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POLITICA

El disciplinamiento y la explotación de los vencidos en el Imperio Español en América

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Junto con la dominación estatal de los españoles, la conquista de América significó la imposición de la civilización europea sobre las sociedades americanas. La lengua y la escritura de los españoles se implantaron en las prácticas comerciales, en tanto los nativos debieron adoptar a la fuerza el cristianismo, proceso que llamaron “evangelización”.

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Justamente, la misión de salvar las almas de los pobladores originarios fue impuesta por el papa Alejandro VI, quien no solo se aseguraba aumentar de manera exponencial el número de fieles, sino incrementar sustantivamente los ingresos de la institución, a través del cobro del diezmo o impuesto a la fe.

Los nativos, por su parte, idearon creativas formas para mantener su antigua creencia religiosa sin ser sancionados, como por ejemplo apelando a los sincretismos: síntesis entre las religiones antiguas y la de los conquistadores. Si bien los Reyes Católicos prohibieron la esclavitud de los nativos americanos en 1495, autorizaron en cambio la aplicación de diversos sistemas de trabajo servil para explotar gratuitamente su mano de obra, como la mita, el yanaconazgo y la encomienda. La mita hispánica fue una adaptación de su similar incaico, que disponía que los ayllus, o comunidades, enviaran a la séptima parte de los varones mayores de 14 años a trabajar gratuitamente durante un año en el cerro del Potosí, de manera rotativa.

En la práctica, la presión de los empresarios mineros y del estado español para incrementar la producción exigió frecuentemente el incremento de la cuota de trabajadores, con consecuencias gravísimas sobre la demografía nativa, debido a los estragos causados por las terribles condiciones de explotación, y las consecuencias sobre la producción de alimentos para la subsistencia de las comunidades, ya que casi no quedaban trabajadores disponibles para encargarse de esa tarea. La encomienda, en tanto, era una institución por la cual el encomendero español obtenía prestaciones personales gratuitas de los nativos que estaban radicados en las tierras que recibía por concesión real, a cambio –en teoría– de brindarles protección y de evangelizarlos. Sin embargo, la sobreexplotación de los trabajadores o el maltrato dispensado provocaron una drástica reducción de la mano de obra nativa.

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Si bien el sistema tuvo cierto éxito en la zona de la Puna, ya que allí la densidad de población era mayor y los nativos tenían hábitos sedentarios y disciplinados, no sucedió lo mismo en la quebrada de Humahuaca o los valles Calchaquíes, donde las comunidades encabezaron alzamientos y consiguieron mantener sus tierras, hasta que fueron totalmente exterminadas. El sistema tampoco funcionó en el litoral, donde habitaban pueblos nómades y se intentó implementar la relocalización de pueblos para lograr la mano de obra deseada.

En La Rioja y en Tucumán también perduraron los denominados pueblos de indios, a diferencia de Córdoba, donde se diluyeron con gran rapidez. El yanaconazgo también fue una deformación de una institución incaica. Los yanas eran separados de su comunidad, en virtud de lo cual perdían todos sus derechos colectivos, para dedicar su vida al servicio del inca, desempeñando funciones diversas, desde agricultores hasta gobernadores. Por el contrario, los españoles asociaron el yanaconazgo con la servidumbre impuesta a los pueblos nativos ya fuese bajo la forma de encomienda, tareas domésticas o prestación de servicios auxiliares en las formaciones militares. Era habitual la reubicación de estos pueblos en fortines y reducciones, separados de las ciudades donde vivían los españoles.

El aislamiento de su espacio territorial tradicional y la supresión de su movilidad se sumaban a la prohibición de ejercicio de su propia religión y la imposición de la denominación de indios (aunque no fueran originarios de la India) o aborígenes (ab origen: sin origen). Los abusos practicados desde un primer momento en el marco de estas instituciones de sumisión, sumados a la bula de Paulo III de 1548 mediante la cual se aprobó el derecho a tener esclavos, favorecieron su importación desde África, sobre todo para aplicarlos a las áreas atlánticas del Imperio. Justamente en esos territorios se difundió el modelo esclavista de la plantación. En la zona andina, en cambio, los esclavos africanos no resistieron la altura, por lo que fueron descartados rápidamente. La consolidación de las estructuras agrarias regionales tuvo como actor decisivo a los jesuitas, compañía religiosa favorecida por la Corona. Habitaron Mendoza, Córdoba y Buenos Aires durante el siglo XVII y llegaron a Catamarca un siglo después, hasta su expulsión en 1767.

