POLITICA
El Congreso se prepara para tratar los vetos de Milei: la oposición busca aliados y el Gobierno activa una doble estrategia
La cadena nacional del viernes profundizó el clima de tensión en el Congreso, donde la oposición tiene por delante el tratamiento de varios proyectos que, según argumentan en la Casa Rosada, afectarían el plan económico de Javier Milei en caso de convertirse en ley.
Según anunció en su discurso, el Presidente impulsará una iniciativa para sancionar a los funcionarios y legisladores que avalen el déficit fiscal. “Usando causas nobles promulgan leyes que llevan a la quiebra de la Nación”, acusó Milei, en el cierre de una semana donde la oposición aprobó 12 proyectos de ley rechazados por los libertarios.
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La Cámara de Diputados recibió el mensaje, pero de igual modo avanzará esta semana con los dictámenes de otros proyectos cuestionados por el Gobierno. Las comisiones sancionarán las iniciativas que impulsan los gobernadores -y que ya cuentan con la media sanción del Senado-, referidas a modificar la coparticipación de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos y al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El tratamiento de los vetos presidenciales
La oposición -con Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda- ya trabaja en la construcción de mayorías para poder lograr los dos tercios del Cuerpo y, de ese modo, hacer caer los vetos Milei a los aumentos de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.
Para eso, el 20 de agosto se impulsará una sesión especial en el Congreso. “No pensamos en el calendario electoral, sino en bajar al recinto cuando tengamos asegurado los dos tercios, para entonces cumplir con las mayorías reglamentarias”, le aseguró a TN un diputado del kirchnerismo.
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Pero el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, siguen de cerca las estrategias y buscan, como en el 2024, blindar los vetos presidenciales. En principio, con 87 diputados, aunque si aumenta el número de legisladores ausentes en una futura sesión, incluso podrían necesitar un acompañamiento menor.
La Constitución establece que el rechazo a un veto presidencial se concreta si ambas cámaras insisten en la sanción original, con una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes; de ese modo el proyecto se convierte en ley.
La reacción en el Congreso
Martín Menem consideró que el discurso de Milei fue “impecable”. “Con la verdad como bandera y sin ceder un centímetro, ratificó el camino que la Argentina necesita y a lo que nos enfrentamos. Ahora tenemos la obligación de pintar de violeta cada rincón del país y, desde el Congreso, defenderlo con la misma firmeza”, posteó en sus redes.
En el mismo sentido, el radical Lisandro Nieri festejó que Milei coincidiera con su proyecto de prohibir al Banco Central financiar al Tesoro, una iniciativa del 2022. El diputado le recordó a TN que, en aquella oportunidad, argumentó que era “inadmisible seguir emitiendo para financiar el desorden fiscal”.
El diputado Juan Fernando Brügge, de Encuentro Federal, mostró una postura antagónica. “El Presidente pretende seguir prorrogando el Presupuesto que viene del 2023, porque así puede, a su gusto, determinar a qué sector de la sociedad beneficia y a qué sector no. Olvidándose de su rol fundamental, y para el que fue votado: cumplir con la Constitución”, le dijo a TN.
“No legislamos con irresponsabilidad. Al contrario: en la Cámara de Diputados hemos dicho que estamos discutiendo estos temas porque la ley de leyes, como es el Presupuesto, el Presidente no la quiere tratar”, concluyó Brügge.
La diputada Danya Tavela, de Democracia para Siempre, sostuvo que el Gobierno es “insensible e inmoral”, mientras que Sabrina Selva, de Unión por la Patria, adelantó: “Seguiremos poniendo un límite en el Congreso a tanto cinismo y tanta crueldad. También necesitamos ponerle un freno en las urnas”.
La agenda parlamentaria y los plenarios de las comisiones
Este martes a las 17 se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento -encabezadas por el libertario Nicolás Mayoraz y la diputada del PRO Silvia Lospennato, respectivamente-, para modificar diversos artículos que regulan el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso Libra, y asegurar su continuidad.
En la mañana del miércoles, las comisiones de Acción Social y Salud Publica -liderada por Pablo Yedlin, de Unión por la Patria- y Presupuesto -presidida por el oficialista José Luis Espert-, avanzarán con un proyecto sobre salud mental que presentó el legislador Facundo Manes.
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Ese mismo día, pero a las 12 y las 16 horas, será el momento de debatir, también en la comisión de Presupuesto, los proyectos en revisión del Senado vinculados a los pedidos de los mandatarios provinciales sobre la coparticipación de los ATN. Junto a la comisión de Energía -encabezada por la libertaria Lorena Villaverde-, se sumará la discusión del impuesto a los combustibles líquidos.
