Las agrupaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y la organización Territorios en Lucha prevén protestar este martes con cortes de calles y ollas populares en casi medio centenar de puntos en todo el país, que incluirán piquetes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires que el gobierno nacional intentará impedir con la aplicación del protocolo antipiquetes, mecanismo que la semana pasada avaló un fallo judicial. Los manifestantes reclamarán que no se elimine el plan social Volver al trabajo (VAT).

Los organizadores de la protesta pretenden concretar seis cortes en accesos a la Ciudad a partir de las 10. Son parte de la segunda etapa de un cronograma de protestas contra la eliminación del plan Volver al Trabajo que activaron hace una semana, con asambleas en cabeceras ferroviarias y una protesta frente al barrio privado Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene una de sus propiedades bajo investigación judicial.

El Ministerio de Seguridad nacional no prevé diagramar operativos especiales de las fuerzas federales en los accesos a la ciudad de Buenos Aires para esta marcha puntual, en la que aplicará el protocolo antipiquetes, que la semana pasada revalidó la Justicia, luego de un previo fallo en contra de su utilización. “Como siempre, se va a trabajar para no permitir cortes ni piquetes, y hacer cumplir el protocolo, que fue respaldado la semana pasada nuevamente por la Justicia”, anticipó a una fuente de la cartera de Alejandra Monteoliva. Tampoco prepara un despliegue especial de seguridad la Ciudad de Buenos Aires, según pudo saber este diario.

La semana pasada, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró válida la resolución 943/2023, que establece el protocolo antipiquetes. A fines del año pasado, el juez Martín Cormick la había anulado, al hacer lugar a una acción de amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Había considerado que el protocolo tiene vicios en su conformación legal.

Además de los piquetes que intentarán activar en los ingresos a la Ciudad, los manifestantes (de agrupaciones como el Movimiento Evita, el Polo Obrero y Libres del Sur, entre otras agrupaciones) buscarán protestar en ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Pergamino y, Rosario, y en puntos clave de provincias como Santa Cruz, Río Negro, Formosa, San Juan, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut y San Luis.

La consigna central de la convocatoria piquetera es “No al cierre del ‘Volver al Trabajo’. Trabajo sin salario es esclavitud”. El Gobierno anunció el 17 de marzo el fin de ese programa social y su reemplazo por vouchers de capacitación en tren de impulsar la inserción laboral. Se trata del plan ex-Potenciar Trabajo, cuyo monto para sus 900.000 beneficiarios es de $78.000. El VAT se dejará de pagar a partir de este mes, por lo que el Ministerio de Capital Humano engrosará su presupuesto disponible.

Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales. Uno de ellos fue el ex-Potenciar Trabajo, que se ancló en $78.000 desde diciembre de 2023 a la actualidad. Se cobra a cambio de tareas laborales en barrios, unidades autogestionadas, terminalidad educativa o prácticas formativas, entre otras.

MENDOZA.− Un proceso que debió darse hace más de 30 años se convirtió ahora en una fuerte pelea política en Mendoza. Se trata de la autonomía municipal que nunca se incorporó en la Carta Magna provincial, tal como lo dispone la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

Después de años de administraciones radicales y justicialistas que miraron para otro lado, el conflicto se desató luego de que la comuna peronista de San Rafael, conducida por los hermanos Omar y Emir Félix, convocó a convencionales constituyentes para redactar la Carta Orgánica municipal tras lograr un aval en los comicios municipales de febrero.

Para poner freno a esa iniciativa, el gobernador radical Alfredo Cornejo acudió en paralelo a la Justicia y a la Legislatura para que ahora sí se dé inicio formal al proceso de reforma constitucional. Pero para los 18 departamentos, con condicionamientos y limitaciones, como por ejemplo, en materia tributaria.

El gobernador presentó un proyecto de ley de enmienda constitucional de un sólo artículo, el 197, para agregar la autonomía municipal, la cual luego deberá ser refrendada por la ciudadanía en las elecciones del año próximo.

De acuerdo con los especialistas consultados por , el municipio tiene el derecho a la autonomía por la Constitución Nacional, pero el mecanismo para ejercerlo, incluso el dictado de la Carta Orgánica, debe pasar por la “puerta” de la Constitución Provincial.

Por eso, la jugada de Cornejo cayó como un baldazo de agua fría en la oposición, que salió con los tapones de punta contra el gobernador, a pesar de valorar que el tema lo pusieron en agenda y que el Gobierno tuvo que reaccionar. Aseguran que darán pelea en la Justicia.

