POLITICA
El Congreso vuelve a incomodar al Gobierno: la oposición reactiva la comisión investigadora del caso Libra
Este martes la oposición logró, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, el dictamen de mayoría para modificar la resolución que creó en Diputados la comisión investigadora por el caso Libra. De esta manera, siempre que se terminen eligiendo a las autoridades, se podría destrabar su funcionamiento, lo que no se consiguió en estos tres meses.
La Libertad Avanza, con dictamen de minoría, entendió que los plazos de funcionamiento de la comisión, que debe determinar la presunta responsabilidad del Javier Milei en el escándalo de la criptomoneda, ya están vencidos.
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Pero en nombre de la oposición, el diputado Oscar Agost Carreño -de Encuentro Federal- consideró lo contrario. “Hicimos los deberes. No nos dejaron votar propuestas en el recinto y trajimos este debate a la comisión”, argumentó el legislador, en la misma postura que impulsan los bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
El plenario fue encabezado por el libertario Nicolás Mayoraz, titular de Asuntos Constitucionales. La otra comisión -Peticiones, Poderes y Reglamento- es encabezada por Silvia Lospennato, del PRO, quien solo participó como oyente del debate parlamentario de este martes. La reunión se convocó a partir del emplazamiento que Diputados votó el miércoles pasado.
La propuesta de la oposición se basó en la iniciativa del diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), presentada en la sala de reuniones por Agost Carreño, que busca destrabar su funcionamiento con la designación de las autoridades.
“La comisión (investigadora) designará a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate, para elegir presidente, el cargo se asignará al candidato que sea respaldado por los miembros cuyos bloques parlamentarios, sumados, tengan la mayor cantidad de diputados en el pleno de la Cámara”, dice, en lo que se refiere a la modificación del artículo 4, en la reglamentación de su conformación.
Otro de los artículos a modificar, de acuerdo a esta propuesta, es el décimo. “La Comisión Investigadora tendrá plazo hasta el 10 de noviembre de 2025 para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones. Una vez agotado el objeto de la investigación, o alcanzada dicha fecha, lo que ocurra primero y dentro de los diez días corridos, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos”, señala este inciso.
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Juan Carlos Giordano, diputado del Frente de Izquierda, acusó al Gobierno de “tratar de impedir que se ventile el tema y nuevas revelaciones que puedan surgir en la campaña electoral”. En tanto, la legisladora Sabrina Selva, de Unión por la Patria, destacó que con esta comisión “empezará a funcionar un organismo que investigará al presidente Javier Milei en un hecho que fue un escándalo”.
Las críticas del oficialismo
Desde la Libertad Avanza, los diputados Álvaro Martínez y Nadia Márquez defendieron el dictamen de minoría que rechaza los cambios a la resolución de la creación de la Comisión Investigadora, dado la caducidad de su funcionamiento. “No se puede modificar algo que esta vencido”, insistió Martínez.
En diálogo con TN, el radical libertario Pablo Cervi fue en el mismo sentido. “Los plazos están vencidos: ya se cumplieron los 90 días desde que la comisión investigadora se constituyó -explicó-. No logró designará a sus autoridades y fue coordinada por el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán. En estos momentos están transcurriendo los 30 días que tiene la comisión para hacer el informe final”.
Los tiempos legislativos de la comisión investigadora
Para la oposición, los tratamientos de estos dictámenes se darán en una próxima sesión. El pedido de convocatoria podría ser para la próxima semana, más precisamente, el miércoles 20 de agosto. Pero como todas las fuerzas políticas se encuentran en medio del cierre de las listas de candidatos para las elecciones del próximo 26 de octubre, es posible que se postergue.
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Por lo tanto, los líderes del frente opositor deberán hacer el correspondiente poroteo de votos y evaluar la construcción de mayorías para convocar a la sesión especial. Saben que tendrán que sumar 129 diputados en sus bancas, lograr el quorum reglamentario y poder sesionar.
Los alcances y las limitaciones de la comisión investigadora del caso Libra
La comisión se creó el 8 de abril por resolución del Cuerpo de Diputados, con 128 votos afirmativos, 93 negativos y siete abstenciones. Estaría abocada a determinar la presunta responsabilidad del Presidente en el caso de la criptomoneda Libra.