Los debates se cerrarán en el plenario de Presupuesto y de Ciencia y Tecnología -dirigida por Daniel Gollán, de UxP-, donde avanzarán con la declaración de emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para aseguran un “incremento progresivo y sostenido de la inversión” en este campo. La iniciativa es del propio Gollán.
Javier Milei, Diputados, veto
POLITICA
Cristina Kirchner podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria por las marchas de La Cámpora
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que se le llame la atención a la expresidenta Cristina Kirchner por su conducta durante las recientes movilizaciones en las afueras de su domicilio en el barrio de Constitución.
El pedido surge tras la marcha del 24 de marzo, donde la exmandataria permaneció una hora en el balcón saludando a militantes, lo que los fiscales consideran una alteración del orden público. Ante esto, exhortaron al tribunal a realizar una advertencia “bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido” del arresto domiciliario.
Cristina Fernández de Kirchner podría ir a cárcel común. El fiscal Diego Luciani señala desórdenes por una marcha organizada por La Cámpora.
La Justicia evalúa quitarle la domiciliaria. Se imaginan que quede en una celda común? jijoo pic.twitter.com/BzUAlhZX7K
— Luca🦅🇦🇷 (@lucabassua) March 25, 2026
La fiscalía recordó que la condenada debe “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Según el escrito presentado, sucesos como el del 17 de marzo (cuando declaró en Comodoro Py), cuando se registró una “llamativa concentración de personas” frente a su casa en la calle San José, desnaturalizan las condiciones de su detención. Los fiscales señalaron que estas movilizaciones fueron fomentadas por la agrupación La Cámpora a través de las redes sociales y no resultaron espontáneas.
🇦🇷 Cristina Kirchner vioIa los acuerdos de su prisión domiciliaria saliendo a su balcón colgando una bandera política para movilizar a su militancia en la marcha del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
— Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 24, 2026
Para Luciani y Mola, el arresto domiciliario es un beneficio “extraordinario” fundamentado en “la seguridad personal de la peticionante como consecuencia del intento de homicidio que la tuvo como víctima”.
Argumentaron que la exposición pública en el balcón contradice el objetivo de neutralizar riesgos para su integridad y genera una “alteración de la circulación y normal orden del barrio”. Por ello, solicitaron que se exhorte a la exjefa de Estado a evitar situaciones similares para asegurar que las condiciones de seguridad se encuentren completamente garantizadas.
Mientras se analiza este pedido, la Cámara Federal de Casación debe resolver sobre el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, dispuesto tras quedar firme su condena. La defensa se opone al remate de las propiedades, planteo al que se sumaron Máximo y Florencia Kirchner, debido a que la fiscalía extendió el pedido de decomiso a los bienes heredados de Néstor Kirchner. El tribunal deberá decidir si hace lugar a estos recursos o avanza con la ejecución de la medida patrimonial solicitada por los fiscales.
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POLITICA
Una auditoría interna de la Armada de 2016 advirtió que el ARA San Juan tenía fuertes deficiencias técnicas
EL CALAFATE.- Un informe de la Auditoría de la Inspección General de la Armada del 20 de diciembre de 2016 sobre el Comando de la Fuerza de Submarinos, COFS, había advertido casi un año antes de la tragedia que el submarino ARA San Juan presentaba deficiencias técnicas que comprometían la seguridad del material y del personal. Del informe fueron notificados formalmente la cúpula de la Armada y el ministerio de Defensa.
La auditoría, que se encontraba bajo secreto militar, fue uno de los documentos centrales que se analizaron este miércoles en la séptima audiencia del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y la trágica muerte de sus 44 tripulantes, que instruye el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos.
La audiencia puso el foco en las auditorías y procedimientos administrativos que giraron en torno al buque en el último año antes de la tragedia. También, se difundió una nota dirigida al comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide, con fecha del 27 de marzo de 2017, en la cual el comandante del ARA San Juan solicitaba las limitantes del buque y la necesidad que el mismo ingrese a dique seco.
Entre las conclusiones más relevantes de la auditoría que lleva la firma del contraalmirante (R.E.) Guillermo Luis Lezana, quien se desempeñó como Inspector General de la Armada, dictaminó que las fallas encontradas en el equipamiento operativo del ARA San Juan dificultaban su capacidad para cumplir con los planes navales en vigor, advirtió formalmente que el submarino no cumplía con los mantenimientos programados en dique seco con la periodicidad establecida, señalando que para febrero de 2017 la unidad cumpliría tres años sin inspección.
