Ocho diputados de la oposición denunciaron por presunto mal desempeño al fiscal de la causa $LIBRA, Eduardo Taiano, que lidera la investigación desde su origen, en febrero del año pasado, y que se convirtió en blanco de críticas, especialmente tras las revelaciones surgidas del celular del lobista Mauricio Novelli.

La presentación fue realizada ante el procurador Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, y lleva la firma de Sabrina Selva (UP), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Juan Marino (UP), Itai Hagman (UP), Rodolfo Tailhade (UP), Esteban Paulón (Socialismo), Julia Strada (UP) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Todos ellos integraron la extinta comisión que, con la asistencia de expertos en materia cripto, investigó el caso $LIBRA en el Congreso. En el escrito, los diputados señalan a Taiano como responsable de una injustificada “secuencia de demoras” y solicitan al procurador Casal la apertura de un sumario disciplinario.

“La breve reconstrucción cronológica de los hechos -advierten- permite advertir un patrón de conducta caracterizado por demoras injustificadas, que pueden afectar el debido proceso”. Un eje de los cuestionamientos es el manejo que hizo el fiscal Taiano del teléfono de Novelli, secuestrado hace un año.

Señalaron los diputados que “recién en septiembre” de 2025 el fiscal ordenó analizar el material extraído y que algunos avances del peritaje fueron ocultados a las querellas. “El peritaje completo habría finalizado el 7 de enero de 2026, sin que ello se tradujera en un impulso efectivo en la investigación”, apuntaron.

Los diputados ya habían manifestado su descontento respecto a la marcha del expediente en una reunión con el procurador Casal, en octubre pasado, pero los elementos que surgieron del peritaje realizado sobre los dispositivos de Novelli, que se conocieron en marzo, agitaron el malestar.

Uno de los elementos más resonantes de ese peritaje es la gran cantidad de contactos cruzados que hubo entre Novelli y el presidente Javier Milei en los minutos previos y posteriores al lanzamiento del activo digital, el 14 de febrero de 2025. Novelli se encontraba con el creador de la moneda, Hayden Mark Davis, en Estados Unidos.

Los diputados sostuvieron en el texto que, pese a la existencia de elementos que sugerían “acuerdos económicos relevantes”, comunicaciones entre los principales involucrados e indicios de coordinación antes y después de los hechos, el fiscal no adoptó medidas “sustanciales” para avanzar en la “determinación de responsabilidades”.

El caso $LIBRA comenzó a tramitarse en el juzgado de María Servini, pero en septiembre del año pasado, en un giro llamativo, Ariel Lijo firmó la incompetencia mientras subrogaba ese juzgado y el expediente pasó al de Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de una causa más amplia que investigaba presuntos cobros irregulares por parte de Karina Milei.

Los diputados opositores ponen como ejemplo de demora que el fiscal Taiano no citado nunca a declarar como testigo al prestigioso platero Juan Carlos Pallarols, que dijo públicamente que Karina Milei le pidió 2000 dólares para comer con su hermano.

La labor del fiscal siempre estuvo bajo la lupa de los dos grupos de querellas que forman parte del caso -uno, de hecho, intentó correrlo de la investigación-, pero quedó bajo asedio definitivo el 6 de marzo, cuando la abogada Natalia Volosin publicó una nota en su portal con información sensible de los peritajes que no estaba aún reflejada en el expediente.

El fiscal Taiano se defendió de las críticas a mediados del mes de marzo con un inusual comunicado en el que marcaba que los avances del caso que se conocían por aquellas horas eran producto de su labor como investigador.

“Quiero aclarar que la investigación avanza y eso es gracias a mi responsabilidad”, dijo el fiscal en el texto. “Cabe destacar -agregaba- que gracias a la labor de la Fiscalía se realizaron allanamientos que culminaron con el secuestro de dispositivos electrónicos, para luego ordenar la apertura de los teléfonos, tarea que fue encomendada a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)”.

Además del registro de llamadas -que alcanzaba también a Karina Milei y al asesor Santiago Caputo-, del peritaje surgió el borrador de un presunto acuerdo por 5 millones de dólares y otros elementos que hablaban del vínculo previo de Milei con Novelli.

Esa combinación puso en duda la explicación ofrecida por el Presidente tras la explosión del caso. En un tuit, había afirmado que no estaba familiarizado con los detalles del proyecto, y en una entrevista televisiva, que promovió la moneda solo después de que esta se hubiera hecho pública.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó al juez Julián Ercolini que indague y procese a la exfiscal Viviana Fein, primera investigadora de la muerte del exfiscal Alberto Nisman, por el descuido de la escena del crimen en el departamento de Puerto Madero, donde se encontró el cuerpo.

En un dictamen de 46 páginas, el fiscal acusó a Fein de provocar un “desastre” al no resguardar la escena en el departamento de Puerto Madero, por donde transitaron 88 personas sin control.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó formalmente el procesamiento de Fein, al señalar que fue responsable del “desastre en la escena del crimen” la noche en que fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman.