Para eso, se citó al Parlamento al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. También al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva. Solo Francos concurrió a la interpelación.
Los legisladores en ningún momento lograron elegir a las autoridades de la comisión, y terminaron con el secretario parlamentario Adrián Pagán coordinando las reuniones. Hubo dos intentos por destrabar la paridad —entre oficialistas y opositores— de los 28 diputados integrantes de la comisión. Ambos fracasaron.
Para el oficialismo, el 30 de julio pasado se cumplieron los tiempos de la comisión —los 90 días de trabajo—, mientras que para la oposición esos tiempos nunca se iniciaron, ya que el conteo comienza desde la designación de las autoridades, lo que en definitiva, jamás ocurrió.
Diputados, Libra, criptomonedas
POLITICA
Un grupo de dirigentes radicales presentó un amparo contra el DNU que reformó la Ley de Inteligencia
Un grupo de exdiputados nacionales, integrado por Leopoldo Moreau, Federico Storani, Luis Changui Cáceres, Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile, presentó ante la justicia una nueva acción de amparo en rechazo al DNU del presidente Javier Milei que modificó la Ley de Inteligencia. Lo hizo con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025.
En la presentación judicial se destaca que, “las normas impugnadas lesionan de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, de asociación, de participación política y de peticionar a las autoridades”.
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Asimismo, los firmantes solicitaron “como medida cautelar urgente la suspensión inmediata de la aplicación y efectos de las normas impugnadas, hasta tanto recaiga sentencia definitiva, en resguardo de la tutela judicial efectiva y frente al riesgo cierto de producción de daños de imposible o muy dificultosa reparación ulterior”.
En su presentación, los exlegisladores destacaron que los artículos e incisos de la ley modificada por DNU habilitan “tareas de contrainteligencia, recolección de información y su intercambio sin control judicial previo ni delimitación precisa de alcances subjetivos y materiales”. Y subrayaron: “La sola entrada en vigencia del DNU impugnado produce efectos jurídicos inmediatos, al ampliar de forma automática las facultades de los organismos de inteligencia y habilitar la realización de tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo”.
También plantearon que las reformas al sistema de Inteligencia implementadas por la administración de Javier Milei, como la disolución de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) con el DNU 614 del 2024 y la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado, “sin debate legislativo ordinario, pone de manifiesto la falta de previsión, estabilidad y razonabilidad normativa en una materia de alta sensibilidad constitucional, y refuerza la necesidad de que dicho régimen sea objeto de deliberación y decisión por el Congreso de la Nación”.
Asimismo reafirmaron la inconstitucionalidad de la norma y dejaron en claro que, “las disposiciones introducidas por el DNU 941/2025 afectan de manera directa, actual y estructural un conjunto de derechos y garantías constitucionales cuya vigencia resulta indispensable para el funcionamiento del sistema democrático. No se trata de eventuales riesgos futuros, sino de lesiones que derivan de la sola vigencia del régimen normativo impugnado”.
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Nuevos rechazos al decreto presidencial
En los últimos días los diputados del interbloque Unidos, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, de la Coalición Cívica y el socialista Esteban Paulón también presentaron un amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia y pidieron que “se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”.
“Es un interés bien concreto, personal, inmediato y sustancial el que intentamos preservar: el de hacer posible nuestro derecho político a actuar como legisladores, en el ámbito del órgano que integramos, y a fin de persuadir en determinado sentido a nuestros colegas y determinar la aprobación o rechazo de proyectos de ley con nuestro voto”, indicaron.
Mientras que la bancada del Justicialismo en el Senado, conducida por José Mayans, rechazaron la implementación de la medida para cambiar la norma de Inteligencia, ya que considera que no existe necesidad ni urgencia para su dictado.
Además, según comentaron, “el Presidente de la Nación tenía la posibilidad de modificar la ley de Inteligencia Nacional mediante la elaboración de un proyecto que podía incluir en el temario de las sesiones extraordinarias. Sin embargo, prefirió eludir la búsqueda de consensos necesarios firmando un DNU que vulnera nuestra Constitución Nacional. Esto demuestra una vez más el desprecio del presidente Milei por las Instituciones de la República y es un claro intento por avanzar sobre las libertades democráticas”.