“Cuando se le planteó el tema al actual gobernador dijo que era una locura, que la autonomía ya estaba. Por eso se inició de hecho el proceso, porque hay instancias de la gestión pública que se hacen imposibles. Y que quede claro que no es para permitirse crear impuestos o cajas, es una barbaridad. Además, es una carta orgánica para los próximos gobiernos, no el actual”, expresó Emir Félix, exintendente de San Rafael y hermano del actual jefe comunal, además de diputado nacional y presidente del PJ mendocino. Por estas horas, los bloques de legisladores justicialistas manifestaron que, de ser necesario, acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque dudan de una definición a su favor de la Corte local, afín al radicalismo.

La autonomía municipal en la Argentina, establecida en el artículo 123 de la Constitución Nacional, en base a la reforma de 1994, es el derecho de los municipios a autogobernarse, dictar sus propias normas, como las cartas orgánicas, y gestionar sus intereses sin depender jerárquicamente de la provincia, abarcando los aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero. En su gran mayoría, las provincias argentinas tienen incorporado este derecho en sus cartas magnas.

Según consultas realizadas por este diario, la mayoría de los intendentes mendocinos apoyan la reforma constitucional pero rechazan condicionamientos, al tiempo que exigen una reforma de la coparticipación departamental.

La semana pasada, justamente en San Rafael, Cornejo realizó el anuncio de que la autonomía de los municipios “a pesar de que ya la tienen, quedará consagrada en la Constitución Provincial”. Asimismo, ordenó presentar en la Suprema Corte mendocina un planteo de conflictos de poderes contra San Rafael, realizado por la vicegobernadora, Hebe Casado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

El gobernador criticó el proceso de convocatoria a una constituyente municipal en esa comuna, al que calificó como “institucionalmente débil”. En este sentido, indicó que la ordenanza que dio origen a la convocatoria no contó con los dos tercios necesarios, no fue publicada en el Boletín Oficial y presentó objeciones jurídicas relevantes.

“Históricamente, las gestiones municipales encabezadas por la familia Félix han promovido esta iniciativa, aunque los municipios mendocinos ya cuentan con autonomía en el marco de la legislación vigente y la Constitución Nacional, aun cuando no esté expresamente incorporada en la Constitución provincial”, expuso Cornejo, visiblemente molesto con el avance que tuvo el departamento del sur provincial. “Cualquier modificación en materia de autonomía debe pasar por la Legislatura, y en este caso se ha omitido ese paso institucional”, añadió.

La propuesta de reforma presentada por el gobernador contempla la posibilidad de que los municipios dicten sus propias cartas orgánicas, aunque con determinadas limitaciones. En este punto, sostuvo que “se garantiza la autonomía para las funciones que los municipios ya ejercen, pero se establecen restricciones claras, como la imposibilidad de crear impuestos, manteniendo únicamente las tasas y contribuciones vinculadas a servicios”.

En diálogo con , la jueza tributaria Gabriela Ábalos, especialista en Derecho Constitucional y Público, y defensora activa de la autonomía municipal desde hace décadas, puso blanco sobre negro en la discusión. “El principio general es la competencia de la provincia, es obligación provincial asegurar la autonomía municipal y reglarla en su texto constitucional. Ahora bien, frente a los 32 años de omisión por parte de la provincia de Mendoza en cumplir con dicha manda, ello ha dado pie a que tanto Malargüe como San Rafael intentaran avanzar. La mora de la provincia en cumplir con el texto constitucional de 1994 es la causa de la situación actual”, indicó la reconocida jurista.

El objetivo de Cornejo es frenar el proceso en curso en San Rafael y ordenar institucionalmente el tratamiento del tema. “La forma más sana institucionalmente es que la Legislatura declare la necesidad de la reforma”, sostuvo, al tiempo que indicó que la iniciativa fue trabajada junto al equipo de Gobierno, autoridades legislativas y el asesor de Gobierno, y será sometida a consulta de la Fiscalía de Estado. Durante la semana pasada, hubo un desfile de funcionarios que salieron a militar la reforma, con fuertes declaraciones y focalizando en las “intencionalidades tributarias” de algunos departamentos, sobre todo San Rafael. Sin embargo, la resistencia opositora toma cada vez más fuerza, por lo que habrá que esperar no sólo la definición legislativa sino lo que pueda ocurrir en el terreno judicial.