La auditoría señaló que, al no tener la certificación de sus escotillas, el submarino estaba imposibilitado de realizar entrenamientos de escape y rescate con otras fuerzas. Lezana quien prestó declaración testimonial en la causa y figuraba como testigo propuesto por el Ministerio Público Fiscal, no compareció este miércoles a declarar por encontrarse atravesando un problema de salud, según informó el Tribunal. “Creemos que es oportuno que el testimonio sea incorporado por lectura y se posponga su declaración para el momento oportuno”, propuso el fiscal Gastón Pruzán, y fue acompañado por las defensas.
En las declaraciones que constan en el auto de procesamiento, quedó acreditado que la cúpula de la Armada y el Ministerio de Defensa fueron notificados formalmente de que el submarino presentaba deficiencias técnicas.
Sobre el derrotero de la Auditoría en cuestión, se refirió el testigo de fiscalía, Eduardo Pérez Bacchi, -hoy retirado de la fuerza- quien asumió como Inspector General de la Armada el 27 de diciembre de 2016 y aportó declaraciones fundamentales sobre el proceso de seguimiento de la auditoría realizada al ARA San Juan y el estado de sus fallas durante el año 2017.
Este martes, Pérez Bacchi detalló el itinerario administrativo del informe de auditoría, aprobado originalmente en enero de 2017, para que las unidades corrigieran sus fallas: fue remitido al Comando de Adiestramiento y Alistamiento, se enviaron observaciones a la Dirección General del Material de la Armada, una copia del informe fue girado al Ministerio de Defensa y en abril al Comando de la Fuerza de Submarinos.
El 1 de julio del 2017, según Bacchi, vencía el plazo para que los organismos observados informaran sus avances. Señaló que la primera remisión de julio fue un poco confusa por lo que pidió telefónicamente una reformulación que recién llegó de manera clara el 11 de agosto de 2017.
El testimonio de Pérez Bacchi fue crucial durante la instrucción para demostrar que la cúpula naval sabía que el submarino operaba con “fallas de seguridad no subsanadas” y que el proceso de reparación se encontraba demorado o con informes poco claros durante la mayor parte del año 2017.
El auditor también se refirió durante la audiencia que el 25 de noviembre de 2017, cuando habían pasado diez días de la última comunicación del ARA San Juan, por orden del Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, efectuó una auditoría en la Base Naval Mar del Plata para verificar la existencia, vigencia y grado de actualización de la documentación que sustente el nivel de alistamiento y las actividades operativas del submarino, se dio mientras aún estaba vigente la búsqueda del buque.
En este punto, el abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, pidió que su defendido amplíe la declaración indagatoria para responder los informes de auditoría presentados este miércoles en el juicio y darle el derecho a defensa.
“Villamide quiere explicar, defender sobre lo que ustedes han expuesto en pantalla”, afirmó Vigliero y se excusó de hacerle preguntas al auditor sobre el que dijo que presentaba “inexactitudes, sobre las cuales no podría conjugar una línea de interrogatorio” y recordó: “Srur le metió una auditoría cuando Villamide estaba embarcado buscando el submarino”. El Tribunal debe definir cuándo se tomará la ampliación de declaratoria.
El pedido del comandante Pedro Martín Fernández
Durante la audiencia también se reprodujo la nota N° 02/17 “S” SUSJ 3FY, de fecha 27 de marzo de 2017, a través de la cual, el comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, detalló una serie de fallas críticas que limitaban el desempeño operativo de la unidad, tras cumplirse 37 meses desde que el buque fuera puesto a flote después de su reparación de “media vida” y solicitaba el ingreso a dique seco.
En la nota, el marino destacó el estado de los periscopios, el periscopio de observación estaba “fuera de servicio” por el deterioro de sus actuadores hidráulicos, y el de ataque presentaba “cojinetes desalineados”, lo que obligaba a limitar su uso para evitar daños mayores. Fernández advirtió que, si ambos fallaban, el buque quedaría “no operativo”.
También se refirió a la restricción de profundidad en la operatividad hasta un máximo de 100 metros que tenía el submarino debido a una “pinchadura previa en una tubería” a 85 metros de profundidad, y recuerda que restaba realizar la “prueba hidráulica a 62,5 bares” del sistema de refrigeración principal.
El comandante también recordó que se reportó un “fuerte ruido” cada vez que se ordenaba parar máquinas, lo que provocaba una “gran indiscreción” (facilidad de ser detectado) y requería chequear el sistema de transmisión de potencia, por todo lo cual indicaba que eran señales que realizar tareas de carenado. Fernández recordó que, según la normativa para el uso de máquinas navales (NOCEM), estos trabajos deben hacerse cada “24 meses”, y según el plan para submarinos TR1700, cada “18 meses”, plazos que ya estaban ampliamente vencidos.