DNU, inteligencia, amparo
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó este martes una acción de amparo colectivo para que “se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad” del DNU 941/2025 que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus facultades, por ejemplo, para detener a personas sin una orden judicial.
El escrito, que se suma a las presentaciones realizadas el lunes por diputados de la Coalición Cívica y el Socialismo, y este mismo martes, por dirigentes ligados a la UCR, señala tres motivos centrales por los cuales el DNU del presidente Javier Milei es nulo, a la vez que apunta contra dos peligros principales que acarrea su aplicación.
Entre las tres razones para reclamar la nulidad, el CELS destaca primero que “no hay ninguna explicación sobre la urgencia ni los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo decidió promover una reforma tan significativa de la Ley de Inteligencia a través de un DNU”. Luego, advierte que el Poder Ejecutivo “tiene prohibido legislar en materia penal y, con este DNU, habilita a agentes de inteligencia a detener personas sin orden ni control judicial posterior”. En tercer lugar, señala que “los contenidos que regula resultan no solo ilegales por los derechos que afecta, sino además arbitrarios y desproporcionados”.
A la hora de marcar los ejes problemáticos del DNU, destaca en primer lugar el “desmantelamiento de las prohibiciones históricas a los agentes de inteligencia”, a través de dos mecanismos. El primero es la “ampliación de las facultades de intervención bajo los paraguas de ‘investigaciones de inteligencia’ o bajo la figura de acciones de contrainteligencia”.
El CELS explica que la ley que modifica el DNU impedía que las agencias de inteligencia influyeran en la situación institucional, política, social y económica del país, en la política exterior, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
“Este DNU −advierte− excluye de esta prohibición histórica a las actividades de contrainteligencia, cuyo alcance ha sido también redefinido y ampliado en forma arbitraria excediendo lo que históricamente se conocía como esta clase de actividades. Así, con esta reforma, cualquier actividad de inteligencia puede ser calificada como contrainteligencia quedando habilitada la SIDE a intervenir e influir en todos los ámbitos sociales, políticos e individuales que hasta ahora no tenía permitido».
El segundo mecanismo cuestionado es el que le da a la SIDE acceso “a toda la información que tiene el Estado sobre las personas, por motivos ajenos a cuestiones de seguridad nacional”. En ese punto, indican que el nuevo artículo 10 quinquies propuesto en el DNU habilita a las agencias de inteligencia a requerir datos personales a cualquier organismo del Estado nacional o de las provincias sin control externo y sin necesidad de demostrar la proporcionalidad y compatibilidad de esa intromisión con una finalidad legítima vinculada a la seguridad nacional.
También apuntan que el artículo 4.5 habilita a la SIDE a divulgar esa información a otras entidades nacionales o extranjeras sin necesidad de una orden judicial previa.
El segundo eje problemático, en el que insistieron todas las presentaciones judiciales y las críticas de constitucionalistas cuando se conoció el DNU 941/2025, tiene que ver con la facultad para detener personas sin orden ni control judicial.
“La autorización de facultades de carácter punitivo o represivo como estas implica una violación a la prohibición que pesa sobre el Poder Ejecutivo para legislar en materia penal (art. 99, inc. 3, C.N.)”, indica la presentación, para enfatizar que el DNU apela a una “definición vaga, amplia e imprecisa”, la de “investigación de inteligencia” y de “actividades de interés”, para facultar esas detenciones.
“Esto hace que se habiliten detenciones sin que exista una hipótesis concreta de delito ni un piso mínimo de sospecha acerca de la participación de la persona a la que los agentes de inteligencia pretenden detener”, advierten.
“En definitiva, todas estas modificaciones no son meros ajustes de estructuras administrativas, sino que implican intervenciones restrictivas directas o invasiones sobre nuestros ámbitos de autonomía y acción social, decididas por un instrumento de baja calidad democrática”, completa el CELS.
En la presentación, la entidad pide habilitar la feria judicial y solicita como medida cautelar urgente que se suspenda la aplicación de los artículos 4, 17, 18 y 19 por su afectación directa a derechos constitucionales y humanos.
