POLITICA
El diseño de las listas en la provincia de Buenos Aires agita las tensiones internas de los libertarios
El desdoblamiento de las elecciones bonaerenses desató una tormenta política en La Libertad Avanza. Las negociaciones por las listas bonaereses entre los sectores libertarios liderados por Karina Milei y Santiago Caputo venían en marcha, pero las discusiones se aceleraron y se acercan a punto de hervor.
Pareja prepara un “Congreso” en La Plata para el 22 de abril, donde tiene previsto disponer “mesas de trabajo temáticas”, con el objetivo final de reclutar cuadros técnicos provenientes de la sociedad civil para integrar las listas de candidatos. En su círculo están orgullosos del evento que preparan desde hace muchas semanas, al que, aseguran, asistirán absolutamente todos los ministros y el propio Presidente, que estará a cargo del discurso de cierre.
Para organizarlo, no participaron a las Fuerzas del Cielo que lidera el otro integrante del “triángulo de hierro” de Milei, Santiago Caputo. De hecho, los miembros del clan TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan) se enteraron por las redes sociales sobre mítin. Y recién fueron invitados el miércoles pasado, dos semanas después de que Pareja y compañía empezaran a promocionar la ceremonia con flyers en X e Instagram.
En el ala que responde a Caputo tomaron como un abierto desafío -o “mojada de oreja”- la demora en participarlos. Pero no se sorprendieron. La disputa entre los jóvenes libertarios de Caputo y el ala de Pareja empeora mes a mes desde la campaña de 2023. Y si bien hubo momentos de sintonía durante las negociaciones con la oposición en la Legislatura bonaerense y en la gestión nacional, el panorama se oscurece en el año electoral. Especialmente luego de que Axel Kicillof adelantara el turno bonaerense. (Otro capítulo son las diferencias de criterio para negociar leyes en la legislatura: unos creen que el poder de fuego en la Provincia debe usarse para forzar movimientos en el Congreso de la Nación. Otros, que mezclar negociaciones en ambas esferas es contraproducente).
Quienes frecuentan el despacho de Caputo en el primer piso de Casa Rosada están seguros de que el Congreso platense de Pareja para sumar postulantes es una fachada. Creen que el armador de Karina Milei ya tiene los nombres de los postulantes asignados a los lugares en las secciones, y que con ese encuentro busca disimular esos pactos internamente.
Cerca del asesor todoterreno de Milei observan impávidos cómo Pareja “arma sin criterio” y “pone gente sucia, con antecedentes complicados”, aunque por ahora se abstienen de dar nombres concretos -dicen que los tienen identificados, con sus supuestas miserias-. Advierten sobre los antecedentes de escándalos que se desataron en las Legislaturas de varias provincias con los “impresentables” que se ubicaron en las nóminas hace dos años. Y, sobre todo, por los desmadres, intrigas y traiciones desatados por el mismo motivo en el bloque violeta en la Cámara de Diputados, empezando por la mendocina Lourdes Arrieta.
Creen que Pareja y los Menem engañan a Karina Milei, y algunos se atreven a dudar del criterio de la secretaria general, aunque muy por lo bajo, por temor a represalias. Comparan con el caso de Carlos Kikuchi, en quien la actual titular de LLA confió plenamente en 2021 y 2023 para diseñar la oferta libertaria en PBA y el interior, para luego darse cuenta de que le jugaba en contra y terminar desplazándolo.
Saben que tienen pocas chances de imponer esta mirada, que no expusieron directamente. “No somos buchones”, deslizan, por ahora. Saben que señalar a alguien que tiene el visto bueno de Karina Milei puede tomarse como traición. Sobre todo si el miramiento proviene de un espacio que la funcionaria más poderosa después del Presidente mantiene entre ceja y ceja.
Karina Milei y Santiago Caputo trataron de limar asperezas luego de la serie de roces que se sucedieron desde el año pasado. Recientemente, la primera le pidió al segundo que se ocupe principalmente de la gestión -siempre previa consulta con ella- pero que tome distancia de “la política”. Caputo acató: no estuvo en ninguna de las reuniones con los referentes de PRO -Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro-, con los que habla seguido -en ciertas épocas calientes, prácticamente a diario-; con quienes tenía relación previa; y con quienes negoció largamente los apoyos para las leyes de Milei el año pasado y este, entre otras cosas.
Los recelos son mutuos y equivalentes en magnitud. Cerca de Karina Milei deslizan que la tropa de Caputo la subestima. Acusan de soberbio a Caputo. Le echan en cara sus erorres y fracasos, que atribuyen a la cantidad de tareas que asume. “Miren lo que pasó con la Corte. El que mucho abarca, la pifia, es así siempre, no tiene que ver con sus capacidades”, deslizó un fiel karinista. Milei suele repetir que Caputo tiene cualidades intelectuales superiores a las de “la media”.
Cerca de la secretaria general toman con suspicacia la aparente prescidencia que exhibió hasta ahora el joven estratega. Especialmente, sobre los lugares en la listas. Según pudo saber Infobae, nadie de los que frecuentan el salón Martín Fierro donde cuelga el cuadro de Parravecini pidió hablar de sitiales para los miembros de las Fuerzas del Cielo. “Es muy probable que crean que pueden bajar del Cielo el día anterior…”, se atajaron, incrédulos.
