POLITICA
El día que Manuel García-Mansilla dijo que no aceptaría un nombramiento en comisión en la Corte Suprema y lo que argumentó al renunciar
Luego de haber sido revocado en el Senado su pliego enviado por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia y, por ende, tener que renunciar como juez del máximo tribunal, Manuel García-Mansilla volvió a hablar de sus dichos ocho meses atrás, cuando afirmó que no aceptaría un nombramiento por decreto. En su carta de renuncia, sostuvo que en ese momento defendió la «constitucionalidad» y que de ninguna manera quiso engañar a los legisladores.
García-Mansilla se había explayado sobre el tema durante su presentación en el Senado, el pasado 28 de agosto, cuando acudió a la comisión de Acuerdos para ser interrogado por los legisladores con motivo del tratamiento de su pliego, antes de que el Gobierno definiera, ante la falta de dictamen, hacer avanzar las nominaciones por vía del decreto.
En aquella ocasión quien lo interrogó al respecto fue la senadora ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti. «¿Usted hubiese aceptado ser designado por el presidente Milei en comisión como ministro de la Corte Suprema?», le preguntó la representante de Mendoza.
García-Mansilla formuló su respuesta teniendo en cuenta el antecedente inmediato de dos ministros de la Corte designados en comisión durante la presidencia de Mauricio Macri, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En aquella oportunidad la oposición había salido a criticar duramente que el entonces mandatario hubiera apelado a esta herramienta en lugar de enviar los pliegos correspondientes para que fueran aprobados por el Senado.
«Como le aclaré, visto el impacto que tuvo el decreto 83/2015 en la opinión pública, yo no hubiese aceptado una nominación en comisión», respondió en agosto pasado García-Mansilla.
El jurista se explayó en los motivos. «Porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente», reflexionó.
García-Mansilla recordó en ese momento que en 2015, apenas se conoció la decisión que había tomado Macri, publicó un artículo en Clarín con el objetivo de «hacer un aporte la debate». En aquel texto planteó sobre la medida adoptada por Macri: «Si bien es cierto que esta medida puede ser criticada desde una perspectiva política (por ejemplo, se podría plantear que era mejor esperar al comienzo de las sesiones ordinarias en 2016 o que era preferible llamar a extraordinarias), no ocurre lo mismo desde el punto de vista constitucional: se trata de una decisión inobjetable«.
«El artículo que yo publiqué en ese momento tenía un contexto, que era el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si usted recorre mi currículum, va a ver que he publicado varios trabajos referidos a la independencia del Poder Judicial, referidos al juicio político como instituto propio del derecho constitucional y también al impacto que tuvieron los gobiernos de facto y los cambios en la Corte Suprema en la independencia del Poder Judicial. El contexto, insisto, es muy importante», argumentó.
García-Mansilla subrayó que si bien existen “atribuciones que tienen los poderes constitucionales que, al momento de ser ejercidas, a pesar de ser constitucionales, pueden afectar una institución”, también hay “determinadas medidas que son constitucionales, pero que depende el contexto en el que se tomen pueden tener una afectación”.
García-Mansilla presentó su renuncia como juez del máximo tribunal y lo hizo con un texto en el que explicó los motivos que lo llevaron a dar esas declaraciones en la reunión de comisión con los senadores.
«Al momento de aceptar el nombramiento en comisión, cconsideré que debía asumir la responsabilidad de colaborar con la inmediata solución a ese grave problema. Mantener un tribunal incompleto, con un riesgo evidente de parálisis, habría sido rehuir de lo que considero una obligación para cualquier abogado», remarcó.
Y continuó: «En la audiencia pública del 28 de agosto de 2024 en la Comisión de Acuerdos del Senado defendí la constitucionalidad de los nombramientos en comisión. En esa misma oportunidad, al ser consultado por un artículo que publiqué a fines de 2015 en el que había expuesto algunas de las razones por las que considero que esos nombramientos de carácter temporario son constitucionales, expliqué que existen numerosos antecedentes en nuestra historia constitucional y que incluso hay precedentes de nuestra Corte Suprema y del derecho comparado que tratan sobre el tema».
García Mansilla aseguró que en las últimas semanas lo acusaron de «engañar a los senadores» y aclaró que intentaron adjudicarle la frase que jamás aceptaría un nombramiento en comisión en la Corte Suprema, sin importar el contexto. «Eso es falso», afirmó.
«Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte. Nunca asumí ante los senadores presentes ese día un compromiso de no aceptar un nombramiento en comisión, sin importar el contexto en que se diera» expresó.
En esa misma línea, García Mansilla insistió que «no aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes».
