La semana clave para la reforma laboral de Javier Milei continúa hoy a partir de las 10:00 con una reunión decisiva en la Casa Rosada. La mesa política de La Libertad Avanza se encontrará en la previa de la sesión del Senado, convocada para este miércoles, en un clima marcado por la negociación con los bloques aliados que piden la eliminación del capítulo de Ganancias y una creciente tensión sindical en la calle.

El oficialismo llega a esa instancia con el objetivo de ordenar su estrategia legislativa y despejar incertidumbres sobre el texto final que se debatirá en el recinto. La discusión se da mientras la CGT prepara una movilización al Congreso en rechazo al proyecto y sectores gremiales combativos avanzan con medidas de fuerza propias, que incluyen un paro de actividades de transporte y estatales, un plan de lucha que la central obrera rechazó convocar.

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La sesión en la Cámara Alta será el primer gran test parlamentario del año para el Gobierno. En ese marco, la conducción libertaria busca evitar sorpresas y llegar al debate con el mayor nivel de previsibilidad posible, tanto en la votación en general como en los artículos más sensibles.

En Balcarce 50 ya avisaron que están dispuestos a hacer cambios y, en ese contexto, la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades está cada vez más cerca de ser excluida del proyecto por pedido de las provincias, que cuestionan tener que afrontar una nueva caída de recursos coparticipables.

Mientras los gobernadores piden garantías sobre una compensación de esas pérdidas, como volver a coparticipar el Impuesto al Cheque, el senador radical Eduardo Vischi planteó la opción de que Nación y provincias acuerden un nuevo pacto fiscal.

Reunión clave del oficialismo

La mesa política de LLA volverá a encontrarse con la mirada puesta en el poroteo fino del Senado y en la coordinación con gobernadores y bloques dialoguistas. El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la participación de los principales armadores políticos del oficialismo: Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Luis Caputo e Ignacio Devitt.

En la Casa Rosada dan por hecho que la definición de la estrategia no se limitará a un solo punto del proyecto. El foco está puesto en asegurar apoyos y reducir el margen de conflicto durante la sesión, en un contexto en el que cada voto resulta determinante para el Gobierno.

Durante las últimas horas, los contactos con mandatarios provinciales y senadores aliados se intensificaron. El objetivo fue llegar a la reunión política con un panorama claro de los respaldos y de los eventuales costos de sostener o modificar algunos artículos del proyecto.

Además, Bullrich recibió a los presidentes de bloques aliados, en la que acordaron la modificación de unos 30 artículos, según confirmó la titular del bloque de LLA en el Senado, y quedó a un paso la eliminación de Ganancias.

Negociaciones contrarreloj con aliados y gobernadores

En ese marco de negociaciones contrarreloj se sucedieron varias reuniones en la Casa Rosada con mandatarios provinciales aliados, con el eje puesto en el impacto de la reforma y en la necesidad de garantizar el avance de la agenda legislativa.

Desde el Gobierno insisten en que la reforma laboral forma parte del plan para atraer inversiones y mejorar la productividad, un argumento que fue reiterado en los encuentros con dirigentes del interior. Sin embargo, también admiten que el respaldo parlamentario depende de equilibrios frágiles y de acuerdos que deben cerrarse antes de la sesión.

La mesa política evaluará este martes cómo traducir esas conversaciones en votos concretos y qué margen de maniobra tiene el oficialismo para sostener el texto sin abrir nuevos frentes de conflicto en el Senado. La clave está en la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente a los recursos coparticipables y que es el de mayor resistencia de parte de los senadores de las provincias dialoguistas.

La presión sindical y la fractura del frente gremial

Mientras el Gobierno define su hoja de ruta, el sindicalismo mostró señales de fragmentación. La CGT convocó a una movilización al Congreso para el miércoles, pero evitó llamar a un paro general, con la intención de que una demostración masiva en las calles durante el debate legislativo alcance para frenar los artículos más conflictivos para los gremios.

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En paralelo, los gremios del transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron un paro desde las 13:00. La medida afectará vuelos, trenes, subtes y el transporte de carga, con impacto en todo el país, y coincidirá con la marcha cegetista.

A esa decisión se sumaron otros sindicatos industriales y de servicios que optaron por medidas de fuerza propias, que se desmarcaron de la conducción de la CGT para elevar la presión sobre el Senado en la jornada del debate.

En la misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó una huelga de 24 horas con movilización al Congreso y llamó a “parar igual” aunque no exista una convocatoria formal de la CGT, según expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar, en un plenario federal de delegados y horas después de haberse reunido con Pablo Moyano.