SIDE,UCR,Javier Milei,Conforme a,SIDE,,“Vigilancia estatal”. Dirigentes ligados al radicalismo presentaron un amparo contra el DNU que reconfiguró la SIDE,,Duras críticas. Fores y el Club Político Argentino sumaron su rechazo al DNU que reforma la ley de inteligencia,,Rechazo. La oposición busca voltear el decreto que reforma la SIDE pero deberá esperar al menos hasta febrero
POLITICA
La Cámara de Representantes de EEUU reactivó Caucus Argentina, un espacio de trabajo en temas de interés común
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha oficializado la reactivación del Caucus Argentina, una instancia que, según comunicó el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, representa un avance en la cooperación bilateral entre ambos países. Esta reapertura, que coincide con un contexto político estadounidense marcado por el debate interno sobre reformas fiscales y migratorias, introduce una agenda de trabajo orientada a fortalecer la colaboración en sectores estratégicos como defensa, seguridad, energía y minería. El relanzamiento del grupo, discontinuado en enero de 2023, fue celebrado por Oxenford como un “hito histórico” y el resultado de un trabajo conjunto con los legisladores estadounidenses Michael Rulli y Darren Soto, quienes asumen ahora la co-presidencia del Caucus.
La iniciativa se produce en un momento en que la relación bilateral entre la República Argentina y Estados Unidos adquiere un carácter prioritario para ambos gobiernos. De acuerdo a lo expuesto por Oxenford en su comunicación pública, el Caucus Argentina funcionará como un canal para profundizar los lazos institucionales y facilitar la coordinación de proyectos conjuntos. El diplomático destacó que, desde el inicio de su gestión en la capital estadounidense, mantuvo encuentros con numerosos legisladores interesados en el proceso de transformación que impulsa el ejecutivo argentino bajo el liderazgo de Javier Milei, con especial atención al potencial que tienen los Congresos de ambos países para ampliar la cooperación en áreas clave.
La reactivación del grupo parlamentario ocurre mientras la administración de Donald Trump, consolida su posición en la región luego de la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Además, se da mientras el presidente Javier Milei trabaja para fortalecer un bloque de países alienadas con la política internacional norteaméricana. Pese a la intensa actividad legislativa interna, la restitución del Caucus Argentina fue señalada por el embajador como una herramienta central de diplomacia parlamentaria, destinada a “difundir el proceso de reformas estructurales” que desarrolla el gobierno argentino y a explorar nuevas oportunidades de colaboración “en beneficio de ambos países”.
Según Oxenford, la reapertura del Caucus Argentina responde a un contexto de “nivel sin precedentes de la relación bilateral” y a la “profundidad de la alianza estratégica” que vincula actualmente a los dos Estados. El diplomático subrayó que la existencia de este grupo constituye una “valiosa plataforma” para fortalecer el trabajo de la Embajada Argentina en Washington con el Congreso y para fomentar un diálogo permanente entre legisladores de ambas naciones. Además, remarcó el papel de la diplomacia parlamentaria en la promoción de reformas estructurales y la identificación de oportunidades de cooperación que trascienden la agenda tradicional.
En palabras del embajador, la reactivación del Caucus fue posible gracias a las gestiones realizadas junto a los representantes Rulli y Soto, a quienes agradeció públicamente por asumir la co-presidencia y por el “firme compromiso” con el fortalecimiento de la relación bilateral. Oxenford precisó que, desde su arribo a Washington, los legisladores estadounidenses han mostrado un “marcado interés” en el proceso de transformación argentino, especialmente en lo relativo al rol de los poderes legislativos en la ampliación de la cooperación en defensa, seguridad, energía y minería, entre otras áreas.
La decisión de restablecer el Caucus Argentina se da, además, en un marco de alta actividad legislativa en la Cámara de Representantes, que en paralelo se encuentra abocada al debate y votación de un paquete fiscal y migratorio de alto impacto. Mientras el liderazgo republicano busca los consensos internos para aprobar leyes, el relanzamiento de este grupo de amistad con Argentina incorpora un elemento adicional a la agenda bilateral, situando al país sudamericano en el radar de prioridades estratégicas en Washington.
El embajador enfatizó que este mecanismo no solo refuerza el trabajo institucional de la Embajada, sino que contribuye a la promoción de un “mayor intercambio entre legisladores” y a la consolidación de un diálogo “sustantivo y permanente” entre los poderes legislativos de ambos países.
North America,Government / Politics,WASHINGTON
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