Ahora, el juez federal Julián Ercolini debe decidir.

En el escrito, Taiano sostiene que Fein debe responder por el delito de “encubrimiento agravado”.

Junto con Fein, en el departamento había jefes policiales, el exsecretario de Seguridad Sergio Berni y el juez Manuel De Campos.

Nisman fue encontrado sin vida y con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento la noche del domingo 18 de enero de 2015.

Para la Justicia fue asesinado por su trabajo, pues cuatro días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma de un pacto con Irán para encubrir a los terroristas responsables de la voladura de la AMIA en 1994.

El fiscal dijo que Fein en las horas posteriores al hallazgo, como jefa de la investigación, tenía la obligación de preservar celosamente el departamento de Puerto Madero para resguardar cualquier prueba.

Sin embargo, la investigación demostró que por la escena del crimen caminaron 88 personas, muchas de ellas circulando totalmente “fuera de control”.

Para sustentar su acusación, el fiscal Taiano enumeró ocho acciones principales que a su juicio evidencian la negligencia del operativo.

Fein estableció que la escena del crimen era solo el departamento de Nisman y no otros sectores del edificio, mencionó que tardó una hora y media en llegar al lugar de los hechos.

Dijo que no identificó ni controló a las personas que ya se encontraban en el departamento cuando ella arribó y que estuvieron en la escena los trajes protectores que se utilizan para estos casos.

Taiano le endilgó haber permitido la libre circulación de personas, generando un escenario donde “no se sabía quién era quién” y haber permitido la manipulación de posibles pruebas.

Dijo que “la desidia de Fein fue tal” que saboteó el trabajo de los investigadores y el intento de rescatar evidencias vitales.

Taiano ya imputó por estos mismos motivos al exsecretario de Seguridad del kirchnerismo Sergio Berni y a su entonces colaborador Darío Ruiz.

El juez federal Ercolini ya notificó de una medida similar al exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y al exjefe de la Prefectura Naval Luis Heiler, que están imputados en esa causa penal donde se investiga la manipulación en la escena.

El fiscal Eduardo Taiano, que tiene delegada la causa, fue quien requirió estas imputaciones, algunas de las cuales se efectuaron ante el juez Ercolini. No se trata de una declaración indagatoria sino del aviso de la imputación.

Con Fein, el fiscal fue más allá. Taiano habló en esta causa de la inoperancia, la desidia y la indiferencia con que actuaron en el lugar los funcionarios que llegaron al departamento de la Torre Le Parc que “sólo permite representarnos un alto grado de incompetencia de su parte”.

El fiscal insistió en que “no se tomaron los recaudos necesarios para la adecuada preservación de la escena”.

En el procedimiento “hubo un sinfín de irregularidades”, señala la denuncia, que se vieron en videos exhibidos por televisión.

El comisario general retirado Di Santo, en ocasión de presentarse en el juzgado, dejó un escrito en el que señaló que ese día acudió al departamento de Nisman siguiendo instrucciones del secretario de seguridad Sergio Berni y Darío Ruiz y que se puso a disposición de la fiscal Viviana Fein, la primera funcionaria judicial que intervino en el caso.

Esta causa se inició por una denuncia de la entonces diputada Lilita Carrió y se investiga si existió una maniobra de encubrimiento para alterar la escena del crimen.

En su escrito, Di Santo acompañó declaraciones del entonces ministro Aníbal Fernández y de la propia fiscal Fein, donde señalaban que no había existido un desmanejo de la escena y que no se había alterado con la intervención de los policías.

El fiscal Taiano consideró, en cambio, que “la existencia de concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos en el departamento donde fue hallado sin vida el fiscal Nisman”. Y sostuvo que “esas irregularidades podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”.

“Ahora sabemos con exactitud y sin lugar a dudas que se pasaron por alto evidencias determinantes para la investigación, como por ejemplo la existencia de una tercera vía de acceso al departamento que nadie advirtió durante el procedimiento, o que no se tomó la temperatura del cuerpo ni del baño”, dijo el fiscal.

La causa por la muerte de Nisman es considerada por la justicia un homicidio. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. Están procesados los excustodios del fiscal.

El fiscal Taiano investiga como hipótesis que la muerte de Nisman se produjo en medio de una guerra de diversos grupos de inteligencia locales que respondían a Cristina Kirchner o a Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, Stiuso sugirió que grupos kirchneristas estaban tras el crimen.

El fiscal tomó declaraciones a decenas de agentes de inteligencia por la explosión de llamadas telefónicas registradas entre ellos entre el 18 y 19 de enero de 2015 en una actividad intensa, atípica para un fin de semana.

Además investiga un virus introducido en el teléfono del fiscal, donde hay dos colaboradores de la SIDE, exfuncionarios de Entre Ríos, acusados de realizar esa tarea.