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A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió no avanzar con el proyecto de baja de imputabilidad en menores que había enviado el lunes al Congreso, debido a que no contempla la edad que se había consensuado con la oposición en ambas cámaras, y remitir uno nuevo para ser tratado mañana en comisiones.

El Poder Ejecutivo enviará este martes nuevamente un proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil que establece el límite para la punibilidad en menores será de 14 años y no de 13, como establecía el documento que se había remitido al Poder Legislativo al comienzo de la semana.

“Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

La hoja de ruta prevista para los próximos días será la siguiente. Para conseguir el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la constitución de las comisiones clave donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de esta jornada se verá quienes ocuparán la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Mientras que a las 11 se hará lo mismo con la Comisión de Justicia. Ambas deberán fijar sus respectivos presidentes, vices, secretarios y vocales.

La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. La incorporación de esta última comisión se produce porque, además de tener un efecto concreto en la baja de la edad en la cual un menor cumple responsabilidades penales, el proyecto tiene una importante implicancia presupuestaria.

En el artículo 51 se determina la asignación de $23.739.155.303,08 para la implementación del nuevo régimen, detallando las partidas que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.

El texto también habilita la posibilidad de acuerdos entre las provincias y la Nación para el envío de partidas presupuestarias específicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones. “Este último punto fue negociado desde el Ejecutivo y el mismo bloque de LLA en Diputados, presidido por el diputado nacional Gabriel Bornoroni, quien fue el principal responsable de convencer internamente la necesidad de movilizar de manera exprés el debate y fijar la edad de imputabilidad en 14 años”.

Pese a que ciertos sectores del oficialismo marcaban la necesidad de bajarla a los 13 años, la posición de opositores aliados al Gobierno como el PRO y la UCR ya estaba fijada en 14 años. “Ese fue el consenso”, marcaron a Infobae. Así, el régimen penal juvenil presentado replica el espíritu del texto del año previo, proponiendo penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto y sin posibilidad de reclusión perpetua.

El proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado esta barrera era de 20 años.

El enfoque del proyecto busca dar respuesta a las inquietudes sociales en materia de inseguridad asociada a adolescentes y desarticular posibles usos de menores como instrumentos para el delito, considerando que en la actualidad los menores de dieciséis años son inimputables. El texto promueve medidas de resocialización como prioritarias. Para los menores de hasta quince años imputados por delitos graves, los jueces tendrán la potestad de dictar privaciones de libertad, aunque deberá prevalecer la reinserción social.

Los delitos menores quedarían sujetos a sanciones no privativas de libertad, incluyendo tareas comunitarias y la obligación de reparación del daño causado, evitando la institucionalización salvo como último recurso. El Gobierno también propone la creación de institutos especiales donde los menores condenados cuenten con garantías de acceso a la educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, conforme a un personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de cualquier convivencia entre menores y adultos detenidos.

El texto subraya derechos reforzados para los imputados durante el proceso judicial: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada instancia, elementos que fueron motivo de debate presupuestario y que ahora aparecen previstos en la nueva estructura financiera del proyecto.

La Argentina cayó cinco puestos en el ranking de índice de Percepción de la corrupción que realiza la organización Transparencia Internacional, que año a año analiza el desempeño de los países a nivel global. El país pasó del puesto 99 en el 2024 al 104 en el 2025, con 36 puntos sobre 100, en el segundo año de mandato del presidente Javier Milei. De esta manera se ubica en el puesto 106 entre 182 naciones.

El nuevo informe se conoció luego del procesamiento sin prisión preventiva del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa por corrupción en el organismo. Sumado al caso Libra y a la renuncia de Demian Reidel como titular de Nucleoeléctrica Argentina en medio de sospechas de sobreprecios.

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La organización advirtió, en el caso de la Argentina, que “las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables”. La Argentina comparte el puesto con Belice y Ucrania, y está por encima de otros países como Zambia, Lesoto, Gambia, y República Dominicana.

La Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países en América, donde quienes tienes mejores puntuaciones son Canadá (75 puntos) en el puesto 16, y Uruguay (73 puntos) en el puesto 17. Mientras que Nicaragua y Venezuela son los países con las peores calificaciones del continente.

El presidente de Poder Ciudadano, Martín D´Alessandro, dijo al respecto que “es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo». Advirtió que “en el caso de la integridad, y a la luz de la evidencia internacional disponible, estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente».

Mientras que el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, explicó: “Las malas novedades para la Argentina en este índice están relacionadas con la ausencia total de interés por parte del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción».

Secchi le hizo fuertes advertencias al Gobierno en materia de transparencia, luego de la difusión de un nuevo informe de Transparencia Internacional: “Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos de $LIBRA y la Agencia Nacional de Discapacidad que, además de la sospecha de corrupción, no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”.

Javier Milei, Corrupción