POLITICA
Fuerte cruce entre Agustín Etchebarne y Ricardo López Murphy: “Trabajé 20 años gratis para vos”
El economista Agustín Etchebarne, discutió con el diputado nacional, Ricardo López Murphy, en relación a las “miles y miles de horas” que trabajó junto al expresidente del partido Recrear y, por entonces, candidato presidencial en 2003 y su vuelta a la política con Republicanos Unidos en 2020.
“Yo durante 20 años trabajé gratis para vos, 20 años, porque creía que vos eras la persona que podía sacar adelante la Argentina. Y lo digo con total corazón, lo sabés perfectamente bien”, se sinceró al aire el director de la Fundación Libertad y Progreso, en Solo una vuelta más, por TN.
La disputa verbal incluyó datos sobre la militancia política. Así subrayó: “En (Republicanos) Unidos Teníamos 20.000 afiliados y, ustedes, tenían 50, poquísimos afiliados en Recrear. Yo no quería ser candidato y quería que vos seas el candidato del partido. Jamás me lo agradeciste”, le espetó.
A lo que luego le recordó, ante el silencio del también economista: “Desde Recrear hasta que arme el partido Unidos y te lo regalé prácticamente. Entonces, hice un laburo fenomenal. Laburé el 2020, trabajé durante un montón de horas, miles de horas, trabajé...” pero el diputado intentó relativizar el esfuerzo colectivo: “Todos, trabajamos”. Sin embargo, el economista replicó: “No, no, no, ni a palos, ni a palos, ni un poquitito así” y López Murphy lo intentó interrumpir nuevamente.. “¿Cómo subestimas el esfuerzo de los demás?“ y Etchebarne, no se quedó callado: ”El tuyo, no, el tuyo estoy subestimado en ese momento”, le replicó sin rodeos.
Vale recordar que López Murphy, en 2021, anunció su postulación a diputado nacional por CABA en las elecciones legislativas de ese año, donde resultó electo. Y, dos años después, integró los equipos y listas de la precandidatura a presidente de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio.
El origen de la discusión
El duro intercambio comenzó con una pregunta directa del diputado sobre la gestión de Javier Milei: “¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una auditoría?”, a lo que Etchebarne le respondió -frente a las cámaras de TN- con respecto a la administración nacional del PRO entre 2014 y 2019. “Macri no lo hizo en cuatro años”, respondió en alusión a la actual buena sintonía del legislador con el partido amarillo.
La conversación escaló rápidamente cuando el legislador nacional por CABA le aclaró que lo del expresidente fue “por imposibilidad política” y, vociferó señalando con el dedo la mesa: “Acá no hubo gestión -repitió tres veces- como tampoco lo hubo en el manejo del programa de corto plazo” a lo que Etchebarne le respondió: “Te equivocás”.
“Estás tergiversando las cosas”, le repitió Etchebarne mientras López Murphy le exigió precisiones: “¿Pero qué cosas estoy tergiversando? ¿Qué cuestiones he dicho que no son ciertas”.
Luego de pedirle que lo deje hablar, el economista ejemplificó: “Si por ejemplo, decís lo del déficit fiscal, Argentina tiene un superávit fiscal fuerte” a lo que el diputado preguntó: “¿No es verdad que no se registra la deuda con la Ciudad? ¿Es verdad que no registran los intereses?”, dijo ya a los gritos, a lo que el economista le llamó la atención por su elevado tono de voz y el legislador nacional le contestó: “Me estás acusando que no estoy diciendo la verdad”.
Y Etchebarne le otorgó su punto de vista: “Vos decís que falta una parte, que son los intereses, vos sabés qué son nominales y qué reales. Una cosa es la nominal y, otra cosa, es lo real. Si sobre 200 mil millones de dólares de deuda en dólares pagando nominal significa que estás pagando parte del capital en los intereses de la deuda real”, aclaró sobre el aspecto técnico.
El cruce, cerró con un intercambio sobre la contabilidad de la deuda: “¿Cómo es en términos reales, ajustémoslo a eso?“, desafió López Murphy a lo que el economista cerró: ”Yo hago la cuenta total”, sostuvo Etchebarne, y -mientras explicaba el por qué- fue interrumpido por Diego Sehinkman, el conductor del programa, porque el tema escalaba hacia ribetes más técnicos.
POLITICA
El gobierno desreguló el uso de drones y eliminó restricciones para operar equipos inferiores a 250 gramos
El gobierno nacional anunció la desregulación total del uso de drones de menos de 250 gramos y eliminó las licencias para poder operar equipos de hasta 25 kilos en todo el país.