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En el siglo XVIII, las treinta misiones existentes llegaron a constituir una especie de estado dentro del estado, que estableció un sistema de organización económica y social diferenciado y articulado. Las misiones eran pueblos de nativos, que ellos administraban bajo la mirada inquisidora de los sacerdotes, que no dudaban en aplicar castigos físicos confines disciplinarios. La tierra se dividía en dos segmentos: la propiedad de Dios, explotada en forma comunitaria, y las explotaciones familiares. El excedente se comercializaba al interior del mundo colonial, pero también con el Brasil, e incluso con España. De ahí obtenían los fondos para sostener sus colegios y universidades, como los que administraban en Córdoba, su centro regional. Los productos que se comercializaban eran la yerba mate, el tabaco, los textiles y el cuero. Junto con las estrictas formación y práctica religiosas, los jesuitas instruyeron a los nativos en el arte, las artesanías y la confección e interpretación de instrumentos.

En la zona de Las Misiones, los bandeirantes brasileños asediaban a los nativos para cazarlos y venderlos como esclavos en San Pablo. Esta situación motivó a los jesuitas a organizar a los guaraníes en formaciones militares e instruirlos en el manejo de armas de fuego de escaso poderío. Estos ejércitos jugaron un papel significativo en la defensa del Paraguay y del Río de la Plata ante las acciones expansivas de los portugueses durante la etapa colonial. El sistema de explotación de los pueblos originarios de América se impuso aplicando la violencia, la colonización mental y el adoctrinamiento religioso. Sin embargo, en muchas oportunidades estos pueblos se resistieron valerosamente a ser sometidos. Como sucedió con las tribus pampeanas, patagónicas y chaqueñas, que consiguieron frenar el avance español y mantuvieron su libertad e independencia durante todo el período.

En otros casos, los resultados fueron mucho menos satisfactorios. Tal es el caso de la resistencia que opusieron al dominio español los diaguitas que habitaban los valles Calchaquíes, ubicados en las actuales provincias de Salta, Catamarca y Tucumán. Las Guerras Calchaquíes, extremadamente cruentas, se extendieron entre 1560 y 1667. En 1665, después de más de un siglo de resistencia, la derrota de una de las principales parcialidades de la etnia de los diaguitas, los quilmes, definió el destino de la lucha. Los españoles implementaron una terrible venganza, imponiéndoles su reubicación a orillas del Río de la Plata, en la reducción de Santa Cruz, lo que implicó su traslado en condiciones inhumanas a través de 1.200 kilómetros. Muchas de sus mujeres prefirieron arrojarse al vacío con sus criaturas en brazos antes de verse sometidas. Para 1812, el gobierno patrio los declaró “pueblo libre”, aunque para entonces quedaban ya pocos sobrevivientes.

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La guerra terminó el 2 de enero de 1667, cuando fueron vencidas las últimas minorías diaguitas, a las que se redujo a la servidumbre y se envió a realizar tareas forzadas al cerro de Potosí. Para entonces, de los 415 o 455 mil habitantes que tenían esas comunidades originalmente, según consignaban las fuentes hispánicas, quedaban con vida apenas 20 mil. La situación se reiteraba por toda América. Por ejemplo, el cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo, consignaba sin conmoverse que en la isla La Española, donde había desembarcado Cristóbal Colón, había en 1492 “un millón de indios e indias de todas las edades –para luego agregar– (…) no se cree que haya al presente, en este año 1548, quinientas personas (…) que sean naturales”.

El resultado de la acción asociada entre la espada y la cruz era en todas partes el mismo: el genocidio. La represión de los indígenas de los valles Calchaquíes, la entrega de los sobrevivientes como siervos para trabajar en las minas del Potosí, el proceso de mestizaje y la gran aculturación hicieron que las encomiendas que habían proliferado en el Tucumán fueran reemplazadas por un campesinado relativamente libre.

