El Consejo de la Magistratura tiene abierto un debate de fondo sobre cómo se seleccionan los magistrados. En el organismo ya hay 15 proyectos en discusión para modificar el reglamento de concursos, que regula desde la forma en que se toman los exámenes hasta el modo en que se califican los antecedentes de los postulantes y se integran las ternas que luego se envían al Poder Ejecutivo.

Las iniciativas fueron presentadas por consejeros de distintos estamentos -jueces, abogados, académicos y representantes políticos- y parten de un diagnóstico en general compartido: los concursos son largos, complejos y dejan márgenes de discrecionalidad en algunas etapas del proceso, en particular en la entrevista personal y en la evaluación de antecedentes.

El debate sumará hoy un nuevo actor. Los tres ministros de la Corte Suprema –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– presentarán esta tarde su propia propuesta de reforma del sistema de selección judicial, que se sumará a las iniciativas que ya se analizan dentro del Consejo.

Uno de los ejes de discusión es cómo se integran los jurados que toman los exámenes.

Actualmente se conforman mediante un sorteo de docentes de universidades nacionales públicas: dos especialistas en la materia del cargo concursado (uno de ellos debe ser además juez), un profesor de derecho constitucional y una docente mujer de áreas generales de la formación jurídica.

El consejero César Grau (que representa a la abogacía) propuso ampliar ese jurado de cuatro a cinco integrantes para incorporar abogados de la matrícula federal con al menos quince años de ejercicio profesional, con el objetivo de sumar perfiles provenientes del ejercicio de la abogacía y no solo del ámbito académico.

La consejera Alejandra Provítola (que representa a los jueces) en cambio, propuso reducir el jurado a tres miembros e incluir docentes de universidades privadas. Su iniciativa también introduce cambios en la evaluación de antecedentes: plantea eliminar la llamada “pauta correctiva”, que hoy permite ajustar puntajes según el promedio general del concurso, y ampliar la valoración de publicaciones y trayectoria docente.

Una reforma más profunda fue presentada por la consejera Fernanda Vázquez (en representación de la abogacía), junto con Diego Molea y Carina Tolosa, que propone reemplazar el jurado tradicional por tribunales evaluadores integrados por un profesor universitario, un juez con más de quince años de trayectoria y un abogado con extensa práctica profesional.

Ese mismo proyecto introduce uno de los cambios estructurales más ambiciosos: crear listas anticipadas de postulantes evaluados por materia, que se formarían mediante convocatorias anuales del Consejo. Cuando aparezca una vacante, se convocaría a los mejores posicionados de esa lista para competir por el cargo específico. La intención es acortar los tiempos de los concursos, que hoy pueden extenderse durante años.

Otra discusión central gira en torno a la entrevista personal, una instancia históricamente polémica porque puede alterar el orden de mérito de los candidatos.

En el sistema vigente, la entrevista no tiene un puntaje fijo -como sí ocurre con la prueba de oposición o la evaluación de antecedentes-, pero su resultado forma parte del orden final y puede justificar que la Comisión de Selección se aparte del ranking previo.

Algunas propuestas buscan acotar esa discrecionalidad y otras, en cambio, institucionalizarla con reglas claras.

Provítola propone asignar hasta diez puntos adicionales en la entrevista, evaluando aspectos como la ética judicial, las habilidades personales y la concepción del candidato sobre la función judicial.

La consejera Jimena de la Torre (en representación de la abogacía) propone un sistema distinto: una escala de hasta 100 puntos para la entrevista, con una ponderación que represente el 20% del total del concurso. Una idea similar aparece en el proyecto impulsado por Vázquez.

En cambio, Agustina Díaz Cordero (vicepresidenta del Consejo de la Magistratura) y Diego Barroetaveña (en representación del Poder Judicial) plantean limitar su impacto: proponen que el puntaje de la entrevista no supere el 5% de la calificación de la prueba de oposición y que los postulantes deban presentar un plan de trabajo para el cargo al que aspiran.

Varios proyectos apuntan también a acelerar los procesos de selección.

La iniciativa de Vázquez, Molea y Tolosa propone dividir el sistema en dos etapas: una evaluación general anticipada para integrar una lista de aspirantes y una segunda evaluación cuando exista una vacante concreta. Además fija un plazo máximo de 60 días hábiles desde la vacante hasta la conformación de la terna.

En paralelo, la consejera Vanesa Siley (por la Cámara de Diputados) presentó un proyecto para ordenar qué ocurre cuando un candidato es designado juez mientras participa en otros concursos, estableciendo criterios para determinar si corresponde su desvinculación de los procesos en curso.

Otra iniciativa, impulsada por el consejero Alberto Lugones (por el Poder Judicial), propone incorporar causales de excusación y recusación para los consejeros evaluadores cuando intervienen en la calificación de antecedentes o en la resolución de impugnaciones, con el objetivo de reforzar la imparcialidad del proceso.

El paquete de reformas también incluye propuestas vinculadas con paridad de género y perspectiva de vulnerabilidad. Entre ellas se plantea realizar un segundo llamado exclusivo para mujeres si no alcanzan un tercio de los inscriptos, garantizar presencia femenina en las ternas y valorar capacitaciones vinculadas con derechos humanos, discapacidad, niñez y medio ambiente.

Otra línea de cambios apunta a modernizar el sistema con herramientas tecnológicas.

Algunos proyectos proponen crear bancos públicos de casos para los exámenes, digitalizar los mecanismos de anonimato de las pruebas y desarrollar sistemas informáticos que automaticen parte de la evaluación de antecedentes.

La consejera De la Torre, incluso, plantea utilizar inteligencia artificial para transformar sentencias judiciales en casos prácticos que puedan utilizarse en los exámenes de oposición, con el objetivo de ampliar el repertorio de pruebas y reforzar la transparencia del proceso.

El proceso actual de selección judicial tiene tres etapas principales: una prueba de oposición escrita, donde los postulantes deben resolver casos prácticos y proyectar una sentencia; una evaluación de antecedentes, que pondera la trayectoria profesional y académica; y una entrevista personal ante la Comisión de Selección.

Luego se suman otras instancias, como el examen psicológico y psicotécnico y la audiencia pública ante el plenario del Consejo, que finalmente define la terna de candidatos que se envía al Poder Ejecutivo para la designación.

Sobre ese esquema se concentran ahora las 15 propuestas que discute el organismo.

El debate volverá hoy al centro de la escena con la propuesta que presentará la Corte Suprema, que busca incidir en una discusión clave para el funcionamiento del sistema judicial.