Según la resolución 550/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada en el Boletín Oficial, se trata de un nuevo marco regulatorio para la operación de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) que viene a reemplazar la normativa establecida en 2019.
La medida elimina requisitos de licencias, cursos y habilitaciones para ciertos segmentos y establece la apertura de la formación a todos los centros e instructores del país.
“La presente Resolución se dicta bajo los estrictos principios de libre mercado y libre competencia, y la sujeción a las reglas de lealtad comercial, generando las instancias necesarias para evitar cualquier conducta monopólica por parte de fabricantes, importadores, operadores, organizaciones de mantenimiento, o centros de instrucción de aviación civil», señala el texto oficial.
De acuerdo con la resolución, la decisión de flexibilizar el uso de drones sigue las orientaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). “La seguridad operacional representa un objetivo irrenunciable en la actividad aeronáutica, constituyéndose como eje transversal en la toma de decisiones, en línea con los estándares y prácticas recomendadas por la OACI”, indicó la ANAC.
La medida apunta a contribuir a un “proceso de transformación hacia una aviación no tripulada más abierta, eficiente y alineada con los principios de desregulación y transparencia, sin descuidar la seguridad operacional”.
“Resulta prioritario adoptar medidas que promuevan la simplicidad normativa, orientadas a optimizar la comprensión, aplicación y cumplimiento del marco regulatorio, evitando redundancias, ambigüedades y complejidades innecesarias, teniendo debidamente en consideración el marco regulatorio internacional aplicable en materia de seguridad operacional”, agregó.
La nueva normativa libera completamente la operación de drones con peso inferior a 250 gramos, tanto en áreas urbanas como rurales, lo que permitirá el uso recreativo y profesional sin intervención estatal.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunció la medida en su cuenta de X.
La resolución “saca del medio al Estado en las operaciones de drones con peso inferior a 250 gramos en todo el territorio. Además se deja de exigir licencia para drones inferiores a 25kg, y en áreas rurales el uso también será totalmente libre”, dijo el funcionario.
“Para ser claro, si querés operar un drone inferior a 250 gramos, sos libre de hacerlo como y donde quieras, el Estado no te va a molestar. Si querés invertir y operar drones en zonas rurales también: lo vas a operar bajo tu propio riesgo sin que el Estado (incluye a la ANAC) te pida, ni licencia, ni cursos, ni nada”, añadió.
De acuerdo con el ministro, en zonas rurales, la resolución autoriza el uso de drones de hasta 25 kilos sin exigencia de licencia ni capacitación obligatoria, facilitando su empleo en múltiples actividades productivas. La medida apunta a impulsar el desarrollo de aplicaciones como vigilancia de ganado, tareas agrícolas (siembra y fumigación), vigilancia de fronteras, reparto de medicamentos, alimentos y otros productos.
La desregulación también incluye la eliminación del monopolio en materia de capacitación, permitiendo que todos los centros y instructores puedan ofrecer cursos y certificaciones para cualquier categoría de drones. Anteriormente, la instrucción quedaba restringida a una sola empresa bajo normativa de la ANAC.
“Dato de color. El kirchnerismo había generado un monopolio, por el que una sola empresa estaba habilitada para dar cursos en ciertas categorías. A partir de la resolución, todos los instructores y Centros de Instrucción quedan habilitados para dar cursos en todas las categorías”, escribió Sturzenegger.
El funcionario, además, agradeció la labor del director de la ANAC, Oscar Villabona, de Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo, y del personal de la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación que participaron en la elaboración de la norma.
“Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo, el comercio, para la entrega de medicamentos, la industria, etc. Por eso es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología”, sostuvo el ministro.
La actualización en la normativa introduce tres nuevas secciones en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC): la Parte 100 detalla exigencias generales aplicables a todo el territorio nacional, la 101 presenta la “Categoría Abierta” destinada a operaciones donde, cumpliendo ciertos requisitos mínimos de seguridad, no será necesario solicitar autorización previa a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y la 102 define la “Categoría Específica”, en la que sí se requiere una autorización basada en un análisis de riesgos.
Este nuevo enfoque abandona el sistema único anterior, estableciendo dos divisiones: la categoría abierta, pensada para actividades de bajo riesgo, y la categoría específica, que contempla operaciones de riesgo moderado a alto. El objetivo es flexibilizar y ampliar las posibilidades para operaciones comerciales, científicas y recreativas que impliquen un impacto reducido.