A pesar de la urgencia del planteo del comandante, la solicitud fue postergada sistemáticamente por las instancias superiores. En abril de 2017, el Consejo Asesor del Arma Submarina, basándose en el pedido de Fernández, recomendó tramitar la “imperiosa entrada a dique”, pero la programó para el primer semestre del año 2018. Según se mostró, el comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, incluyó la solicitud para esa fecha.
Cuando el submarino zarpó en su última misión en octubre de 2017, la entrada a dique seguía pendiente. Para ese entonces, la unidad llevaba más de 40 meses sin entrar a dique seco, excediendo en más del doble el tiempo máximo permitido por las reglamentaciones de seguridad de la propia Armada.
En la jornada de este miércoles también declararon en calidad de testigos el contraalmirante Gerardo Lestingi, quien se desempeñó como Director General del Material de la Armada (DGMN), el contraalmirante Ángel Cucoresse, jefe de la Jefatura de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, -un organismo técnico con sede en la Base Naval de Puerto Belgrano- y Carlos Guillermo Torrissi, jefe de logística de la Fuerza de Submarinos en 2016.
En la sala junto a sus defensas particulares siguen el juicio de manera presencial dos de los cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina imputados: el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide. En tanto que de modo remoto siguen las audiencias el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa.
Mariela Arias,Conforme a,,Análisis. Estamos bien, pero vamos mal,,»Perturbó los tiempos». Acusaciones cruzadas entre Pagano y Bullrich tras el fallo que extendió la estadía de Agostina Páez en Brasil,,La Corte Suprema toma la iniciativa para designar buenos jueces
POLITICA
El Senado debatirá pliegos militares y la designación de la ex legisladora Crexell como embajadora en Canadá
La comisión de Acuerdos del Senado, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), analizará este jueves un ramillete de ascensos militares, entre los cuales se encuentran los principales jefes de las tres fuerzas, y el pliego que propone la exlegisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá.
Sobre el último caso, la oposición kirchnerista busca pegar a Crexell -desde hace largos meses- a un supuesto cambio de parecer ante el debate de la ley Bases de 2024. De hecho, hubo una denuncia que ya fue descartada por la justicia, por lo que el camino para firmar un dictamen y avanzar con este asunto estaría liberado, siempre que haya anuencia entre oficialismo y dialoguistas.
La resistencia del kirchnerismo con Crexell viene de otras épocas, ya que la exsenadora estuvo 12 años en la Cámara alta y, a diferencia del cristinismo, incomodó a diferentes gobiernos. De hecho, una de las opiniones más formadas sobre el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y los vicios de las diferentes administraciones fue estudiado al detalle por Crexell, quien se opuso a la norma 70/23. Recién meses después ocurrió lo de la ley Bases. Los olvidos, casi siempre, son selectivos.
Según la perspectiva de la principal bancada opositora y, como ejemplo, dicho bloque tendría que haber denunciado también a todos los legisladores y “compañeros” que votaron la reforma judicial de la era de Alberto Fernández -se aprobó en el Senado cristinista y quedó noqueada en Diputados-, con una escandalosa creación de decenas de juzgados por todo el país para sumar adhesiones en pleno recinto y a la vista de todos. La miembro informante de ese papelón fue la ultra K María de los Ángeles Sacnun, quien sonó como una eventual candidata de dicho espacio nada menos que para la Corte Suprema.
En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.
Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”, razones por las cuales, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.
Militares
Durante la reunión de Acuerdos también se analizarán las propuestas para promover al grado inmediato superior, con fecha 15 de diciembre de 2025, al general de división Oscar Santiago Zarich. Es quien reemplazó como jefe del Ejército al actual ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti.
Las otras subas de jerarcas apuntan al de la Armada, Juan Carlos Romay, y al del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Alejandro Dalle Nogare. Ambos son vicealmirantes. Además de esto, aparecen expedientes más que demorados de fines de 2021 y 2022.
Premio consuelo
Tras aterrizar hace menos de cuatro meses con llamativas ganas de sumar espacios y poder y, tras quedarse sin presidencia provisional de la Cámara alta, el libertario fueguino Agustín Coto asumiría esta tarde como presidente de la importante comisión de Asuntos Constitucionales. El convite para votar autoridades será media hora antes de Acuerdos, es decir, a las 14.
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