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ETIQUETAS DE ESTA NOTA

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Paraguay, Brasil, Salta, Córdoba, Tucumán, Catamarca, Alberto Lettieri, Mendoza, La Rioja, España, Río de la Plata, Gonzalo Fernández de Oviedo, Cristóbal Colón, África, San Pablo, Valles Calchaquíes, Papa Alejandro VI, Potosí, Paulo III, Diaguitas

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Interinato prolongado: Eduardo Casal se convirtió en el procurador general con más tiempo en el cargo desde el regreso de la democracia

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En octubre de 2017, luego de ser procesada por la compra irregular de un inmueble y en medio de fuertes presiones del macrismo para que dejara el cargo, Alejandra Gils Carbó renunció a la Procuración General de la Nación. La reemplazó Eduardo Casal, por ser el fiscal de mayor antigüedad ante la Corte Suprema. Aunque desde entonces ejerce como “interino”, esto es, nunca fue votado para el cargo, Casal se convirtió en el procurador con más tiempo en el cargo desde el regreso de la democracia.

Este fin de semana, Casal superó a Esteban Righi, que ocupó ese lugar a lo largo de casi ocho años (2848 días), durante el kirchnerismo, entre el 23 junio de 2004 y el 9 de abril 2012. Cristina Kirchner le retiró todo apoyo, y eso derivó en su renuncia, responsabilizándolo por las investigaciones por corrupción que avanzaron contra su entonces vicepresidente, Amado Boudou.

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Casal asumió el 31 de diciembre de 2017 y desde entonces, pero principalmente durante el gobierno de Alberto Fernández, enfrentó varios embates del kirchnerismo, que lo acusó de “mal desempeño” por presuntas irregularidades en sumarios y que intentó, incluso, poner en marcha un juicio político. Fue un intento por frenar las investigaciones por corrupción, que ahora rodeaban por todos los flancos a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Esteban Righi, Procurador General de la Nación entre junio de 2004 y abril de 2012Archivo

Casal, de marcado perfil bajo, resistió las embestidas y permaneció en el cargo.

Sobrevolaron distintos nombres para reemplazarlo, algunos con más fuerza que otros, pero la falta de acuerdos políticos en el Senado, donde se requiere el aval de dos tercios de los senadores presentes, prolongó su interinato.

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Con el procurador, el proceso de selección es similar al de los jueces de la Corte: son designados por el Poder Ejecutivo y luego requieren el acuerdo de dos tercios de la Cámara alta.

El pliego de la jueza Inés Weinberg, la candidata de Mauricio Macri para la Procuración, llegó al Senado, pero nunca se tratóPresidencia – Telam

Durante el gobierno de Cambiemos, el expresidente Mauricio Macri eligió como candidata a la jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal Inés Weinberg de Roca, de largo recorrido en el ámbito del derecho internacional. Pero su nombre siempre estuvo lejos del apoyo necesario.

Más consenso reunió el juez federal Daniel Rafecas, la opción de Alberto Fernández para reemplazar a Casal, pero el magistrado de Comodoro Py nunca contó con el visto bueno de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, que bloqueó el pliego de Rafecas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo entonces de la camporista Anabel Fernández Sagasti.

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El juez federal Daniel Rafecas, candidato de Alberto Fernández para la Procuración General de la Nación

El gobierno de Javier Milei es la tercera gestión que atraviesa el procurador Casal. No fue prioridad del gobierno libertario darle estabilidad al cargo: el oficialismo deslizó algunos nombres de candidatos pero nunca oficializó un postulante, quizás a sabiendas de su extrema debilidad parlamentaria, expuesta en el rechazo a los pliegos del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla.

A comienzos de la gestión, Casal recibió, además, un espaldarazo por parte del Presidente. “Hace un muy buen trabajo. Tocar lo que funciona parece un poco complejo”, dijo Milei en abril del año pasado.

Funciones y vacancias

El Procurador General es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, y como tal, el jefe de más de 300 fiscales nacionales y federales.