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POLITICA
Un fallo pone en riesgo la investigación contra el exjuez acusado de vínculos con el narcotráfico
Un fallo de la Cámara de Casación penal pone en riesgo la investigación contra el exjuez federal Marcelo Bailaque, señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El máximo tribunal penal del país, con la firma de los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, decidió evaluar el planteo de un abogado tributarista, oriundo de Rafaela, que pide que la causa sea investigada con el viejo sistema procesal penal y no por el nuevo sistema acusatorio. Este último se puso en funcionamiento en Rosario a principios de mayo de 2024.
Este tecnicismo podría hacer naufragar una investigación que lleva más de un año y obligó a Bailaque a presentar su renuncia a partir del 1° de julio pasado –que aceptó el presidente Javier Milei-, antes de que el Consejo de la Magistratura lo destituyera.
La renuncia aceptada le permite percibir su jubilación por el régimen especial de Santa Cruz, donde este exmagistrado trabajó entre 1994 y 2008, cuando fue designado juez federal en Rosario.
Bailaque está siendo investigado en tres causas. Una se inició a partir de lo que reveló el 10 de junio de 2024, cuando se publicó que el entonces magistrado compartía su contador, Gabriel Mizzau –también con prisión domiciliaria-, con el principal narco de Rosario Esteban Lindor Alvarado.
Mizzau firmó los balances de la empresa Sagrado Corazón, una de las que usaba este criminal para lavar dinero, con el asesoramiento del contador de Bailaque.
Además está sospechado de favorecer a Alvarado al no autorizar durante tres años escuchas telefónicas contra personas de su entorno entre 2013 y 2016, lapso en el que el narco tuvo un exponencial crecimiento económico en base al tráfico de drogas y mató a decenas de sus rivales en el negocio mafioso.
Bailaque está acusado también de extorsionar a un empresario, junto con el financista Fernando Whpei, quien como los otros imputados goza de la prisión domiciliaria, que este viernes se prorrogó por otros 30 días.
Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario, declaró como arrepentido en la causa y contó que en un asado en 2019 en la casa del entonces magistrado se coordinó la extorsión contra Claudio Iglesias, a partir de la apertura de una causa en base a un anónimo trucho.
Bailaque ordenó allanamientos e inhibió a nivel bancario a este empresario, al que se pretendía perjudicar, según Vaudagna, por aspirar a presidir la compañía San Cristóbal Seguros. Esta compañía aparece involucrada en la causa que tiene al expresidente Alberto Fernández procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La compañía rosarina, de acuerdo a la causa, habría pagado supuestos retornos mediante facturas por tareas falsas o genéricas, como “servicios empresariales”, “catering” o “horas de servicios prestadas”.
El exjuez está acusado además de favorecer a su “amigo” Whpei, que dirigió la mutual Grupo Unión, con el manejo de los fondos millonarios de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín.
La entidad estaba bajo intervención judicial, luego de que le abrieran una causa por lavado de dinero al extitular Herme Juárez, alias Vino Caliente.
Bailaque avaló que unos 1000 millones de pesos pasaran a ser operados por la mutual de Whpei, quien habría financiado campañas políticas de dirigentes de un universo transversal a nivel ideológico, como La Cámpora, Juntos por Cambio y el radicalismo.
Estas investigaciones derivaron en que el Consejo de la Magistratura basara su acusación contra Bailaque en estas causas.
Pero antes de que fuera suspendido y luego destituido, el magistrado renunció. Antes había tratado, a través de distintos recursos, que la causa no avanzara, pero sus intentos habían chocado con las propias decisiones judiciales.
Bailaque pidió en marzo de este año que estas investigaciones fueran tramitadas por el antiguo sistema procesal penal.
Es decir, el escrito, en la que el juez de instrucción tenía la batuta de la investigación. El objetivo, además, era desplazarlo al juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz. Primero hizo este planteo ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, que lo rechazó y luego fue a la instancia superior, a la Cámara de Casación Penal, que el 25 de marzo pasado, por mayoría, declaró inadmisible ese planteo.
La negativa fue firmada por los jueces Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. En disidencia, votó el juez Carlos Mahiques, quien consideró que el viejo código era el que debía aplicarse para este expediente.
El capítulo por este tema parecía zanjado pero ahora la defensa de Guillermo Zenklusen, un tributarista de Rafaela, llegó con el mismo reclamo al máximo tribunal federal del país.
Y, este jueves, la Casación resolvió llamativamente hacer lugar a la queja. La Sala tiene ahora otra integración. Ya no interviene Barroetaveña, que fue reemplazado por el juez Mariano Borinsky.
El fallo firmado por Mahiques y Borinsky señala que “en la medida en que la queja deducida reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación, corresponde proceder a la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Cámara”.
