmente en el caso de una expropiación. Es un tema de derecho público antes que de derecho comercial. Tercero, que las empresas del Grupo Petersen y el fondo Eton Park, que demandaron a la Argentina en la justicia de Nueva York, pudieron haber litigado ante el Estado argentino: el fallo reconoce que dentro de la ley argentina, había argumentos posibles para una demanda. De hecho, observa que otros accionistas minoritarios demandaron en la Argentina y obtuvieron resarcimiento.
Sobre el reconocimiento de la ley argentina por parte del fallo, el kirchnerismo construyó una interpretación engañosa: un aval a la expropiación. También afirman que el fallo apoya el argumento que sostuvo Kicillof en 2012: que el Estado argentino estaba habilitado para incumplir el Estatuto de YPF. Pero la Cámara de Apelaciones dice lo contrario: es contundente en su condena a la violación del Estatuto. Las páginas 50 y 51 del fallo son clave para reponer la verdad, contraria a la versión del kirchnerismo.
En esos párrafos, la Cámara sostiene argumentos centrales. Primero, que “ninguna de las partes involucradas en estos dos casos disputan que la República haya violado el Estatuto de YPF”. Segundo, que el Estatuto, tal como fue redactado, buscó generar mecanismos de protección fue la estrategia para atraer inversores en 1992, cuando se privatizó: “La razón fue asegurarle a los inversores privados, muchos de los cuales estaban basados en Estados Unidos, que estarían protegidos en el caso de que la República decidiera renacionalizar la mayor compañía de petróleo y gas si los vientos económicos y políticos cambiaban alguna vez como sucedió a principios de 2010”. El Estatuto de YPF no fue un capricho de accionistas oportunistas, como sugirió Kicillof en las declaraciones de 2012 que pasaron a la historia. Ese Estatuto se derivó de la Ley de Privatización de YPF, y surgió de un decreto del gobierno de Menem.
Y tercero, el fallo plantea un futuro cuestionable para la Argentina dado la violación del Estatuto que el kirchnerismo defendió y defiende: “La resistencia a cumplir las protecciones dos décadas después hecha dudas sobre la seguridad de inversiones extranjeras”.
¿Cómo es que el fallo respeta la ley argentina y al mismo tiempo condena la violación del Estatuto? Para la Cámara pasan tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, es correcto que el reclamo se sustancie en Nueva York porque YPF cotiza en la bolsa neoyorquina, un reclamo de jurisdicción que la gestión de Macri perdió en 2019 ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Por otro lado, aunque es la justicia de Estados Unidos, el fallo debe basarse en la ley argentina. Finalmente, aunque condena la violación del Estatuto, esa violación pudo reclamarse ante la justicia argentina, en el marco legal argentino.
Para un presidente libertario, el triunfo legal en el caso YPF tiene algo de victoria paradójica: el gobierno de Milei termina celebrando como propio el reconocimiento de la legalidad de una expropiación kirchnerista que, en realidad, violenta el derecho de propiedad privada que la gestión libertaria dice defender con el cuchillo entre los dientes. Por eso el anuncio de Milei el viernes, en cadena nacional: el envío al Congreso de una ley de Eexpropiaciones que dé más garantías a la inversión privada.
Hay que volver a esas palabras de Milei que se alinean con la sutileza del fallo de la Cámara de Apelaciones. El Gobierno está obligado a decir dos cosas al mismo tiempo: que el fallo es producto de una estrategia legal incuestionable porque evitó el pago de los 16.000 millones de dólares fijados por la jueza Preska, aunque tuviera que basarse en la ley de expropiación: el pragmatismo de la astucia legal. Al mismo tiempo, plantea que toda expropiación es dañina e inmoral.
En el caso del kirchnerismo, el fallo de la Cámara de Apelación lo obliga a hacer malabares con la memoria completa: aprovecha el fallo para celebrar la estatización de 2012 y al mismo tiempo borrar el origen de una YPF deficitaria llegado 2012, los efectos colaterales críticos de la política energética del kirchnerismo y del ingreso sospechoso del Grupo Petersen a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Luego del fallo, el kirchnerismo construyó una realidad paralela. La letra del fallo lo desmiente.
El lugar que la Argentina le dio al tema corrupción del Grupo Petersen es polémico. Hay consenso en que hubo una política de Estado sostenida por los gobiernos de Macri, Fernández y Milei en relación a los argumentos de la ley aplicable. La gran diferencia pasa por el lugar dado al rol del Grupo Petersen y Néstor Kirchner en YPF.
En ese punto, la política de Estado se rompe: mientras que el gobierno de Macri impulsó un discovery para investigar ese tema en España, el gobierno de Alberto Fernández lo cerró. Desde la ONG Republican Action for Argentina, el abogado Fernando Irazu sostiene que la gestión de Milei está más alineada con ese objetivo. El abogado Enrique Bruchou, comprometido con el caso, plantea que ningún gobierno avanzó decididamente en la responsabilidad penal de la familia Eskenazi y los Kirchner.