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Tiene atribuciones para reorganizar la estructura del organismo −que incluye procuradurías y unidades fiscales especializadas−, efectuar nombramientos interinos y actuar como fiscal ante la Corte Suprema.

Por ejemplo, en la causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner cumple una pena de seis años en su casa por fraude al Estado, Casal respaldó el pedido del fiscal de Casación Mario Villar y pidió a los jueces del máximo tribunal que revieran la condena del Tribunal Oral Federal N°2 y eleven la pena a 12 años por el delito de asociación ilícita.

Los jueces desoyeron el pedido de Casal en la causa por VialidadMarcelo Manera –

El poder de Casal creció a la par de la implementación gradual del nuevo Código acusatorio, que se puso en marcha en 2019 en las provincias de Salta y Jujuy y continúa desplegándose desde entonces, aunque con reparos.

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Esta nueva reglamentación pone en cabeza de los fiscales todas las investigaciones, algo que ocurre muchas veces en la práctica, pero depende del juez de instrucción, que tiene la opción de delegar la investigación o retenerla.

El sistema también rige en Rosario, Mendoza, San Juan y San Luis y en las jurisdicciones de General Roca, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Mar del Plata.

La llegada del acusatorio a Comodoro Py estuvo prevista inicialmente para agosto, pero los reclamos al unísono de los fiscales −que se mostraron a favor del nuevo sistema, pero piden más recursos humanos, nuevas condiciones edilicias y más fondos para hacerlo operativo− postergaron su implementación, que fue reprogramada para el 10 de noviembre de este año.

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El procurador Casal se puso a la cabeza del reclamo. “No puede seguirse adelante eficientemente sin la debida adjudicación de recursos”, sostuvo en una carta enviada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Días atrás se reunió con más de 25 fiscales de los fueros Penal Económico y Criminal y Correccional, quienes le reiteraron sus dudas respecto a la puesta en marcha del acusatorio.

Casal con el ministro de Justicia, Cuneo LibaronaMarcelo Manera – LA NACIÓN

La Justicia atraviesa desde hace largos años un problema de vacantes que por estos días afecta a más del 30% del Poder Judicial.

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De acuerdo a los datos presentados por la jueza federal y consejera Alejandra Provítola en un informe reciente ante el Consejo de la Magistratura, la Justicia Nacional y Federal registra, a agosto de este año, 1002 cargos, de los cuales el 59,49% pertenecen al fuero federal (596) y el 40,51% al nacional (406), distribuidos en 470 juzgados, 86 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales.

En total, están vacantes 337 de esas posiciones; poco más del 33%. La mayor parte de los lugares sin cubrir se concentra en la Justicia Nacional (176), seguida por la Federal del Interior (112) y la Federal de la Ciudad de Buenos Aires (49).

El problema de las vacancias se agudiza en el Ministerio Público Fiscal, donde los huecos, a noviembre de 2024, el último dato oficial disponible, superaban el 43% de los cargos.

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Federico González del Solar,Conforme a

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Chubut: irá a jury el juez Claudio Petris, acusado por enriquecimiento, “favores sexuales” y abuso de poder

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COMODORO RIVADAVIA.- El Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió por unanimidad elevar a un jury de enjuiciamiento al juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel Claudio Alejandro Petris, acusado de enriquecimiento ilícito, abuso de poder y maniobras financieras irregulares.

Sobre Petris, que tras el escándalo renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, pesaban acusaciones vinculadas a amenazas y “favores sexuales”. La decisión se adoptó durante la sesión plenaria realizada el pasado jueves en Puerto Madryn y fue acompañada por el pedido de suspensión inmediata del magistrado, ante la gravedad de las faltas detectadas.

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La denuncia, impulsada por el fiscal de Estado Andrés Meiszner, se originó en una investigación penal iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal (causa Nº 145.262), a partir de un informe del portal Chubut Online y una entrevista radial que incorporó nuevos elementos de prueba.

El juez Petris enfrentará un jury debido a la gravedad de las acusaciones presentadas ante el Consejo de la Magistratura.