La resolución deja constancia que el juez Gemignani “no firma la presente por hallarse en uso de licencia”.
Si la Cámara de Casación falla a favor de este reclamo la causa contra Bailaque volvería a fojas cero, según advirtieron fuentes judiciales.
Dejaría un agujero oscuro en lo que hasta ahora se investigó, con fuertes evidencias que obtuvieron los fiscales que trabajan desde el año pasado en estas causas.
Hay otro movimiento dentro de este caso que llamó la atención, y que podría tener relación con el planteo del tributarista de Rafaela, que aún no está imputado.
Fernando Whpei, quien pidió este viernes una prórroga de la detención domiciliaria estaría en negociaciones para plegarse a la figura conocida como “arrepentido”.
Pasaría a ser el segundo en esa condición, a la que adhirió en marzo pasado el extitular de ARCA Carlos Vaudagna, cuyo testimonio fue clave para imputar a Bailaque. Fuentes judiciales interpretan que Whpei estaría especulando con un posible fallo de Casación a favor de Bailaque, que provocaría un colapso en esta investigación.
A la par de Bailaque, hay otro juez federal de Rosario que comenzó a ser investigado en el Consejo de la Magistratura.
Es el magistrado Gastón Salmain, quien retornó hace unos días de sus vacaciones en el exterior, y se topó con una noticia favorable.
La comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura no se logró reunir el miércoles pasado, por la ausencia de dos miembros, el santafesino César Grau y la jueza Alejandra Provítola, presidente y vice de ese cuerpo. Según fuentes de ese cuerpo, ambos tenían problemas de salud. Las reuniones se hacen de manera virtual.
El extenso proceso que se abrió contra Bailaque en el Consejo de la Magistratura no sirvió de nada, porque al final Milei terminó por aceptar su renuncia. En ese universo judicial, las piezas que se mueven muchas veces tienen intereses que no se aprecian sobre la superficie.
El interrogante es si con Salmain pasará lo mismo. Porque en este caso fue el propio presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el que promovió una investigación contra este magistrado porteño que asumió como juez federal en Rosario en 2023.
Salmain está sospechado de favorecer a estudios de abogados con el pago de multimillonarios reclamos contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias, según informaron fuentes judiciales a Aire de Santa Fe.
Lo que se investiga es que su juzgado pasó a ser llamativamente uno de los de mayor volumen de causas previsionales del país con oficios que ordenan pagos millonarios, que son promovidos por unos pocos estudios jurídicos.
Esta investigación está en manos del fiscal Federico Reynares Solari, quien ya notificó al magistrado que se abrió una causa y que lo tiene como protagonista. El proceso judicial aún está en una etapa preliminar, en busca de evidencia.
La maniobra que se habría montado y que se investiga es clásica y conocida como forum shopping. Es una práctica donde una parte en un litigio elige deliberadamente el tribunal o jurisdicción que considera más favorable para sus intereses, en lugar de presentar la demanda en el lugar que correspondería objetivamente según las reglas de competencia.
Tras su arribo a Rosario como magistrado en 2023, algunos estudios jurídicos de peso, empezaron a recusar supuestamente sin causa a la jueza federal N° 2 Sylvia Aramberri, quien se jubiló hace tres meses, para que sus demandas terminaran en el juzgado a cargo de Salmain.
Esta trama que será expuesta en detalle por el Ministerio Público Fiscal se suma a otro hecho más lejano en el tiempo, que derivó en que Rosatti pidiera que se abra una investigación contra este juez en el Consejo de la Magistratura, luego de que se detectara que Salmain omitió incluir entre sus antecedentes que fue echado de la justicia federal de Comodoro Py en 2002.
En ese expediente Salmain había sido procesado por falsedad documental, junto a una abogada, a quienes les otorgaron una probation.
Como cumplieron las condiciones de ese juicio ambos terminaron sobreseídos por el juez Rodolfo Canicoba Corral que fue quien controló la causa.
La resolución que terminó con el despido de este juez revela que “el agente Gastón Salmain tentó a la empleada a violar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que algunas ejecuciones previsionales sean dirigidas al juzgado N° 8 de ese fuero”.
Actualmente, este juez subroga el juzgado federal N°1 de Santa Fe. Salmain había quedado a cargo también de la justicia electoral de Santa Fe, pero en pocas horas fue sustituido.
La Cámara Nacional Electoral designó al juez Aurelio Cuello Murúa, que originariamente fue nombrado magistrado federal en Venado Tuerto, para que cumpla esa tarea que es clave a nivel político.
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