El éxito de YPF no frenó la agenda que complica al Gobierno. La realidad también le ofrece munición gruesa a la oposición. El caso Adorni no va a dejar tranquilo al Gobierno aunque se esfuerce: los datos que se conocieron ayer en sobre el departamento comprado por Adorni en noviembre y la hipoteca privada con la que se habría financiado generan más preguntas que respuestas. Faltan las precisiones oficiales del jefe de Gabinete.
Surgen dudas atendibles sobre el rol de las dos jubiladas que intervienen en la operación, sobre su capacidad financiera para aguantarle a Adorni el pago de 200.000 dólares, su nivel de gastos antes y después de la operación de venta y la hipoteca, la capacidad de pago de Adorni, el origen de los fondos necesarios para cumplir con la hipoteca y las obligaciones de la escribana y el agente inmobiliario en el caso de una venta donde interviene una Persona Políticamente Expuesta, según la resolución de la UIF. ¿Aplica esa resolución en el caso de hipotecas entre particulares, sin intermediación del sistema financiero?
Hay más preguntas: el precio del metro cuadrado de la venta y la brecha con los valores de la zona y la diferencia entre el valor que habría pagado Adorni, los 230.000 dólares, y el precio pagado por las dos propietarias tan sólo meses antes, cuando adquirieron el departamento. De avanzar con esa estrategia, Adorni estará obligado a contestar más preguntas, no menos. El “fin” está lejos.
“Inusual”: así define a la operación un experto en lavado de activos. Para la venta de un inmueble usado, el esquema no es común. Podría darse entre familiares o personas muy cercanas, pero obliga a hacerse preguntas: ¿las propietarias de 62 y 74 años tienen capacidad para vivir en otro lugar sin haber cobrado por la venta del departamento? Entre desarrolladores inmobiliarios que venden desde el pozo, es una arquitectura algo más frecuente, pero implica un esquema más sofisticado.
En el caso $LIBRA, el celular de Mauricio Novelli se volvió una especie de archivos de Jeffrey Epstein, salvando las distancias: la justicia y los medios no paran de hacer minería de datos que conducen a nuevas revelaciones, que cada día complican un poco más al Gobierno. A veces, el caso Adorni lo saca del centro de la escena. El caso Tapia también le resulta funcional al Gobierno en su épica de transparencia. Pero todo es efímero y al mismo tiempo, insistente.
La agenda política adquirió dinámica de calesita: los temas giran y se suceden, pero son pocos y recurrentes. Transcurrido apenas el primer trimestre de este año, el Gobierno ya se encamina al próximo año electoral con algunos de los puntos de debate para la campaña presidencial ya definidos. Podrá citar YPF como éxito y polarizar así con Kicillof y el kirchnerismo. Pero volverá a darse con una pared en los casos Adorni y $LIBRA. No tiene mucha opción.
Las reformas sancionadas en el Congreso también oscilan entre la algarabía del éxito y los frenos judiciales: el fallo del juez laboral Raúl Ojeda, que frenó 82 artículos de la reforma laboral ante un pedido de la CGT, es la primera señal. La economía será el gran árbitro: si funciona, el Gobierno tiene altas probabilidades de llevarse la sortija, a pesar de todo.
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POLITICA
Milei envió al Senado los pliegos para cubrir 62 vacantes en la Justicia: quiénes son los candidatos a camaristas, jueces, fiscales y defensores
Javier Milei envió hoy al Senado la postulación de 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces para cubrir 62 de las más de 300 vacantes que persisten en el Poder Judicial de la Nación. “Todos los pliegos de esta primera tanda, firmados por el Presidente”, confirmó el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en su cuenta de X.
Los pliegos, según pudo confirmar Infobae, ingresaron al Senado en dos tandas a lo largo del lunes. La mayoría de los cargos corresponde a tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense. Serán girados a la Comisión de Acuerdos, pero no podrán ser tratados hasta que tomen estado parlamentario en una sesión de la Cámara alta. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, señaló que su intención es que el Senado sesione la semana próxima.
De las más de 300 vacantes judiciales existentes, el Poder Ejecutivo propuso cubrir 62 cargos en esta primera etapa, con postulaciones dirigidas principalmente a tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. El proceso requiere que los pliegos sean analizados primero por la Comisión de Acuerdos del Senado y luego tratados en sesión, lo que podría ocurrir la semana próxima, según anticipó la conducción oficialista.
Entre las designaciones se destaca la de Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Es hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que elaboró la terna de la que el Ejecutivo lo seleccionó. Desde el entorno del magistrado aclararon que Horacio Rosatti no participó del plenario en el que se votó esa terna, que salió por unanimidad con 19 consejeros, y que el candidato ingresó al Poder Judicial casi diez años antes que su padre.
En la misma tanda figuran Ana María Cristina Juan, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la investigación por el caso $LIBRA; y María Julia Sosa, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires, secretaria del juzgado federal del juez Julián Ercolini.