Las presuntas irregularidades incluyen un incremento patrimonial no justificado, intervenciones judiciales en causas donde habría tenido intereses personales y conductas consideradas éticamente incompatibles con el cargo.

Patrimonio bajo sospecha

El dictamen elaborado por la consejera instructora Mabel del Mármol detalla una serie de operaciones económicas que, a su criterio, “revelan un manejo patrimonial incompatible con el decoro y la transparencia que exige la función judicial”. La investigación detectó al menos ocho inmuebles no declarados y el uso de familiares o presuntos testaferros para registrar bienes, entre ellos un vehículo Mini Cooper, cuyo dominio −GWZ214− pasó por tres manos antes de terminar en posesión de una hija del magistrado.

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“Las pruebas valoradas aportan datos significativos sobre el patrimonio personal y familiar del doctor Petris, conformado por numerosos vehículos y propiedades cuyo origen no puede explicarse razonablemente con los ingresos públicos de un juez de Cámara”, señala el dictamen.

En su análisis, Del Mármol también advirtió que el juez se encontraba inscripto en la AFIP bajo el rubro “Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas y eventos”, una actividad expresamente vedada por la ley provincial para los magistrados.

La consejera sostuvo que esa inscripción “no implica una mera tenencia pasiva de bienes, sino la formalización de una actividad comercial”, lo que constituye “una causal objetiva de mal desempeño”. Según el documento, Petris también habría donado más de 18 millones de pesos en efectivo a su hija para la compra de un vehículo de lujo, monto “incompatible con sus ingresos declarados”.

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Otro de los puntos señalados por el Consejo de la Magistratura fue la presunta falta de excusación de Petris en una causa de alimentos que involucraba al exfutbolista Aldo Pedro Duscher, con quien mantenía una relación de amistad y vínculos familiares cruzados.

El juez habría fallado en una causa sin apartarse, pese a la evidente proximidad con una de las partes.

La denunciante aseguró incluso haber visto a Petris conduciendo vehículos pertenecientes a Duscher. “Estos actos demuestran una familiaridad que excede la relación social y debió motivar su apartamiento”, concluyó la consejera Del Mármol.

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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, impulsa la eliminación de los fueros en esta provincia, iniciativa a la que Petris se opuso cuando presidía la Asociación de Magistrados.

El dictamen también menciona declaraciones de un ciudadano que lo acusa de amenazas, coerciones y abuso sexual, aunque esos episodios no fueron aún formalmente incorporados a la causa penal.

En su defensa, el juez −asistido por el abogado Nicolás Mendive− negó todas las acusaciones y calificó el proceso como una “persecución política”. Argumentó que la investigación es consecuencia de su actuación como presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut (Amfjch), desde donde se opuso a la iniciativa del gobernador Ignacio Torres de eliminar los fueros judiciales mediante plebiscito.

“Este proceso responde a intereses personales del gobernador y constituye una represalia institucional”, afirmó en su presentación. Petris también planteó la nulidad del sumario por considerar que la denuncia carece de una relación clara y precisa de los hechos, y se apoya en publicaciones periodísticas. “Se trata de una excursión de pesca”, afirmó en su escrito.

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Respecto de su patrimonio, dijo que está plenamente justificado por “42 años de trabajo”, y rechazó haber utilizado testaferros. Calificó las acusaciones de índole sexual como “totalmente falsas” y sostuvo que el vehículo Mini Cooper era de uso de un conocido, Santiago Orieta, “persona con medios económicos propios”.

Las denuncias contra Petris no son nuevas. Desde mediados de 2025, el fiscal Meiszner había presentado acusaciones por abuso de poder, fraude y enriquecimiento ilícito, en las que se lo señalaba por ocultar bienes, utilizar testaferros y mantener relaciones impropias con partes en litigio. También se sumaron testimonios por amenazas y comportamientos inadecuados dentro del ámbito laboral.

En junio de ese año, en medio de esa escalada de denuncias, Petris presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, cargo que ocupaba desde 2022. Alegó que era víctima de una “campaña de desprestigio” basada en rumores y publicaciones anónimas. “No existen denuncias formales con pruebas verificables. Esta operación busca dañar la independencia del Poder Judicial”, expresó entonces.