Cerca de Caputo dicen que no tienen interés. Pero fuera de los micrófonos, algunos de sus fieles dirigentes admiten que necesitan lugares expectantes propios “para ayudar al Presidente”. Unos argumentan basados en la necesidad de liderazgo y militancia: “¿Cómo hacés para entusiasmar a un pibe de 20 años que te milita gratis todos los días en las redes, si le ponés adelante a un viejo que no tiene nada que ver con él, que no lo hace identificarse en nada?”, se preguntó, indignado, un dirigente bonaerense violeta.
Otros hablan de poder real: “Podés manejar todos los organismos del Estado que quieras, pero el teléfono suena cuando tenés bancas en las legislaturas y en el Congreso”, dijo un alto funcionario, más preocupado por que Caputo pueda influir en la real politik que en excitar a la tropa que sigue a “los Gordos” encabezados por el tuitero Daniel Parisini, alias “el Gordo Dan”, o Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe.
En el entorno de Karina Milei dicen que la “verdadera política” se juega entre la secretaria general, su asesor Eduardo “Lule” y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Y la ausencia de Santiago Caputo en las reuniones para negociar con PRO es una muestra acabada de la delimitación de roles que se impuso para evitar roces. Pero el faltazo doble del diputado nacional y economista, José Luis Espert, alias “el Profe” para Milei, es un misterio. “Estaba trabajando, no podía”, dijeron cerca de Pareja sobre la no invitación a las dos últimas reuniones de negociación fina y fotografía en conjunto con los dirigentes de PRO, a pesar de que se trata del dirigente libertario que según deslizó el propio Presidente, es el número puesto para encabezar la lista de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires.
POLITICA
Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores
El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.
La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.
Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.
En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.
Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.
A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.
En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.
En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.
Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.
La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.
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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:
- Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
- Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
- Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
- El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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POLITICA
El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo
En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.
La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.
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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.
Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.
“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.
La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.
Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos
Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.
En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.
“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.
Qué es la moción de censura
Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.
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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.
Senado, Discapacidad, Martin Lousteau
El caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 124 personas en Argentina sumó en las últimas horas una prueba clave que complica aún más a los empresarios involucrados. La Justicia incorporó al expediente un video registrado por las cámaras de seguridad de la casa del director del laboratorio Ramallo, Javier Tchukran, donde se observa a los hermanos Diego y Ariel García Furfaro participando de una reunión que hoy es investigada como un intento de encubrimiento.
El encuentro se llevó a cabo el 17 de mayo de 2025, apenas cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal por el lote 31202 de fentanilo. En ese video, hallado en el celular de Tchukran, se escucha al empresario admitir que ordenó borrar toda la información vinculada al laboratorio. “No hay un solo gramo de información”, aseguró frente a los García Furfaro, en una frase que se convirtió en uno de los pasajes más comprometedores del proceso judicial.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a los tres protagonistas del encuentro. Tanto los García Furfaro como Tchukran están acusados de adulteración de sustancias medicinales agravada por resultado de muerte, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.
La causa, que ya tiene 17 imputados y siete detenidos, no solo apunta contra los empresarios farmacéuticos, sino también contra fallas graves en los mecanismos de control estatal. Documentos internos del Instituto Malbrán habían advertido en marzo sobre la falta de robustez en los procesos de producción, la existencia de “riesgos críticos” y la presencia de bacterias peligrosas en los lotes. Sin embargo, esas alertas no fueron atendidas hasta mayo, cuando los fallecimientos ya se habían multiplicado.
En paralelo, la investigación sumó testimonios que exponen un clima de irregularidades dentro de los laboratorios. El técnico químico Eduardo “Ruso” Darchuk, exjefe de producción, declaró que durante una reunión interna una jefa de control microbiológico reconoció haber omitido un resultado positivo en una muestra de fentanilo. “La verdad, me olvidé”, habría dicho, según reconstruyó Darchuk. Aquella omisión, de haber sido corregida a tiempo, podría haber evitado la tragedia.
Las consecuencias judiciales también alcanzaron a otros integrantes de la familia García Furfaro. Ariel, señalado como el principal responsable del grupo, fue procesado junto a sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena. Todos enfrentan embargos multimillonarios: un billón de pesos en el caso de Ariel y quinientos mil millones para Diego.
El avance de la investigación revela un entramado de negligencias empresariales y fallas regulatorias que explican cómo un medicamento adulterado pudo circular en hospitales y clínicas de todo el país. La Justicia sostiene que hubo una “decisión deliberada de encubrir la contaminación” y que los responsables priorizaron el negocio por encima de la salud de los pacientes.
El video:
No te puedo creer que en el caso del fentanilo son todos kukas, debe ser un error.
Voten bien , pelotudos.✌️👎
pic.twitter.com/7TvkxrWvOD— Hippies con Osde (@HippiesConOsde) October 2, 2025
La entrada Un video secreto complicó a los García Furfaro en la causa del fentanilo contaminado se publicó primero en Nexofin.
Fentanilo contaminado,GARCIA FURFARO,Javier Tchukran,Laboratorio Ramallo
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