Los 62 pliegos son un primer movimiento sobre un problema de escala mayor. El 36,5% de los cargos que integran la justicia nacional y federal está vacante. A ese ritmo, según la preocupación que circula en el entorno de la Corte Suprema, ese número podría escalar al 42% en julio. La situación es todavía más crítica en la Procuración que conduce Eduardo Casal: el 46% del Ministerio Público está sin cubrir, y en esta primera tanda Mahiques incluyó un cargo del Ministerio Público Fiscal.
Un dato que no pasó inadvertido: ninguno de los pliegos enviados corresponde a Comodoro Py, el fuero federal donde se investigan los casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. El 31% de los tribunales de Retiro está vacante y hay siete fiscales federales con trámites jubilatorios iniciados.
El nuevo reglamento que el Senado aprobó el 18 de marzo establecer que los pliegos deberán publicarse con al menos 15 días corridos de anticipación a la audiencia pública y comunicarse a los poderes legislativos provinciales cuando los cargos correspondan a jurisdicciones del interior.
Lo que sigue es la negociación en el Senado —donde el oficialismo no tiene mayoría propia— y la definición de qué viene en la segunda tanda.
Listado completo de pliegos, por jerarquía
Cámara Nacional de Casación
1- Nicolás Grappasonno — Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Cámaras de Apelaciones y Tribunales Orales Federales
2- Emilio Santiago Faggi — Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala 3
3- Lureano Alberto Durán — Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala 3
4- Yamile Susana Bernan — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
5- Santiago Quián Zavalía — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
6- Paula Andrea Castro — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
7- Samanta Claudia Biscardi — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
8- Osvaldo Felipe Pitrau — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
9- Analía Victoria Romero — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
10- Lucila Inés Córdoba — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K
11- Alejandro Javier Catania — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico
12- Juan Pedro Galván Greenway — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico
13- Jorge Djivaris — Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal
14- Walter Fabián Carnota — Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social
15- Fernando Strasser — Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social
16- María Verónica Micheli — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires
17- Carlos Fabián Cuesta — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires
18- María Julia Sosa — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires
19- Claudio Ricardo Silvestri — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires
20- Pablo Ezequiel Wilk — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, provincia de Buenos Aires
21- Pablo Javier Flores — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires
22- Javier Matías Arzubi Calvo — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín, provincia de Buenos Aires
23- Nicolás Ramón Ceballos — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal
24- Ricardo Santiago Lombardo — Juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal
25- Ivana Sandra Quinteros — Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal
26- Nicolás Antonio Pacilio — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal
27- Hugo Fabián Decaría — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal
28- Federico Novello — Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal
Jueces federales
29- Gerardo Daniel Cacace — Juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa, provincia de Formosa
30- Emilio Rosatti — Juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de Santa Fe
31- Walter Alberto Rodríguez — Juez del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Santa Fe, provincia de Santa Fe
32- Ana María Cristina Juan — Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires
33- Diego Allievi — Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 de la Capital Federal
34- María Laura Ameri — Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 3 de la Capital Federal
Jueces nacionales en lo Criminal y Correccional
35- María Gloria Capanegra — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal
36- Santiago José Jaimes Munilla — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal
37- Pablo Federico Moya — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 de la Capital Federal
38- Laura Fabiana Kvitko — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 de la Capital Federal
39- Santiago Alberto Poncio — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal
40- Paula Fuertes — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal
41- Soledad Eugenia Mariño — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal
42- Ignacio Labadens — Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal
Jueces nacionales en lo Civil
43- Laura Wiszniacki — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62 de la Capital Federal
44- Ezequiel Javier Sobrino Reig — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 de la Capital Federal
45- Julián Herrera — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal
46- Juan Martín Balcazar — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95 de la Capital Federal
47- Germán Augusto Degano — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 de la Capital Federal
48- Javier Alberto Santiso — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal
49- Santos Enrique Cifuentes — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Capital Federal
Fuero Comercial
50- María Agustina Boyajian Rivas — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22 de la Capital Federal
Fiscalías
51- Juan Andrés Moldes — Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico, Fiscalía N° 1
Defensores
52- María Inés Reston — Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1
53- Felipe Alberto Alliaud — Defensor Público Curador, Defensoría Pública Curaduría N° 4
54- Marcela Lorena Sasso — Defensora Pública de Menores e Incapaces, Defensoría N° 3
55- Verónica Mabel Polverini — Defensora Pública de Menores e Incapaces, Defensoría N° 7
56- Lucas Marcelo Bellotti San Martín — Defensor Público de Menores e Incapaces, Defensoría N° 2
Conjueces
57- Lucila Califano — Conjuez de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil con competencia en asuntos de familia y capacidad de las personas
58- Paula Diana Marinkovic — ídem
59- Claudia Inés D’Acunto — ídem
60- Ramiro Santo Fare — ídem
61- Raúl Augusto Montesano — ídem
62- Adrián Jorge Hagopian — ídem
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