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Sin embargo, la renuncia se produjo en un contexto de fuerte tensión institucional: la Asociación había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del Ejecutivo que convocaba al plebiscito para eliminar los fueros de jueces y funcionarios. La salida de Petris, que encabezaba esa ofensiva, fue interpretada en ámbitos judiciales como un gesto político.

Concluida la instrucción, la consejera Del Mármol sostuvo que las pruebas reunidas “acreditan conductas incompatibles con la función judicial y constituyen un quebranto de la confianza pública”. Su dictamen fue aprobado sin disidencias.

El Consejo remitió el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y solicitó que analice la suspensión de Petris en sus funciones y el cese en el pago de sus haberes, l artículo 25 de la Ley V N° 80. También se conformó una Comisión de Acusación para representar al Consejo durante el proceso y ampliar los cargos si surgen nuevos elementos.

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En la última semana de campaña, Milei focalizará sus recorridas en el interior y visitará dos provincias

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Esta semana, Javier Milei visitará dos provincias claves antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El martes estará en Córdoba, y el jueves cerrará la campaña en Rosario, Santa Fe.

Las visitas del Presidente en ambos distritos se darán luego de sus recorridas este sábado por Santiago del Estero y Tucumán.

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Leé también: Diego Santilli se enfoca en descontar puntos en la Provincia para fortalecer a Milei en la elección nacional

Con estas dos últimas visitas al centro del país, La Libertad Avanza busca impulsar la figura de los candidatos libertarios que encabezan cada una de las listas.

Por un lado, figura Agustín Pellegrini, que se postula a diputado nacional por Santa Fe. El joven libertario competirá contra la vicegobernadora Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, y contra Caren Tepp, de Fuerza Patria.

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Es por eso que Milei estará este jueves a las 19 en la Plaza España de Rosario, para acompañar al candidato santafesino. En el oficialismo creen que podría obtener buenos resultados el domingo electoral.

En la previa de ese evento, el jefe de Estado viajará a Córdoba este martes. Allí le dará apoyo a Gonzalo Roca, el abogado cordobés que busca una banca en la Cámara de Diputados.

Javier Milei visitó Tres de Febrero la semana pasada. Este fin de semana estuvo en Santiago del Estero y Tucumán y cerrará la campaña en Córdoba y Santa Fe. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Según fuentes oficiales, el Presidente y él realizarán una recorrida en camioneta que iniciará entre las calles San Lorenzo e Ituzaingó, a partir de las 17.30. La idea será imitar lo que se hizo en otras provincias, donde el mandatario utilizó un megáfono para hablar con los militantes presentes allí.

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Leé también: LLA y Fuerza Patria encaran la recta final de la campaña y disputan tres provincias que podrían torcer el resultado electoral

Cómo llega La Libertad Avanza al 26 de octubre

En el Gobierno aún hay optimismo sobre el resultado de las elecciones. A pesar de la ventaja que el peronismo le sacaría en la Provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza confía en lograr resultados positivos en al menos seis provincias: Mendoza, Entre Ríos, CABA, Tierra del Fuego, San Luis y Chaco.

Pero, además, el oficialismo logró presentarse en todas las provincias con el mismo sello, más allá de que en algunas acordó una alianza con el oficialismo provincial.

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Javier Milei cerrará la campaña nacional en Rosario, este jueves. (Foto: Instagram/ @lalibertadavanzaoficial).
Javier Milei cerrará la campaña nacional en Rosario, este jueves. (Foto: Instagram/ @lalibertadavanzaoficial).

En cambio, el peronismo varía de nombre según el lugar, lo que le permitiría a los libertarios contabilizar los votos bajo la misma denominación y mostrar -quizás- un mejor resultado total que Fuerza Patria.

No obstante, hasta último momento el Ejecutivo mantendrá su estrategia para polarizar con el kirchnerismo -y lograr que el voto anti Fuerza Patria no elija otros partidos del centro-, y convencer a los indecisos o a aquellos que no fueron a votar en las otras elecciones que se dieron a lo largo de este año.

Javier Milei, La Libertad Avanza, Elecciones 2025

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